Dependencia intelectual

OPINIÓN. Dado que el rol del Estado es distinto a lo que pregona la economía más convencional, entonces hay que actuar en consecuencia, resolver los problemas desde un punto de vista integral y a favor de las mayorías.

Cómo se le explica a cualquier estudiante de economía de grado que la economía es ante todo una ciencia social (por lo tanto, una ciencia con distintas corrientes de pensamientos) y no una mera bolsa de tecnicismos que, al manipular variables, siempre se estará en el mejor de los mundos posibles. Dado que no es una ciencia exacta, entonces no hay ninguna verdad revelada y se encuentra en una constante disputa.

Esta disputa no escapa a la hora de establecer condiciones para un país. En este sentido, la economía que recibió la gestión de Alberto Fernández no podría ser más desastrosa. Problemas en todos los aspectos: desempleo, actividad productiva en recesión, inflación, deuda externa, devaluación, por nombrar algunos. Pero una de las consecuencias más profundas tiene que ver con la hegemonía en el debate público de una forma de pensar la realidad que tiene que ver con el paradigma ortodoxo y mezquino que pregonan desde referentes del PRO hasta los economistas convencionales mediáticos. No es necesario describir a este séquito de ajustadores seriales, los cuales ya están muy bien caracterizados, así como también sus “propuestas”.

La cuestión es cómo posicionarse y discutir frente a estos planteos que fácilmente crean un mal sentido común (en lo personal, prefiero decir que hay que pensar con criterio antes que con sentido común). La disputa no es meramente “técnica” y va más allá de lo ideológico: tiene que ver con que se percibe a la realidad. En este sentido, al referirse a la deuda externa, el presidente Alberto Fernández afirmó, en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso en marzo del 2020, que “no solo tenemos que evitar la dependencia económica, sino también la dependencia intelectual de la deuda externa”. Claro está, entonces, que el presidente nos invita a romper esa dependencia intelectual con aquellos organismos hegemónicos foráneos (como el FMI) y sus operadores locales que imponen visiones apologéticas hacia el mercado.

Dada esta invitación, ¿es necesario, entonces, hablar el mismo dialecto que la ortodoxia? En la cuestión fiscal, por ejemplo, la ortodoxia dice que el Estado debe ahorrar (objetivo semejante de la maximización de beneficios de una empresa); pero si el Estado no es una empresa ¿por qué aplicarle la lógica empresarial entonces? O, dicho de otro modo, ellos dicen que el Estado debe gastar menos de lo que recaudó en un principio; pero ¿si la causalidad no fuera así? ¿Si el Estado en realidad gasta primero y recauda después (dado que debe inyectar la moneda soberana de la economía)? Entonces, en esa lógica si el Estado ahorra entonces le estará quitando más recursos a la sociedad de los cuales depositó. Aquí se verifica como hay distintas visiones que, prácticamente, ven distintas realidades.

Dado que el rol del Estado es distinto a lo que pregona la economía más convencional, entonces hay que actuar en consecuencia, resolver los problemas desde un punto de vista integral y a favor de las mayorías. En este sentido, hay que contemplar el problema de la deuda externa pública en un programa económico integral. Para esto, hay que evitar caer en la trampa de que primero hay que hacer frente las responsabilidades de pago y/o generar “gestos” a los mercados y después, dado que se generará confianza, la economía crecerá a fuerza de inversiones. O diseñar un programa económico en función de resolver los vencimientos de pagos. No sería una lógica muy distinta a la gestión de Macri, en la que afirmaba que “primero hay que pagar a los buitres, así llueven las inversiones y la economía crecerá”.

Entonces, las reflexiones de este artículo invitan a quienes nos posicionamos en las antípodas de la ortodoxia económica a ser osados, en primer lugar, en cómo expresar y posicionar la perspectiva económica. En segundo lugar, impulsar y promover (sin titubeos) aquellas medidas que rompen el esquema economicista establecido desde que el capitalismo es capitalismo y que ha sido refutada por la academia hasta el hartazgo. En este sentido, no hay que postergar más los derechos que alguna vez fueron adquiridos (en contraposición a los privilegios que en tanto y en tanto vuelven a imponerse) y aquellos derechos que aún quedan por conquistar. Y, cómo cuestión más concreta, hay que dejar de sospechar que los salarios (y su recuperación en términos reales) son inflacionarios y/o perjudican a la economía. O si no, dejar de bajarle el precio a la palabra expropiación para hablar con los ortodoxos, ya que está incorporada en la constitución y en las leyes. Y para quienes, respecto al tema de Vicentin, teman por las “señales” en materia de seguridad jurídica, que se le da al mundo de los negocios (como si eso existiera) habría que preguntarles qué gesto es mejor: ¿Un Estado que se hace cargo de recuperar a la empresa y a la actividad y que piensa estratégicamente su sendero productivo y su relación con el exterior? ¿O un Estado que se hace el distraído frente a negociados criminales en base a la deuda de su país y que permite que esa empresa pueda dejar de pagarle a sus inversores y acreedores? Por lo general, la respuesta ya está tomada a la hora de tomar posición de una forma de mirar al mundo.

Sobre el autor

Arnaldo Ludueña es Investigador docente del área de Economía Política de la Universidad General Nacional Sarmiento. 

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