Injusticia por mano propia. ¿Qué está en juego?

Por: Federico Aranda


Nuevamente la opinión pública argentina es atravesada por el debate sobre un dramático hecho de violencia. El caso del “jubilado que baleó al ladrón” en Quilmes el pasado viernes. Ya la forma en que la noticia es presentada por los principales medios periodísticos nos habla sobre la lógica de construcción de sentido en una sociedad que es fuertemente interpelada por estas situaciones, y donde los discursos que proponen soluciones simples a problemas complejos siempre encuentran portavoces interesados. El objetivo de estas líneas no es ahondar en los detalles conocidos del caso ni debatir la situación judicial de Jorge Ríos, el jubilado sobre quien hoy pesa la acusación por homicidio agravado. Nuestra intención es reflexionar brevemente sobre por qué estos debates son importantes para la ciudadanía. Debemos pensar qué es lo que nos jugamos como sociedad a la hora de opinar sobre este tipo de situaciones. Qué consecuencias tienen en nuestra comunidad algunas ideas que con tanta liviandad se repiten hasta que su eco deja de escandalizarnos. Vamos a desagregar el tema en tres nociones que son fundamentales para comprender mejor lo que está en juego:


1- El derecho.

Este primer punto es el más debatido en los medios, pero, probablemente el más claro de determinar en los hechos. La nota de este mismo portal y los brillantes comentarios de Claudia Cesaroni, abogada y referente del CEPOC, aportan claridad suficiente a la cuestión.

No obstante, podemos agregar lo siguiente. Aquí no caben dudas sobre que una persona mató a otra con un arma de fuego: ese hecho en nuestro Código Penal se encuentra tipificado como homicidio agravado (art.79, 41bis). El mismo código establece causas de justificación que evitarían la antijuridicidad de la acción y que, por lo tanto, impedirían que a determinado acto de matar a otra persona le corresponda una pena. La legítima defensa es una de estas causas, pero, para que pueda considerarse que una persona mata a otra en defensa propia, el mismo código establece una serie de límites que definen ese acto (art.34 inc.6). Sin lugar a duda, el perseguir y dispararle a otra persona que está huyendo o que ya no representa un peligro para nuestra integridad física excede ampliamente esos límites. En ningún lugar de nuestra legislación, por más aberrante que sea el daño que una persona haya realizado sobre nosotros o sobre nuestros bienes, o por más empatía que nos genere el agresor o repugnancia la víctima, se encuentra permitido ir a buscar y matar a otro ciudadano.


2- La moral.

Habiendo casi nulas dudas sobre que el accionar de Jorge Ríos no está amparado por el instituto de la legítima defensa, surgen los segundos interrogantes que ya no son jurídicos sino morales y que en este caso, como en muchos otros, enredan el debate tornándolo confuso y hasta indignante para muchos ciudadanos que intervienen en él ¿Hizo bien X en matar a Y?¿Debemos aceptar y entender lo que hizo X?¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de X?¿Se merecía Y lo que le hizo X?¿Se merece X ir a la cárcel? Las preguntas de este tipo pueden multiplicarse por decenas y elaborarse en forma de proposiciones que suenen muy convincentes a los oídos de amplios sectores de la sociedad. Pero a partir de la intervención de este tipo de argumentos se presenta un riesgo frente al que debemos estar precavidos: confundir el derecho con la moral.

Desde el momento en el que entramos al plano de lo moral, las posibles respuestas que elaboramos a nuestras preguntas obedecen a la arbitrariedad de los juicios de valor, multiplicando las posibles soluciones para un mismo problema y dificultando el acuerdo sobre bases racionales: requisito básico para la vida social. Si la pregunta del derecho se centra en diferenciar lo legal de lo ilegal, la pregunta de la moral busca distinguir lo bueno de lo malo. Muchas veces lo ilegal y lo inmoral coinciden, pero muchas otras no. Golpear a mi pareja no solo es inmoral, sino que también es ilegal. Engañarla con otra persona puede resultar inmoral pero no está prohibido por ninguna ley.

La tarea de los jueces es aplicar a los hechos lo que determina el derecho. Por supuesto que en la aplicación de la ley habrá lugar para cierta arbitrariedad del juez, pero los argumentos de su sentencia siempre deben partir y justificarse en la ley, no en la moral. Incluso aunque esa moral se sienta compartida por gran parte de la población. Supongamos que en el caso en debate Y no hubiera resultado muerto, sino solo gravemente herido. Supongamos que todos los argentinos, con excepción de Y, creen que X hizo bien en perseguirlo y dispararle. Supongamos que todos están de acuerdo en que esa acción es moralmente aceptable. ¿Qué debería hacer un juez? ¿Cambiaría algo el casi unánime apoyo a Y el carácter jurídicamente reprochable de su acto? No. Ese acto continuaría siendo ilegal. Entonces, el debate no se trata de la moral, se trata de la ley.

Pero toda ley tiene implícita una moral, podría objetarnos quien nos sigue en el razonamiento. Por supuesto, pero la moral requiere de algo para ser derecho: política.


3- La política.

Podríamos decir que la única forma democrática en que podemos convertir la moral en derecho es la política. Si la moral toma como referencia al individuo, el derecho parte de la comunidad. El tránsito de lo particular a lo general es la instancia de la política. El proceso por excelencia donde esto se refleja es en la elaboración de leyes. Los ciudadanos, por medio de sus representantes, se dan a sí mismos leyes generales (se aplicará prisión “al que matare a otro”) que los jueces deben aplicar en casos particulares (X mató a Y, el juez le aplica prisión).

El concepto “justicia por mano propia” es una contradicción en sus términos. Es necesario insistir con la idea de que los únicos que aplican la ley y “hacen justicia” son los jueces. Un ciudadano cualquiera al matar a otro no está haciendo justicia, por el simple hecho de que no tiene la facultad de aplicar la ley. Más descabellado se vuelve el asunto si ni siquiera hay una supuesta ley detrás de su acción, sino que la justificación del acto se reduce a un juicio moral (ejemplo, X cree que la vida de Y vale menos que el dinero por el que tanto trabajó).

A partir de este caso, como de los anteriores de similares características, el foco de la opinión pública se posa sobre los jueces exigiéndoles que “se haga justicia”, o que se ponderen “los derechos de los delincuentes frente a los derechos de la ciudadanía”. Paradójicamente algo positivo para el sistema, como podría ser que la población esté atenta a cómo los jueces realizan su trabajo, tiene el lamentable objetivo de presionar para que la ley se aplique no según el código penal sino a partir de la opinión mayoritaria de los panelistas de tv de turno.

¿Pero qué problema encierra esto?¿Para qué dar tantas vueltas si supuestamente la mayoría de la sociedad esta de acuerdo con lo que hizo X? Justamente, ese es el punto central. ¿Cómo saber si estamos de acuerdo si descartamos la instancia de la política? El riesgo principal de estas situaciones, es saltear la política, hacer pasar la moral por derecho y con ello neutralizar la única instancia colectiva que tenemos para definir las normas que regulan nuestras relaciones sociales. Más allá de que la legitimación de ese salto otorga un enorme poder de discrecionalidad a los jueces, sobre todo impide una verdadera discusión democrática sobre cuestiones sumamente importantes. Discursos de odio promovidos por quienes tienen capacidad de fijar la agenda pública ocupan el escenario disfrazados de la opinión mayoritaria. El público observa impotente el desenlace de una obra cuyo final aún es incierto.


Sobre el Autor


Federico Aranda. Es Politólogo e Investigador del Programa de Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social de la UNAJ

Diarios Argentinos