Correo Argentino: la AGN ignoró un duro informe contra Macri

El organismo contrató a dos expertos para evaluar el acuerdo de la empresa de la familia presidencial con el Estado. Sin embargo, no incluyó esas conclusiones en el dictamen presentado al Congreso.

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó dos informes sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, pero ignoró otro que había sido ordenado por el propio organismo y que reafirmaba que el acuerdo del Gobierno con la empresa era "abusivo", tal como había descrito la fiscal que denunció el caso. 

Ese informe fue realizado en septiembre de 2017 por Javier Fernández Moores, exjuez en lo Comercial propuesto por el kirchnerismo, y Horacio Garaguso, académico especializado en derecho concursal, propuesto por el massismo. 

Los abogados fueron contratados durante ocho meses para evaluar la propuesta realizada por el grupo empresarial de la familia del presidente para afrontar su deuda con el Estado, que data del año 2000. Sin embargo, las conclusiones de los dos expertos no fueron incluidas en el dictamen aprobado por el propio organismo y enviado al Congreso.  

Entre sus consideraciones, Fernández Moores y Garaguso sostuvieron que no había ningún documento que justificara la aceptación de la propuesta por parte del Gobierno, que ni siquiera se pidió a los Macri que resignaran sus juicios contra el Estado, que toda la causa es "irregular y atípica" y que la postura del Ejecutivo no tuvo nada que ver con el interés público.

"Los cálculos (...) demuestran claramente la abusividad de la propuesta. Y si se trata de una propuesta predatoria que reduce el derecho del acreedor (el Estado) de forma tal que el mismo va a percibir a la postre menos del 1% de su crédito y, tras casi una década y media de espera, no se advierte cual es el interés del acreedor en votar favorablemente la misma. Obviamente, que no se trata del interés público", argumentaron en su informe, según consignó el portal El Destape

Esa afirmación coincide con la presentación de la fiscal Gabriela Boquin, que denunció el acuerdo celebrado en febrero de 2016 entre la empresa de los Macri y el Estado por tratarse de una quita del 98,2% de la deuda, ya que no contabilizaba los intereses y ofrecía un pago en cuotas hasta 2033. 

Desde el entorno del presidente criticaron a Boquin, al sostener que no existía esa condonación de $70 mil millones porque no debían contabilizarse los intereses, ya que el Estado no había aceptado propuestas anteriores. Sin embargo, Fernández Moores y Garaguso ratificaron el dictamen de la funcionaria del Ministerio Público. 

"La propuesta no incluye el pago de los intereses desde la fecha de la presentación, por lo cual no se cumplen los recaudos de la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior, y lleva a conclusión que de ningún modo puede interpretarse que se ofrece el pago del 100% del crédito sino un porcentaje muy inferior que dependerá de las tasas de cálculo pero que en el mejor de los casos podría representar el 20% del crédito (o sea que la quita sería superior al 80% del crédito)", afirmaron. 

En esa línea, como conclusión final, los abogados aseguraron que "la aceptación de la propuesta abusiva no ha resguardado los derechos del Estado, por el contrario, los ha perjudicado". A pesar de eso, el titular de la AGN, Oscar Lamberto, dijo esa opinión en contra de Macri era "divergente" a lo que plantearon los técnicos del organismo y, por eso, decidieron no incluir ese informe desfavorable para el presidente en el dictamen final. 

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