El “post-acuerdo” que está cambiando Colombia

INFORME ESPECIAL. Estudiantes, clases medias, campesinado, jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes quieren incidir en la difícil reconstrucción colombiana que se abrió tras la firma de los acuerdos de paz entre Farc y gobierno en 2016. Un proceso que no está exento de nueva violencia y conflictos en todo el país.


Llegaron de todos los rincones de Colombia. Con banderas y remeras blancas colmaron la histórica Plaza Bolivar de Bogotá. Más de 2.000 ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), marcharon durante días desde los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) establecidos tras la firma de los Acuerdos de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. La llamaron la Peregrinación por la Paz y por la Vida. La necesidad de marchar hacia la capital estalló a mitad de octubre. Fue después que Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, un excomandante de las Farc que lideraba un proyecto productivo para la reincorporación de unos sesenta ex combatientes, fue asesinado en el municipio de Uribe, departamento del Meta. Albeiro era particularmente querido por la comunidad y por sus compañeros. Desde un principio se había comprometido con las actividades de reinserción de los ex combatientes y la tan mentada “pedagogía de la paz” que debía acompañar la implementación de los acuerdos. En 2018, en Villavicencio un municipio muy cerca de donde fue acribillado dos años después, el mismo presidente Iván Duque lo había señalado como un ejemplo de las personas “que le han apostado a la reincorporación, al desarme, a la desmovilización, y a la reinserción”, y prometió apoyo y protección.

Desde aquél día en que la más grande guerrilla activa de América Latina selló el compromiso de abandonar la lucha armada, y el mundo entero se ilusionó con un futuro de paz y prosperidad para todo el país, 238 firmantes del acuerdo fueron asesinados. Según denuncian, las tierras para emprendimientos productivos y las facilidades para la reinserción económica y social  previstos en los acuerdos de paz, tampoco fueron implementados como esperado.

Pocos días antes de la llegada de la peregrinación, esa misma plaza capitalina había sido colmada por la Minga indígena y campesina, conformada por comunidades de guambianos, paeces, totoróes, nasas, yanaconas, coconucos e ingas, organizaciones sociales, comunidades afro, que se habían reunido en Cali el 10 de octubre pidiendo al presidente Duque que participara para oír sus reclamos. Duque no fue. Envió en su representación a la ministra del interior, Alicia Arango Olmos, pero la reunión fracasó. La Minga decidió entonces trasladarse a Bogotá en una colorida caravana que recorrió más 450 kilómetros llevando al frente una silla vacía con el nombre del presidente. Las comunidades del interior profundo exigían respuestas. En lo que va de 2020 en Colombia 252 líderes y lideresas sociales y comunitarios han sido asesinados por sicarios, paramilitares, narcotraficantes y disidencias de grupos guerrilleros armados. Para denunciar este exterminio, a fines de octubre también había llegado a Bogotá la Caravana Humanitaria “Un Canto por la Vida y la Paz del Territorio”, comenzada en el Cauca una semana antes, que atravesó los territorios más golpeados por las masacres, ataques y enfrentamientos, hasta llegar al centro de la capital colombiana.

Pocas semanas antes la misma plaza Bolivar había sido escenario de multitudinarias manifestaciones en medio de una de las represiones más feroces registradas este año en América Latina: 13 personas muertas, en su mayoría muy jóvenes, durante las protestas tras el asesinato a manos de la policía de Javier Ordoñez, torturado con pistolas taser en plena calle en la noche del 8 de septiembre. En la ciudad, en los territorios y comunidades del interior, Colombia se mueve, y entre muchos peligros.


