Después de la cuarentena

Por: Carlos Leyba

Foto Télam


El futuro es lo que hacemos. La cuarentena es – por definición – un paréntesis que se define “por lo que no hacemos”. La cuarentena no nos conecta con el futuro.

Cuando pensamos su final lo que vemos es el pasado.

Esa no puede ser la aspiración colectiva.

El final de la cuarentena va a llegar y hay que pensar los escenarios del futuro en los que deberemos actuar.

Muchos reclaman que el Gobierno nos saque del encierro suponiendo que, al salir, reenganchamos los vagones y la formación se vuelve a poner en marcha sobre una vías que serían las mismas que abandonamos con la cuarentena.

Al ingresar en la cuarentena estábamos muy mal. Hace 45 años que no corremos, Hemos estado “creciendo” a 0,58% anual en el PBI por habitante, a esa tasa, el bienestar económico promedio se duplica cada 120 años.

Necesitamos salir de la cuarentena, volver al pasado, pero lo que necesitamos prioritariamente es no volver a las condiciones de las estructuras económicas del pasado. Veamos.

La cuarentena de la economía, a medida que se prolonga, provoca deterioros adicionales.

No sólo es la parálisis de la producción, el valor agregado que no se suma, los bienes y servicios que no se prestan, la caída de los ingresos, los endeudamientos y atascamientos enormes y diversos en las cadenas de pagos, de valor y de realización hasta ahora suspendidos.

Es que hay una caída de la generación de riqueza y un aumento de la desorganización de la producción día tras día.

Sabemos que hay que evitar que los trabajadores (formales o informales) no dispongan de los medios para los consumos esenciales y que no provoquen, con la falta de pago, la caída de los ingresos de otros sectores con los que están obligados.

Sabemos que hay que evitar la pérdida de los puestos de trabajo, la reducción de las plantas de personal existente y que, por lo tanto, hay que impedir el cierre de las empresas, de las unidades de producción y de servicios, el corte de las cadenas de pagos.

Sabemos que se trata de evitar, por todos los medios, que la cuarentena no sea más que un paréntesis que, al abrirse, nos remita al pasado, al menos, en el mismo estado en que lo dejamos para poder cambiarlo.

La administración de ese proceso tiene un solo instrumento posible y ese es el dinero público. Cómo se financie el Estado es otra cosa. En esta gigantesca provisión de liquidez, que ningún impuesto puede reemplazar, hay una coincidencia casi absoluta en la profesión. No hay ningún economistas formado que suponga que existe otra alternativa para evitar la catástrofe social y el colapso económico.

Es decir a nadie se le escapa que esa financiación, básicamente la única posible, es la emisión monetaria.

Todas las demoras, las ingenierías, las tangentes, son escapes inútiles de la realidad.

La “nacionalización de los salarios” y “la financiación a largo plazo y a tasas de subsidio” de los potenciales impagos que pueden romper la cadena, es una obviedad y una necesidad impostergable y es una solución pésima.

Pero esa solución es infinitamente menos pésima que la alternativa de crisis social inmediata y prolongada y una desorganización de las unidades de producción que sería imposible de revertir.

De no hacerlo de inmediato, anunciarlo y darle el automatismo que aún no se dio, el fin de la cuarentena nos encontrará con una economía material, real, con muchísimo menos potencial y muchísimos mas problemas que la que dejamos antes del coronavirus.

Por cierto el déficit fiscal, la cantidad de dinero, las presiones cambiarias, el riesgo de fuertes mecanismos de propagación inflacionaria, estarán presentes de una manera muchísimo más perturbadoras que al comienzo de la cuarentena.

Pero la base material, las plantas de personal disponibles, las plantas de producción organizadas, si las mantenemos, permitirán que la formación se ponga en marcha y que, con una fina artesanía, podamos conectar los vagones y arrancar.

Para entonces además de los problemas financieros heredados previos a la cuarentena, sumaremos una problemática financiera de extrema complejidad.

El tren de la actividad en marcha, generará con el tiempo los mecanismos de absorción de todas las soluciones pésimas que tendremos que adoptar.

