Europa y sus tantas fronteras

OPINIÓN. La Comisión Europea presentó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Un intento por simplificar la jungla normativa que regula uno de los aspectos más conflictivos de la actualidad europea. Gestión del mar, derechos humanos, relaciones diplomáticas, cooperación. Los últimos años de la política europea bajo el prisma de las migraciones.


El 3 de octubre pasado, el líder del partido de la derecha italiana, Matteo Salvini, fue citado por el tribunal de Catania en un juicio por secuestro de persona. En julio de 2019, cuando aún era Ministro del Interior, Salvini prohibió el desembarco de 116 migrantes rescatados en el Mediterráneo por la nave de la guardia costera italiana Gregoretti. La embarcación quedó varada durante días frente a las costas sicilianas. Las condiciones humanitarias de las personas allí hacinadas empeoraron rápidamente, y el ministro supeditó el permiso para atracar al compromiso de los demás países europeos de hacerse cargo de esos pasajeros. El caso se resolvió tras la intervención de Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y la iglesia, pero la justicia italiana abrió un expediente contra Salvini. El hombre fuerte de la derecha xenófoba europea declaró abiertamente que la suya era una estrategia para obligar a los demás socios europeos a hacerse cargo de los flujos migratorios que cada verano llegan a las costas italianas. Estaba haciendo literalmente política sobre la piel de los más desesperados. Y transformó la apertura del juicio de Catania en un mitin en su defensa.

El caso Gregoretti mostró un cambio impactante en la política europea. Lo que parecía una aberración inhumana hasta hace una década, como dejar a cientos de personas varadas en medio del mar sin agua ni condiciones higiénicas dignas, hoy es tolerado y hasta defendido públicamente. Suma consensos. Fuerzas políticas afines a La Lega de Salvini, como el partido Ley y Justicia, al gobierno en Polonia, o el Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán, legitiman estas estrategias desde el poder formal de los estados miembros de la Unión Europea. “El abanico de convenciones y normativas internacionales violados por estados como Italia o Malta en los últimos tres años es muy amplio: normativas sobre rescate, protección de la vida en el mar, derechos humanos, derechos de refugiados, protección de menores”, nos explica Riccardo Gatti, capitán y director de Open Arms, una Ong española que desde 2015 se dedica al rescate de náufragos en el Mediterráneo. En cinco años de trabajo, Open Arms logró salvar a más de 60.500 personas. Y pronto serán los próximos en enfrentar a Salvini en un aula de tribunal. En agosto de 2019 el ex ministro italiano denegó el desembarco a una de las naves de la Ong que acababa de salvar a 112 personas, entre ellas 32 menores, frente a las costas de la isla de Lampedusa. Según el gobierno italiano, los migrantes habían sido rescatados en la zona Save and Rescue (SAR) de Libia. Se trata de la porción de mar para la cual cada estado está obligado a poner a disposición sus puertos para el rescate. Roma ordenó a Open Arms regresar los migrantes a Libia. Pero para las Ong, y para el derecho internacional, ningún puerto de Libia puede considerarse seguro para un náufrago. “Hace un mes hubo un rescate realizado por la guardia costera libia a 26 millas de las costas de Lampedusa. En la zona SAR de Malta. Las milicias libias fueron enviadas a interceptar a las personas que se acercan a las costas europeas, y no para rescatarlas y llevarlas a un puerto seguro, sino para llevárselas de vuelta a Libia. Una expulsión por delegación”.


Una fosa común a cielo abierto

Entre 2013 y 2019 en el mar Mediterráneo murieron 20.000 personas mientras intentaban llegar a las costas europeas. Quizás una de las imágenes más terribles y más célebres de este comienzo de siglo es la del cuerpo del pequeño Alan Kurdi, el niño sirio ahogado frente a las playas de la isla de Lesbos en 2015. Fue el año del récord histórico de llegadas de migrantes hacia el continente europeo: casi dos millones. El año del hartazgo. El que cambió la actitud hacia los refugiados.

