El derecho colectivo al crecimiento sustentable

OPINIÓN. La crisis de acceso a la vivienda que se produce en casi todas las ciudades del mundo nos obliga a repensar la forma en que se gestiona el desarrollo urbano y los instrumentos que debemos poner en práctica para equilibrar las oportunidades de las argentinas y los argentinos a obtener un lugar en la ciudad donde poder habitar con dignidad.

Ejercer la función pública en estos tiempos, y en particular vinculada a políticas de hábitat y al urbanismo, es una tarea muy compleja. A la demanda social vinculada al déficit habitacional que arrastra la Argentina producto de la fragilidad, la fragmentación y la desintegración de las políticas dirigidas al tema en los últimos sesenta y cinco años, se suman los efectos provocados por la Pandemia Covid-19, que ha empeorado la difícil situación estructural que encontró el Gobierno de Alberto Fernandez al momento de asumir el 10 de diciembre de 2019.

A pesar de las restricciones y dificultades en estos meses de gobierno del Frente de Todos, les quiero contar que como dijo la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, área de la que formo parte, María Eugenia Bielsa, “sabemos hacia dónde vamos”. 


En ese sentido quiero poner en valor dos decisiones que se tomaron en los últimos días y que consideramos pondrán cimientos fuertes para pensar en políticas a mediano y largo plazo que requiere nuestro país.


Hace diez años, en su paso por nuestro país como Relatora Especial de Vivienda de la ONU, la reconocida urbanista brasilera Raquel Rolnik entre otras cosas señalaba: "Falta en la Argentina un plan nacional de suelo. La Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda pero a condición de encarar un plan nacional de suelo y hábitat". En esta etapa institucional, podemos decir que la Argentina ya tiene por primera vez en su historia, un “Plan Nacional de Suelo Urbano” que viene a dar respuesta al desafío que plantea la Organización de las Naciones Unidas en innumerables documentos en los que se establecen los estándares internacionales de derechos humanos vinculados con el hábitat.
La Argentina es uno de los 10 países más urbanizados del planeta, con tasas de urbanización que superan el 92%. Como en otros países, el crecimiento de las ciudades ha estado en nuestro caso acompañado por la desigualdad, la exclusión socio-espacial y la formación de asentamientos precarios.
La crisis de acceso a la vivienda que se produce en casi todas las ciudades del mundo nos obliga a repensar la forma en que se gestiona el desarrollo urbano y los instrumentos que debemos poner en práctica para equilibrar las oportunidades de las argentinas y los argentinos a obtener un lugar en la ciudad donde poder habitar con dignidad.


La materialización de un "Plan Nacional de Suelo Urbano" es el resultado de la experiencia acumulada desde distintos ámbitos de la sociedad, grupos profesionales, universitarios y de investigadores, trabajadores y cámaras empresarias, y fundamentalmente el producto de la militancia de miles de personas que nunca renunciaron a ese sueño.


Sabemos que el camino que debemos recorrer no será sencillo pero estamos convencidos de que es el correcto. Revertir las modalidades vigentes de acceso a la tierra es un modo de atender a algunas de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
El Plan Nacional de Suelo Urbano nos permitirá dar respuesta a través de programas específicos a cada uno de los aspectos que forman parte de las agendas de la Organización de las Naciones Unidas, a las que nuestro país ya se ha comprometido.
A través del “Programa de Producción de Suelo Urbano” vamos a mejorar las condiciones de oferta de tierra para distintos usos, sectores sociales y programas estatales. Con el “Programa de Capacitación y Asistencia Técnica” incrementaremos las capacidades de los gobiernos subnacionales para implementar nuevas y mejores prácticas urbanísticas.  La “Mesa Intersectorial” nos permitirá generar un ámbito colectivo para pensar el desarrollo territorial con todos los actores (sindicatos, empresarios desarrolladores, organizaciones sociales, cámaras del sector de la construcción e inmobiliarias, cooperativas, provincias y municipios). Finalmente, el “Observatorio de Precios del Suelo” permitirá mitigar las prácticas especulativas.

Nos proponemos metas muy altas, para lograrlas necesitamos construir los consensos necesarios que sostengan una mirada a largo plazo sobre estas temáticas y que también contribuyan a modificar la manera de pensarnos como Nación.

En paralelo, el presidente de la Nación ha vuelto a lanzar y poner en valor el Programa de Crédito Argentino Procrear, que fuera puesto en marcha originalmente en 2012, convencidos que un gobierno que atiende las demandas sociales es un gobierno que acepta siempre nuevos desafíos. Una de estas demandas, cuando comenzamos con la tarea de organizar y definir programas en el marco del nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, era recuperar en sus aspectos más virtuosos el Programa de Crédito Argentino para la vivienda familiar (Pro.Cre.Ar.), una política pública de ampliación de derechos, claramente identificada con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Para ello, tras la gestión de Cambiemos, que convirtió al Programa en un mero intermediador entre la demanda y el sector financiero a través del sistema de crédito UVA, nuestra primera misión fue recuperar el protagonismo del Estado en la gestión de este Programa. 

Logrado esto, a través de la creación del nuevo Comité Ejecutivo (con amplia participación de otros organismos del Estado), diagramamos las líneas de acción que nos permitirán simultáneamente mejorar las condiciones de acceso al Hábitat y, a su vez, dinamizar la economía a través del empleo y la producción local. En este sentido, estamos volviendo a ofrecerles a los destinatarios del Pro.Cre.Ar la posibilidad de edificar en un lote individual, ampliar o mejorar la casa que ya poseen o acceder a una vivienda construida con criterios sustentables a través de los Desarrollos Urbanísticos o los Desarrollos Habitacionales, en tierras fiscales o aportadas por las empresas constructoras.

Esta tarea no está disociada de los modelos de ciudad que fomentamos desde el Ministerio, que ubican a la planificación urbana inclusiva como criterio estructurador de la política de vivienda. 


Nos proponemos trabajar mancomunadamente, a través del Plan Nacional de Suelo Urbano, con las provincias y los municipios para gestionar la tierra pública y proveer o aprovechar la infraestructura existente, al mismo tiempo que revitalizar áreas y comprometer al Estado en el respeto de la diversidad, con especial atención a las desigualdades de género.


También recuperamos otra de las características inclusivas del Programa, como es la segmentación de los adjudicatarios por niveles de ingreso familiar. Es el Estado en su rol regulador el que, a través de reglas justas que fijan el monto a pagar por los créditos otorgados, debe promover el acceso al crédito en forma equitativa. En este sentido, proponemos la nueva fórmula Hog.Ar, que vincula el monto de las cuotas a la evolución de los salarios e ingresos.

Con bases sólidas que resistieron los intentos de ser desnaturalizadas, y la vigencia en la memoria colectiva de un programa que supo dar respuesta con transparencia y universalidad a las demandas de habitacionales de las argentinas y los argentinos, hoy podemos decir que Pro.Cre.Ar volvió para hacer realidad el derecho a políticas que apliquen a un crecimiento sustentable.

 

Sobre el autor: Luciano Scatolini es Escribano, Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación y Miembro Titular Alterno del Comité Ejecutivo del Programa Procrear

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