El default de Cambiemos y la sostenibilidad de la reestructuración

La situación de virtual default de lo que hay que reestructurar como deuda externa en dólares emitida en sede extranjera solo refiere a los bonos emitidos por el gobierno de Cambiemos entre 2016 y 2019. En un caso sin precedentes, en solo 4 años emitieron deuda de plazo corto que ellos mismos defaultearon.


Se conoció ayer, 5 de julio de 2020, una nueva propuesta de renegociación de la deuda externa privada en dólares en sede extranjera. 13 títulos argentinos canjeables, con vencimiento de capital e intereses entre 2030 y 2046 forman parte de la oferta

La propuesta, una más desde la primera conocida allá por el mes de marzo, retrocede de algunas comunicaciones anteriores y es una propuesta que en algunos aspectos, sobre todo en lo referido a los compromisos que se asumirían a partir de 2025, resulta de muy difícil cumplimiento y por ende de sostenibilidad dudosa.

La propuesta original, que incluso se reservaba alguna opinión posterior al acuerdo sobre el accionar del gobierno macrista en relación a la frenética y presuntamente ilegal toma de deuda ha quedado atrás, igual que la idea de no pagar intereses hasta el 2025. En la nueva propuesta ya hay proposiciones de pago de intereses en 2021.

En el medio del debate, poco se ha escuchado acerca de que todo este desastre que afronta el gobierno nacional como herencia maldita del macrismo, nada tiene que ver con lo que fueran los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner entre 2003 y 2015. De hecho más allá de la cancelación total de la deuda con el FMI decidida en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner en un solo pago y al contado, todos los bonos emitidos por los gobiernos kirchneristas fueron cancelados en tiempo y forma en capital e intereses y los pagos pendientes de las reestructuraciones de 2005 y 2010 referidas al default de 2001, tienen vencimientos en los años 2033 y 2038 respectivamente. El kirchnerismo no tomo deuda y pago y reestructuro toda la heredada. Algo que se ha explicado poco desde el oficialismo y que ha permitido que los ex funcionarios del macrismo mientan mucho al respecto.

La resolución del “Bono Centenario”, el engendro de Toto Caputo de 2017 para estafar a nuestro país por 100 años es lo que está oculto en el debate y las comunicaciones públicas del ex Ministro de Finanzas que se volvieron a ver estos días, y que renueva cada tanto para asegurarse su impunidad. El Bono se emitió por un total de 2750 millones de dólares en aquel 2017. De ello Noctua Partners, el fronting de Caputo tomó buena parte y luego revendió. Ahora la participación del Bono Centenario en la reprogramación de deuda pasa a ser un tema complejo y Caputo lo sabe y lo usa en su beneficio. Ofreciéndose de “mediador” con los tenedores del mismo ha logrado mantenerse impune judicial y políticamente. El Bono Centenario es el título público emitido durante el gobierno de Mauricio Macri que más reducción de tiempo tendría en la propuesta argentina de reestructuración entre la fecha final del diseño de su plan de pago de intereses y rescate final prevista para 2117 y la fecha contrapropuesta por el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, que no ha objetado a la fecha, ni la validez del Bono Centenario ni de todo el accionar del gobierno macrista en la materia, y ha propuesto como plazo máximo de rescate el año 2046.

Si finalmente hubiera acuerdo entre el Gobierno y los tenedores del Centenario, en lugar de aquel lejano 2117, el bono a 100 años se pagaría en su totalidad entre el 2030 y el 2046 según decidan sus tenedores. Obviamente con una propuesta que pretende una importante reducción en el pago de intereses totales previstos en la emisión original. Pero sin embargo, su rescate para el país implicaría un costo mayor que este, ya que se le suma una amenaza que complica la negociación del Bono Centenario con sus tenedores, a los que el gobierno nacional considera legítimos acreedores. Muchos de ellos, en su mayoría grandes bancos y fondos de inversión asociados a Caputo (que así lo diseñó para su lanzamiento), ya plantearon que para analizar la posible cancelación en cualquier año del periodo 2030 2046 se debe considerar la vigencia de una cláusula de emisión incluida en el bono denominada Make Whole Clause (MWC), que obliga al Estado Argentino a pagar en caso de rescatar el bono anticipadamente a 2117, la totalidad de los intereses comprometidos en la línea histórica de la emisión hasta la fecha prevista de su cancelación final. Es decir que Argentina debiera pagar el 7, 125 % de los 2750 millones descontando la reducción nominal anual por 100 años de vigencia del mismo, si en algún momento nuestro país quisiera rescatarlo. El negocio del Bono es que paga 7,125 % en dólares de interés por año y por eso es a 100 años, una beca para Caputo, sus hijos, nietos y bisnietos. Argentina rechaza esta mirada. El tweet del gran Toto, que vendió todos sus activos en Argentina a fines de 2919, incluyendo Axis Inversiones, y que se ríe de nosotros con ganas, es para “certificarle” al gobierno y que este crea, que él trabaja para que los tenedores del Centenario acepten cobrar 10 años de intereses en lugar de 100.

