El racismo estructural brasileño y los retrocesos bolsonaristas

La acción estatal racista fue recurrente en la historia brasileña, y la desigualdad socioeconómica fue la base del racismo estructural. Se han destacado importantes acciones correctivas en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro representa el retroceso y la voz del racismo en Brasil.

Por Mojana Vargas e Aline Contti


La acción estatal racista fue recurrente en la historia brasileña, y la desigualdad socioeconómica fue la base del racismo estructural. Se han destacado importantes acciones correctivas en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro representa el retroceso y la voz del racismo en Brasil.

Racismo Estructural

La esclavitud en Brasil fue una de las más largas de América. Entre 1535 y 1850, alrededor de 4 millones de africanos esclavizados llegaron a Brasil. Su abolición se llevó a cabo recién en 1888, luego del crecimiento del movimiento abolicionista y acompañando la tardía proclamación de la República en 1889. Sin embargo, el fin de la esclavitud no significó la inclusión de los negros y negras en la sociedad brasileña. Por el contrario, los ex esclavizados fueron dejados a su suerte, sin ningún apoyo estatal, quedando marginados. Su fuerza laboral en la producción agrícola comenzó a ser reemplazada por medio de la llegada de inmigrantes europeos, profundizando el proceso de blanqueamiento de la población brasileña que se había alentado desde la segunda mitad del siglo XIX, bajo la inspiración de las ideas racistas de Arthur de Gobineau, diplomático francés y embajador en Río de Janeiro y que estuvo muy cerca del Emperador Pedro II. El esfuerzo por garantizar el asentamiento de los inmigrantes europeos recién llegados demuestra la preocupación del gobierno y la élite política y económica nacional por mantener la producción en los campos, al mismo tiempo que reforzaba su objetivo de reducir la presencia africana entre la población brasileña.



La perspectiva racista, fortalecida por la acción política del Estado brasileño, encontraba apoyo en la visión eugenésica de los intelectuales extranjeros y nacionales, quienes consideraron que el mestizaje entre africanos, indígenas y portugueses había provocado una degeneración de la población, y que la única salida era promover la purificación mediante el aumento de blancos en el país. Además de limitar la llegada de africanos, la inmigración japonesa a Brasil, que comenzó en 1908, también estaba limitada por la Constitución de 1934, porque estos fueran considerados parte de los grupos raciales "indeseables".

Con el lanzamiento del libro "Casa Grande y Senzala", publicado por Gilberto Freyre en 1932, el mestizaje adquiere un significado opuesto al establecido en el siglo anterior. Acompañando a otros autores latinoamericanos, Freyre propuso una lectura del mestizaje ya no como una causa de degeneración social y cultural, sino como un medio de construcción de una nueva identidad resultante de la mezcla entre las contribuciones de las tres matrices de la población brasileña: la portuguesa, la indígena y la africana. Freyre consideraba a Brasil como un "crisol de culturas", cuyo resultado sería un producto nuevo y original, al que llamó "brasilidade”. A pesar de la nueva lectura sobre la participación de los negros y los indígenas en la formación brasileña, el trabajo prácticamente ignora la violencia material y simbólica ejercida por el colonizador - y más tarde oligarca - blanco sobre la población negra y peca por la romantización de las relaciones jerárquicas entre ellos. Al mismo tiempo que señaló la presencia de sangre negra e indígena en todos los brasileños, no tuvo en cuenta las desigualdades entre blancos y negros. Ignorando los conflictos intrínsecos de esta sociedad desigual, Freyre asumió que la integración de blancos, negros e indígenas en Brasil fue el resultado de un proceso natural, hecho posible por la propensión de los portugueses a mezclarse con diferentes pueblos, de manera democrática. Desde mediados del siglo XX, la lectura política predominante pasó a apoyarse en el mito de la democracia racial, sin cuestionamientos a las estructuras históricas y en nombre de la unidad nacional.

