Jueces e impuestos, un conflicto de intereses

Por: Jorge Luis Feijóo

Cuando un docente tiene en su clase a un hijo, las evaluaciones las harán otros docentes de la escuela; es probable que la mayoría de los docentes fueran a ser más exigentes con un hijo que con el resto, pero basta la posibilidad de lo contrario para que haya un conflicto de intereses.

Para la Oficina Anticorrupción, “existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales, laborales, económicos o financieros de un funcionario están en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo”1; también sostiene que “los actos realizados en una situación de conflicto de intereses serán de nulidad absoluta” y que tanto el funcionario como los terceros involucrados “serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado” (web oficial)2.

Desde el aula escolar hasta la más alta función pública, hay un concepto común y claro de lo que significa el conflicto de intereses; pero no para el Poder Judicial.

Cuando se impone un nuevo impuesto, todos los ciudadanos alcanzados deben pagarlo, aunque hasta ese momento no lo tributaran. Lo mismo cuando se eleva la alícuota de un impuesto, antes estaban obligados a pagar menos y de pronto se ven obligados a una mayor exacción por el Estado. Para los ciudadanos, no haber pagado antes un impuesto o haber pagado menos, no constituye un “derecho adquirido”; pero sí para el Poder Judicial.

Cuando las leyes que dicta el Congreso de la Nación imponiendo a los jueces la obligación de pagar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Judicial dicta su inconstitucionalidad, argumentando intangibilidad de los sueldos, derechos adquiridos, etc. Sobra biblioteca.  

Los jueces tienen un menú de procedimientos a seguir ante un conflicto de intereses en su trabajo, excepto cuando se trata de pagar sus impuestos, a pesar de ser también “funcionarios públicos”, la prescripción de la Oficina Anticorrupción.

La división de los Poderes del Estado es clara, pero el Judicial tiene un plus. En efecto, uno administra, otro dicta las leyes y el tercero se encarga de hacerlas cumplir, pero también puede decidir que una ley no se debe cumplir (inconstitucionalidad); éste es su plus. Si bien hay países que lo resolvieron de otra manera (Corte Constitucional), la nuestra no estaría mal ni sería frágil si los jueces no actuaran como “juez y parte” en una cuestión por resolver.

Un titular de hoy en los medios nacionales es que se empantanó la negociación del gobierno y las asociaciones de jueces antes de que empiecen los descuentos –solo de algunos- del Impuesto a las Ganancias. ¿Qué otros ciudadanos negocian con el gobierno (!) la aplicación de una ley?

En la audiencia pública en la que el Dr. Rosenkrantz defendió su pliego en el Senado (10/03/2016), expresó que “no hay ninguna razón para que los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de proveer lo necesario para que el estado pueda funcionar. Yo estoy dispuesto a pagar impuestos y voy a militar para que el poder judicial pague impuestos” (web del Senado)3. Hoy es Presiente de la Corte.

No debería ser una utopía que la Corte de Justicia dé un ejemplo de ética a la ciudadanía, ni que los jueces sean ciudadanos iguales ante la ley.


1)  https://www.argentina.gob.ar/consultarconflictodeintereses

2) Idem 1

3) http://www.senado.gov.ar/prensa/13595/noticias




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