Denuncian que Correo Argentino desvió fondos por $35 millones

La fiscal general Gabriela Boquín analizó los libros contables de la compañía y detectó sobre desvíos irregulares hacia consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos.

La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, por la causa Correo Argentino alertó sobre desvíos irregulares en Correo Argentino y exige que la causa que complica a la familia Macri deje de ser dilatada.

Según el dictamen, mientras la empresa aún adeuda al Ejecutivo un monto que equivalía a $300 millones que arrastra hace 18 años, Correo Argentino benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial, según consignó el sitio BAE.

Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía. "En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19/11/2003 esta no registra actividad", explica Boquín en su resolución.

Por su parte, los representantes de Correo vienen sosteniendo que no existió el vaciamiento denunciado por la fiscal. "La empresa no ha producido vaciamiento alguno de ninguna índole, Correo Argentino SA solo ha utilizado sus propios recursos para costear sus gastos y lo ha hecho con autorización judicial", explicó el abogado de la compañía. 

Además, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los funcionarios del Gobierno que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo formaron parte de la compañía de la familia Macri. 

Boquin pidió puntualmente que se analice el rol del secretario de Modernización, Andrés Ibarra. Es uno de los funcionarios con potestad de intervenir en el caso. Fue, a su vez, director suplente, director titular y apoderado de Correo Argentino SA. Ibarra es quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias. 

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