¿Existen los sindicatos policiales?

OPINIÓN. Un sindicato policial puede tener algunas facultades vedadas, como por ejemplo, realizar paros. Hay distintas formas de canalizar reclamos y de mejorar las condiciones laborales. Los riesgos de la ilegalidad parecen mayores.

Hace unos años, con un grupo de investigadores e investigadoras estudiamos los reclamos salariales desplegados por distintas fuerzas de seguridad con el objetivo de elaborar algunas conclusiones a partir de las tensiones entre derecho laboral y seguridad pública, que anudan el problema de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Por aquel entonces, el debate parecía urgente. Un reclamo por cambios en la percepción de haberes de la Prefectura y la Gendarmería Naval había desatado un conflicto político de magnitud y evidenciaba al mismo tiempo la falencia de medios institucionales para conducirlo.

El documento (que puede encontrarse aquíofrece una síntesis del impedimento legal para la sindicalización de las fuerzas, al mismo tiempo que presenta la conformación de organizaciones protosindicales al margen de la ley. Se incluía también algunas opiniones destacadas (como por ejemplo la opinión a favor de un juez de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuradora General de la Nación que hoy no se encuentran en funciones), como así también la de distintos expertos del derecho y de las ciencias sociales. Además, describimos el desarrollo y la estructura de las protestas: su extensión en el tiempo, el objeto del reclamo, los medios empleados y las acciones de los gobiernos nacional y provinciales que terminaron solucionando el conflicto.

Desde el punto de vista técnico legal, el problema radica en la prohibición de las normas específicas que regulan la actividad policial, en sus leyes “orgánicas” (de creación de los cuerpos policiales). Y esta prohibición contradice el derecho constitucional de formar sindicatos y la adhesión a los convenios internacionales que lo garantizan. Cabe destacar que todas las leyes orgánicas prohíben en forma expresa la participación de los miembros de las fuerzas de seguridad en actividades gremiales. Y esta prohibición no sólo responde a una cuestión histórica (la mayoría de las normas de creación de las fuerzas de seguridad tiene su origen en gobiernos de facto) sino una decisión política (la última fuerza policial creada en el 2016, la “Policía de la Ciudad” de Buenos Aires, tampoco lo permite).

En la actualidad, el debate jurídico fue saldado con el fallo “Sindicato Policial Buenos Aires c/Ministerio de Trabajo s/ley de asociaciones sindicales”. Con una mayoría ajustada de tres votos (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz) contra dos (Maqueda y Rosatti), la Corte Suprema declaró que no es inconstitucional la legislación que prohíbe formar un sindicato de policía, bajo el argumento que los mismos convenios ratificados por nuestro país facultan a los Estados parte a limitar la libertad sindical de las fuerzas de seguridad. Vale aquí una aclaración importante: el fallo no dice que los sindicatos sean inconstitucionales, sino que avala su prohibición, pero esta situación podría modificarse a través de una nueva legislación.    

Más allá de la dimensión legal, un estudio de los casos de protestas policiales como el que realizamos permite observar cómo las acciones desplegadas por las partes (agentes y poderes ejecutivos) estructuran la situación dentro de los márgenes característicos de los conflictos colectivos de trabajo, pero sin su formalidad. Es decir, hay una “negociación” y “resolución” del problema, pero por fuera de los medios institucionales habituales.

El conflicto reciente con algunos sectores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires presenta una característica distintiva y expone la necesidad de reflexionar de nuevo sobre la cuestión. Es un caso peculiar donde la policía perdió la brújula. Esto es algo poco frecuente. Quienes estudian el quehacer cotidiano de las fuerzas de seguridad, saben que son plenamente conscientes del terreno en el que se desenvuelven, como así también de los actores con los que “trabajan”, y tienen una enorme habilidad para manejar la situación, dependiendo de la caracterización que establezcan de la persona que tienen enfrente. Porque si bien la policía posee el monopolio de la fuerza legítima del Estado, su uso depende de diferentes factores como por ejemplo la posición social o el “status” de quien tienen enfrente, el rol que desarrolle en la situación, la presencia de testigos, etc. Para decirlo en forma simple, un policía no actuará de la misma forma con una mujer mayor vestida elegante en Recoleta que con un joven vestido con ropa deportiva en Lugano. Las policías son conscientes de su actividad y del impacto de sus acciones, más aún cuando ejercen algún tipo de violencia, ya sea que sea física o simbólica, envían un mensaje.