Hasta ese momento la Guardia Costera italiana llevó a cabo la operación Mare Nostrum, dedicada justamente al patrullaje del Mediterráneo central y el rescate de las barcazas en dificultad. Fue en esa época que empezó a trabajar también Open Arms. “Al comienzo éramos nueve Ong con doce naves”, nos explica el capitán Gatti. “Trabajábamos prácticamente con la guardia costera italiana. Nos decían ellos qué área vigilar, adónde ir a socorrer y adónde desembarcar a los náufragos. En los puertos nos traían pizza, y nos aplaudían cuando llegábamos con personas rescatadas”. Pero luego los vientos políticos cambiaron. Bruselas se negó a europeizar Mare Nostrum y lanzó una serie de operaciones nuevas. Primero vino Tritón, luego Sophia, luego IRINI, que sumaron barcos y hombres a los de las marinas nacionales y de la Otan en el Mediterráneo. Pero ninguna de las que patrullaban el mar era una operación Search and Rescue, destinada explícitamente al rescate. Oficialmente se trataba de operaciones contra el tráfico de personas, que en caso de encontrarse con un barco a la deriva o con náufragos, los rescataban atendiendo la obligación de las convenciones internacionales sobre derecho del mar. “Mare Nostrum coordinaba con las Ong. Pero luego vino la gran campaña de descrédito”. En toda Europa se multiplicaron las voces que denunciaban un supuesto complot entre traficantes y Ong para favorecer la inmigración clandestina. Muchos líderes políticos de derecha -y no solo- acusaron a organizaciones como Open Arms de lucrar sobre la desesperación de los migrantes en el Mediterráneo, de cobrar por rescatarlos en zonas SAR de Argelia o Libia para llevarlos a las costas de algún país europeo. El actual canciller italiano, Luigi di Maio, llegó a llamarlos taxi del mar. “Ahora los guardacostas nos niegan el desembarque, nos realizan inspecciones extraordinarias muy pormenorizadas donde sorprendentemente siempre encuentran algo que no va. El nivel de hostilidad tanto formal como informal es muy alto. Sólo las Ong que logran resistir siguen”.

Fue con ese discurso que el ministro Salvini justificó la prohibición de desembarco para la nave de Open Arms en ese agosto de 2019. Acusó a la organización de favorecimiento de la inmigración clandestina, un delito que él mismo había tipificado pocos meses antes, y mantuvo la embarcación varada frente a la costa durante 19 días. La de Salvini no era simplemente una batalla contra las Ong en la cual buscar algún rédito político a los ojos de sus votantes. Estaba lanzando un mensaje bien claro a los líderes europeos sobre la política migratoria común. En aquél verano de 2019 se estaba librando una batalla de la cual en estos días comenzamos a ver algunos resultados.


Una jungla normativa entre el Mediterráneo y Bruselas

En el mundo hoy hay 271,6 millones de migrantes. El 12,9% de ellos reside en un país de la Unión Europea. La mayoría en Alemania, Francia, Italia y España. El país con el mayor número de migrantes a nivel mundial es EEUU, donde reside el 18,7% del total, unos 50,7 millones. Llegar, y especialmente quedarse, no es simple. En cualquier parte del mundo. Las personas que llegan a las fronteras europeas deben someterse a una serie de controles que están en el centro de una gran batalla política continental. “Según el origen de cada persona se aplican procedimientos diferentes”, nos explica la doctora Anna Brambilla, abogada y miembro de la Asociación por los Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Asgi). La UE confeccionó en 2016 una lista de países de origen considerados seguros, donde Bruselas considera que no se ejerce persecución, ni se hace uso generalizado de la tortura, ni existe amenaza del uso sistemático de la violencia contra civiles. Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Turquía y Serbia, son los países incluidos originalmente por la Comisión Europea, a los cuales cada estado miembro puede añadir otros. Migrantes económicos y provenientes de países seguros deben ser rechazados rápidamente. “Se establece una selección desde la llegada y se direccionan las personas hacia procedimientos ordinarios o acelerados según del país de origen y el modo de llegada. Entonces si son personas salvadas en una operación Search and Rescue, y no vienen de países considerados seguros, generalmente entran en el procedimiento ordinario de revisión de la solicitud de protección. Si en cambio vienen de países seguros y llegan de manera autónoma, eludiendo los controles fronterizos, se les aplica una tramitación acelerada de devolución”. Quienes entran en el procedimiento ordinario son generalmente llevados a territorio nacional, en centros de acogida, y deben esperar ahí mientras su solicitud de asilo es examinada. Esto tarda en promedio entre 6 y 8 meses. Pero en muchos casos el sistema falla. “Cuando estás frente a personas que no tienen documento de identidad, que las embajadas no reconocen como ciudadanos propios, llega un punto en que hay que dejarlos salir del centro. Hay un límite para efectuar la repatriación, no podes encerrar a esta gente de por vida. Se la deja salir, de manera irregular, y quedan en esa situación siempre”. En los últimos años las voces que piden controles más rígidos y la expulsión de este tipo de casos se han multiplicado. Y cuando sus líderes llegan a puestos de gobierno, embarran la cancha también para quienes están dentro de la ley. “El decreto de 2019 llamado Decreto Salvini, modificó radicalmente el sistema de acogida italiano”, ejemplifica Brambilla. “Lo empeoró. Disminuyó las posibilidades que un ciudadano extranjero que pide asilo puede tener en un centro de recepción de migrantes. Como el asesoramiento legal o los cursos de formación. Este decreto les arrebató muchas posibilidades concretas de integración. Vació los procesos que se daban dentro de los centros de refugio y acogida al punto que llegó a ser difícil ofrecer hasta cursos de italiano”.

