La cuestión de la maternidad subrogada

OPINIÓN. Las mujeres que aceptan alquilar sus vientres, “obreras de la reproducción” que asumen este rol en la división del trabajo que ha generado el mercado a lo largo y ancho del globo, son, en su mayoría, mujeres pobres y/o racializadas.

El pasado 15 de julio se cumplieron 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Ese mismo día, la diputada cordobesa Gabriela Estévez (FdT) anunció la presentación de un proyecto de ley de Reforma del Código Civil y Comercial para incorporar los procedimientos de Gestación por sustitución, afirmado que “el proyecto busca garantizar un acceso igualitario a los procedimientos de gestación por sustitución y proteger los derechos de todas las partes que intervienen en el proceso, especialmente de las personas gestantes”, subrayando que se trata de una ley que  garantiza el derecho a que todos podamos formar una familia, independientemente de la orientación sexual, sexo, género, identidad, estado civil.

La potencia del matrimonio igualitario radica en el cuestionamiento de los viejos códigos culturales heterosexistas, promoviendo un cambio en el estado de situación anterior a la Ley a partir del paradigma del reconocimiento: siguiendo a Nancy Fraser, “aquí el objetivo es un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea el precio que hay que pagar por un respeto igual”. En este sentido, cabe interrogar por qué la gestación por sustitución es presentada en línea con esta conquista, de qué modo este proyecto podría conducir a una ampliación de derechos, cuáles concepciones de igualdad y de libertad están en juego.

La gestación por sustitución (práctica también conocida como subrogación, o alquiler de vientres) consiste en una técnica de reproducción asistida donde una mujer accede a gestar un embrión para un tercero. Los defensores de esta práctica sostienen que subvierte la familia tradicional, en la medida en que cualquier sujeto podría acceder a dicho procedimiento. No obstante, en primer lugar, resulta evidente que el modelo tradicional de familia viene siendo objetado hace mucho tiempo imponiéndose un sinnúmero de formas disidentes. Por otro lado, la experiencia indica que no cualquiera puede acceder a un vientre ajeno. Finalmente, es necesario abordar quiénes son las personas gestantes que terminan poniendo el cuerpo en este proceso.

Quienes reclaman el derecho a procrear mediante esta técnica reivindican el derecho a engendrar un hijo con material genético propio: se trata de parejas heterosexuales que quieren tener hijos y no pueden, o no quieren afrontar los problemas personales que implica un embarazo, mujeres u hombres solteros y parejas homosexuales que no pueden procrear, pero que, en cualquier caso, pueden pagarlo. Porque la experiencia indica que el factor económico siempre está en juego, de maneras más o menos visibles, más o menos obscenas. Las mujeres que aceptan alquilar sus vientres, “obreras de la reproducción” que asumen este rol en la división del trabajo que ha generado el mercado a lo largo y ancho del globo, son, en su mayoría, mujeres pobres y/o racializadas. No suelen hacerlo por “fines altruistas”, como son presentadas por quienes promueven la práctica, sino que son movidas por los altos “reembolsos” que esta actividad les garantiza. Porque es claro que, mínimamente, deberán estar cubiertos los gastos que todo el proceso de gestación imprime en la economía de la gestante. Estos “reembolsos” terminan disfrazando en un enorme número de casos la mercantilización de la práctica: el útero, que aún la ciencia no ha podido suplir, se torna mercancía.

La ciencia y la tecnología juegan su rol fundamental en tanto intervienen permitiendo segmentar el proceso de la reproducción. Las capacidades generativas del cuerpo femenino se han convertido en un nuevo “sector de inversión” y beneficio para científicos, expertos en ingeniería médica y empresarios. Mientras los defensores de la práctica evidencian una “exaltación pro científica” a la hora de argumentar a favor de las diversas tecnologías de reproducción asistida, lo que permanece velado es el hecho de que históricamente, ciencia y tecnología están subordinadas a los intereses de la clase dominante. Siguiendo a Gramsci, la ciencia y la tecnología nunca son neutrales: son relaciones sociales inscriptas en estructuras de género, clase, poder racial: en este sentido, son ideológicas. En la temática que nos ocupa, el movimiento ecofeminista, posicionado en contra de la práctica, revela la carencia de estudios que proporcionen información suficiente respecto a los riesgos que la subrogación implica para la salud de la mujer gestante y de los/as niños/as. Este no es un asunto menor.

