El impuesto a las grandes fortunas: empecemos a hablar de desigualdad

OPINIÓN. Luego de una demora de más de siete meses desde su primera formulación pública, esta semana llegó al pleno de la Cámara de Diputados el debate por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas destinado a financiar las políticas de emergencia por la pandemia de Covid-19.


Luego de una demora de más de siete meses desde su primera formulación pública, esta semana llegó al pleno de la Cámara de Diputados el debate por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas destinado a financiar las políticas de emergencia por la pandemia de Covid-19. Sí, este tributo especial fue traído a escena desde el gobierno nacional a principios de abril, cuando la cuarentena recién estaba comenzando y los lineamientos de la política de ingresos necesaria para organizar la vida económica en una coyuntura nueva todavía estaban en ciernes. Desde el principio, el gobierno nacional apeló al concepto de solidaridad: “No es un impuesto, es una contribución solidaria”, lo que constituye un oxímoron inmediato pero necesario para poder articular con el mensaje de unidad, cohesión y armonía con el que los funcionarios han intentado encauzar la guerra contra el coronavirus. Es más: podemos arriesgar que esta lejana primera formulación constituyó el primer cortocircuito entre el gobierno y los poderes fácticos respecto a la gestión de la pandemia, el cual se profundizaría con el correr de los meses. En cierto sentido, este rechazo -esperable- parece haber sido la causa del retraso del trámite legislativo.

En abril el argumento era el siguiente: la pandemia nos obliga a producir menos, porque la mayoría de las actividades productivas implica un riesgo de contagio. Un primer elemento es obligar a que se sigan pagando los sueldos, operándose así una redistribución forzada sin intervención del erario público. En el mismo sentido están las prórrogas de contratos de alquiler con prohibición de desalojos y los congelamientos tarifarios. Sin embargo, la informalidad y precariedad laborales y el cuentapropismo dieron cuenta de una gran cantidad de población que, por carecer de un contrato de trabajo formal o de un ingreso mensual garantizado, no podía quedarse en casa: así surgió el IFE, que llegó a cubrir al 20 por ciento de la población del país. Del mismo modo, pocas semanas después se lanzaron el ATP, con el que el Estado se hizo cargo de parte de los sueldos de trabajadores formales, aliviando la carga sobre las empresas, y los créditos a tasa subsidiada o incluso a tasa cero en pesos para empresas. Es decir, muy rápidamente se volvió evidente que el Estado no iba a poder forzar un reparto más equitativo de la torta empequeñecida sin política fiscal, solo regulando la distribución primaria. Claramente la garantía de las condiciones de vida en un contexto excepcional en el que nos está prohibido producir cosas requiere de un Estado que gaste. Y es lo que sucedió.

Pero, ¿cómo se financió esta política? Al igual que todas las políticas fiscales en pesos: no se financian. ¿Cómo que no se financian? No, no se financian. El Estado emite moneda soberana y puede gastar todos los pesos que desee sin necesidad de pre-financiar esas erogaciones. ¿Eso quiere decir que el Estado puede emitir todo lo que quiera y seremos automáticamente millonarios? Claramente no. Hay muchas limitaciones a la expansión del gasto público y, sobre todo, a la expansión de la liquidez (es decir, al aumento de la cantidad de pesos en manos de personas). Sin embargo, que existan limitaciones, restricciones o consecuencias indeseables no quiere decir que las cosas no puedan hacerse. Lo que quedó claro con la expansión de la protección social vía gasto público sin pre-financiamiento en los primeros meses de la cuarentena es que el Estado no necesita cobrar impuestos para gastar pesos, pero sí necesita comprender las múltiples canalizaciones de la política fiscal, cuyas regulaciones casi siempre exceden los alcances de la estabilidad macroeconómica.

¿Cuáles pueden ser estas limitaciones, restricciones o consecuencias? Las hay de muchos tipos distintos, pero la principal en Argentina es la restricción externa. Es decir, la recurrente falta de dólares para hacer frente a los pagos en moneda extranjera necesarios para los procesos productivos locales. Argentina es un país caracterizado desde hace casi cien años por una estructura productiva desequilibrada: los sectores que explican la mayor parte del empleo y de la producción son consumidores netos de divisas (exportan poco e importan mucho, con lo que necesitan dólares para funcionar), mientras que los sectores que proveen la mayor parte de las divisas (principalmente productores de bienes primarios o de manufacturas de origen agropecuario) explican una parte ínfima del empleo. A eso se le suma un fenómeno de los últimos cincuenta años: la tendencia de gran parte de la población a extranjerizar ahorros. Es decir, la compra de dólares para atesoramiento. En Argentina, la demanda de dólares no consiste solo en aquella necesaria para importar bienes (de consumo, de capital o intermedios), sino que se suelen demandar dólares como forma de ahorro, tanto por parte de las personas como por parte de las empresas, ya sea nacionales como extranjeras que remiten utilidades a sus casas matrices.

