“Cualquier avance de ampliación de derechos genera resistencia”

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, habló con EPD sobre el debate que se dio las ultimas semanas y que enfrenta históricamente a los feminismos: ¿regular o abolir? ¿Hay una tercera opción?

Por Mariano Torres y Tatiana Raicevic


Las últimas semanas fueron un torbellino de noticias, escraches, discusiones y enfrentamientos que “lograron” que un tema aún considerado tabú se cuele en la agenda: el trabajo sexual. 

Las posiciones que tomaron mayor notoriedad (aunque no son las únicas que hay) fueron dos: abolición o regulación. Solo una cosa tenían en común: la necesidad de erradicar la violencia policial ejercida contra las mujeres en situación de prostitución; la explotación de la prostitución ajena y el combate contra la trata de personas con fines de explotación sexual. En todo lo demás, es otra de las grietas que divide a la Argentina, en este caso, representada por el movimiento de mujeres. 

Pero el regulacionismo (modelo que siguen países como Holanda, Alemania o Uruguay) no es la única opción para conseguir derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Las personas que forman parte de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) plantean una tercera posición: la despenalización del ejercicio (voluntario y con consentimiento) del trabajo sexual en personas mayores de edad.

El País Digital entrevistó a Georgina Orellano, la secretaria general de AMMAR, para conocer un poco más qué piensan las protagonistas del debate, organizadas hace ya bastantes años y con un amplio trabajo territorial. 

Son días complejos y Georgina tiene una agenda complicada, a lo que se le suma que la desbordante viralizacion del tema hizo que el dueño del departamento que iba a alquilar se arrepienta de firmar contrato “por miedo a represalias” y la deje en la calle junto a su hijo, y con complicaciones para encontrar otro espacio para vivir. “No es fácil alquilar para una puta”, nos dijo en un momento de la entrevista y esa es otra de las batallas que podrían ganar si el trabajo sexual es despenalizado. Cuando nos encontramos en la sede del sindicato, luego de varias opciones frustradas, nos contó que era probable que haya conseguido un departamento nuevo. Volvía de dejar a su hijo con su mamá y se preparaba para tener más reuniones. Días intensos. 

No es una mujer que pase desapercibida, su presencia se hace notar y mucho. Es una morocha altísima y se la nota decidida. Está muy acostumbrada a las entrevistas, por lo que responde con mucha precisión a lo que se le pregunta. Hablamos del proyecto que quieren presentar este año en el Congreso, de los feminismos, del acoso y la violencia de los últimos días, de trata, de la Policía y la Justicia, del acompañamiento del sindicato, de la falta de políticas de Estado y de la lucha por conseguirlas. 

Acá, la entrevista completa:





¿Cómo es el proyecto de legalización del trabajo sexual que van a presentar en el Congreso?

Nosotras, como organización, venimos teniendo un proceso de reuniones entre compañeras, compañeros y compañeres que ejercen el trabajo sexual mediante distintas modalidades y en distintos espacios, también. 

Es un proyecto que se viene trabajando hace un año y medio en reuniones, en asambleas, en plenarios, aprovechando las visitas que hacemos en distintas provincias donde AMMAR tiene presencia territorial y presencia gremial. Intentamos recoger las experiencias de las compañeras, saldar las dudas que tengan, aportes también, y ahora estamos generando un proceso de acelerar que ese borrador con el que venimos trabajando se termine de cerrar para poder incidir políticamente y presentarlo en el Congreso. 


¿Qué es lo que plantean? 

La línea que manejamos es un proyecto de despenalización. Básicamente, lo que se le exige al Estado es que se despenalice el ejercicio del trabajo sexual de personas mayores de edad que lo realizamos de forma voluntaria y con consentimiento propio en todo el país. 

La despenalización se trabaja básicamente en la derogación de los códigos contravencionales que están vigentes en 17 provincias, que quedarían inhabilitados para que las fuerzas de seguridad no sigan utilizándolos para amedrentamiento, abuso, hostigamiento, y detenciones arbitrarias hacia nuestras compañeras.

