La corrupción barata

La palabra corrupción, que la usamos con mayor asiduidad que la palabra cohecho, tiene la carga –derivada de la figura del Código Penal– del abuso del poderoso sobre el débil, que no se compadece con un delito que requiere de la complicidad activa de dos actores que, en el hecho, tienen la misma responsabilidad.

En realidad, cuando hablamos de “corrupción” refiriéndonos a las coimas, en sus diversos tamaños y formas, hablamos de un delito que resulta insólito llamarlo “corrupción”, ya que el delito del que hablamos debe contar con la voluntad expresa de las dos partes.

En la figura precisa de la corrupción, el delito consiste en el abuso de uno de los actores a pesar de la negativa del otro, excepto que por ser menor se considera su incapacidad de ejercer plenamente la voluntad.

¿Por qué usamos, entonces, la palabra corrupción cuando hablamos de un cohecho llamado coima? No hay inocencia en esto. No hay casualidad en la elección de las palabras. La idea básica de su instalación de uso corriente es hacer “evidente” que el delito es “el abuso” del poderoso.

Ángelo Calcaterra, un grande, tempranito y poniendo el pecho dijo: “Me apretaron y puse plata para la campaña”. Gol. Víctima que cometió un pequeño delito electoral. ¿Eso lo hace un arrepentido?¿De qué? No hubo funcionarios “coimeros” ni obras amañadas. Solamente, unos apretadores militantes para ayudar, sin modales, a juntar para la campaña. Sigamos.

Siendo el poderoso el Estado, la idea es que “el privado” (que no es el Estado) es el débil. Traduciendo, sería instalar la idea de que  “la política” – que es la que se hace cargo del Estado – se abusa del privado “obligándolo” a pagar la coima. Por ahí viene la cosa. Al menos en el primer arrepentido del día lunes, el primo y sucesor empresarial del presidente.

Si es así, no hubo sobreprecios en la obra pública, no se torcieron licitaciones, no se hicieron las obras que no había que hacer. Una pinturita. Y si es así, los funcionarios K (los que tienen millones de dólares inexplicables) fueron probos. Nunca una coima. Nunca un cohecho. Solamente, débiles empresarios a la hora de decir que no al pedido de una contribución en negro y taca taca para la campaña, todo el tiempo, todos los años. A cambio de nada. Calcaterra, un grande. Asumió toda la responsabilidad de haber sido una víctima. Una cuestión de hombres frágiles con plata y de pendencieros politizados. Es todo.

Podemos imaginar casos de la más variada factura. Y sopesar la responsabilidad de los partícipes de distinta manera. Hay casos. No vale la pena analizar aquí las diferentes idas y vueltas, lo cierto es que si hay coima, cohecho, corrupción, hay dos actores: el privado y el que ocupa el lugar del Estado.

Es obvio que, siendo culpables el uno y el otro, no cabe duda de que moralmente es infinitamente más condenable por ser peor la conducta del administrador público que la del interés privado. Lo de víctima es un poquito exagerado.

Sin la decisión del administrador público, el delito no habría ocurrido: él tiene el poder del pasa o no pasa. Es el administrador público, sea el iniciador o no del “negocio”, el responsable final de una decisión que, además de tener un costo para el erario público, bien puede ser la causa de una decisión equivocada para la Nación. Salgamos de la zona de ironía.

Aquí aparece lo central. La primera cuestión pública, la primera cuestión del interés público es el acierto de toda decisión pública. Es decir, sabiendo que por definición los recursos públicos son escasos, si la decisión pública de marras es o no una prioridad.

Cuando una decisión pública, por ejemplo, una obra, no es prioritaria o bien en el listado de las prioridades (o necesidades) ocupa un lugar lejano y el poder público la elige como prioridad inmediata, estamos ante un problema moral, ya que hubo una decisión de asignar recursos públicos a lo que no era una prioridad.

En el mismo andarivel se encuentran las cosas que se decide realizar a pesar que técnica o económicamente o socialmente tienen un balance negativo.

