“El objeto de la porno venganza es infringir daño a una mujer porque no responde al ideal de dominación que el macho persigue"

EPD dialogó con Silvina Santangelo Carrizo, abogada especialista en Cibercrimen sobre el fallo del “tatuador” y el proyecto de modificación del art. 155 CP que introduce como delito la “difusión no consentida de material de desnudez o naturaleza sexual”.


Días atrás el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja dio a conocer el veredicto contra Patricio Pioli, por ejercer violencia de género contra su ex pareja, Paula Sánchez Frega. El acusado difundió videos y fotos de la víctima, sin embargo se generó una confusión al momento de comunicar la noticia ya que los medios indicaron que fue el primer fallo en el marco del delito de “Pornovenganza”, cuando la condena a Pioli fue por coacción y lesiones leves calificadas en concurso real en el marco de violencia de género. El País Digital dialogó con Silvina Santangelo Carrizo, abogada especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital y Titular UECI- Unidad ejecutora contra Ciberdelincuencia- Gobierno de la Rioja, quien nos brindó detalles sobre el caso del “tatuador”, opinó sobre el proyecto de modificación del art. 155 CP que introduce como delito a la “DIFUSIÓN NO  CONSENTIDA DE  MATERIAL  DE DESNUDEZ,  NATURALEZA  SEXUAL  O  SEXUAL  EXPLÍCITA”, y habló sobre la importancia de trabajar en la construcción de una Cultura Digital responsable.

¿A qué se denomina pornovenganza? 

El término Revenge Porn o Pornovenganza proviene de la alocución inglesa que se refiere a la acción de difundir o publicar imágenes (fotos o audiovisuales) de contenido sexual explícito de una pareja o ex-pareja. Este material pudo producirse en el mayor de los casos de manera voluntaria, aunque también sin conocimiento de la víctima. La figura original de Revenge Porn o Pornovenganza presenta como elemento esencial de la conducta 1) el deseo de “venganza”, entendido como la intención manifiesta de realizar un daño directo a la víctima; 2) el victimario es una pareja o ex pareja de la víctima que originariamente en la figura -y así es en el 99 % de los casos-, tiene como víctima a una mujer.

¿Considerás que es apropiado el nombre?

Indiscutidamente esta conducta nefasta a mi entender presenta las características que coloquialmente denota su denominación. Según la RAE “Porno” es en su primera acepción es “película porno”, mientras que en su segunda acepción es “espectáculo o texto que utiliza la pornografía”. La pornografía a su vez está definida primeramente como la “presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación”. Mientras que en su segunda acepción la define como “espectáculo, texto o producto audiovisual que utiliza la pornografía”. En este mismo sentido “Película” es la “Cinta de celuloide que contiene una serie de imágenes fotográficas que se proyectan en la pantalla del cinematógrafo o en otra superficie adecuada”. Como ves, en ningún momento estas definiciones hablan de una finalidad económica perseguida con este tipo de material y a esto lo aclaro por cuanto escucho en el contexto de este análisis a colegas referirse a la pornografía como la obra cinematográfica sexual con finalidad comercial, lo que a su entender, excluye al término “porno” de la conducta lesiva de la pornovenganza.

A su vez respecto al termino “venganza” en su escrito “El Tabú de la Virginidad”, Sigmund Freud concluye que la venganza es un llamado a librarse de una culpa “prestada”, que resulta intolerable para el sujeto. Y da cuenta de que psicológicamente la venganza es subjetiva y no denota justicia siempre que se aplica. ”La subjetividad no se constituye por fuera de los daños y perjuicios que a lo largo de la vida sobrevienen y de los cuales los sujetos precisan defenderse”. Es importante aclarar la cuestión en razón de que no asumo correcta la interpretación de que hablar de Porno Venganza implica reconocer una reacción ante la provocación de un daño por parte de la Mujer, simplemente porque la Venganza no denota “Justicia” sino la subjetividad de quien la ejecuta. Es cierto que coloquialmente se utiliza el término “venganza” para denotar reacción ante una conducta anterior, pero que es necesario tener claro, no necesariamente responde a un daño real. El objeto de la porno venganza en definitiva es infringir daño a una mujer porque no responde al ideal de dominación que el macho persigue. Por otra parte ambos conceptos “porno” y “venganza” nos trasladan histórica y socialmente a conceptos donde en el porno la mujer es un mero objeto sexual, sumida en un estado de dominación absoluta frente al macho y condena a la mujer socialmente con un trato peyorativo si disfruta sexualmente. Mientras que la venganza se asume como una acción de justicia también por parte del macho capaz de reaccionar para defender su “honor” en convalidación en su imaginario de superioridad. En definitiva considero al termino “pornovenganza” técnica y coloquialmente con las connotaciones que a mi entender, denotan la conducta nefasta que implica.

