Justicia y poder: el caso de la fiscala Boquin y desafío de la Reforma Judicial

OPINIÓN. Durante la gestión macrista, sabemos todes que trabajar en cualquier poder del Estado se transformó en una amenaza latente de despido. El espíritu antiestatal, y antipolítica pública toma rápidamente lugar y comienzan los desguaces en el empleo público.


En la semana que el Presidente Alberto Fernández hace público el proyecto de Reforma Judicial, tan esperado y prometido durante la campaña, y nuevamente destacado en el primer discurso ante el Congreso -hace tan solo unos meses- un hecho de gravedad judicial vuelve a ocupar la agenda: el Procurador General Interino, Eduardo Casal, a cargo del Ministerio Público Fiscal de Nación promueve un sumario administrativo contra Gabriela Boquin, la Fiscala General ante la Cámara Comercial.

¿Y quién es Gabriela Boquín?, ¿por qué fue trascendente esta medida? Es importante tenerlo claro, porque no son hechos aislados y casuales, si no que forman parte de las prácticas judiciales enquistadas en el seno de la corporación, que resisten todos los cambios democráticos, para conservar un poder manipulador y extorsivo.  

Boquín es quien investiga el vaciamiento del Correo Argentino y la deuda millonaria que éste mantiene con el Estado Nacional. La fiscala dictaminó en febrero de 2017 que debía rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio de 2016, en el marco de un concurso preventivo. Sostuvo que la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033 y señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Podríamos decir que Gabriela Boquín compra en febrero de 2017 el boleto del “cohete a la luna” que Macri quería llenar de amigues.

Durante la gestión macrista, sabemos todes que  trabajar en cualquier poder del Estado se transformó en una amenaza latente de despido. El espíritu antiestatal, y antipolítica pública toma rápidamente lugar y comienzan los desguaces en el empleo público. Por otro lado, y mientras tanto, en el Ministerio Público Fiscal, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó empieza un período de resistencia ante el permanente acoso y persecución del gobierno macrista (y del multimedio Clarín, que siempre la tuvo como enemiga histórica desde los tiempos de Néstor Kirchner y su oposición a la fusión Cablevisión/Multicanal, y su posterior defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando ya era Procuradora).

Para quienes teníamos la responsabilidad de conducir una organización gremial, sin duda fueron 4 años de enormes desafíos y enfrentamientos. En el caso del poder judicial, y en particular de les trabajadores del Ministerio Público, la situación fue más crítica. El enfrentamiento con Gils Carbó, tuvo acciones de todos los colores; desde amenazas de juicio político o la exposición mediática de su familia,  las portadas en primera plana de Clarín sosteniendo que 1500 trabajadoras y trabajadores quedarian en la calle , o las horas destinadas a cambiar la ley del Ministerio Público, primero para echar a la procuradora poner un amigo, y luego para despedir trabajadorxs.

Desde SITRAJU RA, hicimos frente a todas esas duras batallas, en las oficinas de les trabajadorxs, y en el Congreso de la Nación, entre otras cuestiones porque el gremio histórico judicial, la Union de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), una vez más se ponía del lado de las corporaciones. Jornadas de múltiples asambleas, marchas, notas, presentaciones públicas y acompañamientos gremiales fueron la agenda diaria durante al menos dos largos años.

Finalmente, tras la renuncia de Gils Carbó, en diciembre de 2017, asume de manera interina Eduardo Casal, un procurador fiscal ante la Corte Suprema, que en el esquema del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) contaba con mayor cargo y antigüedad para asumir ese interinato. Desde entonces y tras un intento fallido del oficialismo de designar una persona titular en el organismo, Casal fue un funcionario que rápidamente se puso en sintonía macrista.  