A la fecha el gobierno persiste en el error de la ausencia de una voz capaz de anunciar un programa para administrar la cuarentena económica, no anuncia las medidas imprescindibles, no logra el automatismo de las soluciones que promueve.

¿Hay un error de composición de lugar? La actitud del gobierno es como la de un consejero externo. No la de un protagonista.

Todo es a un ritmo y una velocidad cansina y de una visión del mundo por pedazos. De a poco. Como si quisieran ahorrar o como si todo lo hicieran con falta de convicción.

No se anuncia una visión. Es probable que no la haya. Pero ¿hay quien decida?

Sin dudarlo hay un error de origen en la jibarización del ministerio de economía, en la ausencia de mando único, en la abundancia de pares para compensar vaya a saber que distribución de réditos del poder.

El organigrama es absolutamente impropio y repetido a pesar de la experiencia fallida del macrismo.

Esta “estructura de las decisiones” ha demorado, ha empequeñecido la dimensión de las soluciones obvias en materia de liquidez o en el delivery de las ayudas y hasta del reparto de provisiones para los sectores mas castigados.

Se han generado idas y vueltas, que son muy perturbadoras en la toma de decisiones privadas que son millones.

Y si bien el gobierno va en la dirección correcta lo hace a una velocidad y con una descoordinación y mezquindades en las dimensiones, que las propias soluciones se convierten en errores.

Si no cambian el método, la bajísima productividad de las decisiones no se revertirá.

Mientras tanto una gran incógnita, telón de fondo, es la deuda externa. La economía transpira en el aguante de la resolución de la deuda. Una razón más para proveer certidumbres.

Con el coronavirus se agregó una nueva incógnita: si no sabemos cuanto dura la cuarentena, muy simple, hay que llenar la bodega o generar la certeza que la bodega se llenará y que no se darán pasos en el cierre de alguna boca futura en la que abrevar.

Es necesario entonces apostar, suponer, que no habrá default; y para ello  remarcar la voluntad negociadora para no caer en la tentación de default autogenerado. Esa es una condición necesaria en la salida.

Como también lo es el tema del método: es insensato que el ministro que define la ayuda para superar la crisis, tenga que “negociarlo” con el Banco Central. No debe ser así.

Tal vez los bancos no sean el instrumento para administrar decisiones que por definición no son de economía de mercado. Las decisiones necesarias, y también las que se han tomado, son decisiones de una economía de control, no de mercado.

Y las decisiones de economía de control no son posibles de ser intermediadas por los bancos sin romper sus reglas.

Los bancos pueden ser intermediarios de delivery y nada más. La incertidumbre, la falta de discurso, la demora, el incumplimiento de la primera norma de la política que es “la ideología antes de la noticia”, deteriora el cuadro de situación al que la realidad le esta tirando un chorro de ácido muriático.

Sin duda las medidas destinadas a administrar la cuarentena son prioritarias y todas pasan por el delivery de recursos alimentarios y financieros.

Tal vez el primer punto es comprender que no es esta una “economía de mercado” simplemente porque está prohibido trabajar y producir. Estamos en una “economía de control” y sólo hay que ser coherentes con ello. No lo estamos siendo.

Comenzamos esta nota pensando en el futuro. Hay que poner un faro potente que ilumine el futuro y despeje las sombras.

Porque tenemos sombras propias, las autogeneradas que se proyectan sobre el futuro y las sombras que nos vienen de la crisis mundial.

Nouriel Rubini, señala riesgos planetarios que habrán de condicionar nuestros días. Entre ellos la tendencia a los déficits públicos y privados y al incumplimiento de deudas. En ese marco se encuentra nuestra deuda externa y los riesgos de desfinanciación futura.

El observa un riesgo de deflación al que no podemos menos que asociar el futuro poder de compra de una economía tan dependientes de insumos importados como la nuestra.

En ese mismo marco apunta la tendencia a la desglobalización, que requiere de una estrategia anticipatoria de parte nuestra y a la que se suman los conflictos geopolíticos entre nuestra área natural de pertenencia y el desarrollo de nuestros mercados.