La posibilidad de tener un futuro en territorio europeo para los solicitantes de asilo es determinada por una jungla normativa que incluye tratados internacionales, reglamentos y directivas europeas, leyes y decretos nacionales. Sobre la dirección que debe tener toda esa maraña administrativa hay una pulseada en curso. Hasta ahora la piedra angular de la acción de la UE en este campo había sido el Reglamento de Dublín, elaborado en 1990 y reformado tres veces. El sistema de Dublín prevé que las personas migrantes deban presentar su solicitud de asilo en el primer país al que arriban. Malta, Italia, España, Grecia, Francia, es decir el sur de Europa donde se produce el mayor número de llegadas, bajo presión de votantes cada vez más hostiles a la hospitalidad insisten para un mayor reparto en la recepción. El primer paso entonces fue el de endurecer los controles en la frontera. En Italia y Grecia se abrieron a partir de 2015 los HotSpot, “puntos calientes”, estructuras creadas para identificar, fichar y tomar las solicitudes de protección internacional de quienes acaban de llegar a territorio europeo. Los HotSpot son la frontera dentro del territorio europeo. Allí quedan varados de a miles, y su posible distribución en el resto de Europa exaspera el debate comunitario.


El nuevo “pacto”

El 23 de septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó su nueva propuesta para reformar la política migratoria común. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, intenta mediar entre la postura más radical de la derecha xenófoba, y la visión más típicamente liberal de la UE. El documento, en síntesis, propone un sistema de tres pasos: mayor cooperación con los países de origen para reducir los flujos; endurecimiento de los controles fronterizos para aumentar y agilizar las devoluciones; un sistema “solidario” para el reparto de las cargas de acogida o expulsión entre los estados miembros.

“Esta nueva propuesta nos habla de nuestra obsesión por la frontera geográfica”, analiza Blanca Garcés, investigadora senior del área de Migraciones y coordinadora de investigación del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). “La propuesta empieza diciendo que ya no estamos en 2015, que la mayoría de las llegadas ocurren a través de los aeropuertos, que los cruces irregulares y las llegadas por mar se han reducido. Y a pesar de reconocer todo ello, el conjunto del pacto se centra en el control de frontera. Ese es el primer problema. El desfase, la contradicción entre las evidencias con las que empieza el mismo pacto, y luego las propuestas que realiza”. El documento parte de la premisa de que es mucho más simple deportar a una persona desde la frontera que una vez que circula por el territorio de las naciones de la UE. Para ello se propone acelerar abruptamente los controles en frontera para discernir quienes tienen posibilidad de obtener protección internacional y quienes no. “Esto para la historia del derecho de asilo es una suerte de golpe de gracia”, sostiene la doctora Brambilla. “Porque históricamente se basa en el principio fundamental de que todos tienen derecho a entrar al territorio nacional para presentar su pedido de asilo. Ahora en cambio no se admite a nadie para permitirle ejercer ese derecho, sino que antes se hace una evaluación, y si se estima como admisible, se puede empezar el procedimiento que de todas maneras puede luego ser rechazado”.

Pedimos mayores explicaciones sobre este mecanismo directamente a la Comisión Europea. Desde la oficina en Bruselas nos dijeron que “con el Pacto sobre Migración y Asilo, proponemos que todas las personas que lleguen de forma irregular a la UE pasen por un examen que durará un máximo de cinco días. Este examen incluirá la identificación, los controles sanitarios y de seguridad, la toma de huellas dactilares y el registro. Al final de la investigación, todas las personas fichadas se dirigirán al procedimiento pertinente: asilo o retorno, en la frontera o no. Los solicitantes de asilo procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento de la protección internacional, o cuya solicitud parezca fraudulenta o abusiva o que supongan una amenaza para la seguridad nacional, serán sometidos a un procedimiento en la frontera. El plazo para examinar estas solicitudes sería de un máximo de 12 semanas. Otros solicitantes de asilo, así como los niños no acompañados y las familias con niños pequeños, se someten al procedimiento normal, cuya duración máxima es normalmente de seis meses”.

