¿Cuán equitativa será la pospandemia?

Repasamos algunas declaraciones, primeras, de los lineamientos de política para el día después. Será clave el financiamiento público para motorizar la economía.

Por: Mara Pedrazzoli

El programa nacional Potenciar Trabajo firmado el viernes 3 entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el organismo análogo en provincia y el gobernador de Buenos aires habla de promover la inclusión socioproductiva en la provincia de Buenos Aires potenciando 5 sectores sensibles afectados por la pandemia: la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, economía del cuidado y la recolección y reciclado de basura. Prevé créditos bancarios y no bancarios subsidiados a tasas del 3% anual y registros de trabajadores de la economía popular para facturar sin carga tributaria. También fue firmado por intendentes y miembros de los movimientos sociales.

El Ministro Arroyo lo signó como parte de la política de la pospandemia, sobre la que un arco de la sociedad civil reclama precisiones. Arroyo habla a grandes números de una propuesta de tres pilares: trabajo, ingresos y servicios. 

El Potenciar Trabajo apunta a incrementar las horas de trabajo (informal) de quienes hoy perciben alrededor $8.500 mensuales (esto es la mitad del salario mínimo vital y móvil) para engrosar por esa vía (el trabajo) sus recursos. En cuanto a la política de transferencia de ingresos, estudia Desarrollo Social junto con ANSES extender por varios años el beneficio del IFE, en un formato de ingreso universal que abarcaría a la población más vulnerable que actualmente percibe alguna asistencia estatal, o también eso, el universo de beneficiarios, está en discusión. Podría no tratarse de la población vulnerable, podría pensarse como un ingreso extra que cubra los recursos más exiguos que generará la economía pospandémica con el objeto de crear estabilidad en los ingresos y previsibilidad a la actividad económica. Es diferente en la concepción a un ingreso mínimo vital.

Según repite Arroyo, el gobierno identificó 4 grupos entre los actuales beneficiarios de asistencia social: los pobres estructurales, quienes hacían changas y perdieron sus ingresos, quienes tenían un trabajo informal integrado pero con la pandemia los ingresos les cayeron a cero y quienes tienen trabajo formal con ingresos muy bajos (como los mozos, taxistas, remiseros; una población que otrora no era vulnerable). La idea sería nivelar y estabilizar esa masa de ingresos a lo largo del tiempo, probablemente el “ingreso universal” no sea del todo universal en Argentina.

Por último, respecto de los servicios que surgen como pilar de la política social, serían la apuesta más cabal, que representarían un giro en las condiciones de precarización de vivienda de muchas familias argentinas. Habrá que ver cuánto de esto queda en hechos realmente.

La caída de la actividad económica este año bordeará el -12% anual, cercana al récord histórico de -15% durante la crisis del año 2001. En el mundo entero el desplome económico será el más pronunciado en 120 años de historia. De modo que no hay alternativa, la política social será parte de la reactivación económica. La pregunta será cómo financiarla, especialmente en los países que más la necesitan y menos condiciones tienen para tomar tajada de la renta mundial. El reconocido economista ex cepalino José Antonio Ocampo advierte: deben ser los impuestos y no la deuda externa la fuente para la financiación de la política pública.

Es hora que quienes más tienen, y han evitado por largo tiempo pagar su cuotaparte justa, realicen su aporte: políticas tributarias equivocadas agravarán el daño a corto plazo e impedirán la recuperación en el mediano plazo, sostiene Ocampo. Argentina tiene un sistema tributario altamente regresivo por dos razones básicas: el grueso de la recaudación proviene de impuestos “indirectos” (se grava al consumo en lugar de la ganancia) y aquellos impuestos “directos” gravan en parte importante a empresas (en lugar de personas físicas) que luego trasladan la carga sobre los consumidores.

Además de esas cuestiones, consideraciones como la evasión fiscal de parte de grandes empresas multinacionales que operan en el país pasarán a discutirse. Aquí y en el mundo, donde la Independent Comission for the Reform of International Corporate Taxation (que preside Ocampo) propone un impuesto del 25% sobre las ganancias de empresas que registren beneficios en paraísos fiscales, además de impedir legalmente que dichas empresas sean salvadas por los Estados y exigir un registro realista de los activos en el extranjero. Discuten gravar no sólo las grandes fortunas y consumos de lujo sino la riqueza offshore. 

Iniciativas similares y extraordinarias (por tratarse de un impuesto sobre los stocks) comenzaron a darse en algunas provincias argentinas, por ejemplo Entre Ríos que gravó la semana pasada y por el período de un año a los grandes latifundios, jubilaciones de privilegio y actividades beneficiadas durante la pandemia. Por ejemplo las droguerías y la llamada “economía digital” entran en la discusión, aquí y en todo el mundo. Es hora de no quedar en la retaguardia.

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