El golpe económico: del país productivo a la dictadura del capital financiero

Las claves para entender el proceso de revalorización financiera y apertura de la economía que llevó a cabo el gobierno de facto. Concentración del poder económico, ajuste estructural y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, los ejes del plan Martínez de Hoz.

Por Camilo Unamuno y Javier Cachés


La dictadura cívico-militar instaurada en 1976 había llegado para reconfigurar el modelo productivo nacional. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Hacienda durante la mayor parte de ese proceso, asumió el comando de una reforma económico-social que afectaría profundamente al sector industrial y sus trabajadores e impulsaría un modelo de revalorización financiera del capital, apertura económica y ajuste estructural.

A grandes rasgos, el plan consistió en liquidar sin miramientos el modelo de sustitución de importaciones que, con mayores o menores restricciones, funcionó desde la década de 1930. En este sentido, el sociólogo y magíster en Sociología económica Martín Schorr explica que la interrupción del modelo de sustitución no fue una consecuencia de su agotamiento, sino que por el contrario “entre 1964 y 1974 la tasa de crecimiento anual del producto bruto interno (PBI) global a precios constantes fue de alrededor de 5% (en el mismo período el valor agregado manufacturero se expandió a un promedio anual cercano a 7%), y que en 1975 las exportaciones de productos industriales representaron alrededor de 20% del total contra sólo 3% en 1960”.

El ataque directo a la industria nacional suponía también un movimiento de pinzas sobre los trabajadores, sector en desventaja en la puja con el capital por la distribución del ingreso nacional. Todo el poder de fuego del programa económico estuvo apuntado a una fuerte baja del salario real y a la destrucción de los derechos laborales conquistados en las tres décadas anteriores.

"Hubo varias medidas, desde la intervención a la CGT y a los sindicatos más grandes, como la UOM y el SMATA, a hacer tabla rasa con los derechos de los trabajadores", explicó el abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde. "Normativamente, aparte de la derogación y suspensión de las leyes de derecho colectivo del trabajo, también se metieron con los derechos individuales de los trabajadores", agregó.

En ese sentido, puso como ejemplo la Ley de Contratos de Trabajo de 1974, que tenía 302 artículos, de los cuales 27 fueron derogados por el gobierno de facto y 99 modificados en perjuicio de los trabajadores. "Esa fue la retribución a los empresarios por haber sido cómplices de la dictadura", sentenció.


El fin de la etapa de sustitución de importaciones, ciclo que había comenzado en la década de 1930, produjo una significativa redistribución regresiva del ingreso que sirvió de base para una modificación drástica en la estructura económica y social argentina, con el Estado utilizado como instrumento para disciplinar, subordinar  y desmovilizar a los sectores populares.

Entre 1976 y 1977, la disminución del salario real fue superior al 40%, que derivó en una distribución del ingreso brutalmente regresiva: la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 43% en 1975 al 22% en 1982.

El ingreso, además, se volvió más desigual. La brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre aumentó de 9,5 en 1974 a 15,6 en 1986. A su vez, el coeficiente de Gini, que estima la desigualdad de ingresos en un rango que va de 0 (distribución perfectamente equitativa) a 1 (inequidad absoluta), pasó de 0,345 en 1974 a 0,422 en 1986.

Reestructuración y reprimarización de la industria nacional 

Para lograr sus objetivos económicos el gobierno de facto impulsó un conjunto de reformas desreguladoras del sector financiero. La más relevante: en 1977 una Reforma Financiera liberalizó el sector local, abriendo las puertas a un proceso de endeudamiento externo y retrayendo la intervención del Estado del sector.

En primer lugar esto le permitió a Martínez de Hoz romper la vinculación entre la producción industrial y el Estado como núcleo central del proceso económico, lo que marcó una fuerte contracción y la reestructuración regresiva de la producción industrial.

