Derechos culturales y agenda legislativa

En los últimos meses, los consumos culturales digitales crecieron exponencialmente en el marco de los encierros forzados por la pandemia. El arte demostró nuevamente ser un soporte psicoafectivo social fundamental, pero esto no necesariamente permitió visibilizar políticamente la fragilidad estructural del sector ¿Cuáles son las discusiones que están dándose a nivel legislativo en lo referido al sector cultural y las artes?

La legislación cultural en la Argentina es insuficiente y fragmentaria. En las últimas décadas, diferentes iniciativas colectivas para instituir una ley general (o “marco”), que permita armonizar las leyes particulares y sub-sectoriales en vigencia, fracasaron. Entre ellas destacan el proyecto de Ley Federal de la Cultura, impulsado en épocas del Bicentenario por la Mesa Intersindical de Cultura de la CGT y con grandes consensos a nivel federal, y el de Ley Federal de las Culturas que propuso el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas en la última etapa del kirchnerismo. Ambos contaron con avales de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo en términos de políticas culturales de cada momento: Jorge Coscia y Teresa Parodi, respectivamente. En ese marco, ¿cuáles son las discusiones actuales en materia legislativa en la Argentina?

En primer lugar, desde mediados del siglo pasado, los Estados han asumido responsabilidades en relación a la cultura (entre otras agendas) a partir de la suscripción de tratados internacionales, que en nuestro país cuentan con rango constitucional. Con ellos, se han instalado una serie de derechos culturales que atañen a la ciudadanía en su conjunto, si bien las políticas (culturales) que se han diseñado para asumirlas se limitan irremediablemente a administrar las cuestiones relativas a la práctica artística y -más recientemente- su dimensión económica. Aún siendo judiciables estos derechos, la sociedad en sus mayorías suele estar poco involucrada con la exigencia de esta agenda frente al Estado. A su vez, y como contracara de esta moneda, el escenario laboral del sector cultural y artístico está condicionado por debilidades estructurales. Según la Encuesta Federal de Cultura realizada por el propio Ministerio Nacional en el mes de abril, a inicios de la cuarentena, uno de cada cinco trabajadores del sector no consiguió remuneración por su trabajo, no solo en cuarentena, sino incluyendo el último año. Esto se agrava con el hecho de que uno de cada tres proyectos no era apto para migrar al forzado tablero digital. Podemos inferir que la situación es aún peor, siendo que la encuesta se administró por internet, y solo aceptaba respuestas por parte de aquellos que se percibían profesionales del sector: una inmensa mayoría de quienes buscan profesionalizarse en él no encuentran las condiciones mínimas de sustentabilidad y muchos terminan abandonando su vocación. Fuera de los grandes centros urbanos, como casi toda desigualdad en la Argentina, esto se acentúa tristemente.

En este contexto, cada lenguaje artístico tiende a corporativizarse, y busca empujar alguna ley “propia” que parche la inhabilidad del Estado nacional en la elaboración de una política cultural integral, que no se limite a la programación de contenidos y a la estructuración de respuestas parciales para los segmentos que han logrado cierta inserción en el mercado. 


Ahora, ¿cuáles son las discusiones legislativas que se están impulsando en este contexto a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?


En términos de urgencia, lo que se impone es la declaración de emergencia cultural que están buscando las y los trabajadores del sector a nivel municipal en las mayores ciudades del país. Si bien hay otras ciudades movilizadas en este sentido -entre las cuales se encuentran Córdoba y Mendoza, por nombrar las más relevantes en términos de dimensión- se destaca la situación de la Ciudad de Buenos Aires, por su opulencia. Con un presupuesto similar al de la ciudad de Roma, y un ingreso per cápita análogo al de Bélgica, la única acción de su Ministerio de Cultura es flagrantemente insuficiente, por lo que los sectores organizados de la cultura porteña vienen denunciando lo que consideran un abandono que va a alterar irreversiblemente el ecosistema cultural de la Ciudad, un distrito que gasta tradicionalmente entre un cuarto y la mitad de su presupuesto destinado a cultura a sostener el Teatro Colón y que podría atender con mejor criterio la diversidad cultural de la Ciudad y los diferentes circuitos. Bajo la premisa de que la cultura representa más del 10% del PBI porteño, un colectivo amplio, conformado por organizaciones de diverso tipo y un número considerable de artistas y trabajadores del sector reclamaron en la Legislatura una serie de medidas que fueron receptadas por María Bielli, vicepresidenta de la Comisión de Cultura por el Frente de Todos; siendo que la presidencia es ejercida por el legislador larretista Robert Vincent Cortina. La agenda de estas organizaciones incluye la creación de un registro de trabajadores del sector tendiente a la aplicación de un sistema de renta cultural extraordinaria, cuyos beneficios particulares para el sector cultural y artístico fueron analizados en profundidad en una nota reciente del sociólogo Matías Zarlenga. Adicionalmente, reclaman la aprobación de tres proyectos que garantizarían una improbable supervivencia de centros culturales, milongas y clubes de música en vivo, librerías y editoriales.

