Envejecimiento, políticas sociales y desigualdades en salud en el Gran Buenos Aires

OPINIÓN. Las estrategias del Estado dirigidas hacia personas mayores muestran las capacidades y los obstáculos para alcanzar sus objetivos porque no consideran políticas de largo alcance ni los cambios producidos en los últimos años relativos a la prolongación de la vida y la disminución de las posibilidades y recursos de las familias para hacerse cargo de las personas mayores.


Liliana Findling, Elsa López y Estefanía Cirino


La población argentina envejece año tras año desde 1970. No es un acontecimiento aislado, sucede en otros países  y como en éstos, repercute sobre la vida cotidiana a nivel individual y familiar de cada sociedad.

Durante largo tiempo las sociedades relacionaron la vejez con la enfermedad, con lo pasivo, con lo que debería ocultarse; en  los últimos años del siglo pasado numerosos estudios incorporaron el tema del envejecimiento en los análisis de las trayectorias vitales. Esta perspectiva permite interpretar la edad como otra dimensión relevante para el conocimiento de los fenómenos sociales afirmando que hay múltiples vejeces.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, en el país residían 5,7 millones de personas mayores de 60 años (el 14,3% del total de la población). Las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que hacia 2050 el 25% de la población argentina tendrá 60 años o más.

El descenso de los niveles de fecundidad, las modificaciones en la morbimortalidad y el aumento de la esperanza de vida contribuyeron a ampliar el porcentaje de personas mayores que presentan un perfil netamente urbano y mayormente feminizado (con una menor sobrevida masculina en edades avanzadas).

En el país no existen políticas integrales de cuidado para personas mayores, si bien recientemente se han creado algunos organismos nacionales sobre género y cuidados, se desarrollan programas focalizados y muy disímiles entre sí a nivel provincial o municipal. Tanto en el pasado y también hoy, las familias asisten a sus mayores, les aseguran protección y la mejor calidad de vida que pueden con sus recursos económicos y la carga de trabajo que ello implica. Sin embargo, la responsabilidad del cuidado recae generalmente sobre las mujeres y cada vez se hace más difícil para las familias asumir este compromiso debido a los sucesivos cambios socioeconómicos de las últimas décadas, entre los que merece destacarse,  la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral y el decreciente número de miembros en cada hogar.

Para avanzar en el conocimiento de la situación de la población de 60 años y más, es preciso analizar las desigualdades sociales y los resultados de las políticas implementadas en materia de previsión social.


Acerca de las políticas de previsión social

El país registra una elevada cobertura previsional que se acerca al 94% de la población. La edad promedio jubilatoria es de 64 años, no obstante es posible observar heterogeneidades: no todos tienen el mismo acceso a la salud y difieren en la percepción de haberes jubilatorios sobre todo en los hogares de estratos socioeconómicos más bajos. Hoy algo más del 55% del total de jubilados y pensionados sólo recibe el haber mínimo.

La extendida cobertura que alcanzó el país se debe a las moratorias previsionales (creadas en 2005 y ampliadas en 2014) enmarcadas en el “Plan de Inclusión Previsional”, las cuales produjeron un  aumento considerable de la cantidad de personas en edad de jubilarse sin suficientes años de aportes, Esta política incluyó a mujeres que dedicaron gran parte de su vida a las tareas del hogar y del cuidado con escasos trabajos formales.

La Encuesta de Protección y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (ENAPROSS), efectuada en 2015,  presenta algunos datos sobre la población de 60 años y más que reside en el Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Conurbano Bonaerense). En ese sentido se advierte que más de la mitad (58%) de las personas se han jubilado por años de trabajo y/o aportes, mientras que el resto lo ha hecho a través de una moratoria cercana al momento de la Encuesta. En este último grupo los más favorecidos han sido los que residen del Conurbano Bonaerense, las mujeres de menor edad (60 a 65 años),  los de menor  nivel de instrucción y los de menores ingresos.

A partir de 2016, durante la presidencia de Macri, con una impronta más cercana a políticas de corte neo-liberal, se instrumentaron varias medidas que modificaron el rumbo del gobierno anterior en materia de previsión social. En tal sentido se pueden mencionar el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados que reconoió, en parte, errores en los montos de jubilaciones y proponía una actualización para aquellos que hayan iniciado o no un juicio por reajuste de haberes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es un beneficio de carácter vitalicio y no contributivo para las personas a partir de 65 años que no perciban una jubilación y cuyo monto asciende al 80% del haber mínimo establecido por ANSES e incluye la cobertura del PAMI y, por último, se impusieron restricciones a la Moratoria previsional antes establecida.


La cobertura del PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -PAMI- ofrece sus servicios a casi 5 millones de personas. Se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores activos y sus empleadores,  de trabajadores retirados y con contribuciones del Tesoro Nacional. Pese a que es posible cambiar de Obra Social, la oferta de pases es limitada, el trámite es burocrático y los rechazos son frecuentes. Por otra parte, las Obras Sociales imponen trabas a los jubilados para permanecer como usuarios de la institución en la que se han desempeñado en la etapa activa y se debe apelar a mecanismos legales para su reconocimiento.

