El Estado deberá indemnizar a una mujer por negarle un aborto legal

Sucedió en 2011. La mujer, de 36 años, sufría una patología cardíaca congénita y los médicos decidieron interrumpir su embarazo. Ya dentro del quirófano, otro profesional lo impidió. Es un fallo histórico en el país.

En un fallo inédito para la Argentina, la Justicia ordenó a las autoridades de la provincia de Entre Ríos indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal en 2011. En el fallo, los jueces consideraron que a la mujer se le impidió acceder a un derecho básico. Desde 1921, hay causales para acceder a un aborto no punible: si el embarazo es producto de una violación, si corre riesgo su salud o si corre riesgo su vida.



El caso de Mirta, según dio a conocer Amnistía Internacional a través de su cuenta oficial de Twitter, cumplía con una de las causales. De no acceder al aborto legal, podía morir. La mujer, de 36 años, sufría de una patología cardíaca congénita. Al enterarse de que estaba embarazada y que, de continuar con el embarazo, su salud corría peligro, el Hospital San Roque de Entre Ríos le recomendó realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Ella accedió.

Una vez dentro del quirófano, un médico, que no trabajaba en ese hospital y que tenía una militancia pública en contra de los abortos legales, irrumpió alegando que lo que estaba por suceder “era un crimen”. La intervención fue suspendida y la mujer, obligada a continuar con su embarazo. La trasladaron a Buenos Aires y dio a luz a su hija en el Hospital Posadas.

Siete días después, Mirta sufrió un ACV que le paralizó el lado izquierdo del cuerpo. Fue ahí que Amnistía Internacional denunció el caso y se presentó en la causa judicial. Ahora, la Sala II de la Cámara Segunda de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que ordenaba una reparación económica por los daños sufridos. Según información a la que tuvo acceso Clarín, consideraron que haberle impedido un aborto legal fue la causa de sus problemas de salud.

El juez Martín Furman, del Juzgado Civil y Comercial N.° 7 de Paraná, había resuelto, en primera instancia, que los médicos fueron negligentes ya que, “al impedir la cirugía, no hicieron todo lo que debieron haber hecho para evitar el daño”, y la derivaron “sin contar con el consentimiento informado de la paciente, quien no pudo decidir libremente no continuar con su embarazo”.

“Lo concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después”, explicó en el fallo.

El juez remarcó que el Estado le negó "su derecho humano fundamental como mujer de decidir no tener más embarazos por un medio anticonceptivo lícito”, ya que por la patología “no podía usar cualquier método anticonceptivo”.

En el fallo que confirma la sentencia en primera instancia, se resuelve que el Estado entrerriano impidió a la mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna”.

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