Otra parte de la ley es la reforma del artículo 127 bis de la Ley de Trata. La idea es volver a discutir qué se entiende por explotación laboral, qué se entiende por trata de personas, por qué se amplió la figura de explotación llegando a toda aquella persona que facilite o promocione servicios sexuales de otras. Nosotras tenemos muchos casos de compañeras que son criminalizadas por figurar en el contrato de alquiler, o en alguna boleta de algún servicio: luz, gas o teléfono. 

De hecho, nos preocupa un montón que la reforma de la Ley de Trata que se llevó a cabo en el 2012 -endureciendo aún más las penas- se llevó a cabo como una política para proteger a las mujeres, pero los números y las estadísticas públicas y estatales dicen que el delito de trata con fines de explotación sexual, a diferencia de los otros delitos federales, tiene el raid más alto de mujeres criminalizadas. Eso para nosotras es una preocupación del alcance de la ley, que tiene una mirada totalmente punitiva. También queremos discutir la idea del consentimiento, cuáles son los límites en que el Estado tenga que definir la voluntariedad de la persona.



¿Por qué no están a favor de la regulación del trabajo sexual?  

Nosotras sostenemos que el Estado sí tiene una regulación del trabajo sexual en este momento, que nuestro país ha regulado el trabajo sexual desde el derecho penal.  Que existan normativas que criminalicen el uso del espacio público, para nosotras es una forma de regulación. 

Viéndolo desde el ámbito jurídico, lo entendemos así, el Estado dice: no se penaliza a la persona mayor de edad que ejerza el trabajo sexual pero si va a la calle se encuentra con los códigos contravencionales y detenciones arbitrarias -30 días de arresto- que es lo que sucede en 17 provincias. Sobre todo en San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy. 

Acá, en la Ciudad de Buenos Aires es una contravención. Te prohíben publicitar tus servicios en los avisos clasificados, los volantes en los espacios públicos. Hay leyes a las que Argentina adhirió que son leyes internacionales que prohíben publicitar servicios en las plataformas digitales: Facebook, Tumblr, Twitter. 

Nosotras creemos que el modelo de regulación que se llevó a cabo en muy pocos países regula un espacio pero te prohíbe el resto, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Holanda. 

En Holanda está regulado trabajar a través de las vitrinas pero está imposibilitado ejercer el trabajo sexual en la vía pública, está imposibilitado ejercer en un departamento privado o publicar tus servicios en páginas web.  Y el comercio de nuestro país es muy amplio, nosotras no queremos que el Estado nos termine regulando un espacio y generando mayor estigma y mayor criminalización de la que ya convivimos permanentemente.



 

¿Cómo creen que debe ser la intervención del Estado?

Hay distintas maneras en las que el Estado debería intervenir. Para nosotras, la manera en que queremos que intervenga es clarificar qué es trata de personas, qué es trabajo sexual y qué es explotación. 

Hoy por hoy tenemos un vacío legal con respecto a eso. La manera que nosotras, por la experiencia que tenemos, por los casos que acompañamos, por las denuncias que llegan acá, es la despenalización. 

El trabajo sexual no es un delito, entonces no sabemos cómo todavía siguen vigente los códigos contravencionales, que vienen desde el proceso de la dictadura militar. Queremos poder volver a discutir eso.

El Estado tiene que estar presente, en eso coincidimos todas las compañeras y compañeres de AMMAR, pero la forma de estar presente no es a través de la criminalización. Nosotras queremos un Estado garantista, que garantice que los derechos nuestros no sigan siendo vulnerados.  

 

¿Cuál es el modelo que siguen? 

