El control tecnológico como violencia sobre la mujer

OPINIÓN. El ciberespacio es un lugar desconocido y precisamente por ello resulta difícil reconocer las prácticas dirigidas a mantener el sometimiento de las mujeres.

La aparición del escenario tecnológico y la digitalización de las relaciones interpersonales ha traído un sinfín de ventajas y posibilidades; desde la democratización de la información hasta el incremento del comercio, superando barreras espaciales y temporales e incluso económicas con el estallido de las criptomonedas y la necesidad de su regulación y supervisión. Junto a ello, las relaciones interpersonales nunca resultaron mas sencillas y económicas: podemos conversar, hablando, por escrito y hasta por videoconferencia con cualquier punto del globo siempre que tengamos a mano una conexión a internet y un dispositivo telefónico inteligente.

Y, todo esto, no ha hecho más que empezar. La revolución tecnológica que se inició con internet, que se ha expandido con la democratización del uso de dispositivos móviles (bien sean teléfonos, tablets o smartwacht) advierte de su crecimiento con la incorporación a los instrumentos cotidianos de la inteligencia artificial que, cada día, poco a poco, nos acerca a un mundo que parece de película pero que cada vez es más real. No, no estamos todavía en presencia de “replicantes” asesinos que pueden acabar con la paz mundial como nos mostrara Blade Runner, pero sí que junto a estas maravillas que la tecnología nos aporta, encontramos una vertiente negativa. Lo mismo que los instrumentos mencionados nos pueden facilitar la vida, pueden convertirse en instrumentos de dominación y control, y por lo tanto, de realización delictiva.

En la época actual el poder no reside siempre en la fuerza, sino en la información y los datos; en la capacidad de transmisión y manipulación de los mismos. Lo importante es contar con información suficiente para influir y controlar a las personas. Hasta tal punto es así, que se habla del ciberespacio, en terminología de GIBSON (Neuromanter), como un lugar diferente del entorno analógico, un lugar donde se desarrolla la ciber sociedad, integrada por aquellos individuos que se relacionan personal, económica y laboralmente de manera virtual.

En ese nuevo mundo también existe el delito, como ha reconocido la ONU en el informe de 12 Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal.

Los delitos que se presentan en este tipo de relaciones son de muchas clases, alcanzando sin duda mucha relevancia los que afectan al patrimonio (por su número y por las implicaciones que derivan para la gestión económica global y no solo de los particulares) y los que tienen como objetivo a sujetos pasivos especialmente indefensos (la pornografía infantil es uno de los delitos que ocupa el top de las estadísticas junto a las estafas informáticas).

Pero, junto a ello, también aparecen otro tipo de conductas, bien relacionadas directamente con la tecnología (piénsese en los ciberataques que ponen en riesgo grandes empresas e incluso instituciones y que se han visto crecer con la pandemia), bien con los delitos clásicos que cobran  vida en el nuevo lugar de relación: las amenazas, las coacciones, los atestados a la intimidad o la integridad moral, etc.).

En este escenario no es descabellado hablar de la tecnología constituye un nuevo elemento para agredir a las mujeres, constituyendo una nueva manifestación de la violencia de género.

La violencia de género, vinculada a las situaciones de control y dominación que algunos hombres quieren ejercer sobre las mujeres, se presenta como un problema de derechos humanos reconocido como tal por las instancias internacionales que, desafortunadamente, está cobrando relevancia a propósito de la situación que están viviendo las mujeres y las niñas en Afganistán.

Como es sabido, la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres tradicionalmente se ha identificado con la violencia física, lo que es lógico si se vincula la idea de agresión con la de violencia. Sin embargo, y tomando en consideración que el concepto de violencia ha sufrido una espiritualización desde el punto de vista de su identificación social, no solo se habla de esta en caso del uso de la fuerza física, sino también cuando se producen ataques a bienes jurídicos tales como la libertad sexual, la salud psíquica, la intimidad, la integridad moral o la dignidad.

Con independencia de que desde el punto de vista punitivo quizá no sea adecuada esta vinculación entre violencia y transgresión de la norma, lo cierto es que socialmente se emplea la denominación de “violencia de género” o “violencia sobre la mujer” para aludir a la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres cuando somos atacadas por los hombres por razón de nuestra consideración social determinada por nuestro sexo biológico. Es decir, cuando las mujeres sufren ataques por el hecho de ser mujeres, en la medida en que ello implique tener atribuidos ciertos roles que tienen que ver con los tres mitos sobre los que se construye la sociedad patriarcal: la mujer madre, la mujer pasiva sexualmente y el amor romántico.

