Dialogando la inflación alimentaria

OPINIÓN. El monitoreo de precios pasa a ocupar el centro de la agenda económica, el primer rumiar del campo en 2021 anuncia un lock out por 3 días pero cierran acuerdo con Agricultura. El control del dólar también será crucial en la reapertura de paritarias.


En economía suele ocurrir que una buena noticia aquí es también una mala noticia allá. De ese modo, el notable aumento del precio de los principales productos agropecuarios (soja, maíz, trigo) a nivel mundial es una oportunidad para el comercio exterior argentino y a su vez una alarma para el sistema de precios interno. Impulsada por una sequía en el hemisferio sur que afecta a la campaña 2020/21 y con inversiones financieras que buscan refugio en las commodities en un contexto de elevada liquidez internacional, esta semana la soja llegó a USD 500 la tonelada (su precio más alto en los últimos 6 años) y la tendencia podría seguir en aumento. Lo mismo ocurrió con el girasol y el maíz cuyo precio (USD 400 y cerca de USD 200 la ton respectivamente) vino acelerando en los meses recientes.

Argentina es el exportador número uno de soja en el mundo, el número tres de maíz y ocupa el sexto lugar en el ranking de los vendedores de trigo, de modo que esos aumentos significan una ventaja, ya sea para compensar una pérdida de volúmen o simplemente de crear ganancias extraordinarias. Y ante la posibilidad de enriquecerse vendiendo afuera, colocar la producción en el mercado interno sólo es rentable si se equiparan los precios. Lo cual conlleva la ya conocida “inflación alimentaria” que tantos dolores de cabeza generó al segundo gobierno de Cristina Fernández.

Allá donde la población argentina es pobre, allá en la mesa de cada ciudadano, pagar (además de las tarifas de servicios públicos y del costo del combustible) el precio de los alimentos en términos dolarizados no parece algo sensato. A menos que los ingresos de los argentinos crezcan al ritmo del dólar, y que por ende estalle la nominalidad de la economía. La inflación alimentaria no puede desencadenarse en plena reapertura de paritarias luego de un año de pandemia en donde los ingresos de la población fueron severamente golpeados.

En ese sentido, se anticipa el gobierno de Alberto Fernández y cierra temporalmente las exportaciones de maíz afectando a un residuo de 4 millones de toneladas sin colocar de la campaña 2019/20 que alcanzó 38,5 millones. Esto forzó a negociar al Consejo Agroindustrial Argentino que aceptó otorgar al maíz un tratamiento similar al del (aceite de) girasol: la creación de un fideicomiso (financiado en parte con ingresos de exportaciones) que permita desacoplar el precio interno de los alimentos (en el caso del maíz, que garantice precios estables para la carne –de cerdo, pollo y ganado bovino– que utiliza al cereal como insumo). Este acuerdo destrabaría las negociaciones con el sector agroindustrial pese a que se mantendrá el lock out patronal en los tres días venideros de la semana entrante. Las negociaciones se anticipan al mes de marzo donde empieza la cosecha gruesa de maíz y soja de la campaña 2020/21.

No solo la volatilidad de los precios internacionales sino la del tipo de cambio afectan sobre la inflación doméstica. Este es otro capítulo que atenderá la gestión económica en un año de transición de la pospandemia. El ministro Guzmán amplia terreno ingresando al ex Secretario de Finanzas, Diego Bastourre, a un puesto en el directorio del Banco Central que antes ocupaba un hombre cercano a Lavagna. El control de la brecha cambiaria será clave para no incentivar conductas que ya enfrentamos en 2020: el adelanto de importaciones y la retención de exportaciones. La suba de precios mientras se acelera la devaluación en los mercados financieros.

Así aprovechando el verano para hacer sintonía fina, el Central decidió avanzar en lo que sin dudas será una carpeta de trabajo del gobierno en general: la restricción de importaciones. En base a datos del INDEC, las compras externas –que venían acumulando una caída de -16% en 2020– aumentaron 21% en noviembre contra igual mes de 2019; entre ellas, registraron subas exorbitantes las compras de vehículos (con alzas del 60% interanual). El Central dispuso que los dólares requeridos para adquirir vehículos de alta gama, piedras preciosas y otras paqueterías, serán autorizados en un plazo de tres meses a un año tras realizarse el despacho de la mercadería; lo cual en la práctica implica que importadores deberán pagar por adelantado usando dólares propios y esto desestimulará las importaciones (por un monto estimado en USD 325 millones anuales).

También a partir de enero comenzará a regir el flamante Registro de Información Cambiaria de Exportadores e Importadores de Bienes, obligatorio por el momento para las 100 principales exportadoras e importadoras del país, con el fin de cotejar eventuales diferencias con las declaraciones de AFIP. Respecto de la demanda de dólares para obligaciones comerciales, el régimen establece que las empresas con fondos declarados en el extranjero deben primeramente disponer de aquellos para luego acceder a las divisas del Central. Tampoco pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial, durante un plazo de 90 días, las firmas que hayan realizado operaciones de compra-venta de dólares en el mercado bursátil. Y, por último, el Registro vigilará la financiación de pasivos con el exterior por montos superiores a USD 1 millón al mes que, de acuerdo a la normativa flexibilizada del Central, puede realizarse con fondos originados en la exportación de bienes o servicios del deudor acumulados en cuentas en el extranjero o nuestro país. El timing de estas nuevas medidas fue criticado.

En paralelo el gobierno quiere dar impulso al Consejo Económico y Social, presidido por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, a quien acompañará otro hombre de Guzmán, el ex Secretario de Política Económica, Haroldo Montagu. Las primeras negociaciones de paritarias con miras al 2021 se dieron en el gremio de aceiteros luego de 20 días de huelga en el sector para concretar una suba de 35% y un copioso bono de $90.000 para quienes trabajaron en pandemia, y un incremento del 25% en dos cuotas hasta agosto de 2021. La UOM acordó una suba del 39,1% para 2021 pagaderos entre enero y febrero de este año, que fue homologada esta semana.

También la Secretaría de Comercio Interior, como parte del Gabinete Económico que semanalmente se reúne en Casa Rosada, anunció esta semana un aumento promedio de 6,5% en los Precios Cuidados, y un incremento en la canasta de productos que integran este programa que volverá a ser revisado en abril (así, se van deslintando artículos del programa Precios Máximos que no se negociaba con el sector y aplicó durante la pandemia). A Precios Cuidados se incorporaron nuevos productos de primeras y segundas marcas y mayor variedad y categorías que componen la canasta. Otra herramienta de política de monitoreo de precios y canal de negociación con un sector, el agroalimentario, que trae ventajas y disgustos a nuestro país.


Índice de Precio de Materias Primas Agropecuarias (dic-01=100)


Fuente: BCRA.



Sobre la autora

Mara Pedrazzoli es Economista del Centro Cultural de la Cooperación. 

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