Todas estas decisiones que implican asignaciones de recursos públicos a obras, proyectos, etc., que no debían realizarse por no pasar el test de la prioridad o del bien común, pueden haber sido tomadas con la mayor honestidad que podamos imaginar o bien haber sido materia de cohecho.

En el caso de que esas decisiones hayan implicado “cohecho”, implican dos problemas: el primero, la estafa de la función pública, la coima, y el segundo, la alteración del orden de prioridades, que es un elemento central de la administración de la cosa pública.

Probablemente, todas las decisiones públicas discutibles, las que no pasarían el test de la prioridad, se hayan tomado bajo la existencia de cohecho: la coima le habría dado paso a ocupar un lugar privilegiado.

Pero bien puede ser que en las obras que gozan del valor de prioridad también se produzca cohecho. La decisión del proyecto o la obra es correcta, cumple todos los requisitos, pero en lugar de ser llevada a cabo de acuerdo a normas, se eligen insumos, servicios, empresarios, etc., en función de “coimas”.

Cuando se trata de obra pública, en cualquiera de sus formas, se trata de lo que podemos llamar “la corrupción barata”. Es barata porque quien paga la coima es el mismo Estado. Sí. ¿Cómo? Mediante el “sobreprecio” en cualquiera de las formas posibles.

Todos estos episodios que relatan los cuadernos de Oscar Centeno responderían a la “corrupción barata”, por cierto no por el apellido de uno de los supuestamente involucrados, sino por el hecho que “las coimas” forman parte del costo que, para el Estado, tiene la obra pública. Barata para el privado, que se beneficia, pero no la paga de su bolsillo.

La “corrupción barata” es una exclusividad de la que participarían los negocios o actividades propios de “los concesionarios del Estado”. Del Estado en todos sus niveles. No es la única corrupción, para aceptar el uso del término más común, porque hay corrupciones “caras”. Las “caras” son aquellas que se producen cuando, requerida la decisión pública para habilitar una determinada acción, el Estado no “paga la cuenta”.

Si la decisión pública esta asociada a una “coima” y, en ese caso, el Estado no genera ningún pago, entonces, el particular “beneficiado” pagará la “coima” a su exclusivo costo.

La corrupción barata, la asociada a los “concesionarios”, seguramente es la más generosa (la pagamos todos en el Presupuesto) y a su vez genera esa familiaridad que se percibe entre “concesionarios” y ámbito público.

La corrupción cara (porque la paga el particular) muchas veces es la que se disfraza de “gestión”.

Hay muchas decisiones públicas que, en un Estado sano – para decirlo de alguna manera –, se producen sobre la base de la razón o la necesidad, en tiempo y forma lógicas.

Pero en el Estado enfermo, aun con el derecho obvio, se producen trabas en el tiempo y en la forma; y en esas condiciones aparece el “facilitador”, el “consultor”, que tiene “lo que hay que tener” para saltar, sortear, las barreras artificiales.

Recuerdo, al respecto, que una muy afamada consultora le explicaba a sus clientes que los millonarios honorarios que cobraba se debían a que a ellos “les correspondía participar de las utilidades” de lo que resultaría de la gestión que, en un Estado sano, sería un trámite ingresado por Mesa de Entradas. Obviamente, de esas “utilidades”seguramente también habría de participar el funcionario que tomaba la decisión.

El Estado enfermo ha corrompido las áreas de controles y regulaciones. Y ha generado “consultores especializados” que “sortean” las barreras mediante “coimas” ocultas. No puedo dejar de señalar la suerte de enfermedad del Estado que implica que los órganos de recaudación (aduanera, tributaria, etc.) sean estimulados para cumplir con su obligación, mediante la acumulación de un fondo resultado de las recuperaciones de deudas, etc. Son muchas y distintas las vías de la “corrupción” o “cohecho” que generan la enfermedad de los órganos públicos que, de una u otra manera, se reflejan en la ineficiencia, perversidad, despilfarro de los recursos públicos.

