Desalojos de tierras y una sospecha sobre Argentina

OPINIÓN. El de los desalojos es un fenómeno mundial en el que Argentina está inmerso como una periferia más. Aunque no parezca.

Colaboración: Luz Narodowski

Ambos autores son Integrantes del Grupo Geopolítica y Economía desde el Sur Global


Estos días pudimos leer un desalojo de tierras en Chile y otro en Colombia. Patricia Pintos nos recuerda otros en Bolivia y naturalmente hay que tener en cuenta todo lo que genera el proceso de “pampeanización” a partir de la soja o el problema que significa la introducción de la palma aceitera, ambos fenómenos en diferentes regiones de América.  Y sólo saltan a la luz los casos en que hay resistencia, no los que vienen sucediendo hace muchos años en que los pequeños propietarios venden silenciosamente y se van, generándose nuevos desequilibrios demográficos y ambientales.

El de los desalojos es un fenómeno mundial en el que Argentina está inmerso como una periferia más. Aunque no parezca. Tiene que ver con el modo en que el capitalismo en su fase actual reordena en función de sus propios intereses y desordena, fragmenta, desintegra en amplios territorios y en la vida de mucha gente. Es tan urgente cómo difícil, plantear políticas alternativas. 

En este artículo intentamos mostrar cómo funciona esto en otras latitudes, para reflejarnos y hacer alguna reflexión sobre lo que pasa en Argentina. Vamos a analizar un conjunto de países de Asia y África en los que ha habido y siguen latentes, fuertes conflictos regionales, algunos con una raíz étnica, pero este último no es el tema que ahora nos convoca. En estos países como sabemos, podemos diferenciar al menos dos grandes realidades económicas y sociales, una de las pocas grandes ciudades donde se dirigieron las políticas de “desarrollo” y otra de espacios de baja densidad (rurales, de la minería y de las regiones litorales) donde se produce la explotación de los recursos naturales. Los dos tipos de regiones han sido impactadas por la apertura económica que, según el país, comenzó entre los 70s y los 90, pero nos ocuparemos aquí de los espacios rurales.

Esta realidad se fue construyendo en la historia de cada país, en algunos casos desde antes de la llegada del europeo, sobrepasa el tipo de colonialismo y también parece ir más allá del sesgo pro-occidental o pro-soviético de los gobiernos de la independencia, incluso del tipo de alianza actual, más cercana a los EEUU o a China. Pero se ha hecho más grave desde la apertura comercial y financiera mundial. Como ya puede verse, este artículo puede ser entendido como parte del debate regional, que podría surgir del artículo presentado por Eduardo Crespo, Marcelo Muñiz y Gonzalo Fernández la semana pasada.

La dicotomía planteada entre territorios se observa en las disputas por los bosques de Tailandia, Camboya y Malasia; en el conflicto con Pattani, frontera entre Tailandia y Malasia; las disputas por el petróleo en el norte de Borneo (Malasia); para el caso de Indonesia: el petróleo en el norte de Sumatra, la minería en diversas islas y la palma aceitera; el interés del gobierno central de Myanmar por el gas en el oeste, por la minería en Shan, la palma en el delta de Rangun; el petróleo y el acceso al océano de Baluchistán, en Pakistán; los minerales en República Democrática del Congo (RDC) donde también prolifera la palma y que además generan la disputa en la frontera con Ruanda; los pozos de Sudán del Sur, los de Somalilandia, que tiene también importancia portuaria; el espacio de la frontera con Kenia que influye en el distrito de Jubalandia (Somalia); el conflicto entre Etiopía y Eritrea por la salida al mar y los minerales. Y en todos, además, las disputas por la tierra destinada al resto de los cultivos (por ejemplo, internos a Etiopía y en la frontera con Somalia). Cada país con sus propias intensidades.

En las zonas rurales mencionadas, como todos sabemos, dominan los grandes proyectos mineros, a veces también con fábricas petroquímicas o siderúrgicas, que hacen soñar con una industrialización, pero están basadas en tecnología ahorradora de mano de obra; o bien dominan las grandes plantaciones, los proyectos forestales, o hidroeléctricos. En este proceso se ataca la agricultura y ganadería familiar y otras alternativas de los pequeños pueblos, dificultando su actividad, empobreciendo a su gente, presionando a los propietarios a vender la tierra. Además, hay un abandono notable del Estado respecto a la garantía de un hábitat y una infraestructura general adecuada, el acceso a la educación y la salud, etc. Esto contribuye a reemplazar actividades de baja productividad por otras de gran escala y eficiencia, que contribuyen a su vez a fortalecer las balanzas comerciales y el equilibrio macro. “Todos” contentos. Los gobiernos después dicen que son regiones deshabitadas, que por eso no se perjudica a nadie.