El otro gran tema que introduce la propuesta oficial es el sistema del “patrocinio del retorno o de la acogida”. A través de este nuevo sistema un estado que no quiera recibir personas en su territorio podrá patrocinar la expulsión de quienes hayan sido rechazados en la frontera de un estado receptor. Hungría podría por ejemplo entablar un acuerdo bilateral con otro estado por fuera de la UE para que éste reciba los migrantes expulsados de Italia. Haciéndose cargo del enlace diplomático y de los gastos. Se trata de un “sistema solidario”, donde todos los estados están llamados a participar, pero pueden definir de qué manera. “Llamar a esto solidaridad es terrible por donde se lo mire”, apunta Brambilla.

“Yo las llamo solidaridades adjetivadas”, nos comenta desde el Cidob Blanca Garcés. “Ya sean flexibles, a la carta, voluntarias. Esa especie de artefacto donde supuestamente la solidaridad es obligatoria y depende de la capacidad de cada uno de los estados miembros, pero luego la forma que tome esa solidaridad depende de la voluntad que se tenga. Puede ser una solidaridad que pase por la contribución en las políticas de retorno, y de ahí ese concepto del patrocinio del retorno. Puede pasar por el patrocinio de la acogida o una contribución estructural o puntual, de tipo financiero o logístico. La forma que tome esa solidaridad sigue siendo voluntaria. Esa es la fórmula que han encontrado justamente para poder llegar a un acuerdo. Pero al final llegamos a un artefacto que es imposible imaginar como va a funcionar en la práctica”.


Una cuestión de geopolítica

La migración es un fenómeno que encierra decenas de otros. Detrás de las historias migrantes se esconden centenares de otras, indisolublemente ligadas a los acontecimientos políticos, sociales, económicos, en fin, de poder, sucedidos en territorios muy diferentes y distantes entre sí. La enorme mayoría de los migrantes que residen en la Unión Europea, cerca de dos tercios, provienen del África Subsahariana, una denominación que engloba a 49 de los 54 estados africanos y excluye sólo aquellos que se asoman sobre el Mediterráneo. Quienes llegan hasta las costas europeas son a su vez una minoría del total de migrantes que se mueven dentro del continente. La enorme mayoría proviene de sectores medios de las sociedades africanas, con los recursos necesarios para sostener una migración, y se dirigen hacia territorios donde puedan encontrar una mayor afinidad lingüística, étnica y cultural. Sólo el 2,5% de los 1.300 millones de africanos emigra.

Las causas son evidentes y sistémicas. El colonialismo europeo concluyó su dominio explícito en la segunda mitad del siglo XX pero dejó su estela de instabilidad y conflicto. Desde disputas territoriales (el 44% de las líneas de frontera de los países africanos son rectas, dibujadas sobre el mapa con lápiz y regla en base al interés de las potencias dominantes), hasta las más recientes irrupciones de grupos armados religiosos. En la mayoría de los estados del África Subsahariana las instituciones nacionales e internacionales aún tienen serios problemas para planificar una política sólida de desarrollo. Desde 1963 hasta hoy hubo 86 golpes de estado militares en la región, el último de ellos en Mali, en agosto pasado. 22 de las últimas 30 posiciones del Fragile States Index 2020, el estudio del Fund for Peace que indica el nivel de fragilidad del aparato estatal en el mundo, corresponden a países africanos. Se trata además de la región más empobrecida del planeta: 400 millones de personas al sur del Sahara viven por debajo de la línea de indigencia según el Banco Mundial. Pobreza, seguridad, estabilidad, desarrollo, son los principales pull-factors, factores de empuje hacia la migración en esta región. Pero también pesan factores climáticos y ambientales, como la expansión del desierto hacia el sur, y la difusión de medios de comunicación y conexiones que permiten la llegada de información sobre modelos aspiracionales europeos. La naciente clase media africana hoy recibe por pantalla la evidencia de la disparidad con el norte del mundo.

