Feminización del activismo cultural

OPINIÓN. En una época profundamente marcada por el movimiento feminista y una serie de reflexiones y transformaciones que su mirada nos propone, la gestión cultural debería prestar más atención a la configuración de género de la trama de organizaciones comunitarias que asumen los patrimonios como herramienta política para promover una sociedad más justa; en tanto algunos de los debates más interesantes pueden aún estar esperando ser abordados.

*Las siguientes reflexiones tienen origen en las conversaciones establecidas en el marco de las primeras Jornadas Nacionales sobre Derechos culturales, organizadas por el Grupo de Estudios sobre Derechos culturales junto a la Universidad Nacional de la Pampa con la participación una serie de investigadores, docentes y ámbitos profesionales del ejercicio profesional del derecho. La autoría, en consecuencia, es más colectiva que de quien firma estas líneas.


Quienes asumimos el rol de dinamizar los debates y procesos en torno a la cultura (es decir, la dimensión simbólica de nuestra vida en sociedad) portamos –siguiendo al siempre lúcido Víctor Vich- al menos cuatro identidades concomitantes: la de etnógrafo, por necesitar conocer íntimamente las comunidades donde buscamos incidir para la transformación social; la del curador, por la búsqueda de atender esta transformación centralmente a través de la reflexión por el sentido, y por medio de las artes principalmente, volviendo relevante conocer las propuestas existentes y la posibilidad de ponderarlas; la del administrador, porque el mundo hipermercantilizado de hoy exige apuntar a la sustentabilidad económica, y la del activista, ya que trabajar en este sector precarizado presupone un compromiso ético con la mejora de nuestras sociedades como función última del debate de ideas a través de la cultura y las artes. Dicho esto, en el marco de un panel de experiencias realizado la semana pasada en el marco de las Primeras Jornadas Nacionales sobre Derechos culturales, se volvió evidente una composición de género mayoritaria en las organizaciones de base territorial que asumen en la cultura su agenda u enfoque primario en nuestro país. Una mayoría de los proyectos populares orientados a la cultura y las artes en la Argentina están germinados y sostenidos por activistas mujeres.

En la apertura de las jornadas me permití compartir la idea de que debíamos tomar de la teoría feminista el concepto de interseccionalidad, para acercarnos a la comprensión de cómo las múltiples capas de desigualdad (de género, de clase o ingresos, de raza, etarias y geográficas, mínimamente) se conjugan en el escenario regional sudamericano, el más desigual de un mundo absurdamente injusto e inequitativo. Y que -en consecuencia- la gestión cultural tenía en el combate de esta desigualdad un objetivo estratégico ineludible, en este lugar y momento histórico. Pero con el correr de las jornadas, y escuchando los relatos de las experiencias por parte de las gestoras territoriales, junto con el análisis de las y los investigadores y docentes, empezó a quedar claro que hay más para tributarle al movimiento feminista popular que ese aporte conceptual. La reciente visibilización de la dimensión económica y sociopolítica de las tareas de cuidado, profundamente feminizadas, al igual que el sostenimiento de las cooperativas, grupos vecinales, asociaciones patrimonialistas, grupos folklóricos o de teatro, entre otros, sostienen las prácticas simbólicas comunitarias en nuestro país. Las defensoras de los derechos culturales -siguiendo la imagen que formuló la relatora especial para esta agenda designada por la UNESCO el año pasado- son mayoritariamente mujeres trabajando con otras mujeres y hombres en función de aquello que consideran valioso preservar o promover de las prácticas de base simbólica en sus comunidades y sociedades.

En tanto el hecho de que el cuidado de las personas es una labor con una fuerte implicancia humana, social y económico, y su reconocimiento político y económico es crecientemente problematizado en el registro académico y político, ¿por qué no pensar análogamente que el cuidado de los patrimonios y las prácticas comunitarias de base simbólica, que también requieren un cuidado y un cultivo, merecen ser consideradas en estas dimensiones?

