La banda de la frazada

Un día le envié una nota formal al dueño de un diario famoso, pidiéndole que se abstuviera de publicar noticias usando estereotipos negativos y apodos ridículos sobre menores de edad (chuqui, piqui, ángel, chizito, gomera, etc.). Por más que expuse normativa internacional y sanas reglas para referir a la niñez y adolescencia, a los pocos días recibí el llamado de un abogado del emporio de medios. La respuesta que obtuve fue que la sección policial de los diarios era parte de la libertad de expresión constitucional, y –según el letrado– yo no era quién para censurar a la prensa. Evidentemente, cuestiones de estilo y no, de derecho.

Difícil litigar la página amarilla de los diarios. Un abogado defensor poco puede hacer cuando los diarios se empecinan en inventar etiquetas malévolas.  Así las “bandas” de “precoces delincuentes”; “La banda de los ratoncitos”; “la banda de los pepitos”; “la banda de los nenes”; “la banda de los pitufitos”.

Minoridad y fabricación de estigmas van de la mano. Siempre basadas en rumores, fuentes policiales y cierta fascinación vecinal por lo monstruoso, se dan la mano en el folletín semanal donde se construye el sentido común de lo delictivo y la sociedad se queda tranquila con sus chivos expiatorios.

Aunque el tiempo es –en definitiva– el que derriba todo ese castillo mítico de mentiras. Aunque el daño ya esté hecho, y –en cuestiones de infancia vulnerable– se torne algo irreparable.

La llamada “banda de la frazada” es la historia de un daño irreparable. De destinos que se pierden. De asesinatos selectivos, y de un crimen de Estado por olvido y deliberación.

*

Ya desde principios de 2008 se publicaron las primeras notas –de una larga serie– acerca de un grupo de chicos de la calle que dormían en la glorieta de plaza San Martín, de La Plata (7 y 53). Los diarios señalaban que se trataba de “La banda de los pibes chorros” que “utiliza una frazada para inmovilizar a sus víctimas”.

De este modo, tanto para la prensa local como para la policía, la “banda de la plaza” se había convertido en la primera –y única– hipótesis a la hora de encontrar responsables para los delitos producidos en las cercanías.

¿Pero quiénes eran en realidad estos chicxs, que se habían instalado precisamente en el corazón de la ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires?

Tuve la oportunidad de conocerlos bien en algunas de aquellas “caídas” en comisarías, en las que irrumpía como defensor y los sacaba del entuerto, tratando que la respuesta esté vinculada a los órganos de protección y no–siempre– a mecanismos policiales.

Era evidente que las detenciones eran discrecionales y no basadas en motivos delictivos. Cuando pedía explicaciones, el agente policial de servicio me miraba y decía: “Doctor, están en situación de calle…”. Ser o no ser: ¿La calle o el buzón? La calle. Y el intento de hallar una solución que no sea, ni la celda ni la calle. Pues, a esa altura, los servicios de niñez del municipio y la provincia, hacían agua por todos lados.

No se trataba de un grupo fijo; había chicos y chicas. Cada tanto había quienes llegaban, se quedaban o se iban. La mayoría tenía entre 10 y 14 años. Pero incluso había chicxs desde los 6 y hasta los 17.

Lxs más grandes nacieron cerca de 1990. Lxs pibxs provenían de distintas barriadas, sus padres no podían contenerlos, la mayoría sin casa ni laburo. Consumían porquerías, mezcladas con alcohol, pastillas, drogas, poxi-ran, pasta base, etc.

Los enfrentamientos y fricción con la policía eran la constante. Allí estaban Omar, Rodrigo, Rocío, Ailén, Maxi “juguito”, Franco, Bebu, Jonathan, Lucas, Nahuel, Chuki... Pibxs con mil carencias. Historias tremendas del olvido y abandono. Pero aun así, pibxs con sus partes vitales a pleno. Tanteando encontrar la salida a sus laberintos. Un lugar para ser felices en este país, a su manera.

Ninguno de ellos se sentía parte de las etiquetas que le inventaban los medios. Cuando les preguntabas, ninguno te reconocía la existencia de una banda denominada “de la frazada”. De hecho, negaban los hechos atribuidos por la prensa, pero sentían que –al menos– la gente estaba hablando de ellos (algún telediario les hizo una entrevista con los rostros pixelados, que si se busca, todavía puede verse en youtube).

