Escuchas: el oficialismo avanzó con el rechazo al DNU de Macri

El oficialismo dio el primer paso para anular el decreto que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General a la Corte. La discusión se dio en medio del escándalo de espionaje que involucra al macrismo.

El oficialismo logró dar el primer paso ayer en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. Los senadores de Juntos por Cambio y del Interbloque Federal estuvieron ausentes.

En una sesión marcada por las acusaciones, el oficialismo aseguró que el expresidente Macri encabezó "un mecanismo perverso de inteligencia ilegal", mientras que desde el Juntos por el Cambio, antes de abandonar el debate, aseguraron que el Frente de Todos "tiene una hoja de ruta de la venganza".

Para que el decreto sea anulado definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el bloque del Frente de Todos deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.



El debate

La primera en iniciar la discusión parlamentaria fue la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien sentenció: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.

“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.

A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.

“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”

A su turno, Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa  judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.

El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.

En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.

Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.

El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.

¿Por qué vuelven a ser noticia las escuchas telefónicas?

Por dos razones. 

1) Esta semana tomó estado público una causa judicial, en principio sobre narcotráfico, y en la que, como parte de la investigación, fueron secuestrados celulares en los que se encontró valiosa información vinculada con inteligencia ilegal y tareas de seguimientos a personalidades y dirigentes de diversas procedencias políticas. 

Las actividades de espionaje fueron realizadas cuando la agencia de inteligencia estaba a cargo de Gustavo Arribas, amigo personal y funcionario de confianza del expresidente Mauricio Macri. 

¿Los espiados? El actual Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vice Diego Santilli, la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exjefe de la bancada macrista Nicolás Massot, el extitular de seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hija Florencia Kirchner, Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, Hugo Moyano y el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrant, entre tantos otros nombres.

2) En este contexto y ante tamañas novedades, Cristina Fernández convocó a la sesión en el Senado que se llevó a cabo ayer para discutir y rechazar el DNU firmado por el ex presidente Macri, que puso al Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones en manos de la Corte Suprema. El fin último es que las escuchas telefónicas vuelvan a ser manejadas por la Procuración General de la Nación.  

El DNU, en rigor, ya había sido tratado en la Comisión Bicameral encargada de examinar y dictaminar sobre los decretos del Poder Ejecutivo durante la presidencia Macri, pero ahora, el Frente de Todos pretende volver a tratarlo con el argumento de que el DNU nunca se trató en el recinto (solo tuvo dictamen favorable en la Comisión).

La intención de la vicepresidenta generó polémica. La oposición, especialmente el bloque Juntos por el Cambio, considera que la discusión sobre quién maneja y controla las escuchas telefónicas no es pertinente para estos tiempos de pandemia. Creen que el Congreso debe sesionar única y exclusivamente para tratar cuestiones vinculadas con la emergencia sanitaria y económica producto del coronavirus. Así lo expresó Luis Naidenoff, presidente de bloque de Juntos por el Cambio: "Los DNU no son proyectos de ley y el de las escuchas es un decreto que no tiene nada que ver con la emergencia". 

Un poco de historia: el traspaso a la Corte

El 29 de diciembre de 2015, y a pocos días de haber asumido su cargo como presidente, Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia 256/15. A través del mismo, dispuso que el Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones (Dicom), -la oficina que tiene el control de las escuchas judiciales-, conocido por los servicios como “ojota”, fuera transferido de la Procuración y pase a estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre esta decisión y sus implicancias, EPD consultó al abogado Alejandro Rúa: “Quitar el área de escuchas que se había sacado del poder de la SIDE y retomarlo a través de la intervención del Poder Judicial fue un modo de expropiar la posibilidad de cualquier control y dejar nuevamente la escuchas legales en un organismo que les resultaba más afín”.

En opinión de Rúa, “la situación tiene que volver a la normalidad, la oficina de escuchas tiene que estar a cargo de la Procuración General de la Nación que es el organismo que debe encargarse de la persecución penal legítima y deberá hacerse cargo de una tarea regular como se hizo durante la gestión que estuvo bajo la órbita de la procuradora Gils Carbó”, destacó el abogado y agregó: “más allá del nombre, cuando estuvo en la Procuración no hubo ninguna filtración ni denuncia de utilización, que fueron las que recurrentemente aparecieron durante la estrategia macrista de espionaje y persecución”.

En la misma línea se pronunció el dirigente del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien en diálogo con EPD, sostuvo: "Las escuchas deberían estar en manos de la Procuración porque esa es la institución que va a definir la política criminal de nuestro país a partir de la implementación completa del nuevo código procesal penal, que es un código acusatorio que pone solamente en cabeza de los fiscales la facultad de investigar, por lo tanto la escuchas al ser un instrumento de prueba, una más de las variantes que tiene un fiscal para investigar, tienen que estar en cabeza del Ministerio Público.”

El espionaje ilegal 

La causa que llevó al descubrimiento de las escuchas ilegales hacia personajes protagonistas del ámbito político y social, cayó en manos del juez Federico Villena, titular del Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora, el 11 de diciembre de 2018 a través de un llamado anónimo en el que se referían a un tal Sergio Rodríguez, apodado “Verdura” o “Tomate”, como partícipe de una organización que vendía drogas. La justicia finalmente descubrió que se trataba de un líder de una banda que operaba en las zonas de Almirante Brown y Monte Grande, y tras varios operativos fueron detenidos algunos de sus integrantes.

El 20 de febrero de este año, acorralado por la Justicia, Rodríguez se entregó. En la declaración indagatoria, y en busca de algún beneficio, el detenido dio más información de la esperada: no solo se vinculaba con el narcotráfico, también había hecho algunos “trabajos” para un agente de la AFI, abogado y conocido como Facundo Melo. Cuando se ordenó la apertura del teléfono del agente que trabajaba en la agencia liderada en ese momento por Arribas, salieron a la luz conversaciones que evidenciaban las tareas de espionaje. Las investigaciones continúan en curso y las revelaciones exponen cada vez más el accionar de la AFI durante la presidencia de Macri.

“El espionaje es una característica propia e impregnó todas las áreas de la gestión de Macri, que no solo se centró en los espionajes de la AFI con Arribas, también en las gestiones de los grupos de tareas del Ministerio de Seguridad, como las que salieron a la luz en la investigación de dolores con D’Alessio, con una gran complicidad de las autoridades judiciales y del Ministerio Público que se involucraron en la persecución política ilegitima”, manifestó Rúa.

Por su parte, Tailhade consideró que “son escuchas que evidencian lo que ocurrió en la gestión de Macri en materia de inteligencia, no me sorprende por el contrario, la denuncia por los mails pinchados, si bien es gravísimo, en comparación con lo que han hecho en materia de inteligencia y espionaje ilegal es un juego de niños”. Y remató: “Lo de Lomas puede ser el golpe definitivo para que la sociedad entienda lo que pasó fundamentalmente en materia de causas armadas, preparación de testimonios y operaciones periodísticas”


Diarios Argentinos móvil