Crisis migratoria, social y humanitaria: el fin del “milagro chileno”

OPINIÓN. Chile, por tanto tiempo considerado como la “Suiza latinoamericana”, el país “más pacífico y próspero” de América Latina y el modelo a seguir de sus vecinos, parece haberse despertado en los últimos años, con frecuentes crisis que evidencian el ocaso del modelo chileno. En la actualidad, la cuestión migratoria se vuelve crítica del “milagro chileno”.

Entre los conflictos recurrentes y nada escasos de América Latina, Chile se ha mantenido como un oasis (económico e institucional) entre la turbulencia. No obstante, las masivas movilizaciones sociales de 2019 fueron como una piedra arrojada al agua: produjeron ondas que perturbaron esa calma y demostraron que en el modelo chileno había fallas, resultado de la acumulación de tensiones socioeconómicas, políticas y culturales de larga data.

Desde el 2019, las calles chilenas comenzaron a poblarse de luchas: contra las desigualdades (económicas, étnicas, de género, territoriales, etc.), en favor de la educación universitaria pública, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos del colectivo LGBTIQ+, mayor representación política, entre otras. No obstante, el auge de la protesta social se vio perjudicado por la crisis sanitaria del COVID-19, que derivó en el aislamiento y la suspensión de votaciones en el 2020, privando a la población sus dos principales armas democráticas: las elecciones y las manifestaciones populares. Con el avance de las vacunaciones contra el COVID-19 y la reducción de los casos positivos confirmados, Chile comenzó su “nueva normalidad” y, con ello, las cuestiones pendientes volvieron a resurgir.  

De esta manera, la cuestión migratoria comienza a ganar relevancia en la agenda política, en la prensa y en las calles durante el 2021. Si rastreamos los orígenes, encontramos que en el año 2017, el gobierno de Michelle Bachelet (ex presidenta) aprobó un proyecto de ley que resolvía algunos de los problemas presentados por la altamente desactualizada ley de migraciones vigente en ese momento. Sin embargo, tal promulgación no estuvo exenta de críticas por el bajo nivel de transparencia pública en el proceso y ciertas limitaciones de alcance.

Consecuentemente, a inicios del 2021, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a Andrés Allamand y Baldo Prokurica -sus pares en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, respectivamente-, presentaron el “Plan Colchane”, que tenía por objetivo aumentar el control fronterizo presencial e incrementar el número de expulsiones de migrantes irregulares en el norte del país –a través de la implementación del Decreto 265, el cual permite a las Fuerzas Armadas colaborar en el control de la migración ilegal, función que antes no tenían las FFAA que solo se encargaban del control del narcotráfico y el crimen organizado transnacional en las fronteras-. Esto significaba que el gobierno del actual presidente, Sebastián Piñera, defendía una regulación migratoria más estricta e iniciaba un proceso de deportaciones que preveía la expulsión de más de mil quinientos migrantes durante este año.

De modo que la preocupación migratoria se convirtió en crisis hacia fines de julio, cuando las autoridades locales de la jurisdicción de Colchane –en la región de Tarapacá, lindante con Bolivia-, denunciaron que el ingreso clandestino de migrantes por la Macrozona Norte superaba las 200 personas a diario, las cuales acampaban en lugares públicos causando incomodidad, temor y rechazo por parte de las poblaciones de dicha comuna y las zonas urbanas circundantes como Iquique, Antofagasta y otras.

Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados. A su vez, el Departamento de Extranjería y Migración informa que en el país viven 1,4 millones de migrantes, un número significativo si se tiene en cuenta que la población chilena es de 20 millones (representando el 7% de la población total).

La mayoría de los migrantes provienen de Venezuela y Haití –seguidos por personas de Perú y Colombia-, buscando una oportunidad en Chile. No obstante, debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19, la estricta política migratoria y la escasez de recursos económicos de estas personas, las mismas quedan atrapadas sin poder continuar su tránsito, debiendo dormir en albergues o en campamentos improvisados en las calles.

Este escenario, de por sí crítico, se agudizó en las últimas semanas, demostrando que detrás de las problemáticas socioeconómicas también se encontraban rastros de xenofobia y racismo. Es así como el 25 de septiembre se llevaron adelante marchas en contra de los asentamientos de migrantes en el norte del país y se sucedieron hechos de una excesiva humillación y repudio.

En este sentido, las manifestaciones en la localidad de Iquique congregaron a más de cinco mil personas bajo el lema “No+Migrantes” y terminaron con la quema de pertenencias y carpas donde se alojaban los inmigrantes. El ataque fue calificado de racista y xenófobo por diversas organizaciones y por el gobierno central chileno, así como también por parte de ONGs y otros organismos internacionales.

Estas organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno cambiar su política migratoria y asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la inmigración. 

Las autoridades han manifestado que tales actos no quedarán impunes y que aplicarán políticas para apaciguar la situación. En tal sentido, el ministro Rodrigo Delgado aseguró que se adoptarán medidas humanitarias (tales como la creación de albergues o espacios de contención transitoria para los migrantes), al mismo tiempo que continuará con el control fronterizo y la expulsión de aquellas personas que ingresen a su país de forma clandestina y hayan cometido delitos. Frente a ello, diversas organizaciones –como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas- expresaron críticas, alertando que tales expulsiones no cuentan con las garantías judiciales básicas del derecho internacional. Asimismo, la Cámara de Diputados chilena aprobó una resolución para interpelar al Ministro del Interior respecto de la crisis en el norte del país (la misma fue impulsada por todas las fuerzas parlamentarias de la oposición y tendrá lugar el 25 de octubre según está previsto).

Lo anterior nos alerta acerca del resurgimiento del racismo y xenofobia chilenos, al que se le suma el discurso del gobierno que hace énfasis en que los problemas nacionales son por culpa exclusiva del extranjero, alimentando actos bárbaros como los que han acontecido en las pasadas semanas.

Mientras la cuestión se politiza, el debate sobre la inmigración en Chile mantiene su correlato en las calles, donde se encuentran manifestaciones en contra y a favor de la permanencia de extranjeros en el país. Así, durante octubre se desarrollaron distintas marchas tanto en el norte (Iquique) como en el centro (Santiago) del país. Mientras las protestas en el norte transcurrieron sin incidentes, en la capital hubo enfrentamientos entre grupos, dejando como consecuencia una persona apuñalada y once detenidos.

Al mismo tiempo, los heridos y bajas se suceden entre los migrantes. En los últimos días, una niña venezolana de nueve meses falleció luego de sufrir un accidente cuando sus padres trataban de ingresar a Chile desde la localidad de Pisiga en Bolivia, contabilizando ya 15 víctimas fatales registradas en esta zona fronteriza en lo que va del año.  

Frente a lo expuesto, se hace imperativo para el gobierno chileno revisar las políticas migratorias restrictivas, regularizar la situación migratoria de estas personas, evitar las expulsiones masivas y cambiar el discurso de las autoridades que ponen a los migrantes como causa y efecto de todos los problemas (pues, como ya hemos visto, esta clase de discurso no tuvo resultados positivos ni para Trump ni para Johnson ni para nadie).

Parece evidente ahora que Chile ya no es el oasis dentro de una América Latina convulsionada.


Sobre el autor:

Axel E. Schwindt es estudiante avanzado de la Lic. en Relaciones Internacionales. Joven Investigador en el Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

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