Denuncian a Avruj por no intervenir en la causa Papel Prensa

El secretario de Derechos Humanos fue acusado de incumplir sus deberes de funcionario público por no haber apelado el sobreseimiento de los directivos de Clarín y La Nación, tal como le correspondía según un decreto de 2010 que continúa vigente.

El abogado y periodista Pablo Llonto denunció al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la no presentación de una apelación luego del sobreseimiento del juez federal Julián Ercolini para que la directora de  Clarín, Ernestina Herrera de noble, el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre.

La denuncia quedó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas y destaca la no intervención de la secretaría que depende de Avruj a cumplir con un decreto de 2010, que establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en la venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

"Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto, según reprodujo el Destape.

En su presentación, Llonto señaló en su escrito el incumplimiento del Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, por el cual se instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa Papel Prensa: primero se hizo cargo Eduardo Luis Duhalde, luego Martín Fresneda y después Luis Alén. Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj, la actividad relacionada a esta causa fue "nula".

"Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunise con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celvyt) o Cecilia Pando", indicó Llonto y agregó: "Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la 'prisión' de Campo de Mayo".

"Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados", concluyó el texto de Llonto.


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