El Grupo Macri y la dictadura: el comienzo de la expansión

Entre principios de los 70 y principios de los 80, el holding multiplicó por siete la cantidad de empresas que controlaba, se benefició con la estatización de la deuda privada, consiguió numerosos contratos con el Estado y adquirió firmas emblemáticas como Fiat-Sevel.

Entre 1976 y 1983, el Grupo Macri multiplicó la cantidad de empresas que controlaba. En ese período, además, consiguió licuar cientos de miles de dólares de deuda gracias a los denominados "seguros de cambio" implementados por el Banco Central bajo la administración de Domingo Cavallo, que significaron la estatización de los pasivos de los privados que, en su mayoría, fueron cómplices del terrorismo de Estado. Pero, sobre todo, fue en esos años cuando el holding de Franco y Mauricio Macri se convirtió en contratista del Estado, a través de SOCMA, y adquirió Fiat-Sevel, otra de las firmas emblemáticas del holding.

"La fracción diversificada de la oligarquía pampeana ejerció la conducción del Estado y para asegurar su hegemonía ubicó a sus intelectuales orgánicos en puestos clave de la estructura de gobierno", afirma el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo en su texto "El legado dictatorial", que integra el libro Cuentas Pendientes de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky (2013). Según Basualdo, algunos de los grupos económicos que ejercieron el control del Estado durante el proceso que comenzó en 1976 (y culminó a fines de 2001) son Pérez Companc, Bridas, Acindar, Techint, Arcor, Loma Negra, Clarín, Macri, Bemberg y Bunge y Born.

En ese período, que se caracterizó por la transferencia de recursos del sector de los trabajadores al del capital financiero nacional e internacional, el conjunto de empresas que poseía Franco Macri y empezaba a administrar su hijo Mauricio comenzó su expansión y se convirtió en contratista del Estado, condición que sería a partir de allí su característica principal y la clave de su crecimiento años más tarde. Después de Pérez Companc, Macri fue el que más creció en cantidad de empresas bajo su control en el decenio 1973-1983: pasó de 7 a 47. 

Martín Schorr, en el mismo libro citado, señala que los grandes grupos beneficiados por el Gobierno de facto pasaron a detentar "una enorme capacidad para definir y condicionar la trayectoria de la economía nacional", ya que intervenían en sectores clave como la energía, la metalmecánica, la alimentación y la construcción. Eso les confirió "una influencia determinante" en la evolución de variables macroeconómicas como nivel de precios, precios relativos, cuentas externas, inversión, ecuación fiscal y dinámica salarial, entre otras.

Todo para pocos

La dictadura, en palabras de Basualdo, "impuso una reestructuración de las empresas estatales en función de los intereses de los grupos económicos locales". La denominada "privatización periférica" permitió que esa fracción del capital "se apoderara de una parte significativa de los ingresos de las firmas estatales". No se trató, como en los noventa, de una transferencia de la propiedad de las empresas del Estado, sino de su explotación mediante contratos.

Un caso emblemático es el de YPF, la compañía estatal de mayor facturación del país en esos años, que entregó 21 áreas de explotación entre 1977 y 1980, por cuyo petróleo se pagó a los contratistas un precio superior a los costos originales de la empresa. Esas áreas pasaron a ser explotadas por grupos como Pérez Companc, Bridas y Astra, denominadas las "tres hermanas", que recibieron doce de los veintiún contratos, y SOCMA, la nave insignia de los Macri, que recibió tres. Así lo cuenta el periodista Marcelo Bonelli en su libro Un volcán en llamas. Los contratos petroleros, de 1984.

Pero no fue la única decisión del Gobierno de facto que benefició al Grupo Macri.

Festival de deuda

Entre 1976 y 1983 el Estado otorgó avales para que un pequeño número de grandes empresas privadas accediera a créditos por casi 3 mil millones de dólares. Muchos de ellos fueron canalizados a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y, a pesar de las numerosas facilidades concedidas, resultaron imposibles de cobrar. De los 50 principales clientes (casi la mitad de la cartera del BANADE), solo seis estaban al día con el banco. Entre las firmas deudoras se encuentra SOCMA.

