La Justicia, al acecho de los presidentes y expresidentes de América Latina

El caso de Lula revela que cada vez hay más líderes políticos de la región que se sientan en el banquillo de los acusados. El poder judicial, entre el combate de la corrupción y la judicialización de la política.

La situación procesal de Luis Ignacio Lula Da Silva en Brasil no representa un hecho aislado. América Latina atraviesa desde hace unas décadas un fenómeno nuevo: cada vez más presidentes y exmandatarios enfrentan acusaciones de la Justicia. En algunos casos, los procesos judiciales están políticamente orientados y su objetivo es condicionar la competencia político-electoral. En otros, los exlíderes políticos caen en desgracia y pasan a rendir cuentas por viejos delitos. Un repaso de cómo la Justicia está al acecho de los presidentes y expresidentes de la región.

Mauricio Macri, Argentina.  Logró que la Cámara Federal de Casación Penal cerrara una causa contra Gustavo Arribas, titular de la AFI, a quien se investigaba por haber recibido U$S 750.000 de Odebrecht. La situación de Arribas, amigo íntimo del presidente, podía afectar al propio Macri. Además, el mandatario fue sobreseído por la causa de “Panamá Papers”, a pesar de haber sido parte de dos empresas off shore sospechadas de haber lavado dinero.

Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. Enfrenta diversas acusaciones que la ponen en un escenario judicial complicado. Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces y “la ruta del dinero” (nombre mediático de una investigación por lavado de dinero) son las principales causas por corrupción abiertas contra la dos veces mandataria. A su vez, a la líder de Unidad Ciudadana el juez federal Claudio Bonadio le dictó prisión preventiva en un polémico fallo por la causa del Memorándum con Irán. De todos modos, no fue detenida porque el Senado de la Nación no le quitó los fueros parlamentarios.

Lula Da Silva, Brasil. Bajo la causa “Lava Jato” se investiga una densa red de corrupción que les habría permitido a funcionarios públicos y empresarios privados haber lavado alrededor de 8000 millones de dólares a partir del 2004. Por esta mega causa fue declarado culpable en segunda instancia y condenado a12 años de prisión el dirigente paulista y referente del PT, a quien se le imputa haber recibido un lujoso apartamento por parte de una compañía constructora como soborno. Ni el juez Sergio Moro ni la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre presentaron evidencias sustantivas en su contra. La impresión es que desde el poder judicial se pretende dejar fuera de la arena política al dos veces presidente de Brasil.

Michel Temer, Brasil. El sucesor de Dilma Rousseff acumula una serie de denuncias por corrupción en su contra. La Fiscalía de Brasil lo acusa de ser “el líder de una organización criminal”, y presentó cargos en su contra por obstrucción de la Justicia y asociación ilícita. Temer logró bloquear en el Congreso la investigación judicial.

Francisco Flores, El Salvador. Mandatario del país centroamericano entre 1999 y 2004, Flores fue enviado a juicio en diciembre de 2015 por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Estaba bajo arresto domiciliario desde el 2014. Falleció en enero de 2016.

Elías Antonio Saca, El Salvador. También afronta un panorama judicial sombrío. El exmandatario fue detenido en octubre de 2016 por pedido de la Fiscalía General, en el marco de una causa por corrupción. Saca ya venía siendo investigado por enriquecimiento ilícito: no pudo demostrar ingresos por más de 5 millones de dólares.

Otto Pérez Molina, Guatemala. En septiembre presentó su renuncia luego de que se realizara una orden de arresto en su contra por delitos de corrupción. El Ministerio Público lo acusó de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Pérez Molina se encuentra hoy en prisión, tras comprobarse que cobró 38 millones de dólares en soborno.

Ricardo Martinelli, Panamá. Fue detenido el 12 de junio del año pasado en Miami por un caso de escuchas ilegales a más de 150 personas durante su mandato entre 2009 y 2014. Estados Unidos negó su extradición a Panamá, por la sospecha de que podría fugarse. Además, la Corte Suprema de Justicia de su país tiene una decena de causas abiertas contra Marinelli, casi todas por corrupción.

Ollanta Humala, Perú. En julio de 2017, un juez ordenó su prisión preventiva y la de su esposa, Nadine Heredia. Se los acusa de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para el financiamiento de la campaña presidencial de 2011.

Alejandro Toledo, Perú. El pasado abril, el juez Mario Guerra había ordenado la prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, en el marco de la investigación por el caso “Ecoteva”, un proceso penal abierto por un presunto lavado de activos. En diciembre la medida fue suspendida de manera provisoria, pero su situación judicial sigue siendo complicada. También está bajo sospecha por el caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, Perú. El presidente andino está acusado de haber hecho asesorías a Odebrecht a través de una de sus empresas, mientras se desempeñaba como ministro de Economía. Por este presunto conflicto de intereses estuvo al borde de ser destituido por el Congreso. Pero la causa Odebrecht sigue abierta. Para evitar su desplazamiento de la presidencia y lograr apoyo de parte de la oposición, PPK indultó al exmandatario Alberto Fujimori, que se encontraba detenido por crímenes de lesa humanidad y enfrenta problemas de salud.