Hemos podido acceder y hemos tenido la posibilidad de viajar y reunirnos con compañeras cuyos países tienen una normativa, ya sea regulacionista o reglamentarista, con respecto a nuestra actividad y por ellas hemos conocido el modelo neozelandés, que es un modelo que no aparece mucho en la discusión sobre trabajo sexual o prostitución, y de hecho es el único modelo a nivel internacional en el cual las trabajadoras sexuales estuvieron involucradas. En el resto de los modelos, como el de Uruguay, fue una mirada más sanitarista en la forma de reglamentación y no contó con el aval, en su momento, de las trabajadoras sexuales. De hecho, ahora están organizadas, sindicalizadas, reformando la ley, intentando modificarla para que amplíe derechos y no los restrinja, como sucede en este momento. 

En Holanda también. Las compañeras nos contaron que ellas no tuvieron injerencia alguna en el armado, que fue pensada una ley más relacionada a la cuestión del turismo y el control de la migración. Y en Alemania pasa exactamente lo mismo, tienen una ley que genera mucha restricción, muchas obligaciones, registro; una ley pensada para el control migratorio. Una ley expulsiva para las compañeras nigerianas, las compañeras sudamericanas, que van a ejercer el trabajo sexual en ese país. 

 

¿Cuál la diferencia en el modelo neozelandés? 

En Nueva Zelanda, las compañeras fueron las que llevaron sus demandas al Estado y se trabajó conjuntamente en una mesa en la cual ellas podían definir qué rol tenía que tener el Estado. Nos parece un buen ejercicio para poder implementar acá, que seamos nosotras las que llevemos nuestras propias demandas y que el Estado trabaje conjuntamente con nosotras. 

Una de las cosas que más nos sorprenden es que Nueva Zelanda generó microcréditos para fomentar la autonomía de las trabajadoras sexuales, para que no tengan que trabajar en whiskerías, para que no tengan que trabajar en cabarets, y que puedan con ese crédito alquilarse un departamento teniendo su trabajo reconocido, y eso es un poco el modelo que queremos llevar adelante desde AMMAR. 

 

¿Qué pasa con esto dentro de los feminismos? 

No hay un consenso en el feminismo con respecto a la posición o la postura que se tiene que tener con el trabajo sexual. Recién ahora los medios de comunicación conocieron lo que llaman “grieta del feminismo” y nosotras no lo llamamos así porque la verdad es que las grietas no se superan. 

Lo que hay son dos posiciones que tienen que convivir y es un debate histórico que viene del feminismo del año 70. No es que se descubrió nada sino que ahora se masificó la discusión, con mucho desconocimiento, con mucha desinformación y con un tono que nos parece que empobrece la discusión, sobre todo por el piso de acuerdos que llegamos nosotras a generar en los espacios feministas. Hace 4 años que AMMAR tiene un espacio propio dentro del  Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. 

La historia del Encuentro tiene 33 años, nosotras estuvimos ausentes casi 30. Ahí hablaban y discutían por nosotras pero nunca estábamos presentes. Esto es muy reciente. Recién en el 2016 logramos que nuestras demandas sean puestas en el pliego de demandas que el feminismo en su conjunto exige cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es todo muy reciente en la historia de los feminismos de nuestro país. 

 

¿Qué creen que debería pasar ahora?

Nosotras creemos que es momento de saltar la discusión y discutir con el Estado porque con las feministas entre nosotras ya nos conocemos, sabemos cuál es la posición que tiene una, sabemos cuál es la ideología que tiene otra, las compañeras que quedan en el medio, informándose, que temen tomar una postura porque te aísla de un sector, te acerca a otro. 

Esa polarización me parece que no le hace bien ni a las mujeres en situación de prostitución ni a las trabajadoras sexuales. Nos genera una encerrona en la que estamos discutiendo y debatiendo entre nosotras mientras el Estado sigue mirando para otro lado. 

Nosotras queremos debatir con el Estado, ya debatimos con el feminismo, ya tenemos un piso de acuerdos y ahí conviven las dos posturas y en ese piso creo que no vamos a retroceder. Entonces, necesitamos dar ese salto para que el Estado resuelva de una buena vez por todas qué posición va a tener y qué respuesta nos va a dar, sobre todo sobre la violencia institucional a la que somos sometidas, históricamente, las trabajadoras sexuales.