Y sin embargo África es también uno de los territorios de mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2000 y 2018 la región Subsahariana creció a un promedio del 5% anual, duplicó las inversiones internacionales en su territorio -con un aporte particularmente importante por parte de China- y comenzó un lento proceso de diversificación productiva. Esto trajo la necesidad de contar con mano de obra calificada, se promovió cierta especialización y mejora en los programas de formación superior. Pero también aumentó el peso de los intereses extranjeros sobre las instituciones, la producción y el comercio de los países africanos.

La segunda zona de procedencia de los grandes flujos migratorios, especialmente en la última década, es Oriente Medio. Aquí también la generalización es bastante grosera. Por convención se le llama Oriente Medio a todo aquél territorio que va desde el oeste de la costa mediterránea de África, en Marruecos, hasta la frontera oriental de Irán; y desde Turquía, verdadero estado-bisagra entre la región y Europa, y la punta meridional de la Península Arábiga.

La geopolítica de Medio Oriente tiene un impacto directo sobre las migraciones hacia Europa. Sus ejes se suelen esquematizar alrededor de la acción de dos potencia hegemónicas: la primera es Irán, que desde la revolución de 1979 tejió una serie de alianzas regionales que hoy incluyen al gobierno que asumió tras el derrocamiento de Saddam Hussein en Iraq, el de Bashar al-Assad en Siria, Hezbollah en el Líbano, y varios grupos armados activos en toda la región. Por el otro lado se encuentra la monarquía saudita, un modelo mucho más verticalista y tradicional que es el principal aliado de las potencias occidentales en la región. En los últimos años este cuadro se ha ido modificando en base a acontecimientos como el conflicto con el estado de Israel, las llamadas “primaveras árabes”, la expansión del poder de Turquía. En Oriente Medio se ubican los tres principales conflictos armados con gran participación internacional de los últimos años: en Libia, en Siria y en Yemen. Una instabilidad que genera grandes movimientos de refugiados y emigrantes económicos. Arabia Saudita, Turquía, Jordania  Kuwait, Irán y Qatar figuran entre los primeros 30 países destino de los flujos migratorios globales (en el puesto 30 se encuentra también la Argentina).


Las fronteras de Europa, en África

Varios estados europeos han mantenido fuertes relaciones diplomáticas con sus antiguas colonias, y aún hoy incluyen entre sus responsabilidades internacionales las de acompañar a sus gobiernos. El ejemplo de Francia es quizás el más importante. Paris destina casi la mitad de su presupuesto en cooperación internacional a los países del África Subsahariana. La presencia militar también es destacable. Desde 2012 los gobiernos de Francois Hollande y Emmanuel Macrón llevaron a cabo nueve intervenciones militares en Mali, Niger, República Centroafricana, Mauritania, Chad y Burkina Faso. Italia afianzó en estos últimos años su presencia en Niger, principal territorio de tránsito de las migraciones desde el oeste africano hacia Libia y de allí a Europa. En 2019 Roma llegó a firmar un acuerdo de cooperación militar, que incluyó el envío de una misión de medio millar de efectivos para colaborar en el entrenamiento de las fuerzas armadas de Niger. Tras la caída del gobierno de Gadafi en Libia, Italia invitó a sus socios europeos a correr virtualmente la frontera comunitaria hacia aquella línea que va de Niger y Chad -en la región llamada Shael- hasta el cuerno de África, es decir Etiopía, Somalia y Eritrea -que fueron antiguas colonias italianas hasta la segunda guerra mundial- y Yibuti. Este proceso de externalización, que une acuerdos de cooperación, comercio y presencia militar, es uno de los ejes principales del nuevo Pacto presentado por la Comisión Europea.

“Hace años que la política exterior europea está muy centrada en la colaboración de terceros países en materia migratoria”, explica Garcés. “Hasta el punto que toda esa política de externalización lo que ha hecho es condicionar la ayuda al desarrollo, los acuerdos comerciales, e incluso los acuerdos de visado, a la colaboración de estos estados a la política migratoria. Esta colaboración consiste en evitar que los migrantes lleguen a Europa. Se ha demostrado que estas políticas son muy eficientes, porque es mucho más fácil evitar que lleguen que retornarlos, y además porque estos estados actúan con mucha más impunidad. Son capaces de deportar al desierto del Sahara, como hemos visto en el caso de Marruecos, o hacer deportaciones en caliente, o facilitar el retorno a sus propias costas en el Mediterráneo, o prácticas brutales de detención, como hemos visto en el caso de Libia”.