El peligro del “post-acuerdo”

“La violencia contra líderes sociales en Colombia ha tenido ciclos muy graves sobre todo entre el año 1995 y el 2010, cuando se llegó a los 1.000 asesinatos y a veces más por año”, nos explica Camilo Gonzalez Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Se trata del centro más fiable en el relevamiento estadístico de la violencia en Colombia. A lo largo de sus 36 años de existencia ha logrado tejer sólidas relaciones con los movimientos sociales de todo el país y elaboró una metodología de entrecruzamiento de datos e informaciones que la convirtió en la principal fuente de información sobre violencia en Colombia. Existen otras entidades dedicadas al relevamiento de los casos, como la Consejería por los Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio del Interior, el de Defensa, o la Fiscalía General de la República. Sin embargo ninguna de estas entidades trabaja directamente con los movimientos, ni tiene la cobertura territorial que logra Indepaz. Si bien en los últimos años la situación haya mejorado, el hecho de que Ong y organizaciones de la sociedad civil cuenten con mayor despliegue que el estado en el relevamiento de un tema tan sensible, es sintomático de lo que ocurre en el país. “Los líderes sociales han sido objeto de la violencia en Colombia en el marco de la lucha por territorios, por recursos, por poder. Ha sido parte de una metodología de control territorial, de dictaduras locales, de terror”, cuenta Gonzalez Posso. Pero tras la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, realizada por el gobierno Santos y las Farc en Bogotá del 24 de noviembre de 2016, e incluso durante las negociaciones, esa situación cambió. “Hubo un descenso vertical de los niveles de violencia en todos los órdenes. También en desplazamientos forzados, torturas, ejecuciones extrajudiciales y muchos otros indicadores de violencia. El acuerdo y el ambiente del acuerdo de paz produjeron ese efecto de disminución”. 

En los últimos años, sin embargo, los índices de violencia contra los líderes comunitarios repuntó con fuerza. Organizaciones sociales, académicos y analistas colombianos coinciden en que la desmovilización de las Farc produjo un verdadero vacío en amplias zonas del territorio que habían sido controladas durante décadas por insurgentes, y se generó una puja que involucró comunidades campesinas e indígenas, grupos narcos, paramilitares y criminalidad organizada para hacerse con el control de esas zonas. Algunas organizaciones comunales e instituciones locales lograron ganar la pulseada. Hoy piden al estado ayuda para ejercer el control territorial, reactivar la producción y las relaciones con el resto del territorio colombiano. Pero en muchos otros casos, se abrió paso a una lucha extremadamente violenta. “Todas las fuerzas interesadas en retomar el control, negocios, mantener los procesos políticos con armas, entraron en un choque muy directo con el liderazgo comunitario. La lentitud de las medidas del estado para la implementación del acuerdo es lo que ha permitido que gane velocidad esta recomposición de violencias en por lo menos 200 municipios en todo el país”, profundizó Gonzalez Posso.

En Colombia nadie duda en reconocer el periodo 1964-2016 como el de la guerra. Pero nadie tampoco se atreve en definir el que arrancó con los acuerdos de 2016 como el de la paz. Los términos que más se escuchan son el de post-conflicto, o, más preciso aún, post-acuerdo. Es que si bien no cabe duda de que los acuerdos de paz signaron un antes y un después en la historia colombiana, la violencia sistémica en el país no ha terminado.

“Los líderes sociales eran asesinados desde antes del acuerdo de paz, y el estado ha mejorado sus capacidades de respuesta frente a esto”, nos cuenta la Doctora Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz. Según ella, el estado colombiano, a diferencia del pasado, cuenta con unidades de protección, escoltas, autos blindados asignados e entrenamiento incluso en derechos humanos en muchas de sus fuerzas públicas. Pero lo que más destaca es que Colombia “tiene una sociedad civil vigilante, que denuncia, que es algo que en otros países transicionales no hay. Lo comparo con Guatemala o El Salvador, donde ante fenómenos similares hay muchísima menos reacción de la sociedad civil; eso habla de que si bien el asesinato de líderes sociales es un fenómeno que sigue ocurriendo, también es un fenómeno que en contraste con otras épocas genera mucha menos indiferencia por parte de la población colombiana. Uno de los grandes avances, que puede sonar irónico para alguien que no ha vivido la situación acá, consiste en que hoy a la sociedad colombiana le importen esos muertos”.