Finalmente, el rol del Estado que debe posicionarse frente a este novedoso “contrato” que atañe cuestiones tan sensibles como la vida del niño o niña y la posibilidad de comercializar una parte del cuerpo de la mujer: ¿debe establecerse una ley restrictiva, debe regularse o debe promoverse el liberalismo médico y farmacológico en cuestiones reproductivas?

En Más acá del bien y del mal, la filósofa Laura Klein historiza las luchas feministas en torno a la libertad sexual, deteniéndose en la reivindicación que apuntaba a liberar al sexo del yugo reproductivo. La autora ubica las “ironías de la historia” que llevaron a que la consigna que exigía la separación del sexo y la reproducción -consigna que buscaba legitimar la decisión de no tener un hijo- se hizo literalmente posible en la oferta de hijos que permiten las nuevas tecnologías reproductivas. La autora ubica el modo en que la consigna retorna a sus propulsoras: ¡ellas buscaban el placer sin embarazo, no hijos sin sexo! “La consigna se ha cumplido, el anhelo no ha sido satisfecho”, sentencia Klein.

Como afirmó Jacques Lacan, la ciencia no se limita a conocer el mundo, sino que implica la introducción de cosas en el mundo que no existían previamente. La técnica desafía los límites de lo posible en un movimiento continuo y acelerado. Hoy las tecnologías reproductivas pueden prescindir del acto sexual para generar vida humana. Parece que la voluntad de la técnica ha ganado terreno frente a los símbolos carnales, el erotismo queda disociado del parentesco, la maternidad fabricada es una opción frente a los modos tradicionales, “artesanales” de dar vida, la madre gestante se distingue de la madre genética, hay ahí una disyunción artificial, impuesta por un contrato que garantiza la ausencia de lazo afectivo entre la primera y el hijo resultante del proceso. Todo en orden.

Las propuestas tendientes a aprovechar los avances de la ciencia para cumplir el deseo de formar una familia se enuncian siempre partiendo de buenas intenciones, porque suelen afirmarse en el reconocimiento de un supuesto deseo natural (vaya oxímoron) de ser padres que la ciencia podría realizar. La anatomía ya no es el destino, la contingencia del encuentro carnal tampoco. Pero, como afirma Klein, el problema no es la tecnología sino su alianza con las lógicas mercantiles. Y, agrego, el modo en que esta alianza impacta y profundiza la desigualdad.

Si el alquiler de vientres es un tema complejo, no lo es tanto porque desafíe a la familia tradicional: lo es en la medida en que plantea la ficción de que la capacidad reproductiva de algunas mujeres y su producto son objetos alienables. Asimismo, excede lo que pueda decirse sobre el patriarcado, en la medida en que compete a lo que hace el capitalismo con nuestros cuerpos atravesados por el género, la clase, la raza.

Si el Estado permite que estas situaciones se repitan considerando que son “acuerdos entre individuos” está promoviendo que un ejército de mujeres pobres y racializadas, que toman sus decisiones en un estrecho espectro de posibilidades, ingrese al mercado como objeto para satisfacer los intereses de una clase privilegiada.

El proyecto de la diputada Estévez buscaría introducir la figura de la gestación por sustitución dentro del orden legal: afirmaría la seguridad y protección de todas las personas en un mismo plano de igualdad, dándoles la oportunidad de formar una familia ejerciendo libremente la opción de utilizar los avances de la ciencia para tal fin. El deseo deviene derecho, pero habilita asimismo una práctica que demuestra, a nivel global, su íntima copulación con las lógicas de mercado y con la afirmación de las inequidades sociales. Si la legislación en ciernes apunta a evitar la explotación de mujeres, advirtiendo que sólo podrían constituirse en gestantes aquellas mujeres cuyo vínculo con los padres biológicos sea afectivo, promoviendo explícitamente los fines netamente altruistas, es necesario preguntarse qué regulación podría proporcionar a nuestra sociedad, signada por la desigualdad, una prevención adecuada de la mercantilización de embriones y del cuerpo de ciertas mujeres. Porque, tal como sostiene Laura Klein, “si la samaritana que se presta a embarazarse por otra puede sentirse digna de una misión, la que lo cobra difícilmente pueda sentirse honrada por ser una desposeída obligada a poner(se) en venta (por) su capacidad reproductiva”.

La discusión se sostiene, nuevamente, en los modos de concebir la libertad; en las formas en las que el yo propietario se impone frente a la posibilidad de debatir cuestiones vinculadas a lo común; finalmente, en el modo en que el capitalismo intenta, parafraseando a Jorge Alemán, consumar su crimen perfecto.


Sobre la autora

Águeda Pereyra es psicoanalista.

Diarios Argentinos