En 2015, Cambiemos puso como responsables de la campaña a dos jubiladas

Una de ellas era tía de Fernanda Inza, la funcionaria que acaba de ser despedida por María Eugenia Vidal por el escándalo de los supuestos aportes truchos. Tenía entonces 84 años.

El escándalo por los supuestos aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017 puso el foco sobre el modo en el que el oficialismo se financia de cara a cada elección. En 2015, el macrismo había designado a dos jubiladas como responsables económicas de los comicios presidenciales. Una de ellas fue María Armanda Inza, de entonces 84 años, tía de Fernanda Inza, tesorera del Pro y funcionaria de Vidal que acaba de ser apartada de la gobernación por las irregularidades en el financiamiento electoral.

Aunque Cambiemos hizo de la transparencia y la integridad una de sus principales banderas, utilizó los grises de la actual ley de financiamiento partidario para incurrir en una práctica controvertida. Las fuerzas políticas suelen ubicar como responsables económicos del financiamiento de las campañas electorales a personas desconocidas, para evitar que las sanciones ante eventuales delitos recaigan sobre dirigentes o candidatos de peso. En 2015, la coalición encabezada por Mauricio Macri nombró a dos jubiladas: Stella Maris Sandoval -que entonces tenía 68 años-, y María Armanda Inza.

Según la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, cada agrupación política debe nombrar en la previa de cada campaña electoral a dos responsables económico-financieros, “quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, pro el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables”.

La denuncia formulada por el periodista Juan Amorín en El Destape se centra en la campaña legislativa del 2017. En esa ocasión, los responsables económicos en la provincia de Buenos Aires fueron Carla Silvia Chabán, empleada del gobierno porteño, y Alfredo Irigoin, ex intendente de Laprida. Ambos fueron imputados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli.

Al pedirle la renuncia, Vidal intentó concentrar la responsabilidad en Fernanda Inza, que había asumido en la Contaduría General de la Provincia hacía cinco días. La funcionaria saliente había sido responsable de la rendición de cuentas por la recaudación de quiénes aportaron en las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017. Sin embargo, la investigación puede alcanzar a figuras de mayor peso.

En caso de comprobarse que hubo aportantes truchos, además del tesorero y los responsables económico-financieros la ley contempla sanciones para el presidente del partido y los responsables políticos. La máxima autoridad del Pro en la provincia de Buenos Aires es la propia Vidal, mientras que el jefe de gabinete Federico Salvai fue jefe de campaña. El artículo 63 de la ley 26.215 prevé la inhabilitación de seis a diez años para el ejercicio de cargo públicos nacionales en caso de que “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.”

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