Con el desarrollo industrial de las décadas de 1960 y 1970, la migración de la población de las zonas rurales a los centros urbanos evidenció esta asimetría, relegando a los descendientes de los esclavizados a los peores trabajos, a precarias condiciones de vivienda y con restricciones en el acceso a la educación. En las zonas rurales, las familias negras constituían la mayoría de los trabajadores sin acceso a propiedad de la tierra, muchas veces sometidos a condiciones de trabajo similares a la esclavitud. Brasil es, en gran medida, un país mestizo y multicultural. Sin embargo, es evidente que los negros (y los pueblos indígenas) no tienen la misma inserción ni la misma fuerza política e institucional en la sociedad brasileña que la población de origen blanco.

La cultura esclavista marcó la historia nacional y sigue presente en Brasil hoy, donde la discriminación racial continúa siendo un elemento social estructurante, con episodios y comportamientos racistas regulares.

La profunda desigualdad racial es el hito de la colonialidad en Brasil y está asociada con la concentración del poder socioeconómico. Como se sabe, la definición de raza no proviene de una cuestión biológica. Según Octavio Ianni, "es la condición social, psicológica y cultural creada, repetida y desarrollada en el contexto de las relaciones sociales, involucrando el juego de fuerzas en la sociedad y los procesos de apropiación y dominación". En la síntesis de Silvio Almeida, la raza es una cuestión relacional, y el racismo estructural debe entenderse como un proceso político e histórico, una consecuencia de la estructura social que permite la reproducción sistémica de las prácticas racistas.

En el Brasil actual, la desigualdad racial se entrelaza con las desigualdades sociales. Según los datos del IBGE, los autodeclarados pardos y negros constituyen la mayoría de la población brasileña (55,8% en 2018) pero, en comparación con los blancos, tienen salarios mucho más bajos y sufren una mayor tasa de desempleo, mayores tasas de analfabetismo y menor acceso a la educación superior. En 2019, según el Atlas de la Violencia (de IPEA), los negros constituyeron el 75.5% de las víctimas de homicidio, especialmente los jóvenes entre 15 y 24 años, con resultados aún peores en la región noreste. Además, según el IBGE (PNAD Contínua, 2017), la mayoría de los 13 millones de brasileños desempleados (63,7%) eran negros o pardos.

Dictadura y represión

Durante la dictadura militar, las organizaciones que reclamaban los derechos de la población negra fueron severamente reprimidas, ya que muchas de ellas también estaban vinculadas a los movimientos de trabajadores rurales y urbanos. Sin embargo, la historiografía sobre el período aún da poco énfasis a este segmento específico.

La agenda de los movimientos antirracistas en Brasil desafiaba el discurso oficial de la dictadura sobre la democracia racial y, a pesar de no siempre encontrar apoyo en las organizaciones de izquierda, el régimen lo vio como una posible amenaza. El Servicio Nacional de Información (SNI) espiaba a las organizaciones y líderes negros, especialmente en la segunda mitad de la década de 1970, considerándolos como un instrumento del comunismo internacional para desestabilizar el orden.

La fundación del Movimiento Negro Unificado (MNU), en 1978, fue vista por los militares como resultado de la influencia de los movimientos negros norteamericanos, interesados en crear en Brasil un clima de disputa entre blancos y negros, como el existente en los Estados Unidos. Para la dictadura militar, las organizaciones del movimiento negro, fuesen asociaciones culturales, deportivas o religiosas, eran solo una fachada para la construcción de la movilización política contra el gobierno. Los dirigentes militares no comprendían que la demanda de democracia y la denuncia del racismo en la sociedad brasileña estaban más allá de la disputa por el control del poder gubernamental y la bipolaridad. La violencia policial del régimen estuvo centrada principalmente en la población negra, independientemente de sus conexiones políticas reales o imaginarias. En varios estados brasileños, el desempeño de los llamados "escuadrones de la muerte" era común en las áreas periféricas y estaba especialmente dirigido a los jóvenes negros, excluidos del mercado laboral en el contexto de la crisis económica y considerados marginales.

Señales de cambio

La movilización de la población negra en Brasil fue esencial para el avance del proceso de redemocratización, por traer al centro de la articulación política un segmento que hasta entonces se había diluido entre las organizaciones sindicales en el campo de la izquierda. Después de la fundación de la MNU y del crecimiento de las organizaciones negras, la agenda de reclamos de esta población ganó su propia representatividad, aunque mayoritariamente vinculada a los partidos de izquierda. Los líderes negros/as comenzaron a postularse para las elecciones en un intento de influir directamente en el proceso legislativo. A partir del desempeño de distinguidos diputados y senadores/as, la agenda antirracista se destacó significativamente en la Asamblea Constituyente.

