Contrainsurgencia, hipótesis “ideológica” y anticomunismo regional: Argentina y Paraguay

La ejecución de dos menores en un presunto enfrentamiento entre miembros de la Fuerzas de Tarea Conjunta y el “Ejército del Pueblo Paraguayo” y las declaraciones de altos funcionarios de la nación vecina, debe ser analizada en relación con los intentos del macrismo para trasladar el paradigma contrainsurgente de EE.UU a nuestro país.


Por Sonia Winer y Hugo Pereira Cardozo (Integrantes del Grupo Geopolítica y Economía desde el Sur Global). 

La ejecución extrajudicial de dos menores de once años en el marco de un presunto enfrentamiento entre miembros de la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) y el “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) el 2 de septiembre en la ciudad de Yby Yaú y las declaraciones de altos funcionarios de la nación vecina sobre la supuesta existencia de “guarderías” para entrenamiento de terroristas en el norte argentino (1), debe ser analizada en relación con los intentos sistemáticos de un sector del macrismo por construir el consenso para trasladar el paradigma contrainsurgente preventivo-selectivo de Estados Unidos a nuestro país, resucitando las “hipótesis ideológica" de conflicto (2) y el anticomunismo en la región.


Argentina y el paradigma defensivo: entre los decretos 683 y 727, la RAM y el macrismo

Cabe recordar que la incidencia del movimiento de derechos humanos y su lectura sobre los efectos de la Doctrina de Seguridad Nacional -donde coexisten la hipótesis de la amenaza estatal vecinal tradicional (por ejemplo, un conflicto con entre Argentina y Chile) con la “ideológica” (lucha antisubversiva)-, será importante para la construcción de consensos en la apertura post dictatorial respecto de la necesidad de delimitar roles y funciones entre Defensa y Seguridad.

Una historia atravesada por golpes militares, sumado a los crímenes perpetrados durante el terrorismo estatal (1976-1983) y al desprestigio por el papel desempeñado durante la guerra de Malvinas (1982), obligan a la dirigencia partidaria rioplatense a reorientar la circunscripción del rol castrense en torno a las amenazas estatales externas. Así se aspira a garantizar la conducción civil de lo castrense y se prohíbe a miembros de las Fuerzas Armadas el desempeño de labores policiales o político-partidarias.

Proceso que se institucionaliza a través de una serie de leyes promulgadas por administraciones de diverso signo, tanto radicales como peronistas: La ley de Defensa Nacional (n°23.554) en 1988 -reglamentada recién en 2006 por medio del decreto n°727 del entonces presidente Néstor Kirchner-; la ley de Seguridad Interior (n°24.059) y la ley de Inteligencia Nacional (n°25.520) en 2001 y la ley (n°27.126) que crea la Agencia Federal de Inteligencia en 2015, la cual actualmente se encuentra intervenida y en revisión.

Un dato a señalar es que el Comando Sur, en sucesivas ocasiones, cuestionará la normativa argentina postulando la necesidad de transformarla para (re)involucrar a todas las fuerzas en el combate contra las representaciones de los riesgos o “nuevas amenazas” trasnacionales. Sin embargo, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar evidencian las consecuencias del adoctrinamiento promovido por agencias imperiales no sólo en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales, sino en otro punto sumamente importante: la desprofesionalización militar, incitando la desconfianza sobre el esquema norteamericano.

La reglamentación de la ley de Defensa en 2006 y la planificación que, a partir de allí -centrada en las capacidades e inspirada en un modelo “no provocativo” (3)- se realiza, sumado a la participación argentina en la creación del Consejo de Defensa Suramericano y al Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR, en un contexto regional signado por proyectos que buscan ganar autonomía ante las directrices de la Casa Blanca, coartando la posibilidad de las organizaciones estadounidenses de incidir en línea que marca Buenos Aires. En consecuencia, entre 2009 y 2015 el asesoramiento angloamericano no será considerado prioritario por la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en aquellas áreas donde colisiona con las particularidades jurídicas señaladas.

El arribo de Cambiemos (2015-2019) a la Casa Rosada, en el marco del giro conservador producido en el continente, marca un giro de 180 grados. Aunque los documentos del Departamento de Estado explicitan el estrechamiento de los vínculos con la potencia hegemónica y “festejan” que, luego de la visita de Barack Obama en 2016, la Argentina se incorpore al Programa de Asociación de la Guardia Nacional de Georgia o se comprometa activamente con retomar la “defensa hemisférica” (4), la asunción de Trump a la Casa Blanca conduce la misma hacia otro estadio. En palabras de Kurt Tidd, ex jefe del Comando Sur “gracias a la elección de Mauricio Macri [se hace posible] reanudar una estrecha y fructífera asociación de seguridad” (5). Su sucesor en el puesto, Craig Faller, destaca que “Argentina ha revitalizado la interacción militar-a-militar” (6) a través de la participación en diversos ejercicios como el Maritime Staff Talks (MST) en Puerto Belgrano en 2018 -en el que el país rioplatense es sede por primera vez desde el 2008- (7) y en Florida al año siguiente (8).