Entonces, no es necesario que la economía crezca, sea pujante o atestigüe cuellos de botella y escasez de recursos para que los dólares falten. En un contexto como el actual, con escasísimas reservas internacionales, importantes compromisos de deuda externa y restricciones a la compra de dólares que conllevan la existencia de mercados paralelos muy volátiles, las políticas de protección social, si no están acompañadas por medidas tendientes a regular la canalización de los fondos, pueden generar presiones nocivas sobre el tipo de cambio. Esto fue lo que sucedió, y a partir del mes de mayo vimos cómo los tipos de cambio financieros legales e ilegales se fueron despegando. Lo más notable fue lo que sucedió con los créditos a tasa cero para empresas: empresarios pedían ese crédito y con esos pesos compraban dólares en la plaza financiera, especulando con una devaluación que les reporte una ganancia cuando tengan que devolver esos pesos. De hecho, cuando el gobierno, en el mes de mayo, resolvió cerrar el acceso al mercado de bonos a quienes habían recibido esos créditos hubo un vendaval de pedidos de anulación de los mismos. En el caso del IFE el mecanismo es más indirecto, ya que sus beneficiarios no suelen acceder al mercado bursátil, pero sí pueden hacerlo quienes les venden bienes.

Es decir, emitir dinero para afrontar gasto público no genera inflación de manera directa, como dicen las plumas menos rigurosas de la ortodoxia, ni tampoco lo hace de manera generalizada vía sobrecalentamiento de la economía en un contexto recesivo, pero sí puede promover, en una situación como la actual, un aumento de la demanda de dólares para atesoramiento que presione sobre el tipo de cambio oficial y, en caso de triunfar una devaluación, motorizar una suba de precios. O, en el caso actual de los tipos de cambio múltiples, la suba de los dólares paralelos puede impulsar las expectativas de devaluación y generar un efecto psicológico similar.

En cualquier caso, si desde el gobierno se enunció un mensaje a la Pugliese, del tipo “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, el problema no es moral, de solidaridad o egoísmo, sino de las estructuras de poder, del mercado, de los esquemas de incentivos y de las reglas de funcionamiento de la economía argentina: los desequilibrios estructurales configuran conflictos sociales inherentes, apelar a la solidaridad y a la unidad nacional como forma de sobrellevar una crisis sanitaria y económica estará condenado al fracaso.

Entonces, ¿para qué sirve un impuesto a las grandes fortunas? Si bien no es necesario directamente para financiar la política fiscal redistributiva, pues esta no necesita ser financiada, sería un mecanismo que permitiría evitar algunas de las consecuencias no deseadas de una expansión del gasto, al tiempo que tendría efectos políticos (simbólicos y reales) muy necesarios.

La desigualdad económica, que trae aparejada otras desigualdades de vida, es el flagelo más escandaloso del siglo XXI, y América Latina es su región predilecta. En la región, según datos de World Inequality Lab (wid.world/world), el 10 por ciento más rico se apropia del 54 por ciento del ingreso.En Argentina, uno de los países menos desiguales del continente, el 10 por ciento más rico se apropia del 40 por ciento. Pero hablar del 10 por ciento más rico no es hablar de grandes fortunas. El proyecto que se empezó a debatir en el pleno de la Cámara de Diputados esta semana refiere a 9.000 personas. Es decir, al 0,02% más rico de la población, que son quienes al 31 de diciembre de 2019 registraban patrimonios fiscales (no de mercado, que suelen ser varias veces mayores) por más de 200 millones de pesos. Desde ya, hablamos de las fortunas declaradas, lo que obviamente no coincide con la fortuna total.

Según un informe elaborado por Gustavo García Zanotti en base a información de AFIP, un 79 por ciento de la fortuna de estas 9.000 personas se encuentra en el exterior, siendo la mitad del total títulos públicos y menos de un 20 por ciento dinero en efectivo. Un 10 por ciento son inmuebles (mitad en Argentina y mitad en el exterior) y solo un 1,5 por ciento de la fortuna declarada consiste en acciones o titularidades de empresas. Es decir, la riqueza de los argentinos más acaudalados no está asociada al capital productivo: cuando las empresas generan utilidades, sus dueños se las llevan al exterior para realizar inversiones financieras, muchas veces sobre el propio erario público, porque una parte importante de los títulos públicos mencionados es deuda del Estado argentino.