Con algunos pude empatizar. Ya me conocían de las liberaciones de comisarías. Me acerqué varias veces a la plaza. A la glorieta. Hablábamos. Pero yo sentía que todavía me tenían cierta desconfianza. Algo quizás razonable, dado que desde la justicia miraban para otro lado, y éramos pocos los que nos acercábamos a entablar un diálogo.

Con quienes sí habían generado un verdadero vínculo, era con un grupo de docentes y estudiantes de la UNLP que estaban, día y noche a su lado, acompañándolos; visibilizando la dramática situación de calle. Vienen ahora a mi recuerdo a Rubén “Benchi” Calligo, Carola Bianco, Fátima, el “Polaco”, José Orler, Anatilde Senatore, Aníbal Hnatiuk). Todxs colaboraban y habían logrado contener a los chicxs. Realizaban un seguimiento de sus familias. Hacían un merendero. Les montaban juegos para entretenerlos. Un trabajo militante de muchísimo compromiso, pero que a la larga, no encontraba asidero en un programa estatal.

También acompañaba el programa Acción Niñez, la Asociación Miguel Brú y la CPM, con quienes terminaríamos interponiendo amparo ante el Juzgado del Dr. Luis Federico Arias. Recuerdo que la acción prosperó en primera instancia, pero fue apelada por la Fiscalía de Estado de la provincia. Recién para 2019, la Suprema Corte Bonaerense confirmó la sentencia del juez (luego destituido) y obligó al Estado a tener respuestas inclusivas “para grupos de jóvenes en situación de calle”, que no sean meramente policiales.

El limbo en el que estaban estos chicxs en 2008 cayó en el tránsito normativo de niñez. Pues el sistema de infancia estaba allí siendo puesto a prueba, desde que,  ese mismo año, la provincia dejaba atrás el Patronato, y ponía en marcha un nuevo Sistema de Responsabilidad juvenil (ley 13.634); como –asimismo– la ampliación de derechos, que jamás fue acompañada –políticamente– con los recursos financieros necesarios (ley 13.298).

*

Para mediados de julio de 2008, el hecho que hubiera chicxs viviendo en la plaza con más de 170 ingresos en la comisaría, entró en su período de mayor notoriedad mediática llegando a la prensa nacional y noticieros tales como TN, Telenueve y Telefe Noticias. Hacía ya varios meses que una operación de prensa “menores de edad delincuentes desgobernados” estaba activada, y demostraba la búsqueda de algún efecto manipulación en la opinión pública, para endurecer leyes penales.

La operación mediática no tardó en instalar la idea de una zona peligrosa y la cuestión pasó a mayores por la deliberada omisión o ineptitud, de todo el aparato estatal municipal/provincial que no podía resolver la situación de 12 chicos en una plaza; situación que  –claramente– recalentaba la indignación ciudadana. Las soluciones que se proponían en los comentarios de las notas en redes sociales, iban desde la pena de muerte a algún tipo de limpieza clandestina como solución final.

La noche del 25 de julio de 2008, lxs pibxs de la llamada “banda de la frazada” fueron sorprendidos por una patota parapolicial que armada con palos, fierros, cuchillos, cadenas y exhibiendo armas de fuego, llegó a golpearlos y echarlos del lugar. La estrategia mediática que había consistido en remarcar la “peligrosidad” de este grupo, había servido para legitimar el ataque.

Recuerdo que radiqué una denuncia ante la fiscalía inmediatamente, solicitando se investigue todo el contexto y la reacción de este grupo fantasma. Como siempre, nada se investigó.

A esta historia se sumaba la del asesinato de Ricardo Barrenechea, el 21 de octubre de 2008 en su casa de San Isidro, durante un asalto en el que habrían participado algunos chicos menores de 18 años de edad. Al día siguiente, el gobernador Daniel Scioli, planteó que se debía bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y generó un revuelo en el progresismo y un debate nacional.

Fue entonces que el Ministerio de Seguridad de la provincia comenzó a publicar cifras del supuesto aumento en la participación de menores de edad en el delito. Este hecho implicó que muchos defensores cuestionásemos el modo en el que la policía detenía a adolescentes usando figuras contravencionales o por averiguación de identidad, para luego inflar las estadísticas y generar malestar social (por ejemplo las supuestas 170 caídas de los pibxs de la plaza).

