La fiscalía de La Plata pidió la suspensión total del tarifazo al gas

La fiscal Ana Miriam Russo solicitó que queden sin efecto las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía, que fijaron topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro tarifario del servicio.

La fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo pidió hoy que se suspendan las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro tarifario del servicio público de gas, al pronunciarse en el marco de la nueva medida cautelar formulada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).

A respecto, la fiscal Russo argumentó que "si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio". 

En ese marco, la fiscal se refirió al freno al tarifazo impulsado hace algunas semanas, proceso que inició la Cámara Federal platense y que hoy revisa la Suprema Corte: "Tenemos, en consecuencia, un pronunciamiento judicial que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario sino que contuvo un plus: determinó volver al estado de cosas anteriormente vigente en forma previa al dictado de ambas resoluciones. Resulta nítido, por tanto, que el Ministerio de Energía  no estuvo habilitado para cambiar ese statu quo".

Russo sostuvo que esta nueva medida cautelar impulsada por el Cepis "es tributaria" del proceso ya iniciado contra el aumento original, y destacó el hecho de que "a posteriori del pronunciamiento de la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones del circuito, el Ministerio de Energía haya emitido nuevas resoluciones sobre la misma materia, intentando alterar de tal modo las consecuencias del mencionado fallo, en modo alguno añaden elementos que trasunten la pregonada autonomía (de la cautelar).

Por último, la fiscal avaló la solicitud del Cepis porque "la alteración del sistema establecido por el pronunciamiento de la Alzada traería aparejada la aplicación de aumentos indiscriminados que aquella sentencia ha vedado, con el consecuente perjuicio para el patrimonio de centenares de miles de habitantes de la Nación".

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