Ese panorama que, tensiones mas tensiones menos, describe problemas que se avecinan y que nos obligan a despejar los telones que cubren nuestro escenario del futuro más allá de la administración de la coyuntura.

Volvamos al telón de la deuda externa. La propuesta de Martín Guzmán es razonable.

Hay muchas razones para pensar que será aceptada, si bien será necesario mejorar algunas condiciones. Tal vez no se pueda anticipar nada en este sentido.

Pero hay muchas maneras de señalar que la Argentina no quiere un nuevo default que, cualesquiera sean las nuevas condiciones mundiales, nos inhabilitaría para llevar a cabo un verdadero programa de desarrollo que necesita de una gigantesca transformación de la infraestructura de la producción. Necesitamos el financiamiento y la tecnología de los países del primer mundo para una revolución ferroviaria, porturaria, de las vías navegables, del almacenamiento, de las energías renovables.

Otra opción geopolítica sería un paso más al modelo dependiente como señalamos cuando Cristina Kirchner superó las desventajas del Pacto Roca Ruciman con su Acuerdo Estrategico con China que fue – la prueba que faltaba – ratificado y profundizado por Mauricio Macri en nombre de la apertura globalizadora.  

Ese financiamiento y transferencia tecnológica son posibles si no caemos en default y sin necesidad de apelar a nuevos acuerdos de libre comercio.

Nuestros programas de desarrollo sirven  a la potenciación de los llamados campeones nacionales de esos países desarrollados. El default es un cierre de esas posibilidades para el sector público y para el sector privado.

La otra cuestión, el otro mensaje, es que ahora – al igual que el despeje del default – es necesario definir que realmente queremos una estrategia de desarrollo industrial en el que la sustitución de importaciones es un capítulo esencial. No la primarización sojera de la “década ganada”.

Haberla abandonado la ISI tempranamente, abortada a fines de los 70 del siglo pasado, por razones ideológicas o de negocios espureos, destruyó una trayectoria de expansión, empleo y progreso social que es estadísticamente indiscutible.

Hay una retórica inexplicable para borrar del mapa de la historia de Occidente los “30 gloriosos” de productividad y progreso social que también nosotros disfrutamos.

Es el argumento de los que creen, tal vez por pura ingenuidad, que nuestro destino es exportar primarios y ahora - a pesar de la presión ecológica que se fortalecerá después de la pandemia - sumarle Vaca Muerta.

Es obvio que no hay posibilidad de incremento sostenido en la  productividad global ni progreso social inclusivo posible con ese modelo exclueyente de especialización primaria.

Lograr productividad y progreso social implica, como mínimo, poner en pie de igualdad a las empresas locales impidiendo la competencia desleal de importadores poderosos e impidiendo las trabas a las exportaciones manteniendo gravámenes que destruyen valor agregado y por cierto terminan no recaudando impuestos. La mezquindad de desarrollo de los pretendidos equilibrios fiscales que son imposibles sin un salto inversor.

Superar la cuarentena sanitaria y la económica será un trago demasiado amargo. Pero suponer que nuestro destino es sólo volver al pasado de economía a tranco de hormiga (estancamiento de décadas) y sin siquiera la capacidad de carga de una hormiga (crecimiento de la pobreza), es proponernos un imposible.

Lo único posible para nuestra Nación es tener la expectativa de un programa de desarrollo que, además de crecimiento, sea el de la ocupación del territorio y la derrota de la Argentina extractiva de cabeza enorme y de cuerpo raquítico.

Hace más de 100 años Carlos Pellegrini nos señaló lo que hay que hacer: “sin industria no hay Nación”. Fue su sueño.

Los invito a imaginar un sueño o un deseo. Imaginemos que se reúnen en el Salón Padilla del Ministerio de Economía, los principales funcionarios con peso en las decisiones económicas, Cecilia Todesca, Santiago Cafiero, Matías Kulfas y Martín Guzmán. Imaginemos que ellos han invitado a líderes de empresas argentinas de la producción. Miembros de la Asociación de Empresas Argentinas, las empresas grandes, a los dirigentes de la UIA y de la CGE y a los jefes de la Mesa de Enlace del sector agropecuario.