De vuelta a 2016

En el proceso que llevó a la firma de los acuerdos de paz de 2016, ya se habían previsto situaciones de este tipo. Lo pactado no se reducía exclusivamente a concluir la lucha armada, sino que se intentó sentar las bases para que no volvieran a presentarse las condiciones que la generaron. Las negociaciones, instaladas en La Habana en 2012 fueron largas y accidentadas. Se establecieron seis puntos de acuerdo: política de desarrollo agrario integral; participación política de las fuerzas desmovilizadas; fin del conflicto y dejación de armas; solución al problema de las drogas ilícitas; reparación de las víctimas y justicia transicional; y el mecanismo de refrendación de los acuerdos.

Según el texto concordado entre los representantes del estado y los de las Farc, se prevé la distribución de tres millones de hectáreas en los primeros 10 años de vigencia del acuerdo, la reducción a la mitad de la pobreza rural, la creación de programas de protección y seguridad para los ex combatientes y las comunidades rurales, planes de erradicación voluntaria de cultivos de coca, amapola y marihuana, y proyectos de sustitución de plantaciones para más de 100.000 familias. Es decir que la dimensión social del acuerdo fue negociada con mucho cuidado, e inclusive fue la que mayores discusiones generó entre las delegaciones.

Se trataba de ponerle fin a medio siglo de guerra que dejó un saldo asombroso: 220.000 muertos, de los cuales 177.000 fueron civiles. Según los registros oficiales, sólo entre 1985 y 2018, en Colombia se registraron 7.816.000 desplazamientos forzados a causa de conflictos armados. Es el país con la mayor cantidad de refugiados internos del mundo. Las negociaciones entonces no podían soslayar la necesidad de reconstruir la historia de lo sucedido, garantizar la justicia para las víctimas y poner la base para una nueva era en el país. En la construcción de esos cimientos se encuentra hoy Colombia.

Los seis puntos de La Habana fueron articulados en 578 compromisos concretos para facilitar su monitoreo, del cual se encargan el Kroc Institute de la Universidad Notre Dame y la Pastoral Episcopal Colombiana. Según el último informe  difundido sobre la implementación de los acuerdos, existen aspectos particularmente rezagados. El punto 1, acerca del acceso y uso de la tierra, lleva el 86% de cumplimiento no iniciado o mínimo. Algo parecido sucede con la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, cumplido o avanzado en tan solo el 27%. Y en el caso de las garantías de no repetición, que incluyen las medidas de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes, los niveles de incumplimiento o cumplimiento mínimo llegan al 100% según las instituciones encargadas de su monitoreo. Medios y activistas señalan al actual gobierno como el principal responsable de este relajamiento. 

Iván Duque llegó a la presidencia en 2018 cabalgando el discurso más crítico contra los acuerdos de paz. Ya en 2016, en la campaña hacia el referéndum de confirmación del texto acordado entre las Farc y los delegados del entonces presidente Santos, el partido de Duque, el Centro Democrático cuyo principal líder es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, había llamado a votar en contra de la entrada en vigencia del acuerdo. Según esta visión el estado estaba claudicando frente a la guerrilla. En especial se impugnaban los mecanismos de participación política de los ex miembros de las Farc, y la Justicia Especial para la Paz, un mecanismo para garantizar que los ex combatientes aportaran información para reparar las víctimas de la guerra pero sin enfrentar castigos que comprometieran su decisión de dejar la lucha armada. La victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre de ese año, empujada particularmente por las iglesias pentecostales y grupos que denunciaban la imposición de la “ideología de género” en Colombia a través de los acuerdos, impulsó nuevas negociaciones para modificar los puntos más polémicos del texto. El Premio Nobel por la Paz, otorgado a Juan Manuel Santos pocas semanas después fue un claro empujón internacional a seguir avanzando con el acuerdo a pesar del traspié del plebiscito. Pero en el ámbito doméstico los sectores más críticos, sostenidos por el renovado protagonismo del ex presidente Uribe, siguieron creciendo. 

Tras ganar las elecciones de junio de 2018, el mismo Duque sostuvo que modificaría los acuerdos de paz, sin romperlos. Sin embargo según González Posso, una vez asumida la presidencia la estrategia fue otra: “En muchos aspectos el gobierno en realidad aplica del acuerdo solamente unas partes que se pueden inscribir dentro de su discurso, que en realidad es opositor a los acuerdos de paz”.