Hay media sanción en Diputados por este proyecto ¿Creés que puede avanzar de manera positiva?

Es urgente y necesario que avance y celebro la media sanción de modificación del art. 155 y 169 del código Penal. Técnicamente considero el proyecto un gran avance a un flagelo en permanente incremento y con la introducción de cuestiones superadoras, pero debe ser reformulado en diputados para eficacia de la norma. Justamente asesoro a los legisladores  de mi provincia de La Rioja para que así sea y presenten esta reformulación que considero ineludible. 

¿Qué destacas del mismo y qué modificarías?

La norma del proyecto de modificación del art. 155 CP introduce como delito a la “DIFUSIÓN NO  CONSENTIDA DE  MATERIAL  DE DESNUDEZ,  NATURALEZA  SEXUAL  O  SEXUAL  EXPLÍCITA”  y  sanciona a cualquier persona que la cometa, indistintamente el sexo de la víctima, del tipo de material (fotos, videos, audios, mensajes de texto, chats de mensajería instantánea), no solo referidas  a  sexo  explícito  sino  también  de  desnudez  parcial  que  pueden  o  no  tener connotación erótica, pero que si responden a la intimidad de la persona.

Es muy importante se elimine y sustituya el término “pornovenganza” al referirse a la norma. No solo por cuanto es terminología rechazada por el colectivo feminista, gran motor de varios proyectos legislativos en desacuerdo con los términos “porno” y “venganza”; sino  por  que  técnicamente entiendo que  la  norma  debe sancionar   este   tipo   de   conductas   inaceptables   en   todas   sus   modalidades.   Es   decir, indistintamente de si se realizan con intención o no de causar un daño a la víctima.

Respecto a las conductas reprochables se encuentran bien determinadas. Párrafo aparte merece el análisis de la incorporación del término “documentos obtenidos en un  ámbito  de  privacidad”. Considero  fundamental destacar la  importancia de la incorporación del  término “documento” en razón de la determinación que  nuestro  Código  Penal  realiza  del  mismo y que  implica “toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su  fijación,  almacenamiento,  archivo  o  transmisión” (art  77)  CP).  Por  lo  que cualquier contenido,  mensajes  de  texto,  chats de  apps  de  mensajería instantánea, imágenes,  videos, grabaciones  de  audio con  contenidos  de  desnudez,  naturaleza  sexual  o  representaciones sexuales explícitas, difundidas sin expreso consentimiento quedan contenidas. Entiendo esto un gran acierto por cuanto una comunicación sin ser imagen fotográfica o audio visual, -esto es chats, mensajes, audios de naturaleza sexual-, de ser difundidos sin consentimiento de la víctima atacan la intimidad, la privacidad y la libertad de quien la genera y constitucionalmente nadie debe ser víctima de injerencia arbitraria alguna.

La crítica en este párrafo responde a la última parte de redacción del texto que, sí considero defectuosa en cuanto cierra el párrafo determinando que las conductas son delictivas “incluso mediando consentimiento de la víctima”. 

De quedar redactada de esta manera la norma puede dar lugar a una incorrecta interpretación por cuanto induce a error y contradice lo expuesto inicialmente respecto la ausencia de autorización expresa para las conductas tipificadas. Tal y como está generaría la discusión sobre si las conductas delictivas son tal, “incluso mediando el consentimiento de la víctima” sin hacer referencia precisa a la obtención. A mi entender debería quedar redactada de la siguiente manera“...o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenido si incluso mediando consentimiento de la víctima en   un   ámbito   de   privacidad   con   contenidos   de   desnudez,   naturaleza   sexual   o representaciones sexuales explícitas”.

Otra de las cuestiones a destacar es que esta norma brinda una protección real a la intimidad, privacidad y libertad de manifestación de la sexualidad de las personas independientemente de quien las trasgreda. Esto es, sanciona a cualquier persona, no como otros proyectos de ley que  excluían  a  quien  realizara  las  conductas  tipificadas y que  no  hubiesen  obtenido  los contenidos con anuencia de la víctima. Es decir que la misma víctima debía entregar estos contenidos, para que, ante  su  difusión  no  consentida,  fueran  pasibles  de  ser  sancionados; como si el hecho de la obtención por otra vía (remisión por parte de terceros, acceso indebido, remoto o de interceptación) no afectara igualmente los bienes jurídicos protegidos. Es más, el anteproyecto del Código Penal de 2019 remitido por el Ministerio de DDHH de la Nación, pretendía que la víctima probara “grave menoscabo a su privacidad” lo que sin dudas es una inaceptable contradicción del deber del Estado de protección a los derechos humanos. 