Entre los managers de empresas no están los concesionarios del Estado (bancos, servicios públicos, contratistas, petroleros y algunas actividades oligopólicos híper protegidas).

Junto a ellos están los dirigentes de la CGT, digamos los 15 principales e inclusive alguno de la CTA. Podemos imaginar que están los representantes de las fuerzas de la producción.

Están ahí, soñemos, para firmar un Pacto Económico y Social para el Desarrollo, que tiene que ver con la post cuarentena y un Acuerdo de Tránsito para atravesar la cuarentena minimizando costos.

Como en ambos documentos y compromisos, estarán involucradas decisiones provinciales, decisiones legislativas e inclusive normas que afectan al Poder Judicial, se hacen presentes miembros de esos poderes o administraciones.

Lo primero a convenir es el aval para que el Ministro Guzmán pueda negociar la deuda sin entrar en default. Ya vimos porque es necesario.

Sin ese salto cualitativo en el atraso logístico, es imposible el desarrollo territorial y demográfico: terminar con la cabeza de Goliat y el cuerpo raquítico. Con default esa estrategia no sería posible.

El pacto de Desarrollo, imaginemos, establece la creación de un organismo multidisciplinario para pensar el Plan de Largo Plazo.

Los objetivos son metas de 7/10 años, creciendo a tasas aceleradas, duplicando las exportaciones y llevando la inversión al 30% del PBI.

Todo a partir de pensar la Argentina desde el interior histórico para terminar con el país de una ciudad con niveles de vida de Bélgica y un interior con niveles de vida de las regiones postergadas de la India.

La prioridad es erradicar de inmediato la pobreza en los niños de edad escolar (¡vida material digna ya!) y ese es el primer objetivo de la Revolución Educativa como condición para el Desarrollo.

Tenemos la mitad de nuestros adolescentes viviendo en la pobreza. ¿Qué futuro nos espera? Necesitamos que, empezando por los menores, todos ellos tengan la posibilidad de una vida material, física, digna sin esperar a que terminemos con la pandemia de la pobreza nacional. El primer paso es la pobreza joven porque es el futuro que estamos generando.

Para lograr esos objetivos es necesario transformar el Estado. Sin un Estado eficiente no es posible construir una economía que no genere pobreza y desempleo.

No es eficiente que el empleo público se convierta, como lo ha sido en los últimos años, en el mecanismo que subsidia el desempleo y que es la consecuencia de haber perdido la noción que gobernar es crear trabajo productivo.

Tampoco es eficiente un Estado que apela a la deuda externa para compensar desequilibrios.

Dos males que sumados llevan a la quiebra del Estado que necesitamos protagonista del desarrollo como lo ha sido a lo largo de toda la historia del capitalismo.

Hay decisiones imprescindibles y que no son dolorosas en el presente. Una prioritaria es la congelación por 10 años  de la planta de personal público de todas las jurisdicciones.

Los Administradores Gubernamentales deberán tener a cargo el reentrenamiento del personal identificado como excedente en todas las jurisdicciones, para prepararlos para tareas prioritarias (educación, salud, justicia, seguridad) y así aumentar la productividad social del empleo público, mientras se reduce demográficamente el excedente.

Durante la cuarentena el Estado deberá afirmar la “nacionalización de los salarios” para evitar la crisis social y el colapso económico.

Pero el personal (de los ejecutivos, legislativos y judiciales) que no trabaje deberá recibir – ¿ya lo acordó la CGT? – no más del 75 % de los salarios. Lo mismo debería ocurrir en el sector privado. Debería haber un mínimo de una Canasta y media y un máximo de 120 mil pesos.

El compromiso inmediato del Estado es que no se quiebre la cadena de pagos y que ninguna familia reduzca sus consumos esenciales.