Siendo esto así, la violencia sobre la mujer (mas amplia que la de violencia de género, al incluir los ataques de los hombres sobre las mujeres, con independencia de que entre autor y víctima exista o no una relación de pareja) trae causa de la consideración de que las mujeres deben quedar sometidas a los criterios establecidos por los varones, y por lo tanto deben ser dominadas por ellos.

De este modo, el control fundamentado en la desigualdad es el motor que mueve la violencia sobre la mujer. Y si he concluido que los bienes jurídicos protegidos penalmente pueden ser lesionados o puestos en peligro en el espacio virtual, no cabe duda que los atentados machistas también se producen en el ciberespacio.

La desigualdad no solo no ha desaparecido del entorno virtual, sino que este es precisamente un instrumento muy poderoso de control hacia las mujeres, tanto por su parejas o exparejas, como por cualquier hombre o grupo de hombres sobre cualquier mujer.

Debo insistir en el que el maltrato de cualquier naturaleza tiene su razón de ser en el control y la dominación, tal y como ha reconocido hasta la Fiscalía General del Estado en su memoria del año 2020. Está afirmación se refuerza si atendemos al incremento sufrido durante la pandemia de  violencia dirigida a controlar a las mujeres: las mujeres que se rebelan, que no se someten o que discrepan son “castigadas” por su “desviación” del camino marcado para ellas.

En este sentido hay dos líneas de ataque en el ámbito de la tecnología; por un lado, se encuentran las agresiones que padecen mujeres desconocidas que manifiestan sus opiniones, quejas o modo de vida a través de redes sociales, por lo que el/los atacantes no suelen tener una relación personal con ellas; por otro lado, los atentados que sufren mujeres concretas por personas cercanas, fundamentalmente sus parejas o exparejas, donde se combinan acciones que tienen que ver con la actividad pública de estas mujeres en redes sociales con actos que se producen en un ámbito íntimo en relación con actuaciones de control en el día a día.

Por lo que hace a los ataques que sufrimos en el ámbito público, estos se producen por el mero hecho de ser mujeres, por pertenecer a grupos discrepantes, por ser feministas, por destacar en algún ámbito, etc. Las manifestaciones de dichos actos pueden ser desde acciones irrelevantes desde el punto de vista penal (ninguneos, ataques de indiferencia; ataques directos cuestionando sus afirmaciones con argumentos circulares que pretenden llevarlas al absurdo) hasta lesiones con necesidad de intervención punitiva (vejaciones, insultos, acosos). Con ello se pretende expulsar a la mujer de la red social por la “inconveniencia” de sus manifestaciones, lo que puede llegar a producirse si los ataques son masivos (recuérdese el caso de la voluntaria de cruz roja cuya imagen abrazando a un muchacho senegalés recién rescatado de una patera hizo que cerrara todos sus perfiles en redes sociales). Es cierto que frente a estos ataques se puede activar la denuncia de las cuentas acosadoras a través de los servicios de la propia red social. Pero no lo es menos que resulta sencillo abrir un nuevo perfil acosador y también que es prácticamente imposible denunciar a todas las cuentas cuando se trata de un ataque masivo. Quienes así actúan consiguen su objetivo: dominar y controlar las manifestaciones que se consideran no ajustadas al canon machista y producir la muerte digital de la mujer afectada, que o bien desaparece totalmente del entorno virtual o bien se ve condenada al anonimato perdiendo proyección social.

Por otro lado, es cada vez más común encontrar situaciones de dominación y control por parte de las parejas o exparejas utilizando el medio tecnológico para ello. Estas mujeres padecen ataques tanto en su proyección pública como privada.

Es en estos casos donde la violencia de control alcanza cuotas más elevadas.

El ciberespacio es un lugar desconocido y precisamente por ello resulta difícil reconocer las prácticas dirigidas a mantener el sometimiento de las mujeres. Así lo ha manifestado no solo la Memoria de la Fiscalía General del Estado a la que hacía referencia anteriormente, sino también el Instituto Europeo para la Igualdad de Género -EIGE-.

En ello tiene mucho que ver la falta de formación específica de los operadores jurídicos que mayoritariamente siguen anclados en concepciones y teorías habilitadas para un mundo no tecnificado.