En su tercer párrafo continúa la norma, estableciendo dos agravantes. Incrementa la pena en un tercio en su mínimo y un tercio en su máximo cuando las conductas disvaliosas respondan al “ánimo de lucro o el propósito de causar sufrimiento”. Considero apropiado el agravante respecto al ánimo de lucro, por cuanto no se encuentra contenido en el art 169 del CP.  Es importante  tener  claro  que  este  ánimo  de  lucro  puede  darse sin  extorsión  a  la  víctima, mediante el uso indebido de los contenidos de desnudez, naturaleza sexual, o sexual explícita mediando  o  no  conocimiento de  la  víctima, tipificando  un  supuesto que  hasta  ahora  no  se encuentra previsto. 

La observación a la figura, fundamentalmente en mi criterio es la grave ausencia de perspectiva de género en la técnica legislativa propuesta. Estudios estadísticos demuestran mundialmente e incluso en Argentina, que las mujeres son en 99% más afectadas por estas conductas que los hombres. No solo como víctimas de violencia del control que mayormente los hombres ejercen a través de estas técnicas reprobables de manipulación, sino como claras víctimas de violencia  sexual, psicológica, simbólica, mediática proclamada explícitamente en  instrumentos  internacionales  de  jerarquía constitucional–CEDAW-BELEN  DO  PARA- y ley nacional 26.485 para la Prevención, sanción y  erradicación  de  violencia  contra  la  mujer que  establecen  el  deber irrebatible del Estado de legislar con perspectiva de género, en protección de los Derechos Humanos de la Mujer. 

No estimo procedente el agravante que hace referencia al “propósito de causar sufrimiento” con la conducta en tanto implica un límite innecesario impuesto a la víctima que siendo mujer, viviendo el ataque en desmedro absoluto a  su  intimidad, debería  probar una  intencionalidad de  la  esfera interna  de  su  atacante  que puede no estar plasmada en el mundo físico y cuya imposibilidad de probanza no implica su inexistencia.

Respecto a que reformularía, introduciría agravantes cuando la víctima a) fuera mujer; b) menor de 18 años, siempre que no se trate de un supuesto del art. 128 CP, (esto es la mal llamada pornografía infantil); c) el  delito  fuera  cometido  por  el/la  cónyuge,  ex  cónyuge,  o  persona  con  quien se mantiene o ha mantenido relación de pareja, afectividad similar o intimidad con o sin convivencia, amistad, incluida Ciber-relación -modalidad en aumento como consecuencia de apps de citas y confinamiento social por pandemia-. d) el  delito fuera  cometido mediante el  empleo de  identidades  falsas  o  anónimas  o mediando suplantación de identidad de otra persona humana o jurídica.

En  otro  plano,  la  propuesta  prevé  también  modificar  el  art.  169 del  CP para  incorporar  la amenaza de difusión de “documentos” consecuencia de una relación íntima como objeto de extorsión y que comúnmente llamamos “sextorsión”,aunque esta no comprende originariamente en su acepción coloquial todo tipo de documentos y tampoco la posibilidad de que los mismos sean obtenidos a partir de una relación personal. 

La novedad en la reforma es la inclusión de los “documentos cuyo contenido fueren consecuencia de una relación íntima”; ampliando la protección a la libertad, intimidad y privacidad sexual plasmada independientemente del formato en que se encuentre. En  este  sentido  hay  críticas  que  rechazan el agregado bajo el título “Delitos contra la Propiedad”, sin embargo, dada la formulación del apartado que tipifica desde otra perspectiva –la de la extorsión –brindando cierta autonomía al contenido de alta sensibilidad objeto de la misma, asumo la norma como un gran avance contra este flagelo actual y en incremento permanente.

¿Por qué en Argentina aún no hay sanciones por difundir imágenes o videos íntimos?

La sanción por la difusión de contenidos no destinados a la publicidad está tipificada en el Art. 155 del Código Penal aunque no se refiere específicamente a la  difusión de contenidos íntimos de naturaleza sexual de manera autónoma. El mayor problema es que no se resguarda ni recolecta eficazmente la evidencia digital y tiene que ver con factores como la falta de capacitación de operadores y auxiliares de la justicia. Magistradas y magistrados judiciales claramente siguen sin fallar con perspectiva de género, no asumen las graves secuelas que estas conductas nefastas causan en la víctima que en el 99% de los casos son mujeres. Conductas como la difusión no consentida de imágenes íntimas de naturaleza sexual o sexual explícita, en provincias de idiosincrasia machista, patriarcal como las del norte, equivalen a una muerte social de la mujer víctima que sumada a la viralización algorítmica del ciberespacio no tiene fronteras. 