La propuesta conocida ayer reafirma que la República Argentina no pagaría capital de esas deudas hasta el año 2025, pero a diferencia de las anteriores si asumirá el pago de interese en una tasa inicial de 0,1 % a partir de 2021, unos 68 millones de dólares, en un porcentual creciente hasta el 5% que se asume cada año a partir del 2028. Vale aclarar que la tasa de la FED estadounidense a la fecha es de 0%, con lo cual la tasa del 5% no parece muy generosa para con la República Argentina.

Con esa perspectiva, se proponen pagar 810 millones de dólares de intereses en 2022, 1620 millones en 2023 y 3900 millones solo de intereses en 2024.

Las serias dificultades de sostenibilidad empiezan en las cuentas referidas a 2025. En ese año ya habrá que pagar capital más interese y la cifra resultante de la aceptación de los acreedores de la propuesta conocida ayer nos da la cifra de 9100 millones de dólares a pagar en 2025, algo para nada sencillo de recaudar sin un ajuste furibundo del gasto social y la inversión pública. A esta suma hay que agregarle los pagos al FMI que no están contemplados en esa cifra.

El FMI y los países del G-20 si dijeron que les parece razonable la nueva propuesta argentina a los fondos de inversión, sin ninguna incidencia real más que el discurso. De hecho tanto el FMI, como su controlante real, el Departamento del Tesoro estadounidense, no han dicho una palabra sobre extensión de plazos, quita de deuda o intereses de lo referido al Fondo Monetario y mucho menos sobre revisión de lo actuado, y de hecho no se registra ninguna acción a  favor de Argentina por ante los fondos de inversión.

De hecho la propia Reserva Federal (fed), algo así como el Banco Central estadunidense, se comprometió a hacer compras masivas de bonos corporativos y valores respaldados por hipotecas comerciales como medida para frenar el impacto de la crisis del COVID-19, y contrató para ello al Fondo Black Rock como gerente de inversiones después de considerar “su experiencia en el comercio y el análisis de la agencia CMBS en el mercado secundario y sus sólidas capacidades operativas y tecnológicas”. No se conoce que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), le haya dicho algo a Larry Fink para que acepte la oferta argentina, como parte del “importante apoyo estadounidense” a la reestructuración de nuestra deuda.

Si observamos que la crisis tremenda de Argentina en 2019, que motivara el default macrista mal llamado reperfilamiento, se generó por vencimientos acumulados de casi 10 mil millones de dólares no da la impresión que una previsión de pago de 9000 millones + FMI sea sostenible. La situación no es mucho mejor en 2026, 2027, 2028 con pagos de capital mas intereses a los tenedores de bonos del orden de los 9200 millones de dólares por año, a lo que hay que sumar los pagos al FMI.

Lo que se prevé a partir del 2029 es menos brutal en cifras, pero habrá que haber sorteado los años anteriores, para poder analizarlo.

La impunidad de que gozan a la fecha los funcionarios macristas que nos metieron en esto, es un signo que preocupa igual o más que las dificultades de una reestructuración de deuda que debe ser sostenible para ser admisible, como bien dijera el Presidente Alberto Fernandez.

Hoy, aun suponiendo la aceptación de parte de los acreedores de esta última propuesta, el tamaño de las cifras de pago que habría que asumir en los años venideros, no parece indicar que el final pueda ser muy feliz.

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