Macri ya les había anunciado -en la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas del principio de su mandato- que las precisaría para “derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos”, pero recién en julio de 2018 el presidente emite el decreto ejecutivo 683 (9) que autoriza a los militares a apoyar los esfuerzos de seguridad civil nacional contra actores no estatales, incluidos los narcotraficantes transnacionales (10). No obstante, un sector de la cúpula se muestra en desacuerdo con el involucramiento en dichas tareas afirmando no contar con la preparación pertinente y, en la práctica, se limita a brindar apoyo logístico a fuerzas de seguridad conducidas por una funcionaria sumamente interesada en apuntalar las recomendaciones de Washington: Patricia Bullrich, por entonces Ministra del Interior, quien trata de instalar la hipótesis del enemigo interno en torno de la la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Por otra parte, llama la atención que justo a finales del mes de junio del corriente año, cuando el gobierno de Alberto Fernández (2019-act) deroga el decreto 683 y restablece la vigencia del decreto reglamentario 727 de 2006, por diferencia de apenas pocos días, este hecho coincide con un repentino viaje de Mauricio Macri rompiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio para encontrarse con Horacio Cartes -y con el actual presidente, Mario Abdo Benítez- al Paraguay. Ello da lugar a especulaciones de diverso tipo, pero no es asociado por la prensa con la posibilidad de que el ex mandatario argentino busque eludir las investigaciones y los procesos iniciados en Buenos Aires -al tiempo que intenta fortalecerse al interior del PRO frente al protagonismo larretista- presentándose como articulador de una derecha autoritaria ante agencias imperiales afines: una especie de nuevo paladín que recicla lo que fuera la liga mundial anticomunista en tiempos de la operación Cóndor -coincidiendo con los cartas y declaraciones publicitadas durante los últimos días-, la cual precisamente, hasta entrados los ochenta, tenía sede en Asunción.

Los documentos publicados por el sitio Wikileaks y reproducidos en el libro Politileaks -de Santiago O´Donnell- evidencian tanto las posturas como los vínculos de estos personajes con la CIA y la DEA, donde se cajonean sus prontuarios, por ejemplo, en materia de narco lavado de dinero, a cambio de la colaboración y alineamiento con Estados Unidos –“Flipear” se le denomina en la jerga-.

Paraguay y el EPP: desestabilización, golpe y contrainsurgencia

Cabe recordar que en junio del año 2012 el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo, deviene destituido a través de un golpe parlamentario que sale rápidamente a avalar la Casa Blanca y sus sedes diplomáticas. En el líbelo acusatorio, una de las causales para pedir su cesantía a través de un juicio político, menciona la falta de voluntad de su gobierno para acabar con el EPP a “pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional” (11).

En línea con el discurso hegemónico construido desde los grandes medios de comunicación del país vecino, el ex presidente guaraní es señalado por los fiscales como cómplice de la guerrilla, la cual extrañamente aparece por primera vez en escena el 12 de marzo del 2008 (12), un mes antes de que Lugo gane las elecciones expulsando del Palacio de López al partido colorado luego de sesenta años de hegemonía. La campaña que asocia a la administración luguista con el EPP no produce el efecto buscado en el electorado, pero se reitera e instituye dicha afirmación durante todo su mandato. Los detractores del ex presidente nunca consiguen explicar por qué un jefe de estado que llega por la vía institucional al sillón presidencial, es decir, a través de las urnas, habría de alentar grupos insurgentes o referenciados en la lucha armada.

Es preciso subrayar que después de la destitución de Lugo, el partido colorado instala en la titularidad del ejecutivo a Horacio Cartes quien, a la semana de asumir, y tras solo unas dos horas de debate, solicita al congreso en tiempo récord la modificación de la ley N°1337 de 1999 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, habilitando la participación de las Fuerzas Armadas en labores seguritarias en el Paraguay -competencia exclusiva, según su Constitución Nacional, de la Policía Nacional- a la vez que crea la FTC con la misión de combatir al EPP. A los tres años de la administración cartista la inversión se había multiplicado por quince en tanto que, en el presente, consume alrededor de un millón de dólares mensuales sin lograr los fines para los que fuera instituida. Tras la lucha contra el EPP, la FTC se trasforma en dispositivo represivo sobre las comunidades rurales y los dirigentes campesinos, donde se impone el estado de excepción permanente en detrimento del estado de derecho.

El asesinato de las niñas en Yby Yaú, según nuestras investigaciones, se inscribe en la masificación de tecnologías contrainsurgentes ya desplegadas cuando el stronismo buscara desarticular las experiencias de las ligas agrarias que resistían el proceso dictatorial, las cuales operan sobre la vejación del cuerpo femenino e infantil como una especie de “mediación” bélica para la destrucción moral de un enemigo “ideológico” intra poblacional (13).