Muchos dijeron que la sentencia al tatuador fue por “pornovenganza”. ¿Por qué crees que se generó esta confusión?

El agresor en el último periodo de la relación con la víctima comenzó a presionarla con difundir imágenes de contenido sexual tomadas con su celular en momentos de intimidad de la pareja para hacerla desistir de su decisión de terminar la relación. Cuando la mujer puso fin a la relación y le pidió que se fuera del lugar donde convivían se intensificaron las situaciones de agresiones verbales, insultos y amenazas. El condenado siguió llamándola, enviándole mensajes de texto y escritos. Finalmente las fotos íntimas fueron publicadas en un grupo de WhatsApp desde donde se viralizaron. Es de aclarar que el objeto de análisis en juicio no fue esta difusión, no hubo resguardo ni recolección válida de evidencia digital alguna, no hubo pericia informática forense sobre cualquier dispositivo celular que probara el origen de la viralización. La prueba analizada fue íntegramente testimonial y documental desde capturas de pantalla – a lo que debo aclarar la defensa no se opuso fueran incorporadas- y celdas de línea telefónica analógica –no digital-  y que no prueban el origen de la difusión ni delito cibernético alguno. Los indicios a partir de la coacción de difundir las imágenes prueban el marco de violencia de género que sufría la víctima, pero no la conducta de la difusión de estos contenidos.  

Por lo tanto es de aclarar que el objeto del juicio jamás fue la difusión no consentida de contenidos íntimos de naturaleza sexual, sino aquellas conductas tipificadas como coacción y lesiones leves calificadas en concurso real en el marco de violencia de género ejercidas sobre la víctima violentada física, psicológica y sexualmente. Creo que la confusión es consecuencia directa de dos factores, 1) ausencia de especialización en materia de cibercrimen y evidencia digital 2) el aprovechamiento de la viralización algorítmica con fines de promoción y martketing.

En una sociedad sumergida en las redes sociales. ¿Cómo es la relación entre derecho y tecnología? ¿Es más complejo trabajar con delitos de esta índole?

Sin dudas compleja. La tecnología avanza a una velocidad que el derecho claramente no puede acompañar. Sin embargo entiendo que la nueva normalidad global aceleró procesos de transformación ineludibles y desde la dogmática jurídica tenemos el deber de reformular paradigmas ya insostenibles en esta nueva era digital.

Depende del enfoque desde donde se aborden.  El cibercrimen es básicamente la manifestación de delitos del mundo físico a través del ciberespacio, sus consecuencias no son meramente virtuales, son reales y absolutamente tangibles en la vida de las personas. La tecnología para su investigación claramente es necesaria, la adaptación de algunas normas procesales y de fondo también. Pero personalmente creo que es necesario que la respuesta jurídica a las modalidades delictivas del ciberespacio se aborde más desde la criminología como fenómeno disvalioso de la realidad, más que desde una dogmática jurídica penal estática en la sociedad que es dinámica por naturaleza.

¿La violencia machista encontró una nueva forma de ser ejercida a través de las redes sociales?

Sin lugar a dudas una de las formas más efectivas y violentas imaginables, responde a nuevas modalidades de ataque instauradas por el machismo salvaje y que pretende a través de un espacio inter-espacial (ciberespacio) intoxicar las relaciones entre pares. Ataca masivamente con un solo click, llega sin importar la distancia en que se encuentre su víctima. Revictimiza indefinidamente con cada reproducción, agrava su impacto nefasto cuando proviene desde el anonimato. Está siempre ahí, por cuanto una vez que se colgó un contenido violento en el ciberespacio, sus numerosas posibilidades de replicación le hacen permanecer allí para siempre. 

¿Desde los medios y las instituciones hace falta trabajar más sobre la concientización en este tema? ¿Esto ayudaría a la prevención?

Totalmente. Desde la UECI – Unidad Ejecutora contra Ciberdelincuencia- del Ministerio de Seguridad, Justicia y DDHH del Gobierno de la Provincia de La Rioja que tengo el orgullo de dirigir, trabajamos arduamente en la construcción de una Cultura Digital responsable. Esto se logra articulando contenidos que desde la política cibercriminal diseñada y ejecutada desde la UECI con diferentes Ministerios de la Provincia, medios de comunicación y campañas de prevención ciudadana en general, dirigimos desde las infancias a las y los riojanos. Detectar las conductas abusivas contra la mujer en las redes y visibilizarlas mediante la condena social, posibilita el surgimiento de una sociedad reflexiva en contraposición a estas prácticas inaceptables.



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