Fue también a partir de esta acción legislativa que las organizaciones lograron sus primeras victorias: el reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades quilombolas en la Constitución de 1988; y la tipificación del racismo, considerado un crimen sin fianza por la Ley Caó en 1989. Tales logros son hitos importantes para el movimiento negro, ya que representan el reconocimiento formal del racismo en la sociedad brasileña y simbolizan la resistencia política y cultural de las comunidades negras, estableciendo la obligación estatal de protección de sus derechos.

La actuación del movimiento negro en Brasil también fue importante para la formación de posiciones brasileñas en la política internacional. La movilización antirracista interna influyó en la decisión del gobierno de Sarney (1985-90) de establecer sanciones contra el gobierno sudafricano y su régimen de segregación racial. Aunque la agenda de los parlamentarios que formaron el Frente Anti-Apartheid no ha sido completamente atendida, fue una demostración importante de que la práctica de la discriminación racial ya no sería ignorada en la política interna, ni en la política internacional brasileña.

La década de 1990 estuvo marcada por la diversificación y expansión de las agendas de las organizaciones negras que, además de las demandas tradicionales de mejores condiciones de vida, también buscaron representatividad en el entorno político y educacional, haciendo hincapié en la necesidad de acciones afirmativas de carácter racial que promoviesen la inserción de negros y pardos en el mercado laboral (particularmente en las profesiones más prestigiosas y mejor pagadas), en partidos políticos y en la educación superior, en la que los jóvenes negros representaban solo el 3% del total en 2000 (según el INEP).

El inicio de los años 2000 y el ascenso del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno federal, con los presidentes Lula y Dilma, estuvieron marcados por importantes avances en las agendas defendidas por el movimiento negro. La creación de la Secretaría de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), la promulgación del Estatuto de Igualdad Racial y el conjunto de políticas públicas para la población negra adoptadas por los dos gobiernos no fueron concesiones, sino respuestas fundamentales (aunque con insuficiencias) a una amplia agenda de reparaciones que el Estado brasileño debe a sus poblaciones negras e indígenas, creando mecanismos institucionales para reducir las desigualdades y fortalecer la ciudadanía.



También se destacaron las políticas para proteger el patrimonio artístico y cultural de la población negra, con el reconocimiento de la Capoeira como Patrimonio Inmaterial de Brasil por IPHAN y como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (en 2014).

Otro avance relativo fue la promulgación, en 2015, de la ley que regula el trabajo doméstico, colocándolo bajo la protección de los derechos laborales. Hasta entonces, las trabajadoras domésticas no gozaban de derechos, lo que afectaba directamente a las mujeres negras con baja escolaridad, ya que el trabajo doméstico es desempeñado principalmente por este grupo desde los tiempos de la esclavitud hasta hoy.

El tema de las acciones afirmativas sigue siendo controvertido en la sociedad brasileña. Los que se oponen rechazan el racismo estructural y se apoyan en el discurso de la meritocracia. Así, a pesar de la decisión de la Corte Suprema Federal a favor de la constitucionalidad de los cupos raciales, la lucha por su cumplimiento es permanente. Sus resultados son relevantes. Según el INEP, hubo un aumento en el número de matrículas de estudiantes negros y pardos en la educación superior y también una mejora en el número de graduados, que pasó del 2.2% del total en 2000, al 9.3% en 2017. Además, investigaciones realizadas internamente por las universidades brasileñas demuestran que, en promedio, los estudiantes con y sin cuota tienen un rendimiento académico equivalente, refutando el argumento de que la adopción de cuotas raciales reduciría el nivel de rendimiento académico de estas instituciones.