En una época en la que los consumos culturales han acelerado su proceso de digitalización forzadamente por la necesidad de las cuarentenas a nivel global, un hito relevante en las últimas semanas fue la declaración de la provisión de internet como servicio público. La conectividad -declarada como derecho humano por la ONU en 2014- difícilmente pueda ser discutida en este registro salvo desde posiciones ideologizadas en extremo. La decisión de intervenir el mercado de telefonía (móvil, siendo que la fija ya es marginal en diferentes sentidos), también busca discutir un escenario de tres tercios, en el que cada una de las tres empresas de celulares cubren casi todo el espectro. El servicio, todos lo sabemos, no solo es malo, sino igual de malo en las tres, lo que cuestiona la idea de la competencia como estímulo que constituye un eje central de la narrativa neoliberal. La única que opera telefonía, internet y cable -el mentado triple play- es el conglomerado del Grupo Clarín que a controla el 42% del mercado de telefonía fija (vía Telecom), el 34% del celular (Personal), el 60% de las conexiones de Internet domiciliaria (Fibertel) y el 40% de la TV por cable (Cablevisión). Esta decisión, que se dio por un Decreto de necesidad y urgencia, emula a otros países considerados modelo, y cuenta con consenso a nivel global: ya antes de la pandemia, según una encuesta elaborada en 2017 por la BBC a más de 27.000 adultos de 26 países diferentes, cuatro de cada cinco coincidieron en manifestar que el acceso a Internet es un derecho fundamental.


En el Congreso nacional, por su parte, siguen activas las discusiones para la creación de dos nuevos Institutos Nacionales: el del Libro, y el de la Danza. 


El primero fue impulsado inicialmente por Daniel Filmus en su última etapa como diputado, cuando presidió la Comisión de Cultura. El proyecto original -que aún no se sabe si será el que seguirá avanzando, aunque lo más probable es que, aún si tiene variaciones, constituya el tronco principal de la iniciativa- indicaba que este nuevo organismo nacería con el mandato de implementar políticas públicas de fomento y promoción de la actividad editorial argentina: creación, producción y comercialización del libro. En este sentido, buscaría contribuir a la ampliación de la base lectora mediante el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario y federal al libro. Estimular la presencia y circulación del libro argentino en el ámbito de la lengua castellana más allá de las fronteras nacionales a través de políticas de exportación y traducción de libros argentinos es una necesidad estratégica para la Argentina, en tanto recuperar la ascendencia cultural sobre el mercado iberoamericano -numeroso y creciente- no solo redundaría en ventajas culturales y geopolíticas, sino que acompañaría la generación de divisas en el marco de la llamada economía del conocimiento. No está claro que el proyecto que vaya a avanzar sea este ya presentado o uno nuevo, pero está en la agenda política que avance y tuvo consenso en una parte importante del arco político.

El de la danza, por su parte, es impulsado por un colectivo heterogéneo de colectivos vinculados a la práctica escénica (el Movimiento Federal de Danza, una continuación del Movimiento por la Ley Nacional de Danza), que presentaron un quinto proyecto por Mesa de Entradas y pareciera estar más distante de ser aprobado. Buscan costear la creación de un instituto con impuestos a la telefonía, y ya lograron una ley provincial en Misiones en 2017. Otras discusiones, como la demanda del 1% del presupuesto nacional para las organizaciones de cultura comunitaria, impulsado incesantemente por el Colectivo Pueblo hace cultura junto a organizaciones aliadas, y que fuera presentado en mano también a Filmus en ocasión del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, no tiene actualidad legislativa.

Por último, en el registro bonaerense, algunos actores de la agenda cultural siguen esperando señales por parte del Ejecutivo provincial en relación al régimen de mecenazgo aprobado hace dos años. Si bien las experiencias brasilera y chilena -ambas iniciadas a comienzos de los 90, mediante las leyes Rouanet y Valdés respectivamente- muestran que los regímenes de ese estilo profundizan la centralización de los recursos en los grandes centros urbanos y son porosas a desmanejos que van desde el cruce de prebendas a la evasión fiscal (acá podemos remitirnos a la más cercana experiencia de la ciudad de Buenos Aires, donde lleva menos años de implementación), en un contexto de escasez en el que las políticas públicas resultan insuficientes para el fomento y la promoción, una cantidad importante de proyectos legítimos requieren de esta herramienta para concretarse. Adicionalmente, se ha discutido la necesidad de un registro de artistas populares que pueda resguardar ciertas protecciones como cupos para creadores locales ante la presentación de artistas de renombre internacional o nacional -herramientas que ya existen hace un tiempo en algunos municipios como General Rodríguez, donde se regula cachet, tiempo en escenario y tratamiento en la comunicación para fomentar la escena musical local-; y también ha habido intenciones, aún no retomadas institucionalmente, para la sanción de una ley de promoción de la producción audiovisual como tienen, y con excelentes resultados, otras provincias como Córdoba y Misiones.


Por último, otro eslabón que aún requiere una asistencia jurídica sistémica son los centros culturales, un formato particular de nuestra escena. 


Si bien en algunos distritos -entre los cuales Bahia Blanca, con una ordenanza modelo sancionada a mediados de 2014, o más recientemente Azul- existen regulaciones municipales virtuosas, la vuelta a una “nueva normalidad”, plagada de protocolos de difícil cumplimiento y que atentan contra el delicado equilibrio de la rentabilidad de este tipo de modelo de negocios centrado en el proyecto cultural y no en el lucro, puede resultar sin dudas en un escenario de mayor complejidad que el famoso poscromañón, en el que las regulaciones a los espacios de música en vivo asfixiaron el circuito no solo de la música en vivo sino de las artes escénicas en su conjunto, inhabilitando a (casi) todos los espacios por pasar de bajas regulaciones y nulos controles a una regulación estricta y divorciada de las realidades ante la presión pública.

En conclusión, la agenda cultural, siempre tan condicionada políticamente y poco comprendida en términos estratégicos tanto a nivel social como de la dirigencia nacional, acude a los Poderes Legislativos buscando algunos pequeños resguardos que le permitan atravesar la sucesión de tormentas, la eterna pandemia de su precariedad.


Sobre el autor: Federico Escribal es promotor de Derechos Culturales. Formado en la UNTREF + FLACSO. 

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