Por su posición estratégica, Oriente Medio se convirtió en territorio privilegiado de la acción exterior europea para disuadir los migrantes de llegar a sus fronteras. Son dos los puntos calientes: el primero es Libia, donde desde 2011 se desarrolla una guerra civil cuyo final parece cada vez más lejano. Aquí Italia y Francia, las dos potencias de mayor influencia en el país, han intentado mediar entre las partes en conflicto y al mismo tiempo establecer acuerdos de cooperación para bloquear las naves cargadas con migrantes del Maghreb y del África Subsahariana que zarpan desde las costas libias, donde el caos interno hace imposible cualquier control institucionalizado. Roma llegó en 2017 a firmar un memorándum de entendimiento que desató durísimas polémicas: a cambio de apoyo y cooperación económica con la guardia costera libia, las autoridades del país -en muchos casos las mismas milicias que antes lucraban con el tráfico de personas en el Mediterráneo- se comprometieron a establecer controles estrictos para disminuir las partidas hacia Italia. “Las mismas personas que conducen la guardia costera libia son las que gestionan el tráfico de personas, de armas y de droga”, nos asegura el capitán Gatti. “En esta dinámica, las acciones ilegítimas, oscuras, turbias, los acuerdos con traficantes y milicias, la gestión fondos públicos destinados a la cooperación y usados para financiar estos grupos, son una constante. Estamos pagando impuestos a quienes luego los gestionan de manera muy oscura, para financiar a milicias para que bloqueen el famoso peligro de invasión que personas como Salvini luego agitan en sus comicios, como el de Catania”. Tras el tratado firmado con Italia surgieron enormes campos de reclusión en la costa de Libia adonde se denunciaron violaciones a los derechos humanos y hasta venta de esclavos. 

El otro espacio de fuerte tensión en la política migratoria de la UE es aquella delgada franja de Mar Egeo que separa las costas turcas de las principales islas del archipiélago griego. En marzo de 2016 entró en vigor un nuevo pacto entre la Unión Europea y Turquía que permitió bloquear a casi dos millones de personas, la mayoría refugiados de la guerra en Siria, en suelo turco. A cambio, Bruselas se comprometió a pagar 6.000 millones de euros para financiar la externalización de la frontera. “Todas estas prácticas no solo vulneran los derechos fundamentales sino que son contrarias a nuestra propia legalidad”, reflexiona Garcés. “Y aquí la pregunta que nos deberíamos hacer es si Europa no es responsable de todo aquello que se hace bajo estas políticas de acuerdos con los cuales la UE externaliza el control migratorio en manos de terceros estados y con su propio dinero. Es decir, de lo que haga la guardia costera libia con dinero de la UE, o de lo que pase en los centros de detención en Libia pagados con el dinero europeo, o de lo que haga el gobierno marroquí en términos de detención y deportación bajo la tutela y la presión de la UE y con fondos europeos, ¿hasta que punto no deberíamos ser responsables? Where de money goes responsability follows, dicen los ingleses: adonde va el dinero le sigue la responsabilidad”.


De viaje por las fronteras

El 9 de septiembre de 2020 un incendio destruyó el campamento de refugiados de Moria, el más grande de Europa, en la isla griega de Lesbos. Allí vivían 20.000 personas según datos oficiales del gobierno de Atenas. El lugar estaba preparado para recibir a 2.850. Ya en febrero había habido protestas por parte de los migrantes allí hacinados. Los solicitantes de asilo pueden llegar a esperar dos años a que el gobierno griego revise sus papeles, y mientras tanto deben vivir confinados en lugares como ese campo. “Cuando se incendió el campo de refugiados de Moria, supimos que debíamos ir”, nos cuenta Agus Morales, fundador y director de la Revista 5W. Junto con la fotógrafa Anna Surinyach han realizado coberturas en esa isla en 2013 y 2015. Gracias a trabajos como el de ellos se dio a conocer la real condición en la que se encuentra el sistema de acogida europeo. Tras el incendio en Moria, Morales y Surinyach volvieron para retratar los asentamientos improvisados en las afueras de los supermercados y en las calles de la isla. “Siempre el asunto es qué imágenes se van a diseñar, qué conceptos alrededor de esa persona estamos difundiendo. A menudo van asociadas a conceptos como la violencia, la pobreza. Hay coberturas que pueden contribuir a la xenofobia y hay otras que pueden contribuir a cierto paternalismo. Quizás uno de los objetivos que tenemos, que más que moral es periodístico, es simplemente el de representar a las personas como sujetos activos. Porque a menudo son representadas como sujetos pasivos, peones en un juego entre estados, en este caso de la Unión Europea. Que claro que lo son, y que sufren todas estas políticas. Pero creo que también es necesario tener esa visión de las personas migrantes como sujetos activos. No es fácil. Requiere añadir una cuota de complejidad para los lectores. Porque hay que salir de la idea preconcebida de la condición de persona migrante, y contar qué pasó con sus vidas, cuáles son sus profesiones. Ir un poco más allá del sufrimiento que padecen”. 

