Edesur y una caducidad cantada

Por: Florencia Casamiquela



La distribución de energía eléctrica es un servicio público esencial, conforme lo establece la ley 25.877. No obstante, en la zona concesionada a EDESUR S.A. los cortes de suministro son constantes, reiterados y sistemáticos. A lo largo de los años se sucedieron incontables medidas cautelares, instancias de mediación en distintas jurisdicciones, pedidos de informes, apercibimientos del órgano de control y quejas de usuarios que, en los últimos cuatro meses, han crecido un 70%.

Los cortes se producen por una razón sencilla: el sistema de distribución eléctrica requiere inversiones que no se realizan. El material existente se vuelve obsoleto, la demanda crece más rápido que la extensión de nuevas líneas y ni siquiera se reemplazan los postes de luz que se pudren por el paso del tiempo.

Los inconvenientes generados son múltiples: hay barrios enteros arrojados a la oscuridad absoluta a las 18,30 hs., comerciantes que pierden su mercadería, personas electrodependientes que ponen en riesgo su salud, familias sin agua porque la bomba deja de funcionar… Estamos hablando de un servicio público esencial cuya importancia nadie cuestiona.

¿Qué hacer? EDESUR no quiere o no puede prestar satisfactoriamente el servicio. No es una opinión, es un dato irrefutable de la realidad. Sucesivamente se ha comprometido a realizar obras e inversiones que finalmente no se producen. Si las inversiones no se hacen, los cortes no sólo se reiterarán sino que serán más frecuentes y abarcarán cada vez zonas más extensas.

La solución hay que buscarla dentro del marco que nos provee la legalidad. Y en este caso es el contrato de concesión la fuente primigenia a la que debemos acudir para hallar la solución jurídica a este entuerto. El contrato es ley para las partes, es un acuerdo libremente suscripto por quienes deciden construir las reglas que habrán de regir la relación jurídica en cuestión. Y el contrato de concesión, junto con la ley 24.065 relativa al régimen de la energía eléctrica, prevé un instituto que existe en el derecho civil y en el derecho administrativo desde siempre: la rescisión. Se trata de un mecanismo de extinción de los contratos antes del cumplimiento del plazo de finalización. En este caso la rescisión unilateral es el mecanismo que corresponde instrumentar para que un nuevo operador pueda prestar el servicio de conformidad con los parámetros de calidad propios de un servicio público esencial.

La seguridad jurídica es un concepto muchas veces invocado y pocas veces cumplido. Seguridad jurídica es cumplir la ley, y es también cumplir las obligaciones asumidas en la firma de un contrato. Si no se cumple con la ley ni con la letra de los contratos, corresponde aplicar la sanción prevista para cada caso. A EDESUR le corresponde la caducidad de la concesión.

No podemos pasarnos la vida hablando siempre de lo mismo. Un Estado moderno, inteligente y eficiente supone tomar las medidas que la ciudadanía demanda para la resolución de sus problemas.

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