El peligro de dejar las armas

El de la estigmatización de los ex combatientes es uno de los problemas actuales que más subrayan las organizaciones internacionales. La reinserción de quienes han abandonado la lucha armada a la cual se dedicaron en muchos casos por casi toda su vida, es particularmente difícil en los sectores rurales donde se concentran la mayoría de los municipios dedicados a esa tarea. “Un sector muy poderoso de la elite del poder estuvo en contra de ese acuerdo”, explica Gonzalez Posso. “Sostienen que fue fraudulento, un acuerdo de entrega del país al castro-chavismo, un acuerdo de impunidad para criminales. Y señalan a los ex combatientes con ese discurso de estigmatización, que genera incredulidades en todas las zonas del país, donde hay una sociedad muy dividida y hay historias muy largas de uso de la violencia armada, de la justicia por mano propia, de paramilitarismo, del sicariato. Y se ven a los ex combatientes como un peligro. Llegan a una región donde se los ve como una competencia enemiga, y como un blanco a destruir”. En la memoria colombiana sigue aún viva la experiencia de la Unión Patriótica, partido político fundado por un grupo de ex combatientes de las Farc que adhirieron a los acuerdos de paz firmados con el presidente Belisario Betancur en 1984, y que sufrieron un verdadero genocidio político: 4.153 de sus militantes fueron asesinados en los veinte años sucesivos, incluidos dos candidatos a presidente, congresistas en ejercicio, alcaldes y concejales.

Pero desde la visión del gobierno, la situación hoy es bien distinta. Emilio José Archila Peñalosa es el Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Es el hombre del gobierno que siguió de cerca la Peregrinación por la Paz y por la Vida, y el que dispuso todo para que sus integrantes pudieran reunirse con Duque. Desde su perspectiva, la actuación del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de paz es “absolutamente remarcable”. 

“El Estado le ha dado absoluta prioridad a la seguridad de los ex combatientes”, sostiene Archila. “Eso implica alrededor de unas 45 medidas especiales que se han tomado. Desde medidas suaves, como programas de no estigmatización, hasta medidas muy fuertes como el cartel de los más buscados donde tenemos a los 30 cabecillas con recompensas de hasta 137.000 dólares, la máxima recompensa que podemos tener”, en referencia a los responsables de los ataques contra los ex integrantes de las Farc. “Nosotros les pedimos que nos den la información que ellos tienen. Casi el 80% de los ataques son atribuibles según la Fiscalía a los narcotraficantes. Esto es disidencias, E.L.N., Los Pelusos, Los Puntilleros, Los Caparros etc... Y los ex combatientes tienen mucha información que es importante para nosotros”. Según el gobierno, los integrantes de la Peregrinación pidieron que se refuerce la presencia del estado en los municipios que registran la mayor cantidad de ataques, y que se complete el esquema planteado por la Unidad Nacional de Protección, la oficina encargada de asignar escoltas y carros blindados a quienes corren peligro de vida. “La paz no va por buen camino”, apunta en cambio Victoria Sandino, exguerrillera firmante del Acuerdo. Sandino es una de de los cinco senadores asignados por el acuerdo al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido de la actividad política civil de la ex insurgencia. “Los reincorporados y reincorporadas no podemos estar de acuerdo con la política que ellos han llevado adelante hasta ahora. Porque esa política ha estado ligada al incumplimiento sistemático del acuerdo de paz. No hay un peso. No hay recursos asignados de manera específica para la implementación”. Según el Partido Farc, tampoco hay voluntad política de hacerlo. “La reincorporación  de todos nosotros y nosotras que estuvimos en la confrontación armada, tampoco ha sucedido. Estamos hablando de asesinatos, amenazas, intimidaciones en los territorios. Es una estigmatización permanente. Todos los voceros, congresistas, militantes del Centro Democrático se han dedicado a atacar al acuerdo de paz, a estigmatizarnos a quienes estuvimos en la confrontación y que hoy estamos apostando de manera decidida a la paz de Colombia. Su jefe máximo, Álvaro Uribe, incluso ha dicho que prefiere ochenta veces que estemos hechando plomo en el monte a que estemos con una vocería política en el congreso de la república como hemos estado haciendo”.

