Tucumán: condenan al violador de la nena a la que le negaron un aborto legal

El hombre de 67 años recibió una pena de 18 años por "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima". Un caso que marcó la lucha por la ILE.

La Justicia tucumana condenó hoy a 18 años de prisión al hombre que violó a una nena 11 años, identificada como Lucía, a quien en febrero pasado le rechazaron la interrupción legal del embarazo (ILE) y la obligaron a someterse a una cesárea. 

El tribunal, integrado por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez, encontró culpable al acusado de 67 años del delito de "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real". 

La pena coincide con lo que había solicitado la fiscal Estela Velia Giffoniello. La querella, en cambio, había pedido 20 años de prisión, la máxima condena en los casos de abuso sexual agravado.

El hombre seguirá con prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena. Si la Justicia finalmente la ratifica, será trasladado al penal de Villa Urquiza. 

Además, el tribunal recomendó al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y darle una asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica de manera gratuita.

También exigió al Ministerio de Educación y al de Desarrollo Social tucumano realizar un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; y que organicen campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva.


El caso

El 5 de febrero de 2019, la madre de la víctima denunció la violación sufrida por su hija y solicitó en el Hospital Eva Perón de San Miguel de Tucumán la Interrupción Legal del Embarazo (contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante), cuando cursaba la semana 16 de gestación. 

Sin embargo, desde el centro de salud comenzaron a dilatar la decisión y, tras sostener que la víctima había pedido seguir con su embarazo (algo que es negado en el acta judicial), la niña fue sometida a una cesárea, con el aval de una jueza civil, a las 23 semanas de embarazo. Finalmente el bebé murió. 

El caso generó un fuerte repudio por parte de agrupaciones feministas, a favor del aborto legal y otras organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionaron la decisión y denunciaron que no fue respetado el pedido expreso de la madre de la víctima al negársele la ILE, un derecho otorgado por el Código Penal desde hace casi 100 años.

El Lapiz Verde móvil info general