Un dato que conecta el norte paraguayo con el sur argentino es la confluencia en el tiempo de la aparición del EPP y la RAM: el primero en 2008 y el segundo en 2009. La RAM, un supuesto “movimiento etnonacionalista violento” (14) que -al igual que el EPP- se asociaría discursivamente con reivindicaciones de movimientos sociales, se liga con las organizaciones mapuches. Ambos, RAM y EPP fungen de justificación para la persecución, desplazamiento y asesinato de quienes resisten el avance del capital extractivista y para la expansión e instalación de tecnologías orientadas al disciplinamiento popular.

Así, la Organización Campesina del Norte (OCN) denuncia que considera la primera acción violenta del EPP un autoatentado para incriminar ante la justicia a la población local que reclamaba el cese de la fumigación de cultivos de soja, la cual se realizara sin la protección establecida por la legislación nacional (15). En tanto que, en la actualidad, las organizaciones indígenas y agrarias rechazan la entrega de “víveres” que se publicita “ordenada por el EPP” como una de las exigencias para liberar al ex - vicepresidente paraguayo, Oscar Denis, secuestrado el 9 de setiembre del corriente. Según las entrevistas realizadas por nosotros, el EPP no goza de simpatía alguna ni infunde temor a los habitantes del norte paraguayo mientras que, en el sur argentino, en el 2017, las organizaciones mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut caracterizan directamente a la RAM como un fantasma: “parece más el accionar de un “grupo de inteligencia” que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche” (16).

Reflexiones y desafíos

Observamos que países como Paraguay, debido a su ubicación geoestratégica y a una serie de variables particulares, son utilizados como plataforma para alentar procesos de desestabilización en naciones contiguas -creando malestar social y caos económico para movilizar un neogolpismo “inconsciente” que se disfraza de participación civil-, fungiendo a la vez como laboratorio de prueba de prácticas, hipótesis e imágenes contrainsurgentes que agencias imperiales buscan propalar en el nivel continental. En ese contexto, la “cuestión militar” reaparece en el debate post dictatorial y las fuerzas armadas argentinas expresan su necesidad de ser revalorizadas por la sociedad (17), mientras que la delimitación normativa de roles y funciones en materia de Defensa aparece solo asociada a los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo estatal, antes que a la búsqueda por evitar recalar en una nueva desprofesionalización militar.

En este sentido, urge resignificar los dolorosos aprendizajes del pasado a la luz de los escenarios del presente, dando cuenta de que la hipótesis “ideológicas” de conflicto no sólo deviene en la persecución y desmovilización política y social, en el puro asesinato y en la crueldad, en la negación de derechos, de orígenes y de capacidad de identificar la socio génesis de las violencias, sino también en la inhabilitación de quienes tienen a su cargo la protección de nuestras soberanías para cuidar la vida digna, tanto de sí mismos, como de su propia población. Fortalecer esta perspectiva es un desafío urgente.

Sobre los autores: Integrantes del Grupo de Geopolítica y Economía desde el Sur


Notas

(1) En https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200916/argentina-investigar-muerte-ninas-paraguay-8114280 (consultado el 24/09/2020) 

(2) Otrora anunciadas como perimidas tras la desarticulación de la Unión Soviética en los años noventa. 

(3) Sugerimos la lectura del artículo escrito por Sol Gastaldi y Sergio Eissa (2017), “El modelo de defensa no provocativa como postura estratégico-militar para la Argentina”, disponible en htps://www.academia.edu/31286026/El_modelo_de_defensa no provocativo.

(4) En https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/ (consultado el 20/05/2020). 

(5) En https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/1458541/ 

(6) En https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCOM_2019_Posture_Statement_Final.pdf.. 7En http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1331118/key-us-and-argentinian-air-force-leaders-exchange-medical-knowledge-experience/

(7) En http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1331118/key-us-and-argentinian-air-force-leaders-exchange-medical-knowledge-experience/ 

(8) En https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1812734/4th-fleet-commander-hosts-maritime-staff-talks-with-argentine-naval-delegation/.  

(9) En https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/188532/20180724.  

(10) En https://www.state.gov/2019-international-narcotics-control-strategy-report/.  

(11) Líbelo acusatorio. Juicio político a Fernando Lugo, junio del 2012, p.3.

(12) Pereira, Hugo (2016). Extractivismo armado en Concepción. CERI-Aquidabán-Mesa de los Derechos Humanos y las Memorias Históricas de Concepción: Asunción.  

(13) Winer, Sonia (2015). Doctrina de inSeguridad Mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. Prometeo editorial: Buenos Aires. 

(14) En https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf (consultado el 20/01/2018). 

(15) Comunicado OCN, 17/03/2008.  

(16) En https://www.lavaca.org/notas/mapuche-no-es-ram-el-fantasma-de-los-servicios-de-inteligencia/ (consultado el 15/01/2020). 

(17) En https://diarionuevodia.com.ar/polemica-por-declaraciones-del-jefe-del-ejercito-la-pandemia-es-una-nueva-oportunidad-para-revalorizar-a-los-militares/

Diarios Argentinos