Y hay quienes efectivamente han seguido esos pasos. En agosto de 2019 un grupo disidente del Partido Farc, comandado por dos de los líderes de mayor relevancia y parte de la delegación que negoció los acuerdos de 2016, Iván Márquez y Jesús Santrich, anunció el retorno a la lucha armada y volvió al monte. Si bien cuentan con un poder de fuego mínimo, y sus acciones hasta ahora han sido reducidas, este anuncio fue visto como la confirmación de que las piedras en el camino hacia la paz iban a ser muchas, e iban a venir de muchos lados.


El peligro de las masacres

El 2020 en Colombia fue también el año en que se reagudizaron las masacres. Se trata de acciones violentas en las cuales se perpetra el homicidio voluntario y simultáneo de tres o más personas. En su mayoría son atribuibles a bandas criminales, grupos narco, paramilitares, que buscan atemorizar a la población civil, generar desconcierto y miedo para proteger sus negocios. En lo que va del año Indepaz registró 72 masacres y 285 víctimas [4]. Uno de los casos más impactantes se dio en la pequeña localidad de Samaniego, en Nariño, el pasado 15 de agosto. Nueve jóvenes de entre 17 y 25 años fueron acribillados por encapuchados que irrumpieron en una fiesta de cumpleaños, un reencuentro entre amigos que habían estado separados durante meses a causa del aislamiento preventivo por el coronavirus. “La dinámica de asesinatos de líderes se da en territorios similares a las masacres”, nos apunta Gonzalez Posso, director de Indepaz. “Hay allí unas disputas por negocios, por territorios, de nuevos grupos armados que se han reconfigurado. Sin embargo las masacres están dirigidas más por fenómenos de criminalidad. Solamente hemos estimado un 15% de víctimas en masacres que son a su vez líderes sociales. Un fenómeno paralelo. Hoy tenemos tres dinámicas muy violentas en la punta del iceberg: asesinatos de líderes sociales, las masacres indiscriminadas y el asesinato de ex combatientes que firmaron los acuerdos de paz. Esas son las tres cosas más visibles de esta ola de violencia que se está configurando. Y que es distinta a la del periodo anterior a la firma de los acuerdos en algunos aspectos”.

En la base de este iceberg de la violencia, se encuentran la propiedad de la tierra, la sustitución de los cultivos ilícitos, el modelo productivo. Todas cuestiones sobre las cuales el gobierno, aún reconociendo déficits, parece optimista. “Cuando entramos al gobierno se le había hecho la promesa a 100.000 familias de que los iban a apoyar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, ejemplifica Archila. “No había plata, no había contratos, no había nada, sólo una promesa a 400.000 colombianos de que los iban a ayudar. Ese programa cuesta 993 millones de dólares, y lo que nos entregaron fueron 140.000 de dólares. En estos 24 meses nosotros hicimos las contrataciones, las planeaciones, ubicamos a los proveedores locales e invertimos en esas familias casi 275.000 dólares. Gracias a eso ninguna familia se nos cayó del programa. Esas 100.000 familias no están sustituyendo cultivos gracias a las promesas que les hicieron sino gracias al esfuerzo de esta administración”. 

El tema de la distribución de tierras también es visto como un éxito en lo que va de la gestión Duque a pesar de que el informe del Instituto Kroc diga lo contrario. “Es curioso habría que preguntarle al Instituto Kroc”, argumenta Archila. “Hay dos indicadores básicos en el punto sobre el acceso de tierra. Uno es la creación del banco de tierra. Este indicador está hecho para cumplirse en 15 años, y deberíamos llegar a 3 millones de hectáreas. En 22 meses hemos llegado a un millón de hectáreas. En el otro tema, el de distribución de tierra, en 15 años se debe llegar a 15 millones de hectáreas y en 22 meses hemos distribuido 700.000”. 