En el marco de una campaña electoral que desnudó la pobreza conceptual de la cultura política hegemónica en la Argentina, pasó inadvertida una decisión de alto voltaje simbólico por parte del Gobierno nacional: el reconocimiento previsional de la crianza. Cada madre que así lo desee puede acreditar, en la Argentina actual, tres años de aportes por cada hija o hijo. El Estado comienza a reconocer en términos concretos esa máxima que postulaba que “Gobernar es poblar”, cuestionando los mandatos imperiales que -corriendo el eje de su absurdo modelo de consumo concentrado y exacerbado- imputan a los países empobrecidos por el modelo geopolítico global y particularmente al tamaño de sus poblaciones la crítica situación global actual, originada en la imposición global de un modo de vida imperial[1] basado en el consumo irracional de bienes suntuarios y con un enorme impacto en términos de alteración ambiental. En contraposición, las políticas cotidianas de las organizaciones aquí caracterizadas se vinculan en términos afectivos, cotidianos e incluso conceptuales en algunos términos con las prácticas de resistencia y superación de ese paradigma: consumo sustentable, alimentación consciente, valoración de las personas más allá de su capacidad de consumo, etcétera. Cuidar la cultura resulta muy cercano a cuidar a la comunidad, y a cuidar la Casa Común. Las dinámicas de cuidado -crecientemente observadas y analizadas a partir de la crisis pandémica- dan cuenta también de un registro colectivo que disputa sentido también a la exaltación del individualismo de cuño neoliberal. 

Otros justos debates ya desatados por el enfoque feminista, como la inclusión de obra de artistas mujeres en las exposiciones y guiones museográficos donde han sido sistemáticamente relegadas, así como la subrepresentación en puestos jerárquicos del sector cultural (tanto público como privado) pueden verse fortalecidas con un análisis más profundo de esta feminización de las bases culturales. Es posible que esta tenga algunas relaciones sociohistóricas con la del ámbito educativo, en un país en el que el principal dispositivo de intervención cultural fue el sistema educativo, como planteó acertadamente en su momento el chileno Patricio Rivas[2]. La educación fue también el primer ámbito público habilitado para las mujeres en nuestro país[3], desde discursividades oficiales que emparentaron la vocación educadora con el rol maternal, que patriarcalmente se impuso como un deber. Desde ese mismo prisma ideológico, las élites liberales imaginaron a la Argentina como “la Europa en América”, e impusieron una educación monocultural y monolingüe para la estandarización de la población, en función del modelo social occidental y productivo subordinado a las potencias imperiales. Si bien la conceptualización de lo cultural ha mutado y se ha ampliado en las últimas décadas, y al mismo tiempo la idea de la Nación como espacio de comunión entre identidades y culturas diversas ha ido disputando hegemonía a la pretensión de nacionalismo monocultural de las élites “ilustradas” urbanas, aún resta mucho por debatir como sociedad en este sentido. Reconocer el linaje en la tradición de las defensoras de los derechos culturales en la Argentina profunda puede aportar a promover estos debates de una manera sistemática e inteligente.


Por último, de cara a la urgente reforma del sistema de gobernanza cultural en la Argentina, en el cual creemos que el enfoque de derechos tiene un aporte nuclear para hacer, es importante retomar la idea de que la gestión cultural y las políticas de la cultura sudamericanas tienen en la reducción de las desigualdades su razón de ser contemporánea. En las jornadas se invitó a organizaciones y agentes que se perciben como parte del “sector cultural” a reflexionar sobre sus propias políticas en perspectiva de derechos. Urge trascender el diagnóstico en torno al Estado y su política cultural, tradicionalmente identificada como insuficiente e ineficiente, para desatar la imaginación política en torno a qué prácticas, políticas y afectividades se requieren en su reemplazo. Desde ahí, la sociedad argentina podrá edificar una nueva institucionalidad y marcos normativos que permitan vivir la(s) cultura(s) como derecho. Comprender la configuración de género del entramado de las organizaciones reales del territorio real, así como sus deseos, subjetividades y discursividades reales, para incorporarlas con centralidad en el debate, es una responsabilidad política ineludible.


REFERENCIAS

[1] Brand, U., & Wissen, M. (2014). Crisis socioecológica y modo de vida imperial. Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-naturaleza en el capitalismo. Saskab. Revista de Discusiones Filosóficas Desde Acá, 7, 1–20.

[2] Le debo esta referencia a León Repetur, quien me hizo llegar recientemente una reseña del Congreso Argentino de Cultura realizado en Mar del Plata en 2006, publicada oportunamente en el diario mendocino Los Andes, en el que se menciona esta intervención en el marco de una caracterización de los debates. 

[3] “Maestra. Fundadoras de la educación pública argentina” (2021), Flavia Vitale (Comp.), Buenos Aires: ESI Lúdica.

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