A partir de 2016, PAMI implementó varias acciones tendientes a restringir beneficios valiéndose de la obligación de utilizar plataformas digitales y con el argumento de combatir abusos y reducir gastos sobre todo en medicamentos. Si bien se señalaba que las gestiones las podía realizar el afiliado o algún familiar, dado que no todas las personas mayores  cuentan con la formación necesaria para el uso de tecnologías digitales, cabe preguntarse si este tipo de acceso ya constituye de por sí una limitación al servicio de salud o, en todo caso, agrega responsabilidades a la familia y, en especial, a las mujeres.


Algunos datos sobre la salud de las personas mayores

Según ENAPROSS (2015) más de la mitad de los encuestados está cubierta por PAMI (53%) y casi un tercio lo hace mediante una Obra Social (30%). El Hospital público es utilizado por el 9% y las prepagas por el 7%.

Los residentes del Conurbano Bonaerense, las mujeres, los que cuentan 75 años o más años y los que tienen niveles inferiores de educación usan en mayor medida PAMI.

Las personas encuestadas se ocupan del cuidado de su salud: una gran mayoría realizó controles médicos en los últimos 12 meses. Y son las mujeres, los de mayor edad y los que tienen mayor nivel de instrucción los  que consultan con más frecuencia.

4 de cada 10 encuestados manifiesta no tener problemas de salud de larga duración. Entre los que sí los tienen, muchos (82%) afirman tener lo necesario para atender esa situación; los porcentajes de conformidad son más altos en la Ciudad de Buenos Aires y entre los que tienen más edad y mayor nivel de instrucción

La mayor parte de los costos que insume el tratamiento de salud, la medicación o el cuidado es provisto, en primer lugar  por el PAMI (38%), en segundo lugar por la persona encuestada, un familiar o un amigo (33%), y por último por la prepaga o mutual o la obra social (12% cada una).

El costo del consumo de medicamentos para las personas mayores,se ha incrementado notablemente debido al precio de los insumos importados durante estos últimos años.


¿Qué hacer desde el Estado para proteger a las personas mayores?

Los datos de la Encuesta en el Gran Buenos Aires permiten identificar desigualdades según jurisdicción, sexo, edad,  nivel educativo, de ingresos y trayectoria laboral entre las personas mayores.

Las estrategias desarrolladas desde el ámbito estatal entre 2016 a 2019 muestran una merma de ingresos y un retroceso en el acceso a medicamentos con respecto a la política llevada a cabo por el gobierno anterior. La gestión actual del presidente Fernández ha reinstaurado la provisión gratuita de medicamentos para enfermos crónicos de PAMI y, a su vez, está evaluando implementar nuevas moratorias mientras se revisa la fórmula para el cálculo de los haberes jubilatorios. 

Aunque a partir de 2008 se produjo un avance en la cobertura previsional al incorporar un mayor número de beneficiarios al sistema, el monto del haber mínimo sigue siendo exiguo y refleja desigualdades de ingresos y de género.

El reconocimiento de derechos y la protección social de las personas mayores está ligado en nuestro país al acceso a la jubilación, proceso iniciado a mediados de siglo XX que vincula a la ciudadanía con el desempeño laboral y legisla al respecto.

El futuro del sistema de previsión social es complejo e incierto ya que su financiación proviene en gran parte de una tributación general notoriamente regresiva a lo que se suma el elevado índice de informalidad laboral que reduce la cantidad de aportantes. Si la organización del sistema de protección social continúa estructurada según los principios contributivos de tipo tradicional, seguirá  expuesta a los vaivenes del mercado de trabajo.

En un país signado por un fuerte endeudamiento externo, baja productividad, elevado nivel de pobreza y marcados niveles de desempleo, la idea del cuidado y la atención a las personas mayores como derecho está poco instalada.

Las estrategias del Estado dirigidas hacia personas mayores muestran las capacidades y los obstáculos para alcanzar sus objetivos porque no consideran  políticas de largo alcance ni los cambios producidos en los últimos años relativos a la prolongación de la vida y la disminución de las posibilidades y recursos de las familias para hacerse cargo de las personas mayores. 

Si se entiende al  Estado como el organizador del bienestar y el garante de las condiciones de vida, el reconocimiento de los derechos del adulto mayor debería plasmarse en un cuerpo de leyes en cuyo diseño se resguarden también a las familias y a las mujeres cuidadoras, ya que constituyen el vértice más afectado por la problemática del cuidado. En ese sentido, resulta necesario que el Estado asuma un rol protagónico en la implementación de políticas que hagan viable el acceso a la salud, a un ingreso digno y a una mejor calidad de vida.



Sobre las Autoras


Liliana Findling, Elsa López y Estefanía Cirino son Investigadoras del Instituto de Investigacioes Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales.  Universidad de Buenos Aires. Resumen del artículo “Políticas sociales y desigualdades en salud: un panorama sobre las personas mayores en el Gran Buenos Aires” publicado en la Revista Cuestiones de Sociología Núm. 22 (2020) FAHCE, UNLP.