En abril de 2018, con el objeto de resolver una situación laboral en la dependencia a cargo de la fiscala Boquín, presentamos una nota firmada por Gonzalo Martínez Salum, quien en el año 2018 era el Secretario General de la Seccional N° 1 del Ministerio Público, y por quien escribe, Agustín Bruera, Secretario General de SITRAJU en aquel período y actualmente, tras haber renovado mi mandato el pasado 22 de noviembre de 2019. La nota fue presentada para solucionar, mediante el área de recursos humanos, un traslado de una trabajadora, y se obtuvo una resolución favorable. Sin embargo, nos enteramos con posterioridad, que esa situación, tan común en decenas de oficinas judiciales, fue convertida por Casal en un expediente disciplinario contra la fiscala Boquín.

Ante esta situación, y con la noticia en la mano, en agosto de 2019 volvimos a presentarnos ante la Procuración de Casal, para rechazar definitivamente aquella maniobra que había sido utilizada para apretar a la fiscala quien había puesto un freno a una histórica estafa que Macri y su familia le proponían al Estado Nacional. Dijimos en la nota: “es intención de este escrito dejar debidamente aclarada esta situación, para evitar que objetivos que desconocemos se monten sobre el menor conflicto laboral en la fiscalía de marras, para desestabilizar a la magistrada a cargo, y desplazarla siquiera transitoriamente de su función, lo que implicaría un gravísimo perjuicio institucional, debido a la causa de enorme importancia política que se tramita en su fiscalía”

El tiempo pasó, el expediente aparentemente no tuvo movimientos, pero la carta seguía activa y volvió a jugarse la semana pasada. Casal llama a Boquín la noche del 29 de julio, el mismo día de la presentación de la reforma, y le dice que “va a poder defenderse”, el sumario volvía al ruedo.

Desde Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) inmediatamente nos pusimos a disposición de la fiscala e hicimos público un comunicado de rotundo apoyo y acompañamiento, anticipando esta vez que nos presentaríamos ante la Comisión Bicameral de Seguimiento al Ministerio Público, porque entendemos que las maniobras de Casal constituyen un mal desempeño de sus funciones. Presentamos las notas correspondientes y también entregamos la documentación respaldatoria de nuestra entidad gremial, que ya atravesó dos períodos electivos.  

Los días posteriores a la presentación, estuvieron cargadas de debates y contaron con la presencia de la fiscala Gabriela Boquín ante la Comisión Bicameral, y continuará la próxima semana.

Está claro que el procurador Casal, durante esta gestión interina -desproporcionalmente extensa para un interinato- ha seleccionado cuidadosamente a quién perseguir y a quién proteger. Por ejemplo, ha determinado la protección del Fiscal Stornelli que estuvo rebelde y actualmente se encuentra procesado por el delito de asociación ilícita, en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje y extorsión. O proteger al fiscal general Julio César Castro, que fue condenado a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual y lesiones, pero que increíblemente tiene una licencia y todavía no avanzo la sanción disciplinaria. 

Este es el contexto que atravesamos en la Justicia, un reciente comunicado que emitimos los sindicatos alistados en la Central de los Trabajadores, CTA, da cuenta de que al menos el 70% de la ciudadanía argentina descree del Poder Judicial. Es imposible reconstruir un pacto social de convivencia democrática si uno de los poderes pilares de las instituciones, no está a la altura de las circunstancias, y la falta de legitimidad se profundiza día a día, tras públicos episodios que vulneran la transparencia y la independencia del Poder Judicial.

Les trabajadores organizados gremialmente no podemos ser indiferentes y debemos ser parte de la discusión y reflexión sobre el sistema de administración de justicia que queremos.

La tan nombrada reforma judicial es mucho más que la ampliación de juzgados, la unificación de fueros, el cambio de nombres y potestades; la reforma es (o debe ser) ante todo el primer paso de un camino que promueva la construcción de un poder más democrático, igualitario, antipatriarcal, transparente e independiente, y verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos del Pueblo.



Sobre el Autor


AGUSTIN BRUERA. Es Abogado. Trabajador Judicial. Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales 

de la República Argentina. SITRAJU RA.

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