Descolonizar la justicia patriarcal, un nuevo paradigma para la resolución de conflictos

OPINIÓN. Las instituciones judiciales encarnan históricamente un ADN patriarcal, con instrucciones que implícita o explícitamente son usadas en el desarrollo y funcionamiento de un claro propósito: "Perpetuar la transmisión hereditaria de la dueñedad”.

En un mundo de dueños, donde el poder se expresa como señorío alcanzado por la concentración económica de gigantescos feudos corporativos, la venia judicial les garantiza el perpetuo privilegio en desmedro de aquellos ciudadanos y ciudadanas de a pie, generando una falencia institucional que se visibiliza con la ficcionalidad en los dispositivos existentes para tales efectos.

Las instituciones judiciales encarnan históricamente un ADN patriarcal, con instrucciones que implícita o explícitamente son usadas en el desarrollo y funcionamiento de un claro propósito: “Perpetuar la transmisión hereditaria de la dueñedad”.

Prácticas impúdicas del poder económico en connivencia con el poder judicial devalúan con virulencia los procesos judiciales y deterioran adrede los procesos de resolución alternativa de conflictos, poniendo en jaque principios democráticos.

Cuando los justiciables acuden al sistema de justicia se encuentran con jueces que a modo de árbitros muestran tarjetas amarillas y rojas, para disciplinar al jugador más vulnerable de la cancha.

La tarjeta amarilla y la tarjeta roja -metafóricamente hablando- implica una penalización consistente en una suspensión inmediata o una expulsión -que desalienta e impide seguir participando en el partido a un jugador o jugadora- que resulta merecedor de una sanción ejemplificadora por el solo hecho de “reclamar un derecho que por ley le corresponde”.

El ninguneo y la burocracia judicial para los ciudadanos de a pie, la desvalorización de los procesos de mediación y del rol de mediador, deslegitima los canales de diálogo para la resolución de conflictos, en tanto sopesa la complacencia a la dueñedad desde las arcas magistrales, afectando las garantías constitucionales de “tutela efectiva de la justicia”.

En el siglo XXI, se visibiliza el creciente actuar de una justicia patriarcal con banderas empresarias serviciales desde la primera hasta la última instancia en los diferentes fueros, particularmente en el civil y comercial, que afectan sistemáticamente los derechos de las personas, mediante decisorios magistrales que naturalizan el beneficio de intereses económicos de sectores privilegiados.

Es habitual que las empresas concurran a la primera audiencia de mediación con el clásico lema: “Vengo a cerrar”, “es política de la compañía no negociar en esta instancia”, etc., vulnerando derechos esenciales de las partes (entre otros, derecho de acceso a procedimientos eficaces para la solución de conflictos) para luego naturalizar “adrede” infinidad de acuerdos por fuera del ámbito de la mediación.

En tanto, dichas prácticas cuentan muchas veces con el aval del sistema de justicia que se aparta de la aplicación de la ley -Ej: Ley 13951 en la provincia de Bs. As.- homologando acuerdos sin considerar la pertinente reapertura del proceso de mediación, deslegitimando de tal modo el rol mediador.

Como frutilla del postre, dicho mecanismo de legitimación de las diferencias, que asigna valor a modos de exclusión y subordinación, se palpa continuamente en los fallos judiciales que desmerecen la labor cumplida por mediadores y mediadoras, reduciendo los honorarios arbitraria e infundadamente -derechos que son de carácter alimentario- en particular cuando el obligado al pago es una empresa con solvencia económica.

Es decir, los beneplácitos al poder empresario no solo afectan a los justiciables, sino también enlodan el proceso de mediación y deslegitiman a los operadores de justicia (mediadores y mediadores).

Por ello, en clave con las actuales políticas públicas inclusivas y en pos de una verdadera transformación integral de las instituciones, es necesario rever las actuales prácticas, en particular de las instituciones judiciales colonizadas por el poder económico, generando espacios de diálogo institucional -con pluralidad de voces e ideas- a fin de resignificar el paradigma de la mediación en miras de garantizar concretamente el derecho de acceso a procedimientos eficaces para la solución de conflictos, en línea con una justicia inclusiva, transparente e independiente para todas y todos.


Sobre la autora: María Paola Casariego es abogada con perspectiva de género, mediadora, operadora en psicología social y docente, forma parte del grupo Voces en Clave de Género (VCG), equipo de profesionales con la firme convicción de inocular voces en clave con perspectiva de género para una sociedad más igualitaria.

Imagen: Leonard Beard

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