Sin embargo, el control tecnológico es una realidad incontestable. El amor 2.0 se manifiesta en las ciberrelaciones y en sus paralelos celos 2.0, infidelidad 2.0 y cortejo tecnológico y presenta unas características especialmente sensibles por la situación emocional que acompaña a las mismas, lo que genera un cambio en el modo de lesionar los bienes jurídicos afectados que debe ser tomado en cuenta por el legislador y la sociedad si no queremos dejar desprotegidos elementos esenciales para el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.

El control en este ámbito se dirige a saber en todo momento dónde está la persona, o con quién habla o se relaciona, conociendo todos sus movimientos, lo que resulta extremadamente sencillo si se producen volcados de información en el espacio virtual o si se utilizan herramientas de geolocalización o grabación.

Con ello, las mujeres, se pueden ver sometidas a lesiones contra su intimidad, honor, integridad moral y dignidad en el ámbito de las redes sociales, donde estos bienes jurídicos quedan especialmente expuestos. Así, se incrementa su vulnerabilidad y, por ende, su necesidad de protección. Hablo de hechos amenazantes o coactivos que muchas veces tienen que ver con la intención de minar la proyección digital de la mujer con la finalidad de conseguir su muerte laboral y/o social. El acoso y la denominada pornovenganza suelen ser las actuaciones mas comunes que, en caso de materializarse, pueden llevar hasta el suicidio de la víctima (así ocurrió desgraciadamente en el conocido caso IVECO (https://agendapublica.es/el-control-tecnologico-como-violencia-de-genero/). Además, se detecta la presencia de otro tipo de delitos como el quebrantamiento de ordenes de alejamiento o comunicación. Los tribunales en España han condenado por alguno de estos delitos con publicaciones en el estado de WhatsApp (SAP de Santa Cruz de Tenerife 17/2020, de 28 de enero), que se dirigen a amedrentar a la mujer.

Pero, mas allá de estos comportamientos públicos, encontramos situaciones realmente peligrosas que se desenvuelven en el ámbito privado. Me refiero a la costumbre que se está adoptando de revisar los instrumentos tecnológicos de la mujer para saber con quién habla o se relaciona; exigirle sus contraseñas para acceder a sus redes sociales o su correo electrónico o revisar sus conversaciones a través de mensajería.

El mensaje de que los celos son una manifestación de amor y que si no hay nada que esconder su pareja puede perfectamente acceder a su información íntima, goza incluso de gran adecuación social por el renacer del mito del amor románico y que, llevan a situaciones de aislamiento y control, caldo de cultivo de violencias mas graves.

Como he adelantado, la tecnología nacida con la buena intención de facilitar la localización de las personas ante una situación de vulnerabilidad o riesgo también es utilizada, torticeramente, para llevar a cabo ciber espionaje. Es común encontrar supuestos en los que se han instalado programas espía en los dispositivos de la víctima que facilitan su geolocalización o incluso envían imágenes de los lugares o personas que se encuentran en su radio de acción, lo que es utilizado por el agresor para producir situaciones de coacción o acoso, siendo sorprendente la cantidad de Apps que se ofrecen en el mercado de manera lícita para realizar acciones que, necesariamente, vulneran la intimidad.

Todo ello me lleva a recordar que los delitos que se cometen a través de la tecnología, y más si se caracterizan por la situación de dominación machista propia de la violencia de género, generan una problemática especifica: generalmente producen un mayor daño a los bienes jurídicos implicados, por las propias características de los delitos tecnológicos. La dificultad en la persecución, en la determinación de la autoría por el anonimato que suele acompañar estas acciones y la permanencia en el ciberespacio de determinadas informaciones y manifestaciones, junto a la viralidad,  hace difícil que cese el ataque, por lo que la afección suele ser mayor.

Por lo tanto, resulta imprescindible emprender una tarea de concienciación y educación sobre los riesgos que entrañan determinadas actividades y su naturaleza no neutra, sino claramente lesiva, lo que supone una labor por parte de los poderes públicos dirigida tanto a formar a los usuarios como a los operadores jurídicos a fin de garantizar una mayor seguridad en el uso de instrumentos cotidianos, necesarios y muy útiles si son bien empleados.


Sobre la Autora

Dra. Paz Lloria García. Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Valencia (España).


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