Como consecuencia natural, la reforma dio paso a la especulación financiera y la fuga de capitales. Respecto a dicho flujo de capitales, Basualdo indica que con el nuevo modelo “la porción más significativa se destinó, esencialmente, a inversiones en el sector financiero, en la construcción residencial y en otros servicios y bienes vinculados a la demanda de los sectores de altos ingresos, no afectados por la apertura de la economía”.

Este proceso de contracción del sector manufacturero se verifica en los datos aportados por Schorr: el peso de la actividad industrial en la economía nacional se redujo del 28% a casi el 22% del PBI nacional. Y respecto a la propia actividad el producto bruto del sector industrial cayó cerca de 20% como consecuencia del cierre de más de 20.000 fábricas entre 1976 y 1983.


Fuente: Cibilis, A., & Allami, C. (2008)


En los siete años de modelo económico neoliberal el volumen físico de producción industrial se contrajo un 10% y la cantidad de trabajadores fabriles cayó más de un tercio. El sector asalariado sufrió, además de una creciente desocupación, una caída de casi el 18% en su poder adquisitivo.

Por ende, la fuerte suba de la relación entre la productividad de los trabajadores y el salario medio, sumado a la caída del salario real y el deterioro de las condiciones laborales generaron una enorme transferencia de recursos hacia el sector empresarial que retrajo la participación de los trabajadores en el producto nacional.

Sin embargo el cambio de modelo no afectó al empresariado de manera homogénea: existió una diferenciación interna en el sector al momento de analizar ganadores y perdedores del proceso.

El modelo económico tenía una dinámica centrípeta, esto es decir, que tendió a beneficiar a los sectores más concentrados del capital y ligados a conglomerados trasnacionales, relegando a los sectores no concentrados y al conjunto de empresas estatales.

Los grandes grupos empresarios que aumentaron su participación en el mercado argentino entre 1976 y 1983 fueron, principalmente: Acindar, Agea/Clarín, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat Garovaglio y Zorraquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio, Soldati, Techint y Werthein.

En este sentido, Schorr destaca: “La élite fabril pertenecientes a grupos económicos de capital nacional y extranjero incrementaron en forma significativa su participación relativa en las ventas totales: mientras que en 1976 estas dos tipologías dieron cuenta, en conjunto, de 40,6%, en 1983 explicaron 57,9%”.


Fuente: Martín Schorr (2012).


El sector de pequeños y medianos empresarios se vio fuertemente perjudicado, y bajo acusaciones de “ineficiencia” se sustentó el discurso oficial que le dio el marco a la apertura de importaciones. Esta política aperturista generó una competencia que la industria argentina no pudo absorber.

Entonces el nuevo modelo económico de Martínez de Hoz implicaba, en sus propias palabras, “no sólo la competencia, sino una mayor especialización en la eficiencia, así como aprovechar las ventajas de la moderna división internacional del trabajo”.

Por lo tanto, las ramas industriales vinculadas mayormente al modelo sustitutivo sufrieron una fuerte retracción en su producción. Ramas como la metalmecánica, la textil, de indumentaria y madera y muebles acusaron el mayor impacto de la concentración y la revalorización financiera.




Sin dudas el plan derivó en una reprimarización de la economía argentina, el sustento del modelo se volcó hacia la agroindustria y a las ramas correspondientes a las primeras etapas del proceso industrial.

En resumen el plan económico de la dictadura, que tuvo a Martínez de Hoz como principal impulsor, dejó varias consecuencias sobre la industria nacional: una desindustrialización y retracción de la estructura fabril argentina; la revalorización de las inversiones financieras y un incipiente proceso de endeudamiento; la concentracion y centralizacion del poder economico en grandes holdings con un fuerte sesgo transnacional; una fuerte reducción de todo el sector PyME industrial.

Por último dejó una clase trabajadora diezmada, con altos indices de desocupación, con pérdida de derechos adquiridos y con una importante reducción en la participación del ingreso nacional.

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