Hace muchos años que la idea del Estado enfermo y corrupto, de la coima y el cohecho, ocupa un lugar destacado en el análisis de la realidad nacional. Hay un Estado fallido en la infraestructura económica y social; hay un Estado fallido en la educación que vive un espantoso retroceso si nos atenemos a los resultados en todos sus niveles; lo hay en la salud pública y nos hace ciudadanos a la defensiva el Estado fallido en materia de seguridad y de Justicia. La salud del Estado se refleja en la salud de los bienes públicos que ofrece. “Por sus frutos los conoceréis”.

Carlos Menem, nadie puede ni debe olvidar la afirmación “robo para la Corona”, inauguró un capítulo impensado en esta saga de “la corrupción” en la Argentina contemporánea. El capítulo de la venta de los bienes del Estado, acumulados durante generaciones e, inclusive, la venta de los privilegios y de los bienes custodiados por el Estado se inicia con Menem. De esas transferencias millonarias nada quedó, nada relevante, nada que se note, quedó en poder del sector público. Pero en ese proceso se generan gran parte de las hoy mayores fortunas argentinas.

Listar las fortunas inexistentes o lejanas a los niveles posteriores, antes de Menem y después de Menem, ayuda a comprender el nuevo balance del poder en la Argentina, balance en el que – como todos hemos visto – de Menem para aquí “la corrupción ha pasado a ser un protagonista”. Un protagonista condenado en las palabras pero no por la Justicia. Menem representa un punto de inflexión en ese sentido. Una gigantesca transferencia, generada a través de la entrega de bienes y áreas públicas, de riqueza y de poder político. En ese proceso llamado “robo para la Corona” se forjó (empresas, servicios, bancos, etc.) la “nueva oligarquía de los concesionarios”, que se potenció durante el kirchnerismo y confirmó a los que estaban y agregando otros, inicialmente “propios”, en los rubros anteriores y desarrollando otros rubros como en particular el juego. Allí donde estuvo el Estado, fundado en múltiples razones, ahora se ha constituido una “nueva oligarquía” tan poderosa como peligrosa.

Peligrosa, porque sus intereses están absolutamente disociados del proceso productivo transable y porque su vinculación permanente con la Administración fuerza decisiones que, adecuadamente ponderadas, se contraponen al bien común.

La cuestión de las concesiones de energía es un hito. No haber tenido en cuenta el costo del gas en boca de pozo, que no guarda relación alguna con los precios fijados por el anterior ministro de energía –ignorado ex profeso en el diseño de la política tarifaria– ha generado una confusión de tal magnitud que gran parte de la cuestión fiscal ha caído en la trampa de “reducir el déficit primario es disparar la inflación porque hay que aumentar las tarifas”. Lo que sin duda estamos realizando.

Pero, por ejemplo, preguntado J. J. Aranguren por la razón del evidente subsidio a los productores, dijo: “subsidio no, estímulo”. Pues bien, ¿el problema de la inflación por actualización de tarifas tiene como razón el estímulo (subsidio) de los consumidores a los productores?

En definitiva, ¿es el mantenimiento oculto de gigantescas transferencias a favor de los concesionarios? La claridad es un camino a la honestidad y la confusión el sendero de la corrupción.  Como hemos mencionado, en el caso de que existiera, en esos casos, alguna decisión pública asociada a “cohecho” estaría, por tratarse de concesiones, en el área de la “corrupción barata”.

Durante su gestión, Néstor Kirchner, según alguno de sus funcionarios, se propuso generar – con el peso del Estado – una nueva “burguesía” de empresarios que contaban con al menos su simpatía o aval. Así como Menem, hizo un festival de liquidaciones de “joyas de la abuela”.  Néstor montó negocios tan insólitos como el del casino del Hipódromo de Palermo, al que “obligó”, en un decreto que debería integrar el manual del disparate, a invertir en miles de maquinas traga monedas para satisfacer la demanda de juego y, en función de ello, extender la concesión por un período inexplicable, inexplicable todo. Solo explicable en un Estado enfermo.

Estas líneas tienen el propósito de refrescar las distintas instancias del cohecho, la corrupción barata y la que no lo es, la que implica erogaciones públicas y la que no implica erogaciones y que habilita decisiones que están plenamente justificadas y otras que de ninguna manera deberían permitirse.