 

¿Qué le critican a la Ley de Trata? 

Me refiero, básicamente, a la reforma de la Ley de Trata que se modificó en nuestro país en el año 2012, donde no solamente no se hace la distinción entre trata, trabajo sexual y explotación sino que se anuló el consentimiento de las mujeres. Esto significa que, en un allanamiento, más allá de que vos te reconozcas trabajadora sexual, la Justicia y los operadores judiciales deslegitiman tu testimonio y eso para nosotras es muy peligroso porque han infantilizado las voces de un sujeto político que está organizado. 

No nos parece que la salida es por ahí. Nosotras no buscamos salidas punitivas, en todo caso, buscamos salidas que favorezcan, sí, la discusión y el debate pero no por eso terminen cercenando el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Nuestra decisión queda a merced de un operador judicial. 

Nos parece que es una discusión que sí nos merecemos darla dentro de los espacios feministas porque nos genera esta contradicción, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo a la Justicia? ¿Por qué hay un mayor consenso en un sector de sentarse a hacerle leyes a los jueces y fiscales y no sentarse a generar acciones en conjunto con las trabajadoras sexuales?

El feminismo siempre ha denunciado a La Justicia que tenemos en nuestro país por machista y patriarcal, nosotras le agregaríamos que también es clasista y selectiva. Que selecciona a las víctimas. No por nada el sistema carcelario está lleno de gente pobre. Entonces, ¿qué estamos haciendo las feministas con los jueces y con los operadores judiciales y no pudiendo tener nuestra estrategia de que la salida no sea punitiva y no sea endureciendo las penas? 

 

Una de las críticas de ciertos sectores de los feminismos es que cuestionen la Ley de Trata.  

Sí, lo que pasa es que nosotras no cuestionamos la ley, nosotras cuestionamos dos artículos de la ley. Esa es la diferencia. 

A nosotras nos parece perfecto que haya una Ley de Trata. De hecho, acordamos con la Ley de Trata, la primera que se implementó en Argentina en 2008. Nosotras queremos volver a esa ley. Esa ley hacía la distinción entre lo que era trata de personas, explotación y el ejercicio del trabajo sexual autónomo. Hoy, la ley actual entiende que toda forma de prostitución es igual a trata de personas y, además, le dio más poder a la Policía, que puede ingresar a los domicilios de nuestras compañeras sin orden judicial. No hay ningún fiscal que sea veedor de lo que la Policía hace en los domicilios particulares de las compañeras. Nosotras presentamos un montón de informes avalados por el CONICET y también presentamos informes y entrevistas que desarrollamos con Amnistía Internacional que hizo que, a nivel internacional, adopte una postura de despenalización del trabajo sexual y acompañe la demanda del movimiento de trabajadoras sexuales a nivel internacional. Porque lo que ellos empezaron a ver es que había una constante vulneración de derechos basados en una ley de trata. 

De hecho, las compañeras comenzaron a generar herramientas, contrato de alquiler, por ejemplo; había compañeras que se presentaban ante un escribano para dejar asentado que estaban ejerciendo el trabajo sexual de forma voluntaria. Comenzaron a buscar elementos para poder demostrar que no eran víctimas, que había una decisión, que eran trabajadoras sexuales, sobre todo para que no se les cierre su fuente de trabajo. 

Lo que hacían los operadores judiciales era llevarse los objetos de valor y el dinero y después nunca lo podíamos recuperar. En esos procedimientos ni siquiera figuraba una orden de allanamiento. Hay límites que la Ley de Trata ha sobrepasado y me parece que es un buen momento para que nosotras podamos poner eso en discusión. 

¿Por qué pensamos que la trata de personas la va a combatir mejor la policía? Porque para nosotras que haya trata de personas en el trabajo sexual, en talleres textiles, en el trabajo rural es porque hay una complicidad policial, judicial y política. Entonces, ¿por que creemos que dándole mayor poder a la Policía se va a combatir la trata de personas?