El tema central que impacta en esas realidades y en los avatares de la política, es el de las regulaciones y la apropiación de las rentas, ambos referidos a la explotación de los recursos naturales. Las regulaciones o su ausencia, en contextos de la apropiación central de los excedentes, han legitimado procesos de desalojo por parte de las élites centrales y locales (económicas, políticas y/o étnicas) y luego de las grandes multinacionales de las plantaciones y de la minería responsables de la inversión extranjera directa (IED). Se generan secesiones (como Sudán del Sur o Somalilandia), enfrentamientos violentos (en el este y el oeste de Myanmar, Baluchistán, norte de Sri Lanka, etc.), y también resistencias de menor fuerza (Tailandia, Camboya). Las protestas son acompañadas de denuncias ambientales graves, que sólo parecen ser realizadas por los campesinos y las comunidades. Todo en contextos fuertemente represivos.

Allí donde no hubo secesión, en algunos casos, como Pakistán, Malasia, Indonesia y RDC, por ejemplo, ha habido devolución de regalías minerales y se han determinado cuotas para lograr que una parte de la coparticipación vaya a las regiones deprimidas, pero si bien en general ha habido una mayor descentralización política, los gobiernos subnacionales (y las transferencias) siguen –con diferentes mecanismos -muy controlados centralmente. Y en esas regiones “ricas” de recursos naturales” el poder local no siempre produce una redistribución equitativa de los mayores recursos y, hasta ahora, ese nuevo excedente no ha generado ni desarrollo ni una mejora notable de los indicadores sociales.

Y en las regiones deprimidas, esas mayores transferencias no ayudan a compensar lo negativo del modelo.  Generando despoblamiento.

En otras palabras, estas soluciones que distribuyen presupuestos, no resuelven ni el problema ambiental ni el problema de los desalojos, más bien los potencian, dejando a los pobladores ante la alternativa de elegir entre ir a trabajar a las plantaciones o las minas sin una economía doméstica posible, o de migrar a la ciudad. Dos escenarios aún más precarios.

¿Puede pensarse para estos territorios en el desarrollo de las políticas de I+D aconsejadas por la ilusión neo shumpetereana? Parecería que salvo lo que pueda hacerse en las principales ciudades regionales, no. Y ya vimos lo que sucedió con los enclaves industriales del estructuralismo de posguerra. Sólo queda respetar las trayectorias locales, apoyar las ciudades intermedias, detener el despoblamiento. Pero el tema es controvertido.

Una reflexión mínima sobre Argentina, los casos expuestos parecen distantes, hay grandes diferencias con Argentina o América Latina, y también las hay entre ellos. Es cierto que la población rural (que habita ciudades de más de 2000 habitantes) de nuestro país era sólo del 9% en 2010, pero hay regiones en que ese número asciende al 20%. Había además 330 ciudades de entre 10.000 y 100.000 habitantes y 675 de entre 2.000 y 10.000, que elevan esos porcentajes. De todos modos, la lógica expuesta parece replicarse.

Relevamos diez casos de denuncias de desalojos de solo los dos últimos años del gobierno de Macri, aunque la cuestión, viene de lejos, especialmente de los procesos de concentración de tierra de los 90s (un ejemplo digno de mención es el de los cultivos de olivo en el noroeste). De esos diez: hay 4 de Jujuy y 4 de Chubut. Las comunidades implicadas viven de los recursos del territorio. En 6 eran propietarios con documentación fehaciente de diverso tipo, en los otros parece no haber papeles, pero las comunidades vivían desde siempre allí. En todas, actores externos al territorio, pero siempre residentes argentinos, han querido hacerse de las tierras, en algunos puede sospecharse que detrás hay capitales extranjeros. En todas, la justicia realiza una interpretación muy discutible de la normativa que las comunidades citan en su defensa. En 4 se denuncia represión o intimidación, en la mayor parte, la pelea sigue, desconocemos si la tierra está en poder de los campesinos o no.

Como en los otros ejemplos, se trata de esta lógica: apertura económica, IED focalizadas en los recursos naturales, reemplazo de actividades de subsistencia por otras de escala, fortalecimiento de la balanza comercial. A nivel territorial: deterioro de la economía social, pobreza rural, desalojos, migraciones, problemas de hábitat en las ciudades. Sólo una invitación a pensar en un fenómeno que parece mundial.


El lápiz verde