El 21 de noviembre de 2019, un muy amplio espectro de organizaciones sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles agrupados en el Comité Nacional del Paro, lanzaron una jornada de protesta con un pliego de demandas que movilizó a miles de personas. El paro se hizo masivo, y las marchas y huelgas continuaron hasta febrero. Las protestas en realidad no perseguían un único fin. Sus motivos eran -y siguen siendo- difusos, lo cual también explica la masividad del paro. Según datos del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Es el país de América Latina con el mayor gasto militar, que para 2019 fue del 3,2% del Pbi y se ha mantenido por encima del 3% desde 1998. Según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 47% de la población se declara muy insatisfecho con la forma en que funciona la democracia en Colombia. Y sólo el 26.5% cree que vive en un país plenamente democrático. Todas estas circunstancias confluyeron en el Paro de noviembre de 2019 que atrajo los ojos del mundo entero en el  marco de las protestas que sacudieron a Ecuador y Chile en las semanas anteriores. Como en esos casos, era evidente que el hartazgo golpeaba al corazón mismo de la sociedad y la estructura política colombiana pidiendo un cambio radical. La emergencia sanitaria impidió su continuación en marzo de 2020, pero el Comité ya lanzó el llamado a una nueva edición para el 21 de noviembre próximo, al cual ya adhirieron los sectores de campesinos, indígenas y estudiantes movilizados en los últimos meses.


El peligro para las empresas 

La doctora Rettberg condujo en los últimos años diferentes investigaciones muy reconocidas a nivel internacional acerca de las estrategias que ha tenido el sector privado colombiano ante el desafío de la construcción de la paz. El rol de empresarios y élites ha sido clave en la historia colombiana, tanto en sus facetas más oscuras, ligadas a negocios espurios y criminales, como en su rol de promotores de una nueva cultura de paz en el país. “El 80% de la población colombiana vive en ciudades”, nos explica Rettberg. “Ese sesgo urbano existe también a nivel empresarial, y hace que las ciudades que han sido las menos golpeadas por la guerra, son el lugar donde se vota más, se produce más, donde se generan más ingresos y se pagan más impuestos. Por esa razón, no todo el sector privado ha sido golpeado por la guerra. Aquél sector vinculado a manifestaciones ilícitas, sobre todo en el sector rural, se ha concentrado en ciertas regiones del país y en ciertos sectores productivos. Ahí hay investigaciones en marcha, incluso algunas lideradas por cortes estadounidenses que están mirando las relaciones que existen entre algunos sectores de la economía colombiana y el fenómeno del paramilitarismo, que es una contrainsurgencia armada ilegal, a veces cercana a los intereses empresariales y a veces facilitada también por actores de las Fuerzas Armadas. Por otro lado es cierto que en contraste con cualquier otro país transicional el sector privado colombiano ha invertido en atención a víctimas, creación de empleo para desmovilizados, en fomento a tareas en sus comunidades de operación, más que en cualquier otro lado. Esto sin embargo tuvo un freno muy importante a partir del año 2016. Porque otra realidad del empresariado colombiano es que es profundamente gobiernista. Es decir que no va a buscar una pelea abierta con el gobierno de turno y, como sabemos, el gobierno actual si bien implementa los acuerdos lo hace sin mayor entusiasmo. Eso hace que el empresariado, para conservar buenas relaciones con el gobierno, en los últimos años también bajó un cambio y redujo su participación y su perfil en esos temas”.

