El ASPO, los trabajadores y las condiciones realmente existentes

Poco después que el gobierno decretara el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) y con ella la restricción de movilidad de personas y la clasificación de las actividades económicas entre esenciales y no esenciales, empezaron a circular las primeras advertencias de las empresas de despidos, recorte de salarios, etc. El primero fue el Grupo Techint -que amenazó con despedir a 1450 trabajadores de una de sus empresas de construcción-, aunque no el único. En este contexto, entre fines de marzo y principios de marzo, el gobierno emitió una serie de decretos para prohibir los despidos, renovar las designaciones de empleados públicos, entre otras.

A raíz de esta situación, desde el CITRA, un centro de investigación de doble pertenencia CONICET y UMET, lanzamos el proyecto “Monitor Laboral COVID-19. Condiciones de trabajo, trabajadores/as y derechos en tiempos de pandemia”, a través del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) y de los Observatorios de Condiciones de Trabajo y de Protesta Social. Uno de nuestros objetivos era hacer un relevamiento para identificar cuáles eran las problemáticas de les trabajadores en este contexto. En esta dirección, la primera actividad fue la encuesta “Trabajo en cuarentena”, que realizamos entre el 14 de abril y el 4 de mayo, en la que participaron 78 organizaciones sindicales cubriendo sector público y privado como los diferentes niveles nacional y subnacional. En el Informe “Trabajo en cuarentena encuesta realizada en el marco del proyecto Monitor Laboral COVID-19” mostramos los resultados.

El impacto de la pandemia, y sus consecuencias económicas fueron inmediatas en el mundo del trabajo, aunque no todas podamos medirlas todavía. Por supuesto que estas consecuencias no son exclusivas de Argentina, empero acá tienen como antecedente la crisis provocada por el gobierno de Cambiemos. Hay mucho para decir sobre esto, por una cuestión de espacio quiero deternerme en dos cuestiones. Una de ellas es que la distribución de actividades esenciales y no esenciales agudizaron la heterogeneidad de la clase trabajadora, profundizando situaciones de desigualdad entre aquellos que siguieron trabajando pero con complicaciones en las condiciones de higiene y salud -y donde se observan gran cantidad de contagiados-, entre aquellos que fueron considerados no esenciales y vieron reducidos sus salarios o directamente se quedaron sin sustento como muchos trabajadores de la economía popular. Asimismo, de los trabajadores no esenciales entre aquellos que empezaron a trabajar en sus domicilios en el mal llamado “home office”, que vieron extendida su jornada laboral de aquellos que pudieron de gozar de licencias. Finalmente, la sobre carga del trabajo reproductivo -agregando la atención y educación de niños que aún hoy no asisten a la escuela- que recayó mayormente sobre las mujeres. Muchas de estas desigualdades no eran nuevas, pero sin dudas se profundizaron en el contexto pandémico.

La segunda cuestión es sobre la acción gubernamental basada en la intención de minimizar y/o contener la crisis por la cual el gobierno puso en marcha una serie de políticas específicas, desde prohibición de despidos, suspensión de tarifas y de desalojos hasta la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos como el programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Aún es pronto evaluar el impacto de estos programas, si podemos decir que no todos fueron acompañados por la regeneración de las capacidades estatales necesarias para elevar su efectividad, provocando complicaciones denunciadas por las organizaciones.

En clave de hipótesis personal -más que del Documento que mencioné anteriormente-, pareciera que los sectores dominantes estan utilizando la crisis como una oportunidad para seguir avasallando derechos, reducir salarios y seguir inclinando la distribución del ingreso a su favor. Tal vez sea momento que los sectores populares también hagan de la crisis una oportunidad. Al respecto, ayer movimientos de la economía popular y organizaciones sidnicales presentaron el “Plan de Desarrollo Humano Integral”. Allí propusieron la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados bajo convenios colectivos, todo financiado por una reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas. La fecha elegida no fue casual: el 7 pasado se cumplieron 4 años de la marcha desde el barrio porteño de Liniers hasta la Plaza de Mayo, convocada por la CTEP, Barrios de Pie y la CCC con la consigna de “Tierra, Techo y Trabajo” en conmemoración de San Cayetano, Santo de la Providencia, Patrono del Pan y del Trabajo. A su vez, esta marcha retrotrae a otra cara a la memoria del movimiento obrero, aquella convocada en 1981 por la CGT Brasil también desde San Cayetano con la consigna “Paz, pan y trabajo”.

Hoy ambas consignas vuelven a superponerse: “Paz, pan y trabajo” y “Techo, tierra y trabajo”, pero en definitiva aluden a una misma estrategia: salir del plano defensivo de los últimos 5 años, y que el triunfo político de haber ganado las PASO, del que hoy se cumple un año, permita terciar a su favor en la puja distributiva.


* Dra. en Ciencias Sociales. Investigadora CONICET (CITRA/UMET). Docente FSOC/UBA

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