Pero el Estado también aportaría la solución a ese problema. A principios de los 80, con Cavallo al frente del Banco Central, se pondrían en marcha los denominados "seguros de cambio", un mecanismo a través del cual se estatizaron pasivos millonarios de las grandes empresas privadas en perjuicio de las finanzas públicas. El sistema fue utilizado por los empresarios para licuar sus deudas fraguando autopréstamos y, en definitiva, fue uno de los motivos por los cuales la deuda externa pasó de cerca de 8 mil millones de dólares a comienzos de la dictadura a más de 40 mil millones al finalizar.

Los seguros de cambio eran una garantía por la cual, en medio de un contexto de fuerte devaluación del peso, el Estado les aseguraba a las empresas que en el momento en que tuvieran que pagar deudas les otorgaría dólares al valor del momento en que esa deuda había sido contraída. El Grupo Macri se apuró a hacerlo: había comprado Fiat-Sevel y necesitaba deshacerse de las deudas contraídas con la filial italiana. Esa gestión la hizo Ricardo Zinn, uno de los hombres clave en el crecimiento del holding.

Autos y basura

Macri, como presidente de Sevel, y Zinn, como vicepresidente, se reunieron varias veces con Cavallo en el Banco Central, según cuenta Gabriela Cerruti en El Pibe, la biografía no autorizada de Mauricio Macri que escribió en 2010. "La actitud de Cavallo fue expeditiva", admitió el propio Franco, según consta en el libro de la hoy diputada nacional. Así fue como, en pocas semanas, el grupo logró licuar deudas por casi 700 millones de dólares: FATE (en asociación con Madanes) por 225.562.000, SOCMA por 148.578.000 y Fiat-Sevel por 170.578.000.

La asociación Grupo Macri-gobierno militar incluyó también la compra del Banco de Italia (que luego fue vaciado), la participación en la licitación de la empresa Yacyretá de la mano de empresas italianas, el acuerdo con el Gobierno de facto de Paraguay para la construcción del puente Posadas-Encarnación (en el que intervino el almirante Emilio Massera), la construcción de las centrales termoeléctricas de Río Tercero y de Luján de Cuyo y el jugoso contrato con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la recolección de residuos con la empresa Manliba, acordado con el brigadier Osvaldo Cacciatore.

"En 1979 Manliba S. A. ganó la licitación para la recolección de basura. El que llamó a la licitación fue un ente llamado Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), creado pura y exclusivamente por el Gobierno militar para realizar esa licitación nacional e internacional", cuenta Luis Majul en su libro Los Dueños de la Argentina. Según Majul, en 1982 Manliba contrajo una deuda externa de 3.902.000 dólares, que fue licuada también a través de los seguros de cambio de Cavallo.

El antecedente Panamá

Cuenta Cerruti en El Pibe que el 21 de diciembre de 1978, Fiat Concord modificó su objeto social: pasó de ser una automotriz a una empresa financiera, en línea con las prioridades del plan económico de la dictadura, que le permitió centralizar los intereses del grupo Fiat en Argentina.

El año siguiente, la empresa recibió dos préstamos por un total de dos millones y medio de dólares de la firma Marketing Management Services (MMS), radicada en Panamá, que era a su vez una empresa del grupo Fiat.

Los préstamos fueron aplicados a la integración de acciones de Fidemotor, otra empresa del grupo Fiat, con pasaje de la propiedad accionaria de Fidemotor a MMS. Dos años más tarde, a fines de 1981, la firma radicada en Panamá pasó a ser propietaria del 99,6% del capital de Fidemotor.

Luego de ese traspaso, MMS condonó deudas a Fiat Concord por 897.844 dólares. Toda la operación se encuadró dentro de la operatoria de seguros de cambio del Banco Central ideada por Cavallo.

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