Rettberg ha sido miembro plenipotenciario de la delegación del Gobierno de Colombia en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2018. Según ella, a pesar de que el gobierno actual no haya abrazado de lleno la causa de la implementación de la paz, existen factores que demuestran un cambio en el país, especialmente en el rol del estado, y que pueden favorecer inclusive al sector empresarial. “El estado colombiano ha mejorado sustancialmente en la última generación en términos de cobertura en salud, cobertura en educación, capacidad de respuesta en muchísimos ámbitos. Y eso se ve en el hecho de que Colombia ahora es considerada una economía de ingreso medio, que forma parte de la Ocde, que ya no es considerada el país problema de la región, sino por el contrario es más bien la niña consentida, la que recibe la inversión extranjera, la que buscan otros países para generar alianzas en la región. Eso no ha significado obviamente que el estado compense sus siglos debilidad e incapacidad de superar problemas que siguen siendo gravísimos, como la profunda desigualdad, la enorme deuda que hay en cuanto a la diferencia entre campo y ciudad. Pero es importante reconocer que el estado ha mejorado en muchos aspectos, que muchas instituciones y agencias se toman en serio el trabajo de proteger los derechos políticos. Las elecciones colombianas son consideradas en general transparentes y justas. Un grupo como las Farc, que se hizo famoso porque quemaba urnas porque no creía en la democracia liberal, hoy en día juega con las reglas de esa democracia, siendo partido político. Hay cosas que han mejorado significativamente”. 

También hay continuidades escalofriantes. En mayo pasado se descubrió una red de espionaje montada por el servicio de inteligencia del ejército para espiar a 130 personas entre periodistas, congresistas de la oposición, líderes y lideresas sociales. Los corresponsales en Colombia del New York Times y el Washington Post también estaban en la lista, lo que generó un escándalo de portada internacional.


El ¿peligro? de la política

 Entre los desafíos enfrenta Colombia uno de los más interesantes tiene que ver ciertamente con la renovación de su panorama político. Las elecciones de 2018 que ganó Duque, fueron las primeras en décadas en las cuales un candidato de una coalición de izquierda tuvo claras chances de ganar. Gustavo Petro, ex miembro del grupo guerrillero M-19 y ex alcalde de Bogotà, logró llegar a una segunda vuelta con su lista Progresistas, que reunía apoyos de amplios sectores sociales, intelectuales y políticos. En octubre de 2019, Claudia López Hernández fue elegida como la primera alcaldesa mujer en los 482 años de historia de la ciudad de Bogotá. Con un perfil evidentemente progresista, se destacó por denunciar la connivencia entre política, narcotráfico y paramilitarismo, y se ha inclusive enfrentado al gobierno nacional tras la represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones de septiembre pasado contra la  violencia institucional. En esas elecciones administrativas, en todo el país se mostró un evidente desgaste de las fuerzas políticas tradicionales, especialmente de la derecha de Uribe y Duque, en favor de propuestas novedosas. “En las regiones y en las grandes ciudades hay movimientos de opinión, y brechas de independencia frente a las mafias”, nos comenta Gonzalez Posso al respecto. “Aquí no solamente es que están unos grupos y unos mafiosos, sino que hay una cultura que se ha reproducido desafortunadamente, y que está en lucha con una dinámica democratizante, modernizante, de transformación. Pero en la mayor parte de los municipios medianos y pequeños en Colombia estas mafias tienen una fortaleza muy grande y la han mantenido. A nivel territorial, en regiones, se han estructurado unas mafias políticas con clanes, sistemas de corrupción, de cooptación y captura de las instituciones públicas. El sistema político es una feria de contratos con lo público, y así se lo entiende. Esos sectores controlan medios de comunicación nacionales y locales, tienen un gran poderío, y eso es algo que está enquistado en toda la sociedad colombiana. Pero eso hace su alianza con el narcotráfico, con los paramiliatares, con los sistemas de violencia en los territorios. Es la forma de mantener esas estructuras. Han sobrevivido porque se han reproducido en la violencia. Y eso se expresa electoralmente. Ellos manejan todos los puestos públicos, controlan la gente a través de favores. Es un sistema muy primitivo, pero que les funciona. En un país donde existe una informalidad del 60% y una historia de mafias, la gente tiene en la conciencia metido que si no se alía en una campaña electoral con un clan de estos no va tener oportunidad de tener empleo, o un favor o un contrato. Hay una cultura antidemocrática muy arraigada en muchos sectores de la sociedad colombiana”. 