 

¿Creen que despenalizar va a ayudar a combatir la trata? 

Primero hay que separar la cuestión de la trata del trabajo sexual. Porque nos exigen a nosotras que nuestra ley tiene que estar a la vanguardia y tiene que luchar contra la trata y no se le exige lo mismo a los compañeros de los talleres textiles, o los compañeros que trabajan en el campo. Se separa. Se generan mejores condiciones laborales, inspecciones a través del Ministerio de Trabajo y de la AFIP.

En el Ministerio de Trabajo, durante la gestión de Tomada, habían creado un Programa que se llamaba Renatea, que era un programa que generaba créditos para los peones rurales para que no tengan que vivir en el lugar de trabajo. El Estado generaba el acceso a la vivienda para que no estén expuestos a las constantes vulneraciones de sus derechos y para que no tengan que ejercer su trabajo y vivir en condiciones totalmente insalubres. Lo pensaron de manera instintiva: para combatir la trata no tenés que combatir a los trabajadores y no tenés que exigirle a ese sujeto político por demás precarizado que sean ellos los responsables. Con la ley de trabajo sexual nosotras pensamos exactamente lo mismo: no va a venir la ley a combatir la trata de personas, es una ley que viene a darle derechos a las trabajadoras sexuales. 

 

¿Qué crees que va a cambiar si se legaliza el trabajo sexual? 

Lo que va a cambiar es que vamos a tener una herramienta para frenar la violencia policial y una herramienta para acceder a derechos laborales que no tenemos: obra social, aportes jubilatorios. Vamos a poder denunciar todas las situaciones de abuso y hostigamiento que padecemos porque estamos encerradas en un vacío legal; situaciones de abuso en los centros de salud y hospitales, discriminación a nuestras compañeras por parte del personal médico por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual o,  si no, una mirada totalmente sanitarista de control sobre enfermedades, análisis compulsivos a nuestras compañeras; la policía que nos exige que le paguemos coimas para que podamos trabajar de manera tranquila.

Nosotras queremos tener una herramienta para poder decir: “Mirá, yo no tengo por qué pagarte porque esta ley dice que mi trabajo es legal”, y eso es lo que hoy no tenemos. En ese vacío legal generamos herramientas propias desde la organización, desde el sindicato, para que nuestras compañeras sepan qué puede o no puede hacer la Policía. Pero la Policía lo hace amparada en legislaciones que están vigentes en nuestro país. 

 

¿Hay datos oficiales sobre la cantidad de trabajadoras sexuales y en qué condiciones ejercen la prostitución? 

El ultimo censo que se hizo a nivel nacional, se hizo en el año 2009, hace 11 años atrás. Se hizo conjuntamente con el Ministerio de Salud. Se buscó en su momento la prevalencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual en la población de trabajadoras sexuales. Como fue un proyecto trabajado en conjunto, pudimos incidir en que busquemos otros datos: cuántas compañeras son migrantes, cuántas compañeras tienen vivienda, cuántas alquilan, a qué grado de escolaridad llegan las trabajadoras sexuales, la situación de precariedad en la que se encuentran, si tienen obra social, si acceden a la salud pública y si no acceden, por qué. 

Aprovechamos eso y esos son los datos con los que contamos hoy, que arrojó un piso de 80 mil trabajadoras sexuales hasta el año 2009. 20 mil de ellas ejercen el trabajo sexual en la calle, el resto lo hacen en ámbitos privados. El 86% de las personas que ejercemos el trabajo sexual somos madres solteras y tenemos a cargo de 1 a 7 hijos; el 98% no cuenta con obra social ni aportes jubilatorias; un 30% terminó el secundario; un 37% son compañeras migrantes de República Dominicana, de Perú, y de Paraguay; y el 90% vive en lugares hacinados, esto quiere decir que no han accedido a una vivienda digna. Sus contratos de alquiler son de palabra, muchas de las compañeras aprovecharon esa encuesta para denunciar que pagan el triple del costo real de un inmueble. Un 90% de ellas viven en hoteles de familia y ahí no les entregan ni recibo y terminan pagando tres veces más que el resto, por el solo hecho de ser trabajadora sexual y no tener ninguna herramienta que las ampare.  

