El kirchnerismo acusa al Gobierno de "violar la institucionalidad"

En un comunicado, el bloque de Diputados del FPV enumeró nueve actos en los que el Ejecutivo habría incurrido en conductas violatorias de las instituciónes y advirtió: "Así no llegarán las inversiones".

El bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados salió hoy en defensa de la procuradora Alejandra Gils Cargó, apuntó contra el Poder Ejecutivo por la "constante práctica de actos violatorios de institucionalidad" y advirtió que en este marco "no llegarán inversiones" al país.

En un comunicado, el bloque kirchnerista en la cámara baja señaló que los "nuevos ataques" contra la procuradora y "su pretendida destitución mediante procedimientos no contemplados en la Constitución nacional atenta contra la seguridad jurídica y no genera un clima propicio para que lleguen inversiones".

"El gobierno de Macri quiere establecer un criterio de justicia basado en la defensa de sus intereses", sentenciaron los legisladores, y advirtieron que el oficialismo quiere "jueces y fiscales dóciles a sus pedidos y acciones".

En ese sentido, recordaron que una prueba de la "independencia" de Gils Carbó fue su oposición a la fusión de Multicanal y Cablevisión que aprobó el gobierno de Néstor Kirchner. "Lo que hace el Gobierno con el linchamiento mediático al que la someten es querer dañarla para generar las condiciones para sacarla del medio", subrayaron, y agregaron: "Lo que molesta de Gils Carbó es su firmeza, su gestión y su fortaleza de convicciones".

Luego, enumeraron los nueve actos con los que el Ejecutivo, desde la asunción de Mauricio Macri, habría incurrido en conductas violatorias del ordenamiento institucional:

1. “Acortamiento” del mandato de Cristina.

2. Designación de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción, modificando la ley para permitir que asuma pese a no ser abogada.

3. Pedido de juicio político a Arias Gibert y Marino por haber avalado el pago del aumento que los bancarios consiguieron en la paritaria por encima del techo del 18% que quiere imponer la administración macrista.

4. Violación de la medida cautelar dictada por la jueza Bibiana Díaz, que ordenó cesar la intervención y no obstante ello el Ministerio de Trabajo otorgó nuevas certificaciones a los delegados normalizadores designados por la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es clarísimo en cuanto a que la apelación no suspende el efecto de la medida cautelar dictada).

5. Intervención de sindicatos, recurriendo a maniobras fraudulentas para justificarlas: seguridad, azucareros, judiciales de Mendoza, químicos de San Luis, químicos de Cinco Saltos, camioneros de Santa Fe (junto con las federaciones de las que se habían desafiliado).

6. Salida de Carlos Balbín de la Procuraduría General de la Nación, luego de que intentara avanzar en las causas Correo Argentino y Odebrecht.

7. Escuchas ilegales a Cristina Fernández de Kirchner y posterior difusión de las mismas.

8. Doble estándar en la causa dólar futuro.

9. Intento fallido de la destitución por Decreto de Gils Carbó.

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