Morales sostiene que a veces es necesario un cambio de perspectiva. “Por ejemplo, España llama frontera sur a todo ese espacio en el límite con África al cual llegan miles de personas al año. Hacemos un reportaje en el cual hablamos de ese espacio como frontera norte, como lo es para quienes vienen de África. Intentamos jugar con esos conceptos”. A nivel global, los números del último informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también desmienten algunas ideas bastante difundidas que nos ayudan a dar vuelta la mirada: de los 26 millones de refugiados que hay en el mundo, sólo el 15% es acogido en un país considerado desarrollado. Turquía, Pakistán, Colombia y Uganda son los países que más refugiados tienen hoy en su territorio. 

Un panorama muy diferente del que muchas veces se muestra en los discursos políticos y mediáticos. Como explica Blanca Garcés, del Cidob: “al final de lo que estamos hablando no es sobre una regulación de la migración sino sobre miedos y deseos de una población crecientemente xenófoba y preocupada por el tema migratorio independientemente de los números. Por ejemplo, tenemos países en el este de Europa con un discurso claramente anti inmigración, pero al mismo tiempo la migración en términos reales y numéricos es bajísima. Eso te demuestra que la deriva es independiente de lo que los números indiquen”.


Una unión desunida 

El capítulo de las migraciones para la Unión Europea moviliza recursos y esfuerzos en campos tan variados como la cooperación económica y militar, la seguridad, las relaciones diplomáticas, la ayuda humanitaria y proyección geopolítica de los intereses del bloque. Y todo esto debe ser coordinado y acordado por 27 gobiernos con intereses y visiones políticas muy diferentes entre ellos. 

Desde la misma Comisión Europea, sostienen que la elaboración del nuevo pacto se dio en función de las debilidades que la actual legislación mostró en la relación entre los estados. “Las normas actuales en materia de asilo incluyen reglas para determinar qué Estado miembro debe ser responsable de una solicitud de asilo, pero no existe un mecanismo adecuado para garantizar la solidaridad, el apoyo mutuo y un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros”, nos explicaron desde Bruselas. “Tampoco existe un mecanismo para garantizar un apoyo y una respuesta eficaces y adecuados en tiempos de crisis. Además, los procedimientos de asilo y retorno no están suficientemente integrados, lo que significa que las autoridades pueden perder el rastro de alguien entre una decisión de asilo negativa y un procedimiento de retorno, y que las personas recientemente reconocidas como refugiados pueden enfrentarse a dificultades excesivas entre abandonar el sistema de acogida de solicitantes de asilo y entrar en la vida económica y social de su Estado miembro”. 

La estructura comunitaria europea cuenta con instituciones pensadas para enfrentar este tipo de desafíos, pero que en los últimos años están enfrentando duros embates ante la incapacidad de brindar soluciones concretas. La Comisión que propone esta nueva estrategia se compone de 27 miembros elegidos por cada estado, pero que deben comprometerse a dejar de lado el interés nacional del estado del que provienen en favor del interés comunitario. La Comisión cumple el rol de una suerte de poder ejecutivo de la UE, acompañada por el Consejo Europeo, que en cambio representa la voluntad de los gobiernos que la componen, y el Parlamento Europeo, donde se encuentran los representantes elegidos directamente por sus pueblos. El Pacto deberá ahora ser aprobado por estos dos organismos, lo que significaría lograr un acuerdo de todos los gobiernos y la mayoría de los partidos. Algo que en principio parece extremadamente difícil. Más aún porque el tema migración ya ha puesto en tensión este mecanismo, como nos recuerda la profesora Garcés: “Ivan Krastev, politólogo búlgaro, publicó hace unos años un libro que se llama After Europe, y sostiene que la crisis de refugiados de 2015 podría ser considerada la gran crisis europea. No por los migrantes en sí, porque al final los números son relativamente asumibles, sino por la falta de respuesta y la incapacidad de ponerse de acuerdo de los estados miembros. Y ahí seguimos. Cinco años después seguimos sin ponernos de acuerdo. Y este pacto de hecho lo primero que pone en evidencia es esta incapacidad de llegar a compromisos entre estados miembros. Y la única solución es seguir quedando en que quedaremos como hacían los Consejos Europeos en ese verano de 2015. O llegar a estos acuerdos absolutamente vagos e imprecisos sobre unas políticas que en la práctica yo diría son imposibles de llevar a cabo”.