A partir de eso es que nosotras comenzamos a exigirle al Estado distintas políticas públicas. Nos preocupa mucho que no tengamos obra social, por eso empezamos a articular, hace unos años, con otros sindicatos para que las trabajadoras sexuales tengamos, aunque sea, una mutual para poder ofrecerles a las compañeras los servicios básicos. Y en AMMAR ofrecemos ese tipo de servicios a las afiliadas. Hemos hecho articulación con espacios de salud, con espacios amigables, con organizaciones como Fundación Huésped, que brindan su servicio de salud en la Casa Roja que AMMAR tiene en el barrio de Constitución. A nivel nacional pasa lo mismo, hay articulación con distintas organizaciones que acceden a atender a las trabajadoras sexuales en horarios que sean accesibles a nuestros horarios de trabajo y con un protocolo que permite, primero, preservar la identidad de la compañera y, segundo, no desplegar ningún tipo de estigma hacia nuestra actividad. 

 

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales adultas mayores?

Las trabajadoras sexuales adultas mayores no tienen ningún tipo de aportes jubilatorios, muchas de ellas siguen ejerciendo el trabajo sexual, otras complementan el ejercicio del trabajo sexual con el empleo doméstico, otras se acercaron a la organización para consultar si teníamos algún tipo de microemprendimiento para poder dejar de ejercer e insertarse en otro ámbito laboral desde AMMAR. 

Las remeras que hacemos, los pines, los hacen compañeras y las ganancias van para ellas. En ciudades como La Plata, las compañeras formaron una cooperativa de taller textil. Elaboran toallones que después venden en hoteles transitorios. En la provincia de Mendoza, las compañeras también tienen un microemprendimiento, sobre todo aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Nosotras intentamos que toda aquella compañera que supere los 50 años y que esté en situación de vulnerabilidad social un poco más extrema que el resto acceda al Salario Complementario Básico, que es una articulación que logramos hacer con la CTEP. 

 

¿Cuáles considerás que son las victorias que alcanzaron en AMMAR? 

Las victorias tienen que ver con haber recuperado nuestros espacios en los movimientos feministas y también con la visibilidad que ha tenido el feminismo en los últimos años. 

Nosotras lo hablamos un montón con las compañeras y decimos que el punto de quiebre es cuando decidimos ir a disputar un espacio que nosotras creemos que nos pertenece.  Durante mucho tiempo dejamos de participar en asambleas feministas, dejamos de participar en los Encuentros, justamente por el grado de violencia que se generaba con nuestra presencia y sobre todo por el tono con el que se discutía. Los argumentos que se repetían una y otra vez, la culpa, la vergüenza, que nos juzguen. 

Una va a un Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans en busca de sororidad y te encontrás un día y medio explicando por qué sos trabajadora sexual, y te vas sin nada. Te vas con toda esa amargura y angustia que nos veníamos. Muchas han salido hasta llorando porque el grado de violencia era algo que nosotras no soportábamos y por eso decidimos no participar más. 

Todo ese esfuerzo que poníamos en conseguir el dinero, conseguir una persona que cuide a nuestro hijos e hijas cuando nosotras nos íbamos tres días para ir a los encuentros. Y dijimos: “Todo ese esfuerzo pongámoslo en mayor articulación sindical”. Creemos que ahí sí tenemos como un piso ganado, AMMAR es parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras (CTA), y mas allá de que el Estado no nos reconozca como trabajadoras hay una Central que sí lo hace. 

Esa experiencia sindical que tenemos nosotras acá en AMMAR es una experiencia que vienen a conocer muchas compañeras de otros países, donde no están agrupadas sindicalmente sino que están más asociadas por ahí con la cuestión del VIH, el testeo, y organizaciones que trabajan más en la prevención. AMMAR tiene más como la mirada sindical, obviamente que hacemos prevención, pero no como nuestro eje y objetivo principal. Nuestro objetivo principal son derechos laborales, después todas las actividades son parte de una asistencia que brindamos a todas nuestras afiliadas y a compañeras que no están afiliadas pero que son compañeras trabajadoras sexuales.