Toda esa maraña de situaciones obedece a una causa mayor que las antecede y es el estado de enfermedad del Estado. Y por cierto de esa esfera de la sociedad que interactúa con el Estado y que es, en términos cuantitativos, un espacio mínimo pero de una influencia extraordinaria sobre la vida de toda la sociedad. Son hechos. Están ahí y debemos intentar superar sus dramáticas consecuencias.

Un cuaderno registrado por un obsesivo, una investigación periodística, el avance de un fiscal dedicado, la reacción de un Juez, una constelación no habitual, ha dado lugar – esperemos – a un hecho disparador: “La confesión de un empresario arrepentido”. Puede que se abra la puerta de nuevas confesiones que lleguen a la identificación de, al menos, una parte de los actos de cohecho vinculados a los funcionarios involucrados. Si llegáramos al blanco y en negro, con todas las garantías judiciales del caso, en un tiempo razonable y ante la verificación del delito se produjera el acto de justicia reparadora, entonces, podríamos esperar, como consecuencia, la acción reparadora de la salud del Estado.

La primera, inevitable sobre todo en las condiciones de precariedad de nuestras finanzas, es formular prioridades precisas y fundadas en el área de las obras públicas y fundarlas en consideraciones del reequilibrio de las condiciones de vida de la Nación.

Salta a la vista que –salvo las atinentes a la seguridad, la salud, la educación– las erogaciones que se realizan para obras en la Ciudad de Buenos Aires (la estética de la calle Corrientes, las baldosas blancas de la Avenida Santa Fe, la nueva avenida Illia en la Villa 31, reemplazando a una autopista en perfectas condiciones, etc.) jamás serían una prioridad habida cuenta de la falta de agua en poblaciones de las provincias más postergadas del país.

¿Nunca vamos a comprender que el federalismo es esencialmente reparar la absurda disparidad en los ingresos entre la Ciudad de Buenos Aires, tal vez la más rica de Suramérica, que resultan casi 10 veces los ingresos promedios de nuestras provincias más pobres? Esa reparación requiere que las prioridades de la inversión pública se centren en mejorar las condiciones de vida mas postergadas.

Lo dicho implica que, para gobernar con una visión ética, que es el primer paso para alejarnos del Estado enfermo y, por ende, de la corrupción, es fundamental hacerlo en torno de un plan que debe reflejar la respuesta que, desde el ámbito público, se puede brindar a las necesidades prioritarias de la sociedad.

Un plan es la puesta en blanco y negro, de una visión del futuro como el espacio real, donde se procura solucionar los problemas reales del presente. La identificación de los problemas es la formulación de las prioridades de la acción y de los compromisos públicos.

El no tener un plan, el no haber identificado los problemas, es el síntoma más acabado del Estado enfermo. Un Estado enfermo que los cuadernos de Centeno, la historia de la corrupción barata, reflejan en uno de sus aspectos que no deben ocultar los que los anteceden.

¿Podríamos haber llegado al 30 por ciento de población bajo la línea de pobreza si hubiéramos identificado la pobreza como riesgo cuando ésta no llegaba al 5 por ciento de la población?

¿Podríamos haber llegado al estancamiento económico de una década perdida más una década endeudada, más una década soplada, si hubiéramos identificado que la causa del atraso no puede ser otra que la ausencia de inversión?

¿Podríamos repetir una y otra vez el déficit comercial externo, la fuga de capitales, el ciclo de la deuda, el ingreso de capitales especulativos, sin percibir que detrás de ello está que hemos dejado de ser un país de productores, no solo de los bienes que nos ofrece la naturaleza, sino de todos aquellos que necesitamos producir para el equilibrio general?

Todas esas falencias de previsión son la consecuencia de un Estado enfermo que no es capaz de pensar y gobernar en términos de prioridades de bien común y que después del menemismo, de hecho está gobernado por lo que aquí llamamos “la corrupción barata”, que es la de la economía de la “nueva oligarquía de los concesionarios”. No olvide, oh casualidad, que todos los apretados para la campaña son concesionarios que reciben dinero público.

Terminar con ese dominio es la primera prioridad de la política. Esa será la muestra que, al menos, la corrupción barata no va volver a llenar cuadernos.

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