Estatización de YPF: la Corte de Estados Unidos falló en contra de la Argentina

El máximo tribunal norteamericano rechazó el pedido del Estado para que el juicio se realice en el país. Es por el reclamo de USD 3000 millones por parte de un fondo buitre. Los abogados argentinos ahora piden que comience lo antes posible.

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este lunes un pedido del Estado argentino en la demanda por la nacionalización de YPF, iniciado por fondos buitres, para que el caso deje de ser tramitado por la Justicia norteamericana y pase a tribunales locales.

El argumento de la Argentina consistía en que existe una falta de jurisdicción de los tribunales estadounidense para resolver la demanda realizada por Burford. Este fondo reclama más de USD 3000 millones por la estatización de la petrolera YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.  

Burford habría comprado los derechos de litigio de las dos empresas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó. Entre ellas, el grupo Petersen, nombre que tomó la causa judicial. 

Según la defensa del fondo, el estatuto de la compañía acordado durante su privatización (en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem) establecía que, ante un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones. Y, de acuerdo a sus acusaciones, esto no ocurrió durante la estatización.

De esta manera, el máximo tribunal judicial estadounidense resolvió que el expediente quede en manos de Loretta Preska, jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, reemplazante tras su muerte del ya famoso Thomas Griesa, que llevará adelante el juicio. 

Ahora los abogados argentinos de la Procuración del Tesoro y los representantes locales en Estados Unidos, a cargo del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, pedirán que el proceso se inicie cuanto antes. Una vez comience, reclamarán a Preska nuevamente que se traslade a Buenos Aires. 

Burford había afirmado que en la Argentina no se aseguraba imparcialidad, ya que el fondo había sido denunciado por la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, junto al extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. Sin embargo, esa demanda ya fue cerrada y los abogados de la Argentina considerán que ese argumento ya no es válido. 

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