 

¿Cómo se bancaron la masividad de los ataques en redes sociales y medios de comunicación por todo lo que generó la promoción de la canción de Jimena Barón?  

Mas allá de que todas nos la bancamos - porque al hablar de la secretaria general del sindicato de las trabajadoras sexuales es algo que nos interpela a todas y de hecho un poco estamos acostumbradas-, a nosotras no nos sorprendió. Hay mucha gente que dice que se zarparon pero es lo mismo que hacen en el Encuentro Nacional de Mujeres, solo que ahora lo dijeron en la masividad de la televisión abierta. Pero es algo con lo que nosotras convivimos siempre. Que nos griten fiolas, proxenetas. En el 2016, a una compañera llegaron al punto de pegarle para que se rompa el taller de trabajo sexual que se llevaba a cabo en la provincia del Chaco 

Y también es eso, cada vez son más masivas las convocatorias a los talleres. El año pasado nos dieron 21, muchos más  de los que les dieron para debatir aborto. Nosotras en ese momento nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para sostener 21 talleres, pero nos dimos cuenta que podíamos. Después nos faltaban compañeras para que coordinen esos talleres porque estábamos desbordadas por la masividad. Se acercaban, sobre todo, chicas jóvenes a escuchar las problemáticas de las trabajadoras sexuales y a desandarse de prejuicios, y eso genera resistencia. Cualquier avance de ampliación de derechos va a generar resistencia y va a generar un núcleo que va a salir de manera reaccionaria -esto pasa con aborto también- para impedir que sea política estatal

Al principio no nos sorprendió, pero después se cruzaron ciertos límites y accionamos judicialmente como organización. A nosotras no nos gusta resolver estos debates a través del derecho penal. Nosotras apostamos a la discusión política. Pero bueno, se cruzaron límites que nos parecen ya súper violentos e innecesarios y ahí sí decidimos accionar. 

Nos preocupa mucho cómo abordaron la discusión algunos medios de comunicación porque generó mayor estigma social a las trabajadoras sexuales. También nos dolió la cuestión de la invisibilidad a la herramienta sindical, que la pongan en cuestionamiento, porque para nosotras el sindicato no se toca. Nosotras antes de ser feministas somos sindicalistas. Si vos venís y decís que el sindicalismo es mafia, nos estás quitando la única posibilidad que nosotras pudimos construir y la única herramienta que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida y de accionar frente a cualquier abuso policial. Entonces, ahí sí nos enojamos un montón y dijimos: “Esto no, la herramienta sindical no se le tiene que cuestionar a ningún trabajador ni a ninguna trabajadora y no vamos a permitir que la cuestionen periodistas que tienen sus privilegios intactos”. Ahí sí accionamos en la Defensoría del Público y tenemos ahora un montón de acciones para hacer. 

 

¿En qué están trabajando? 

Estamos preparando un manual, una guía de abordaje periodístico, que queremos trabajar con el Estado para que sea parte de las capacitaciones oficiales que se les realice a los medios de comunicación porque perspectiva de género se la llevaron a marzo, se la olvidaron, y nosotras no queremos discutir esta cuestión con una terminología policial. 

Nosotras salíamos en la sección Policial en los 90’s y logramos construir salir en la sección Sociedad porque somos parte de la sociedad, con la Policía no queremos tener más nada que ver. Por eso nos organizamos y eso sí fue un poco lo que genero fastidio y hartazgo en la organización. Así que pensamos con perspectiva, fríamente, como respondemos a esto y la respuesta fue sindicato y organización. Por eso decidimos hacer la conferencia de prensa. Un poco también para clarificar ciertos conceptos que se están manejando de una manera totalmente irresponsable. 

El lápiz verde