El Uruguay de Lacalle Pou en el escenario regional

OPINIÓN. En las últimas semanas los medios de comunicación masiva de la Argentina dedicaron editoriales, columnas y entrevistas al Presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou.


“La sociedad uruguaya ha tendido a consensuar a menudo una autopercepción idílica sobre su país, reforzada por la “mirada” siempre constituyente del afuera. Aunque las fórmulas fueron muchas, ninguna fue tan exitosa como la Suiza de América". Gerardo Caetanoi. 


Por Amanda Barrenengoa y Nastasia Barceló

(Integrante del Grupo Geopolítica y Economía desde el Sur Global).


En las últimas semanas los medios de comunicación masiva de la Argentina dedicaron editoriales, columnas y entrevistas al recientemente electo Presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou. Con el propósito de poder mostrar cómo vive la pandemia el país vecino, se realizaron comparaciones en las cuales se manifestaba un supuesto fervor de lo/as argentinos/as hacia el presidente uruguayo, quien afirmó que “el uruguayo tiene una vocación genética en la libertad. Estas representaciones se articularon con las críticas al modo en el cual el gobierno de Alberto Fernández viene implementando las políticas de ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Así, el paraíso uruguayo en el que muchas personas hoy desearían vivir mostraría una gestión de la pandemia signada por las libertades individuales, mientras que en Argentina se estaría transitando una infectadura, es decir, que el Estado estaría desplegando, con la excusa del COVID-19, su rostro más policial y represivo, de acuerdo con los discursos “anti cuarentena”.

Previo a esto, se enviaba al Parlamento uruguayo el decreto 163/20 que propone flexibilizar la residencia fiscal en Uruguay, como parte de la política de promoción a inversores extranjeros. Es decir, se trata de una política que reduciría los requisitos para la obtención de la residencia fiscal, otorgando “vacaciones fiscales”: un período de 10 años de gracia para los impuestos a bienes personales. Estos beneficios para atraer empresarios y capitales tienen como contracara, del otro lado del charco, el debate -aún en ciernes- en torno al aporte extraordinario a las grandes fortunas.

Por otra parte, el pasado 8 de julio el Parlamento uruguayo aprobó un paquete de medidas denominada Ley de Urgente Consideración (LUC), con 475 artículos que incluyen la flexibilización de la legítima defensa para civiles y policías y penas más severas para quienes se resistan a ser arrestados, con un claro sesgo punitivista. También, medidas dirigidas a limitar la protesta social como la consideración de ilegítimos los piquetes que obstruyan la libre circulación de personas, bienes y servicios. A pesar de las movilizaciones y el paro nacional realizado por el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la LUC fue aprobada en un contexto de pandemia, que encuentra al Uruguay -un país con una población de 3 millones y medio de habitantes-, con más de 200 mil trabajadores que cobran un subsidio de desempleo. El paquete de medidas no incluyó ni un solo artículo que refiera a la emergencia sanitaria y económica que se transita a propósito de la pandemia del COVID- 19. La Cepal señala a Uruguay como el país de América Latina que realizó menos esfuerzos para mitigar la crisis económica.

Ahora bien, a pesar de la imagen que ciertos actores políticos y mediáticos vienen construyendo en torno a la figura de Lacalle Pou y de su gobierno de “Coalición Multicolor”, hay varios aspectos que contribuyen a matizar dicha idealización y que ponen de manifiesto la heterogeneidad de sectores e intereses que pujan al interior de su armado, sin quedar en claro aún cuáles prevalecerán. A grandes rasgos, podemos preguntarnos si lograrán colocar su agenda aquellos sectores nacionalistas conservadores de origen castrense anti globalización y de retórica anti elitista o quienes optan por la profundización de la inserción de Uruguay en un sistema internacional a través de políticas aperturistas y neoliberales. Y qué lugar hay allí para la participación de Uruguay en un proyecto de integración regional en el que prevalezcan la autonomía, el desarrollo, la democracia y la distribución de los beneficios de la política exterior.


Política exterior y panorama regional

La intervención de Lacalle Pou en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados el pasado 2 de julio fue clara. En alusión a la pandemia, indicó que ésta no podía derivar en un proteccionismo para los países de la región, sino que, por el contrario, son tiempos para concretar lo iniciado en torno a los acuerdos de libre comercio con Europa (Acuerdo de Libre Comercio Europeo) y con Corea del Sur. Tal como lo plantean Luciana Ghiotto y Javier Echaide en su informe en torno al Acuerdo MERCOSUR-UEi, este garantiza mayores negocios para las grandes empresas europeas, lo cual impacta en una ruptura del encadenamiento productivo y el acceso a mercados. Por ejemplo, los quesos producidos en Uruguay y Argentina que se exportan al mercado brasileño, competirían con aquellos que se importen desde la UE, con cero aranceles; lo cual desalentaría el comercio intrarregional. Independientemente de las especificidades que cada sector pone de manifiesto, el debate de fondo se sitúa en un marco más general sobre las condiciones de dichos acuerdos.