Contrariamente a lo que sostiene la mitología liberal, los ricos no son ricos por sus méritos ni es su afán de riqueza lo que genera trabajo: en la Argentina las principales fuentes de riqueza de los multimillonarios son las herencias y las finanzas (principalmente, las rentas sobre deuda del Estado). Es decir, una parte importante de la fortuna de estas personas se construyó desde rentas financieras generadas en connivencia con el propio Estado durante los ciclos de endeudamiento vertiginoso, como por ejemplo el que se vivió durante el gobierno de Macri. Contrariamente a lo que sostienen los medios dominantes, un impuesto sobre las fortunas personales de los más ricos no afectará las tasas de ganancia de las empresas, la generación de empleo o la radicación de inversiones. Las inversiones rentables seguirán siendo rentables y las empresas que ganan dinero seguirán ganando dinero. La dinámica del empleo tiene mucho más que ver con las capacidades de financiamiento de las pymes y con la demanda de bienes de consumo que con las amenazas a la fortuna de los millonarios.

Si se aprueba la ley, estos millonarios tendrán que pagar un impuesto especial de, en promedio, unos 30 millones de pesos cada uno: el equivalente al valor de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires. Si alguno de ellos compró bonos a 100 años que emitió Mauricio Macri en 2017 por un valor de un millón de dólares (en total ese bono recaudó 2.700 millones de dólares), los intereses percibidos entre 2018 y 2020 alcanzan para cubrir el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. A partir de 2021 tendrá su renta asegurada por 97 años más. Es más: la mitad más “pobre” de los alcanzados por el impuesto pagará en promedio 7,5 millones de pesos, el equivalente a menos de la mitad del valor de un monoambiente o a dos autos 0 KM de gama media alta.

Suponiendo que no haya ningún juez amigo que otorgue un amparo o declare la inconstitucionalidad, estas 9.000 personas deberán acercarse a la AFIP y depositar su aporte especial. ¿Cómo van a hacer para pagar 30 millones de pesos? Seguramente, una parte de sus ganancias financieras en pesos, que de otra manera serían dolarizadas y fugadas, deberá utilizarse para hacer el pago que indica la ley. ¿Y si no tienen 30 millones de pesos en efectivo? Tendrán que vender dólares. En cualquiera de los casos, el saldo en divisas es favorable. O vender bonos por pesos, lo que hará que baje su precio, subiendo la tasa de interés implícita en pesos, abriéndose así una alternativa de inversión rentable en pesos que disminuya la demanda de dólares. Es decir, si la ley se aprueba y consigue aplicarse disminuirá la demanda de dólares y eso permitirá evitar algunos de los efectos nocivos de la expansión del gasto.

En lo político, aumentar la carga tributaria sobre los sectores más acaudalados implicaría un paso fundamental en una disputa mucho más amplia acerca del reparto de la torta en el país, ya que sentaría las bases de una posible reforma mucho más profunda, cuyas resistencias son absolutamente esperables. En lo simbólico -y más allá de que los montos a recaudar no son simbólicos-, implicaría reconocer la potencialidad de las capacidades redistributivas del Estado. Más aun, si insistimos en que parte de esas fortunas se constituyó durante los últimos años a través de la bicicleta financiera con libre acceso al mercado de cambios que propuso el macrismo a costa del aumento de la pobreza y el desempleo y de una extrema fragilidad macroeconómica, este impuesto podría ser entendido como una forma de recuperar una parte de ese desfalco.

Pero, sobre todas las cosas, discutir este impuesto nos permite poner sobre la mesa el problema de la desigualdad. De pobreza, desempleo y caída de salarios hablamos todo el tiempo, tanto en los diarios y la televisión como en las academias. De riqueza, casi nada, como si fueran dos fenómenos autónomos. En el capitalismo, riqueza y pobreza son indisociables y la raíz de ambas es la desigualdad. Empezar a discutirla y a intervenir sobre ella es, quizás, una manera de comenzar a limar los condicionantes estructurales que han condenado a una parte importante de la población argentina a padecimientos sociales que, al lado de la riqueza inconmensurable de otros, son una vergüenza moral.

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