Los retrocesos del gobierno de Bolsonaro

Desde el período de la disputa electoral, el entonces candidato Jair Bolsonaro ha mantenido posiciones contrarias a las agendas de la población negra y la lucha antirracista, asociando tales movimientos con partidos de izquierda y acusándolos de adoptar una postura victimista y excesivamente dependiente del Estado en su búsqueda por políticas públicas específicas. El presidente hizo declaraciones contrarias a las acciones afirmativas que se estaban llevando a cabo y protagonizó manifestaciones racistas, como la que ocurrió en una reunión con empresarios en Club Hebraica en São Paulo, cuando declaró que los quilombolas son inútiles y prometió poner fin a la demarcación de tierras para estas comunidades.



Hasta ahora, las acciones del gobierno Bolsonaro han tenido efectos importantes en la desestructuración de las políticas públicas dirigidas a las poblaciones negras e indígenas. A nivel institucional, el gobierno actual vinculó la antigua SEPPIR (que ya había perdido su status de Ministerio durante el gobierno de Temer) al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, liderado por Damares Alves, una líder evangélica y en abierta oposición al principio de diversidad religiosa, particularmente con respecto a las religiones de origen africana.

Después de un período de acefalía, la Fundación Cultural Palmares empezó a ser presidida por Sérgio Camargo, un periodista vinculado a la extrema derecha brasileña y un opositor frontal de las agendas históricamente defendidas por el movimiento negro. Camargo se define a sí mismo como "negro de derecha, antivictimista, enemigo de lo políticamente correcto, libre". Con su nombramiento, la Fundación, creada bajo el gobierno Sarney para preservar y difundir el patrimonio arquitectónico, artístico y cultural producido por la población negra en Brasil, pasó a ser dirigida por un individuo que se opone directamente a todo lo que ella representa y al movimiento social que permitió su existencia. En la visión de Camargo, el racismo en Brasil no es estructural e institucionalizado, sino que se da solo ocasionalmente y de manera aislada, y su supuesta existencia es una cortina de humo del movimiento negro y de la izquierda para manipular a los individuos y extraer del Estado lo que llama "limosna" (se refiere, con ello, al "costo" que implican las acciones afirmativas).

La presencia de individuos negros de extrema derecha (como Camargo) en el gobierno de Bolsonaro plantea un desafío a la discusión sobre la representatividad negra en la sociedad brasileña. No solo incumple con la lucha histórica por la presencia de hombres y mujeres negras en posiciones relevantes en la política nacional, sino que crea una amenaza real de retroceso a todas las conquistas que fueron duramente obtenidas por las poblaciones negras (e indígenas) durante décadas. En un nivel más amplio, queda claro que el gobierno actual está disputando abiertamente la narrativa sobre la naturaleza del racismo en Brasil. Al traer, a su gobierno, individuos que no encontraron espacio en los foros del movimiento negro, pero que obtuvieron una amplia cobertura mediática, dio no solo una cara, sino sobre todo color, al discurso racial bolsonarista.

El ex ministro de Educación, Abraham Weintraub, otro opositor abierto de las cuotas raciales en las universidades, ha provocado un ajuste brutal en el presupuesto de las universidades federales, lo que impactó directamente en las políticas de asistencia estudiantil que sirven principalmente a los estudiantes de cupos negros e indígenas. Como acto final de su administración, publicó un decreto ministerial revocando la política de incentivo a la adopción de acciones afirmativas en los cursos de posgrado en el país. Ante la manifestación de universidades y organizaciones sociales, el gobierno retrocedió, pero está claro que no renunciará a su agenda de desestructuración de las políticas públicas de base racial.

A pesar de estos y otros ataques que ha estado sufriendo, la población negra brasileña resiste. Las manifestaciones de mujeres negras en el 8 de Marzo fueron un hito. En medio de la pandemia de Covid-19, hay una gran movilización en las favelas (en las que las mujeres negras representan una buena parte de los jefes de familia). También ocurrieron recientes manifestaciones en las calles contra el racismo, motivadas por las repercusiones del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos.

La lucha contra el racismo estructural y el reconocimiento de los derechos de la población negra son fundamentales para construir una sociedad inclusiva y democrática en Brasil, así como en todos los territorios de la diáspora africana.


Sobre las autoras

Mojana Vargas y Aline Contti son Investigadoras y Docentes del Departamento de Relaciones Internacionales-UFPB, Brasil.


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