La entonces Secretaria de Niñez de la Provincia, Martha Arriola, nos dio la razón y cuestionó públicamente aquellas estadísticas, planteando que era necesario dictar la emergencia en Niñez y Adolescencia y triplicar el presupuesto del área. Pero para esa altura, la suerte de Arriola, estaba echada. Fue desplazada de inmediato por orden del gobernador. El Ministro de seguridad de entonces, se llamaba Carlos Stornelli, que salió a proponer un nuevo código Contravencional, como solución para resolver el problema de los menores.

*

Ya a principios de 2009 y luego del ataque del grupo de personas nunca identificadas, la denominada “banda de la frazada” comenzó a perder visibilidad en los medios de información. Sin embargo, de manera esporádica, en los años sucesivos continuaron saliendo notas mencionando a “la banda”  que –claramente– ya no existía, o –acaso– nunca existió. Aunque seguía siendo la etiqueta perfecta para continuar atribuyendo responsabilidades delictivas, cuando en la zona, se desconocía su autor. 

Esta “banda” no existía no porque se hubiera diluido, sino porque muchos de estos jóvenes fueron atemorizados, o se perdieron a la buena de nadie, o fueron silenciosamente, eliminados.

El 6 de junio de 2012, Rodrigo Simonetti, de once años, fue hallado sin vida y con signos de muerte violenta, en un pasillo cercano a 526 y 15, en Tolosa, donde tiene jurisdicción la Comisaría 6ª de La Plata. El crimen quedó sin resolverse.

El 1 de agosto de 2012, el cabo bonaerense Daniel Mannarino, de 46 años, ejecutó por la espalda a “Maxi”. Maximiliano De León, alias “Juguito”. Tenía 14 años. Mannarino fue sobreseído.

El 27 de diciembre del mismo año, fue asesinado Franco Quintana, de 16 años. Fue durante un asalto en un pizzería de 13 y 32, en el casco céntrico de la ciudad. El adolescente había estado alojado en institutos cerrados de menores acusado por el crimen del ingeniero Fabián Enrique Esquivel, cometido en 2011 cuando ese empleado de la Agencia de Seguridad Vial fue abordado al salir de su casa de 15 bis entre 529 y 530.

El 15 de febrero de 2013 el policía Diego Walter Flores asesinó a Omar Cigarán en el barrio Hipódromo de La Plata (43 y 115). Lo ejecutó por la espalda, a sangre fría. El Tribunal que juzgó a Flores, luego lo absolvió por mayoría y una disidencia. La sentencia sigue apelada.

*

La historia de Omar Cigarán es la metáfora que mejor cuenta o resume el destino de este grupo de chicxs. El caso fue contado hace dos años en un libro magnífico escrito por la periodista Mariana Sidoti Gigli (“Vivir sin justicia”, Edit. Mascaró, 2018). También surge de la tesis de Rubén “Benchi” Calligo, quien hizo un valioso trabajo de campo recogiendo la verdadera trama de la mal llamada “banda de la frazada”.

Todas las advertencias que se hicieron al Estado fueron vanas. Nadie escuchó a Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán. Tampoco los planteos de dar con un dispositivo adecuado de contención para varios de estos pibxs que, finalmente, encontraron un trágico final. 

Los episodios –de apariencia casual, pero no tanto– fueron denunciados por quien esto escribe en 2013, ante la Corte Bonaerense. La seguidilla de asesinatos coincidía, en muchos casos, con la pertenencia a la supuesta “banda de la frazada” que no existía o nunca quedó probada, sino en el imaginario policial y mediático de la época.

Citando un viejo libro de Zaffaroni, las llamé “Historias de muertes anunciadas”, pues el abandono-desidia al que estos jóvenes habían sido arrojados era propicio para su eliminación, reclutamiento o muerte.

Todo esto fue hace más de una década, y aquellas presentaciones fueron invisibilizadas. Estoy seguro que las denuncias que hice, aun duermen el sueño de los justos en algún cementerio de papeles de tribunales.

Lxs que se salvaron, ignoro su destino; pero son pibxs que ahora tendrían que tener más de veinte años. Ojalá estén bien.

Sobre el autor: Julián Axat es escritor y abogado.

Fotógrafa: Coti López (Chuki en la entrada de la Legislatura, 2008).