La senadora Sandino pone nombre y apellido al problema en el marco del incumplimiento de los acuerdos de paz. “En el mismo momento de la campaña electoral para la presidencia, el Centro Democrático y el presidente actual ya expresaban que harían trizas los acuerdos. Eso significa echar abajo toda la apuesta por la paz que ha hecho Colombia. A eso es lo que se han dedicado. Ahora están promoviendo un nuevo referendo. Sobre eso tiene mucha experiencia el jefe del partido de la presidencia, que es realmente quien gobierna nuestro país, Álvaro Uribe. Ese referendo busca eliminar de cuajo el acuerdo de paz al quitar a la Jurisdicción Especial, que está garantizando justicia para las víctimas”.

Sin embargo es indudable que algo está cambiando. El 4 de agosto pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó la reclusión a prisión domiciliaria del ex presidente Uribe, acusado de haber sobornado a los testigos que presentó para desmentir las acusaciones de vinculación con el paramilitarismo que el senador Ivan Cepeda presentó en su contra. En aquellos días, en un diálogo que mantuve con Cepeda [5], el senador aseguró que “nadie daba realmente crédito a que el poder judicial en Colombia pudiera iniciar una causa seria contra Uribe. Hemos ido franqueando poco a poco esos umbrales y derrumbando esos mitos. Y si eso ha sido posible, a mi no me cabe duda que es posible que la justicia llame a Uribe ante un tribunal, a un juicio, y que algún día de una sanción”. Es decir que aún los intocables de los últimos treinta años de historia colombiana pueden caer. Uribe hoy está libre, pero sigue procesado y debió renunciar a su puesto en el senado de la República. Recientemente presentó una propuesta de referendo para una reforma integral de la política colombiana, que además de mantener la impronta conservadora propia de su espacio, como se nota en la propuesta de derogar la Justicia Especial para la Paz poniendo en riesgo así todo el acuerdo, incluye algunas de las reivindicaciones surgidas de las protestas de los últimos años. Como la protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la gratuidad educativa según el nivel de ingresos, la exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad o la aplicación automática de la pena máxima para los culpables de homicidios contra líderes sociales.


Rettberg también tiene una visión un poco más optimista de lo que sucede en la política del país. “Es verdad que siguen al mando las mismas elites, y hay un reciclaje sin duda en el poder. Pero yo siento también que se han abierto espacios importantes. Y eso tiene que ver con que la reducción de la intensidad de la confrontación armada, ha permitido que la gente se sienta más cómoda al abrazar causas de centro o de centroizquierda sin temer ser rotulados como guerrilleros que era algo que solía pasar en otras épocas. Colombia está apenas despertando en su realidad de ser un país en el cual, si bien sigue habiendo grupos armados e ilegales y organizaciones criminales de distinta índole, ya es difícil de catalogar como un país que esté inmerso en un conflicto armado. Y eso es muy importante, porque hasta hace cinco o diez años lo único que nos determinaba socialmente era la realidad del conflicto armado. Y creo que eso afectó la manera en la que el estado sigue entendiendo cualquier manifestación de protesta social. La reducción en la intensidad del conflicto permite que hoy se manifiesten más que antes los reclamos que ha habido históricamente, como el de los indígenas, que salen más visiblemente en la calle, se ven más pronunciadamente en el radar de las preocupaciones políticas y públicas”.

Colombia puede llegar a ser en los próximos años un laboratorio virtuoso de políticas públicas, participaciones sociales y protagonismos alternativos. También puede retomar la senda de la tragedia y de la violencia. Los condimentos para ambos caminos están, y las instituciones públicas, políticas y empresariales están preparadas para ambas posibilidades. Existe una evidente voluntad popular que se expresa cada vez más en el espacio público, en esa histórica Plaza Bolivar colmada de banderas blancas, de estudiantes, de mujeres, de indígenas que quieren sentirse seguros y representados en el proyecto de país que se encaró tras la firma de los acuerdos de 2016. Sin duda uno de los procesos más interesantes en esta América Latina de transformaciones a principios del siglo XXI.


Sobre el autor: Federico Larsen es periodista, miembro del Centro de Estudios Italianos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.


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