El Río Atuel y la lucha de las y los pampeanos por el agua

El Río Atuel es objeto de una disputa histórica entre las provincias de La Pampa y Mendoza. El curso de agua nace en la Cordillera de Los Andes al Sur de Mendoza, se une a un gran humedal en el noroeste de La Pampa y se une al río Chadileuvú o Salado. Desde allí, atraviesa el oeste de La Pampa hasta desembocar en el río Colorado que tiene salida al Mar Argentino.

De esta forma, el Atuel integra la gran cuenca Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, junto aotros ríos como el Jáchal, San Juan, Mendoza, Desaguadero, Tunuyán y Diamante. Esta mega cuenca surca los territorios de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y el Sur de Buenos Aires.

El hecho de que los ríos no respeten los límites políticos entre las provincias pone de manifiesto la necesidad del carácter federal de la gestión del agua en las cuencas interprovinciales, poniendo en tensión el dominio constitucional de las provincias sobre sus recursos naturales. La reforma constitucional del 94 incluyó el artículo 124 que, si bien resguarda las facultades que las provincias delegan a la Nación, dicta que “corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio”, lo cual es complejo sobre todo para recursos como los ríos, los bosques nativos y otros sistemas ecológicos que no reconocen fronteras políticas.

Al atravesar las provincias de San Juan y Mendoza, los ríos de la Cuenca son aprovechados para múltiples propósitos (energía, riego, etc.) a través de represas que van mermando la cantidad y calidad de agua que finalmente llega hasta La Pampa.Llega cada vez menos agua y con mayor salinidad, condición que no permite que sea aprovechada para consumo humano y/o fines productivos. Esta problemática en el oeste de La Pampa existe y se vienen profundizando desde hace más de 70 años, produciendo un éxodo poblacional, así como también un sostenido proceso de desertificación en los campos de la ecorregión del Monte y del bosque de Caldén.

Frente a esto, en el año 1987 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró al río como interprovincial y obligó a las provincias a conformar un Comité de Cuenca que no fue efectivo para resolver el conflicto, en gran medida debido a la falta de voluntad política de las autoridades mendocinas. Además de la soberanía provincial sobre los recursos naturales, la nueva Constitución Nacional también abrió el camino del Derecho Ambiental (Art. 41) y asíhabilitó a La Pampa a demandar nuevamente a Mendoza ante la CSJN en 2014, esta vez por daño ambiental (desertificación), solicitando a la Corte que ordene la finalización del daño y la recomposición del ambiente.

En diciembre de 2017, el fallo de la Corte determinó convocar a las partes a resolver el problema ambiental del Río Atuel. Hubo audiencia pública, audiencias privadas,y la Corte fijó un plazo de 90 días en mayo de 2018 para que las partes convengan una salida por la vía política, avisando que,de no llegar a un acuerdo, “esta Corte definirá el curso de acción ulterior”.

Pronto se cumplirán dos años de aquella fecha. No hubo acuerdo y la Corte no ha definido tal curso de acción. Mientras tanto, todos los diciembres los pampeanosvemos el Atuel corriendo en el oeste de nuestra provincia para luego en enero ver a los peces morir en el cauce por la falta de agua. Mientras que, en invierno, cuando en Mendoza el agua no se utiliza para el riego, se provocan inundaciones.

Actualmente, el conflicto del agua para La Pampaes por demás complejo. A la infraestructura de represas y el deficiente uso del agua para riego (el sistema mendocino derrocha aproximadamente el 50%), se suma la presión por proyectos de minería a gran escala en las nacientes de los ríos, la extracción de petróleo mediante fracking (una parte de Vaca Muerta está en la Cuenca Desaguadero) y la construcción de nuevas represas en San Juan (El Tambolar) y Mendoza (Portezuelo del Viento), en un contexto donde el cambio climático en la Cordillera de Los Andesdisminuye los glaciares y hay menor generación de nieve en invierno, lo cual baja los caudales de los ríos. El lago del embalse Casa de Piedra en el río Colorado, por ejemplo, se encuentra prácticamente seco en la actualidad.

En síntesis, todas las intervenciones a lo largo de la cuenca Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado provocan un grave y sostenido proceso de desertificación ydificultades en condiciones de vida de los habitantes de La Pampa. La población rural y urbana del oeste de la provincia se caracteriza por la incidencia de la pobreza (medida en ingresos) en sus habitantes, la mayoría de ellos indígenas.

Más allá del abordaje por la vía judicial, el caso del Atuel debe ser resuelto políticamente.Se requiere voluntad política para crear el organismo de cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, donde se integren las provincias y la Nación para discutir y acordar obras de infraestructura en los ríos y los diferentes usos del agua que contenga e incluya a todos los actores. A su vez, deberá establecer un caudal ecológico (cantidad de agua que permite restituir servicios ecológicos en todo el territorio) y un caudal ambiental (cantidad de agua que permite el uso del agua con distintos fines sin comprometer los servicios ecológicos).

La reciente lucha en Mendoza en contra de la modificación de la Ley 7722 es un ejemplo claro de la importancia de la participación ciudadana para exigir a los gobiernos la incorporación de criterios ambientales y sociales en la definición del modelo de desarrollo productivo y económico para que este esté en equilibrio con el sistema hídrico que lo sostiene. Si bien las luchas por los recursos naturales se dan a nivel provincial, es fundamental la solidaridad entre los pueblos para pensar el agua como un derecho humano para todos.

Afortunadamente, los hechos de Mendozahan dado lugar a la emergencia de un espacio surgido desde la ciudadanía donde convergen comunidadesindígenas y asambleas ambientales de San Juan, Mendoza, Río Negro y La Pampa en defensa del Agua. Es urgente quelos representantes políticos los convoquen, escuchen y decidan en favor de las mayorías y el derecho al agua.