Para evitar la inflación por expectativas, en esta economía de control, debe establecerse un “sistema de administración de precios” por dos años hasta que la salida de la cuarentena haya absorbido los excedentes de liquidez generados. La modificación de los precios de productos con proceso de industrialización se modificará por la “exacta incidencia” del incremento de costos. Será automática y por declaración jurada. Deberá reglamentarlo el Ministerio de Producción con participación de entidades empresarias.

¿Se suspenderán por dos años las convenciones colectivas de trabajo? El Ministerio de Trabajo establecerá, con las organizaciones confederadas, la compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la adaptación de normas laborales y en particular las destinadas a controlar ausentismo y otros mecanismos que perturban la productividad.

El régimen de indemnizaciones por despidos debería reformarse en ese acuerdo tripartito de modo que cada empleador contribuya, en lugar de constituir reservas propias para el despido, con una cuota a un Fondo de Desempleo que será el que asistirá a los desempleados de la misma manera que lo hace actualmente cada empresa.

Una ley de promoción de grandes inversiones industriales, con normas que acompañen migraciones internas hacia el interior del país y no viceversa será el eje de rebalance demográfico.

Debe programarse, en el marco de sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria nacional de bienes de capital.  

Pero para la eliminación de la restricción externa, la cancelación del pasivo externo - la debilidad del Balance de Pagos – deben reestablecerse normas probadas como el deposito previo a las importaciones, el valor criterio para todas las importaciones - con participación empresaria - y una nueva normativa que resguarde anticipadamente las consecuencias del dumping. Una herramienta que tiene que estar presente es aplicar cuotas a determinados productos que han invadido el mercado interno paralizando la producción nacional.

También se debe recomponer la estructura de los impuestos internos a todos los productos finales, sea los producidos en el país o los importados, tributo que podrá ser compensado como anticipo de los aportes previsionales.

Reestablecer el pleno reembolso a las exportaciones, eliminar las retenciones a las exportaciones industriales y las en las que se aplican a las primarias revisarlas en función de las cuentas culturales teniendo en cuenta del costo de los insumos importados.

El tipo de cambio deberá  administrarse  con crawling pegg con un mercado cambiario administrado; y los créditos y depósitos bancarios migrarán hacia un sistema de indexación con un spread que garantice la solvencia del sistema financiero.

Se impulsará la bancarización y la obligación de los pagos electrónicos en el comercio minorista para contribuir a eliminar la evasión de abajo hacia arriba: un porcentaje importante del comercio minorista al amparo del “monotributo” se ha convertido en la boca de salida de la economía en negro.

Revisar el MERCOSUR para repotenciarlo es un objetivo prioritario. La clave de ese desarrollo es la diversificación productiva de todos y cada uno de los países. Será necesario que en este debate una comisión empresaria y sindical acompañe a la Cancillería para recuperar los objetivos para el que fue creado.

Una cuestión importante es la estrategia necesaria para incentivar el retorno de los capitales argentinos fuera de nuestro sistema financiero. En primer lugar debe existir un capítulo específico en esa ley de grandes inversiones que hemos mencionado mas arriba lo que implica especiales incentivos para el retorno amparado en esa norma. Pero además el gobierno ha generado una norma que exime a los capitales que reingresen del pago de una sobretasa a los bienes personales para las inversiones radicadas en el exterior. Este régimen debe ser revisado apuntando a que esos recursos que retornen se incorporen al proceso productivo de manera definitiva para lo cual los incentivos deben ser precisos y suficientes como para provocar su retorno. En el mismo sentido se esta proponiendo una ley de imposición a las grandes fortunas. El destino previsto es las arcas fiscales y en esta coyuntura y la que ha de sobrevenir el problema es justamente la descapitalización de las empresas. Capitales en el exterior, grandes fortunas, deberían ser la fuente de una recapitalización de las empresas sea que sean los propios propietarios o nuevos accionistas transitorios los que “inviertan” esos tributos en el proceso de capitalización que nos mejorará las condiciones para sobrevivir a la cuarentena y estar capacitados para salir de ella.

Podemos imaginar un llamado, un consenso, un acuerdo de estos y otros temas programáticos. Pero sabemos que sin un programa de largo plazo no hay manera de superar esta sensación de desesperanza que está por invadirnos.


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