La nueva regulación en favor de los capitales concentrados y las empresas transnacionales va en detrimento de las economías del MERCOSUR y sus poblaciones, acentuando el modelo de agronegocios y las asimetrías preexistentes. De manera tal que, si bien es discutido en términos de un acuerdo comercial, el debate de fondo es político y estratégico. Si el acuerdo entra en vigencia de manera bilateral, vía votos parlamentarios, se enciende una alerta para los países del MERCOSUR y el futuro de la integración productiva entre los Estados. Nos preguntamos qué ocurriría en los Congresos de Uruguay y Argentina si esto fuese abordado.

Asimismo, reflexionar sobre este gran acuerdo que viene suscitando grandes y profundos debates en el marco de la política exterior de países como Uruguay y Argentina, implica repensar los marcos generales en los cuales estos proyectos eran discutidos. En un contexto internacional de crisis sanitaria y económica sin precedentes, así como el rol de los Estados es revisado, es preciso también rediscutir el rol de los tratados de libre comercio en la etapa actual. En una región fragmentada, sin una visión estratégica común en el MERCOSUR, esto se torna aún más difícil. En este panorama regional emerge también la insistencia por parte de los actores regionales alineados con la política exterior norteamericana por poner en el centro la situación de Venezuela, pasando por alto los últimos sucesos de grandes irregularidades en la región: el golpe de Estado en Bolivia con sus elecciones postergadas a octubre y la reciente proscripción de Rafael Correa en Ecuador.
En relación a los movimientos dentro del gobierno, en los últimos días asistimos a la renuncia del Canciller Ernesto Talvi, del Partido Colorado, reemplazado por Francisco Bustillo, amigo personal de Alberto Fernández y ex-embajador en Argentina que se suma a Carlos Enciso (Partido Nacional), de carrera política y a quién algunos denominan “la expresión peronista uruguaya” como nuevo embajador en este país. La última reunión entre el embajador y el canciller argentino Felipe Solá, tuvo como temas de agenda el MERCOSUR, las Islas Malvinas, y centralmente el interés por la Hidrovía del Río Uruguay. El trabajo conjunto de ambos países para facilitar el transporte fluvial busca ampliar el recorrido en 772 kilómetros y así permitir una mayor conexión.
A partir de estos movimientos podríamos pensar al gobierno uruguayo realizando una apuesta a la agenda bilateral con su socio y vecino mediante la incorporación de figuras que permitan tender puentes más allá de las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos. Sin embargo, el apoyo de Uruguay al candidato de Estados Unidos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en detrimento de la candidatura argentina, no solo simboliza un cambio profundo de la tradición diplomática uruguaya, que siempre apoyó candidatos latinoamericanos, sino que implica tomar una postura favorable ante la injerencia norteamericana en nuestra región, en el marco de su disputa geopolítica con China. 


Una coalición sui generis

El 1 de marzo de 2020 asumió la Presidencia Luis Alberto Lacalle Pou, luego de triunfar por una mínima diferencia sobre el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez (48,7% a 47,4%). Este nuevo mandatario, hijo del ex Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, trae consigo una carrera política previa, que data desde sus 26 años cuando asumió su banca como Diputado por primera vez. En las elecciones de 2014, fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional, siendo derrotado por Tabaré Vázquez (FA). En esta ocasión, con un discurso de renovación política acompañado de las críticas al Frente Amplio y a sus políticas de ampliación de derechos, se enfocó en el recorte del gasto público estatal, la disciplina fiscal y la seguridad como ejes de su campaña.