Dentro de la actual composición de la UE existen gobiernos extremadamente sensibles a la cuestión migratoria. La mayoría se encuentran reunidos en el Grupo de Visegrado, una alianza de cuatro países centroeuropeos: Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. A éstos se le agrega Austria, cuyo primer ministro ultra conservador, Sebastian Kurtz, anunció su oposición al pacto pocas horas después de su presentación. La incapacidad de lograr un acuerdo a largo plazo es justamente el principal desafío político de la UE, y pone en tensión la misma estructura que la unión se dio.

Para la doctora Brambilla, “es una manera de la Comisión para sostener que cambiaron todo pero si uno va a leer los documentos de hace veinte años, se encuentra la misma retórica, las mismas palabras. Las personas se mueven. Seguirán haciendolo. Encontrarán otras maneras de salvar su pellejo. Que la Comisión lo quiera o no”.


La frontera interna

Si hay algo que el Nuevo Pacto propuesto por la Comisión Europea claramente dejó de lado, son las políticas de integración para las personas migrantes que finalmente logran quedarse en territorio europeo. Pasados los 60 días de formalizado el estatus de protección internacional, los asilados pueden entrar en el mercado laboral local. Pero en la mayoría de los casos logran hacerlo sólo en el mercado informal, o con tareas para las cuales están sobrecalificados. Un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre la situación laboral en el marco de la pandemia por Covid19, muestra que los trabajadores migrantes en Europa están más concentrados en las categorías laborales consideradas “inseguras” frente a la pandemia que los nativos. Si bien no existen estadísticas certeras, se calcula que en territorio europeo podrían vivir más de 3 millones de migrantes que se encuentran en una situación irregular. Desembarcados en alguna playa de Italia en medio de la noche, o filtrados tras las rejas de la frontera d croata o sobrevivientes del salto de las vallas de Ceuta. La mayoría vive en los campos improvisados en la periferia de las grandes ciudades, esperando esa ocasión que les permita regularizar su situación para poder vivir una vida digna.

Esas son las situaciones que alimentan el pedido social de mayor seguridad, fronteras más rígidas y mayores expulsiones. Que no hace mella solamente entre los partidos de la extrema derecha. “Todos se propusieron aumentar las repatriaciones”, concluye la abogada Brambilla. “Nunca lo lograron. Una vez llegadas al territorio nacional las personas que se filtraron por el sistema no se sabe como ni adonde repatriarlas. Pero ¿qué vida tiene alguien en Europa sin documentos? Leyendo esta propuesta de nuevo pacto y las objetivos 2019-2024 en los que se enmarca, se habla de promoción del estilo de vida europeo. Y ¿qué es el estilo de vida europeo? ¿Este sistema de supuesta solidaridad?”

“Cada año, alrededor de 2 millones de personas vienen a Europa legalmente, por ejemplo para trabajar, estudiar o reunirse con la familia”, nos apuntan desde la Comisión Europea. “En cambio, unas 140.000 personas llegan de forma irregular. Europa debería ser capaz de gestionarlo”. Es decir, el margen por el cual toda esta pelea se desarrolla es mínimo, y sólo se trata de manejarlo mejor. Pero evidentemente también existe el espacio para perspectivas un poco más amplias. “Una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia de covid19 es que la seguridad de todos, depende de los derechos”, concluye Garcés. “El argumento típico de la extrema derecha según el cual la seguridad de todos depende de reducir los derechos de algunos, es una falacia. Lo que pone en evidencia el contexto de pandemia es que sólo incluyendo al conjunto de la población podemos realmente llevar a cabo políticas sociales efectivas, y políticas en términos de salud pública que realmente funcionen. Si tienes una parte de la población excluida de los sistemas sanitarios, no hay política de vacunación posible. Ni de contención de la pandemia si una parte de la población tiene condiciones laborales que no cumplen con los mínimos estándares”.


Sobre el autor. 

Federico Larsen es periodista, miembro del Centro de Estudios Italianos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata


  

 

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