Es por esta razón que el escenario montado en la puerta de la quinta de Olivos presenta una anomalía inquietante. Anomalía que puede explicarse mejor recordando las enseñanzas de un tal Schultz (con L) y de un Schutz (sin L) que vivió mucho tiempo antes. Fabián Schultz es un cantante que a principios de la década del 2000 se hizo popular entonando las estrofas de la canción “Chica Latina”. Aunque su estribillo era pegadizo, la notoriedad del personaje se explicaba por su trabajo, era policía bonaerense. El mensaje que transmitía la combinación de su ritmo y su profesión era lo que fascinaba: la misma persona que porta un arma para “protegernos” estaba bailando salsa en los estudios de televisión. Pero al verlo bailar no podíamos sentirnos protegidos, así como tampoco nos hubiéramos divertido al verlo empuñar o disparar un arma.

Alfred Schutz (sin L), uno de los “padres” de la fenomenología (corriente de pensamiento que procuró analizar la realidad social tomando el punto de vista de la compresión de los actores) tendría algo para decir sobre Schultz y sobre la protesta de la Policía Bonaerense. Para Schutz la construcción de la realidad parte de la intersubjetividad entre las personas. Se construye con el otro, y en la interacción con el otro, una realidad de “sentido común”. Esto sucede mediante el modo de hablar, la posición del cuerpo, lo que se dice, el tono etcétera envían un mensaje con la intención de ser recibido por otros. Pero el mensaje proyectado puede fallar. Esto lo presenta Schutz en su ensayo sobre el extranjero que puede sufrir un shock en su confianza al notar que su sentido común, extendido y utilizado en su grupo de origen, no está validado en el país al que arriba. El mensaje no produce el efecto deseado, se pierde, produce disrupción en vez de entendimiento o fluidez. Cuando el policía baila no produce sensación de seguridad.

Los policías autopercibidos como representantes parecían extranjeros en los modos de “conducir” su reclamo: hacerlo frente a la residencia presidencial (cuando dependen del gobierno provincial), o no haber designado interlocutores cuando se los invitó a dialogar, desnudan la inexperiencia en este terreno y su tosquedad.  Es muy difícil entender como funcionan las prácticas institucionales sin el ejercicio de derechos. Más aún si la mirada habitual es la del control o la represión de esas prácticas, como por ejemplo en marchas de trabajadores y organizaciones sociales. Como interpretan los y las policías esas acciones y sus efectos (subas salariales, ampliación de derechos, etc) es algo que debe estudiarse en profundidad, aunque este video (de un egreso de cadetes de la “vieja” Policía Metropolitana) permite observar una representación un tanto bizarra.  

Una conclusión que puede extraerse de este asunto es que la prohibición de constituir un sindicato policial tiene sus consecuencias. Es algo que sucede en general con todos los prohibicionismos que pretenden operar sobre las prácticas que son percibidas como ejercicios de derechos. Las acciones, los mensajes y las organizaciones existen, aunque la ley establezca lo contrario. Podría argumentarse que detrás de los reclamos hay un uso político, o mejor dicho, un sector de la clase política buscando ventajas. Aunque esto fuera verdadero, hay resorte que lo posibilita, los salarios son bajos y no existen medios institucionales legítimos para canalizar el malestar. Hay algo peor que el uso político de un reclamo entendible y es el uso del miedo para conseguir objetivos menos nobles y para nada democráticos. Sobre la policía bonaerense siempre pesó esta acusación, por la llamativa coincidencia temporal de algunos hechos de inseguridad de alta conmoción social con tensiones con sus conducciones políticas (ministros de seguridad o gobernadores).

Vale aclarar, así como lo afirmaron los votos en minoría del fallo mencionado, que un sindicato policial puede tener algunas facultades vedadas, como por ejemplo, realizar paros. Hay distintas formas de canalizar reclamos y de mejorar las condiciones laborales. Los riesgos de la ilegalidad parecen mayores.

Diarios Argentinos