Tras 15 años de gobierno del Frente Amplio, nos encontramos con la asunción de un gobierno de coalición, algo particular en la historia uruguaya. Este fenómeno muestra diferencias con otras presidencias no frenteamplistas, como las de Lacalle Herrera y Sanguinetti o Battle. Esta coalición, además de estar compuesta por varios partidos provenientes de un amplio espectro político (el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente), incorporó en su armado para la segunda vuelta a Cabildo Abierto (CA). Liderado por Guido Manini Rios, ex comandante del Ejército cesado por Tabaré Vázquez en marzo de 2019 y candidato a presidente en la primera vuelta; agrupa figuras vinculadas a partidos tradicionales y ex integrantes del Frente Amplio. A pesar de que su líder dista de apoyar el ideario neoliberal en lo económico, es un católico bastante ortodoxo en sus posiciones y se esfuerza por transmitir cierta llegada popular, invocando expresiones antiimperialistas y hablando de oligarquía, su partido agrupa distintos perfiles. Desde una referencia nacional conservadora está enfrentado con lo que denomina la “ideología de género”  y sus filas tienen personajes imputados por torturas durante la dictadura cívico militari. Inclusive Manini que proviene de una familia con una militancia política de derechaii  muy marcada y que ingresó en el Liceo Militar en el año 1973, es parte de la sobreviviente logia los tenientes de Artigas, fundada un 25 de agosto de 1965, que fue  el núcleo duro del golpe y la dictadura. La postulación del ex general a través de CA se debe, en parte, a la reforma electoral de 1997 que introdujo la imposibilidad de diferentes candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República bajo un lema común, lo cual les quitó a los partidos de derecha la posibilidad de llevar más de un candidato, lo que terminó incentivando la creación de dicho partido centrado en su figura. Con tres senadores y once diputados, CA tiene las llaves de las mayorías parlamentarias y se posiciona como una pieza clave de la coalición –al menos en su fase inicial- para el próximo quinquenio. En los meses que transcurrieron desde el 1 de marzo hasta aquí no han sido pocas las polémicas que sus integrantes han protagonizado, pero tal vez ninguna ha sido tan grave como los sucesos recientes cuando dos de sus senadores Eduardo Lusty Guillermo Domenech, pidieron al Poder Ejecutivo la remoción del fiscal de Corte Jorge Díaz. Los cuestionamientos de integrantes de CA al Poder Judicial implican un desvío significativo de la norma republicana de la separación de poderes. Durante los primeros meses de gobierno, existieron otros hechos significativos para la historia reciente del Uruguay. En más de una ocasión Manini Ríos, pronunció un discurso negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar uruguaya. La alocución del 14 de abril en el Parlamento, en la que defendió con vehemencia a militares retirados procesados por delitos cometidos durante el régimen es una representación clara su pensamiento. En su defensa, incluyó a los coroneles Juan Carlos Gómez; procesado y luego liberado por el homicidio del tupamaro Roberto Gomensoro, a Walter Gula; por el homicidio del también militante tupamaro Walter Ramos; José Puigvert; condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Aldo Perrini y a Rodolfo Álvarez quien está procesado por torturas, también mencionó al fallecido general Manuel Dalmao; procesado y encarcelado por el asesinato de Nibia Sabalsagaray.

Estas reconfiguraciones políticas se enmarcan en un contexto de trasformaciones más amplias. El fin de este ciclo histórico y de su orden hegemónico llegó a Uruguay, como al resto de América Latina, expresado en la crisis de los armados políticos tradicionales y cierta estabilidad política que se transitó en las últimas décadas. Como explica Camilo López Burian, CA expresa, con sus singularidades locales, la familia de los “neopatriotas”, hundiendo sus raíces en la historia uruguaya, retomando ideas, discursos y prácticas políticas en una clave actual. Como el resto de los países de la región, el Uruguay no escapa a estas reconfiguraciones sistémicas globales que impactan en el sistema político, en las agendas de gobierno y en sus electorados.

Ahora bien, así como lo plantea Gerardo Caetano, a pesar de la persistente “vocación isleña” evocada desde la búsqueda de cierto excepcionalismo, el contexto de COVID-19 ha puesto al descubierto las similitudes que el país presenta en cuanto a los efectos de la crisis de la globalización y las disputas que ello abre. De manera tal que es preciso pensar los vínculos bilaterales entre Uruguay y Argentina y a ambos en relación con una estrategia de conjunto a nivel regional. La pregunta que se desprende de ello es cómo es posible pensar en acciones en común desde una mirada pragmática que pueda ir más allá de lo ideológico. Se pregunta Caetano; “¿Cuánto del recuerdo de estos días tan difíciles nos servirán paradójicamente para construir un mejor destino?”.

En el futuro cercano, resta saber cuál será la resultante entre las distintas fuerzas políticas y agendas presentes en la coalición de gobierno, tanto en relación a la política interna y la continuidad de los avances conseguidos durante los gobiernos del FA, como en relación a la política regional y a los desafíos que la nueva etapa post pandemia le presentan a este país y a la región. Por encima de las etiquetas ideológicas en torno a la libertad que redundan en los discursos que resuenan insistentemente en torno a la pandemia, Uruguay, Argentina y el resto de América del sur tienen como desafío el poder construir una postura estratégica en común que permita salir adelante como región. Tal como lo planteó Methol Ferré,“si América Latina quiere preservar su identidad cultural como una región diferenciada, dotada de sentido político-económico propio, tendrá que integrarse”. Este sigue siendo, a nuestro entender, el horizonte posible en el que persistimos.


Sobre las autoras

Amanda Barrenengoa es Doctora en Ciencias Sociales, Docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y becaria post doctoral del CONICET.

Nastasia Barceló es Magíster en Relaciones Internacionales  (San Tiago Dantas) y Doctoranda en Ciencias por el Programa de  Estudios Latinoamericanos de la Universidad de San Pablo (USP).





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