La diputada Aída Ayala otra vez complicada en la Justicia

El fiscal Sabadini pidió su indagatoria. Es por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública” mientras se desempeñaba como funcionaria del Ministerio del Interior.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este lunes la citación a indagatoria de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública”.

La exfuncionaria nacional y exintendenta ya está procesada en una causa por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, incumplimiento de sus deberes y enriquecimiento ilícito.

La solicitud de Sabadini se basa en un presunto hecho de corrupción con el municipio chaqueño de Quitilipi cuando la legisladora se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, entre 2015 y 2016. Según la investigación judicial hubo “palmarios sobreprecios” en la compra de maquinaria y elementos de oficina para el municipio con fondos nacionales.

“Ha quedado acreditado que bajo dirección de Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato, cuyo proveedor en todos los casos ha sido Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos. Ello ha sido efectuado mediante las firmas de convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por Ayala”, sostuvo el fiscal federal, conforme consignó el medio chaqueño Data Chaco.  

A continuación Sabadini sobre la maniobra que le atribuye a Ayala explicó: “Los fondos que se enviaban al municipio de Quitilipi estaban direccionados a una sola persona: Claudio Alejandro Tolosa, para lo cual (Matías) Balmaceda Paiva y (Miguel Ángel) Vilte efectuaban las operaciones, presentándose como miembros de la Fundación Construir”.

“Se encuentra debidamente acreditado (…) llamando poderosamente la atención que Tolosa se encontraba registrado en AFIP como propietario de Service Hogar, con categoría de monotributista, cuya actividad era la reparación de electrodomésticos de refrigeración”, señaló el funcionario del Ministerio Público Fiscal y agregó: “Sin embargo, proveyó al Municipio de Quitilipi de desmalezadoras, fumigadoras, soldadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplado rural, tanques, entre otros elementos, por la suma en esa ocasión, de casi un millón de pesos, no contando con local comercial para esta actividad”.

“Todos los convenios se realizaban con Service Hogar, lo que no podía ser cuestionado por el intendente de Quitilipi, ya que las operaciones se efectuaban con la condición de que las compras se realicen a Tolosa”, precisó Sabadini y cerró: “En cuanto a las significativas diferencias de precios en las compras efectuadas a Service Hogar (…) se puede advertir la notoria diferencia entre lo abonado a Tolosa y el precio real de dichos elementos en la fecha en que se efectuaron las operaciones, lo que produjo un grave perjuicio sobre el patrimonio de la administración pública”.


El lápiz verde