La justicia de Chaco suspende los desmontes

El pasado sábado 16 de octubre por la noche, la Cámara de Apelación en lo Contencioso y Administrativo de la provincia de Chaco hizo lugar a un amparo presentado por la organización Conciencia Solidaria (que en la provincia forma parte del colectivo Somos Monte, activa organización que lucha para frenar los desmontes en Chaco) y, a través de una medida cautelar, suspendió los desmontes y toda actividad forestal en la provincia.

El pasado sábado 16 de octubre por la noche, la Cámara de Apelación en lo Contencioso y Administrativo de la provincia de Chaco hizo lugar a un amparo presentado por la organización Conciencia Solidaria (que en la provincia forma parte del colectivo Somos Monte, activa organización que lucha para frenar los desmontes en Chaco) y, a través de una medida cautelar, suspendió los desmontes y toda actividad forestal en la provincia.

El fallo de dos juezas de la provincia establece dos puntos destacables. Por un lado, obliga a la inmediata suspensión de toda autorización y/o permiso de aprovechamiento forestal y ganadero que se esté realizando en zonas con bosques y frena todo desmonte autorizado desde 2014 hasta la fecha. Por otro lado, decide la inmediata suspensión de todo procedimiento que habilite futuros permisos y/o autorizaciones de desmontes y/o aprovechamientos.

El tiempo de vigencia que establece el fallo es hasta la presentación y evaluación de un informe elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia en el que detalle “la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.- correspondientes a las categorías de conservación I (rojo), II (amarillo) y III (verde) de la Ley N 1762-R (ley de adecuación a la Ley Nacional 26331 de Bosques Nativos), otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, debiéndose detallar: datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo”.

Esta resolución de la justicia se enmarca en un contexto en que Chaco es una de las provincias que presenta mayores tasas de deforestación desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2007, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin embargo, esta provincia tiene la particularidad de que una buena parte de la pérdida de sus bosques fueron autorizados por los organismos del estado provincial. Por lo tanto, los desmontes ilegales (algo común en otras provincias como Santiago del Estero o Salta) son menos frecuentes, un punto para destacar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal que se encarga oficialmente del monitoreo y control de los bosques provinciales.

A su vez, este fallo surge en medio de un conflicto entre la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y organizaciones ambientales de la provincia que data de fines de 2018, cuando el gobierno provincial intentó, de manera fallida, iniciar un proceso de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (vencido hace 6 años, según los plazos establecidos en la Ley Nacional de Bosques Nativos). En ese momento, por demandas de mayor apertura por parte de las organizaciones ambientales, el proceso se vio frustrado y en 2019, en medio de un año electoral, no volvió a ser iniciado. En 2020, la pandemia hizo lo suyo y la historia es conocida: el proceso aún no pudo comenzar.  

Este año, sin embargo, fue virtualmente intenso entre demandas de organizaciones ambientales (Greenpeace y Somos Monte) quienes realizan monitoreos constantes de desmontes y los difunden mediante informes y el gobierno de la provincia que responde con contrainformes, mostrando la legalidad de algunos desmontes (cambios de uso del suelo) y la ilegalidad de otros.

El fallo de las juezas dictado el sábado por la noche inició un nuevo capítulo en este conflicto. Desde las organizaciones celebran una resolución que consideran histórica y desde el gobierno lo critican amparados en que se perderían una gran cantidad de ingresos económicos y puestos de trabajo generados por la industria forestal que tiene un gran peso en la provincia.

Las controversias de este estilo (protección ambiental vs desarrollo económico) son características de los conflictos ambientales en nuestro país. Sin embargo, lo cierto es que dichas controversias, hasta el momento, no han llevado a ningún lugar para quienes aspiramos a un modelo de desarrollo sustentable.

Un camino que inicie la reducción de este conflicto puede ser dado por el gobierno provincial. En este caso, podría ser oportuno que la Subsecretaría de Desarrollo Forestal anuncie públicamente el comienzo del proceso participativo para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Dicho proceso debería garantizar la participación de todos los sectores preocupados por la conservación y el manejo sustentable de los bosques nativos provinciales, principalmente de las comunidades indígenas y campesinas que hacen uso del bosque como modo de vida.


Sobre el autor: Lucas Figueroa es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la misma casa de estudios. Actualmente, se encuentra realizando el Doctorado en Ciencia Política en la UNSAM con una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Los temas de estudio versan sobre el proceso de formulación e implementación de la Ley Nacional de Bosques Nativos en Argentina. Además, es Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Política Comparada en la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la UNSAM.

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