De aquellos polvos, estos lodos

Por: Tomás Aguerre

Corría el año 2016 cuando el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma política. El texto, se decía por entonces, era el primero de un serie que incluiría todos los aspectos electorales que el gobierno de Mauricio Macri pretendería reformar durante sus mandatos.

Ese primer texto abordaba algunos aspectos centrales básicos del sistema electoral argentino: eliminaba las listas de adhesión ("colectoras") y listas espejo; implementaba la paridad de género en todas las listas; entregaba a la Cámara Nacional Electoral el escrutinio provisorio; y, finalmente, cambiaba el instrumento de votación de la boleta de papel por partido a algún sistema de voto electrónico.

Era un proyecto más acotado de lo que el propio Presidente había anunciado cuando presentó la reforma política (allí incluyó también, por ejemplo, un ente electoral independiente del PEN) pero ambicioso para un gobierno sin mayoría propia en las cámaras y que recién comenzaba su primer mandato. Las grandes reformas electorales, hasta entonces, se habían producido en gobiernos ya más consolidados y con amplios acuerdos parlamentarios. De haber tomado este dato, podríamos decir que la historia no se repite pero sí que enseña. No es casual que las reformas electorales se produzcan con gobiernos que ya construyeron algún tipo de hegemonía: en la opinión pública o en el Congreso, al menos. Es que las reformas electorales no son como el resto: cambian nada menos que las reglas del juego de la representación. Ni el más colaborador de la oposición tiene demasiados incentivos para cambiar las reglas por las cuales los van a elegir (o no).

Independientemente de la cuestión electoral, el destino de las cuatro iniciativas permite entender algunas cosas sobre la dinámica del oficialismo en estos cuatro años de gobierno. El proyecto original de reformas del gobierno fracasó: obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y naufragó en la Cámara de Senadores. La reforma política obtenía un consenso lo suficientemente amplio en casi todos los temas excepto uno: el voto electrónico. Incluso dentro de ese tema había matices. Algunas modificaciones a la reglamentación y el tipo de instrumento quizás hubieran permitido que el proyecto se apruebe. Pero el oficialismo insistió en la redacción oficial y se estancó. El resto del proyecto contaba con la aprobación de casi todos los espacios políticos: los suficientes como para convertirlo en ley. Pero el gobierno ató la suerte de las cuatro reformas al destino del voto electrónico.

Las tres reformas restantes corrieron distinta suerte. El traslado de la responsabilidad del escrutinio provisorio desde el Poder Ejecutivo a la Cámara Nacional Electoral (CNE) nunca ocurrió. Y le trajo al gobierno algunos cortocircuitos con la Cámara. Hace algunas semanas, esta emitió una acordada sobre el proyecto del gobierno de digitalizar y transmitir los telegramas para eliminar su traslado. La CNE exigió que, aún cuando se digitalicen y transmitan, el comprobante en papel se mantenga. En el punto 4 de los fundamentos, el tribunal pasa sutilmente una pequeña factura por aquello: “que si bien la metodología (...) se encontraba contemplada por este Tribunal (...) corresponde precisar que esa incorporación se preveía en el marco de un conjunto orgánico de previsiones”. ¿A qué previsiones se refiere? La acordada contesta con un ejemplo: “un esquema distinto de distribución de responsabilidades institucionales sobre el escrutinio provisional”.

La paridad de género tuvo mejor destino. Caído el proyecto oficialista de reforma política que lo incluía, en paralelo se daba media sanción en Senadores a un proyecto similar. Un año después, en noviembre de 2017, un acuerdo casi espontáneo entre diputadas mujeres de distintos espacios políticos en las Cámara permitió aprobarlo y hacerlo entrar en vigencia para las elecciones de este año. El oficialismo no sólo lo había dejado caer en la reforma política sino que ni siquiera pudo anotarlo como victoria propia cuando se aprobó.

Finalmente, la eliminación de listas colectoras y espejos. El consenso alrededor del tema era amplio, incluso entre quienes usaron la herramienta en anteriores elecciones. El ordenamiento de la oferta electoral es siempre un tema de debate de cara a los comicios y, si bien una ley nacional no termina de resolver todo el problema del sistema de partidos argentino, la iniciativa hubiera ayudado. Atado a la suerte del voto electrónico, el proyecto de quitar las colectoras cayó. Tres años después, el gobierno emitió un decreto para prohibirlas. Entre los muchos argumentos que los espacios opositores esgrimieron - y posiblemente lo hagan ante el Poder Judicial - aparece aquel viejo proyecto de 2016: si era necesario enviar una ley al Congreso para eliminar las colectoras porque se trata de legislación electoral, ¿cómo podría, tres años después, la cuestión convertirse apenas en un tema reglamentario que el Presidente de la Nación puede modificar por decreto?

El devenir de todas estas reformas muestran, en el plano de la legislación electoral, algunas de las dificultades que el gobierno de Mauricio Macri enfrentó. Muchas de ellas aparecieron como resultado del proceso electoral que lo puso en el gobierno (un gobierno en minoría en las cámaras, fruto de la primera vez que el país probó el instituto del ballotage) pero también de los límites propios para construir consensos en torno a un tema que, por las características propias, así lo requería.

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