La militarización de Río de Janeiro, un “laboratorio” para el resto de Brasil

Walter Braga Netto, el oficial a cargo de la intervención, señaló que el operativo era un banco de pruebas para replicar en todo el país. Michel Temer quiere controlar la calle ante el inminente encarcelamiento de Lula da Silva.

El presidente de Brasil Michel Temer decretó hace un mes la intervención militar de Río de Janeiro como respuesta a la ola de criminalidad y delito que aqueja a aquel estado. La medida implicó un cambio en la lucha contra el narcotráfico, a partir de una ocupación casi total de las favelas. El encargado del operativo, el general Walter Braga Netto, indicó que el control de la seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas era un “laboratorio para el resto del país”. Debilitado por su impopularidad, Temer quiere mantener el control del espacio público ante el inminente encarcelamiento de Lula da Silva.

El decreto firmado por Temer y aprobado por el Congreso el mes pasado dispuso una intervención integral de la seguridad del estado por parte de las fuerzas militares, que pasaron a hacerse cargo de la Policía civil, la Policía militar, el área de inteligencia y el Servicio Penitenciario. En la práctica, sin embargo, las operaciones se concentraron desde el primer día en establecer un cerco perimetral alrededor de la ciudad de Río, con puestos de control sobre todo en las favelas, las barriadas populares cariocas, donde se concentra, según las autoridades, el negocio del narcotráfico.

La intervención derivó en pocos días en un verdadero estado de excepción: habitantes de las favelas de Vila Kennedy y Vila Aliança, en el oeste de Río, denunciaron la detención ilegal e indiscriminada de sus habitantes y múltiples allanamientos en domicilios particulares sin que existieran órdenes judiciales.

Si bien es la primera vez desde que rige la Constitución democrática de 1988 que se determina absoluta de la seguridad de un estado por parte de fuerzas castrenses, las favelas del Complejo da Maré, en la ciudad de Río, ya fueron ocupadas militarmente durante 15 meses, entre 2014 y 2015. En el marco de ese despliegue, se instalaron Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que lograron bajar los homicidios un 30%. Pero aquella disminución estuvo acompañada de un tendal de acusaciones de abusos y violaciones policiales.

A fines de febrero, Braga Netto, responsable del operativo, había apuntado que la militarización de Río de Janeiro era “un laboratorio para el resto de Brasil”. El objetivo, consideró en aquella oportunidad, era “recuperar la credibilidad" de las fuerzas públicas a cargo de la seguridad. Las palabras del general revelaron la intención oculta del Gobierno de profundizar la militarización de la vida pública y social en todo el país.

Con una popularidad menor al 10%, para Michel Temer el despliegue militar sobre Río es ante todo una apuesta por recuperar apoyo ante la opinión pública. Pero también es una medida preventiva: el Gobierno sabe que la detención definitiva de Lula da Silva, que marcha primero en los sondeos, es inminente. Algunos observadores arriesgan que su ingreso a prisión se dará antes de fines de marzo. Este desenlace podría derivar en protestas y movilizaciones masivas. Por eso el presidente quiere tener un control absoluto del espacio público, sobre todo en el distrito de mayor visibilidad del país.

La situación de la seguridad en Río de Janeiro es, de todos modos, preocupante: solo en enero de este año se registraron 649 muertes violentas en el estado. Sin embargo, la decisión de responder a la violencia con más violencia termina con resultados catastróficos. La experiencia de México en su “combate contra el narcotráfico” así lo demuestra. Brasil parece estar siguiendo ese camino pantanoso. El asesinato de anoche de la activista opositora Marielle Franco expone que la militarización no solo no permite resolver el problema del crimen organizado, sino que también implica una amenaza para los derechos y libertades individuales.

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