Correo Argentino: el procurador del Tesoro ordenó investigar el acuerdo

Carlos Balbín ordenó un sumario y una auditoria para esclarecer cómo se llegó al acuerdo con el Estado, denunciado como "abusivo" por la fiscal Boquin. Piden evaluar las posibles responsabilidades administrativas de funcionarios.

El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoria para esclarecer cómo se llegó al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por la deuda millonaria, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue denunciado como "abusivo" por la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquin.

Según precisa la resolución, la Procuración se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Publica.

"Las razones expuestas ameritan la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría", dispuso Balbín, que firmó la resolución en donde instruyó sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados y establecer "las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".

Asimismo, se encomendó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización o de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional. 

En ese sentido, el fiscal Rodríguez impulsó una denuncia penal por la maniobra descripta por Boquin en su apelación a la Camara Comercial, al entender que podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".

Además, sostuvo que se deberá analizar si hubo una comisión del delito de "tráfico de influencias" y posibles "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

El caso salió a la luz la semana pasada, cuando se difundió el dictamen de la fiscal Boquin ante la Cámara en lo Comercial, que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri -a seis meses de que Mauricio asumiera como presidente- para que se pagara una deuda millonaria que el Correo mantiene con el Estado.

En el acuerdo, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés de 7 por ciento, sólo sobre el capital de la deuda. Tanto del Estado como del Correo defendieron el arreglo y destacaron que se trata del pago de $600 millones, más del doble de la suma inicial de casi $300 millones (a 2001).

Sin embargo, la fiscal Boquin denunció que ese convenio implicaba una quita de 98,2% de la deuda porque no regían los intereses.  En esa línea, lo calificó como "abusivo" porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de $70.163 millones. 

También denunció mala fe procesal, porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo.

Diarios Argentinos