Gioja propone que las tarifas no aumenten más que los sueldos

Se trata de un proyecto de ley que, entre otras medidas, busca declarar la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022.


El diputado del Frente de Todos, José Luis Gioja, presentó este lunes un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, propone que las tarifas de los servicios públicos solo puedan incrementarse de acuerdo al aumento de sueldo promedio establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Según el texto de la iniciativa, las tarifas y precios de servicios públicos de competencia nacional deben ser  “justas, razonables y transparentes, con el fin de proteger los derechos de usuarios y consumidores, y promover el desarrollo económico”.

Una de las claves del proyecto es que se determina que las tarifas y precios de servicios públicos para usuarios residenciales no podrán aumentar en mayor medida que el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

Esta medida no alcanzará a los usuarios que se encuentren dentro de las categorías más altas. Quedan exceptuados los usuarios del servicio de gas doméstico de la categoría 3.4 o superiores y los de electricidad de la categoría 7 o superiores.

A su vez, las tarifas de servicios públicos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) no podrán incrementarse en una proporción mayor al valor que fije el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

La iniciativa también contempla la creación del "Régimen de Equidad Tarifaria Federal", cuyo objetivo es "evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que “en ellas habitan". Con ese fin, las tarifas y costos por servicios e insumos deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada provincia, su nivel de desarrollo económico, y la situación socioeconómica”.

También prevé la instauración del “Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos”. Se trata de un cuadro tarifario diferencial para jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, y monotributistas de las categorías más bajas.

Por último, contempla la puesta en marcha de un "plan de sustentabilidad de los regímenes de servicios de gas y electricidad". Plantea la “remisión directa de recursos para atender diferencias entre cargos de generación y/o transporte con servicios de distribución, y en la posibilidad de pagar diferencias a generadores y transportistas mediante títulos públicos”.

El proyecto impulsado por el diputado sanjuanino fue respaldado también por sus pares del Frente de Todos Pablo Carro, Blanca Osuna, Esteban Bogdanich, Mario Leito, Arie Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Liliana Schwindt y Alcira Figueroa.


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